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La CNMC obliga a las compañías energéticas a diferenciar sus marcas que ofrecen tarifas reguladas de las del mercado libre

Europa Press / EFE.- La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha aprobado una decisión jurídicamente vinculante por la que obliga a varias sociedades de los principales grupos energéticos integrados presentes en España a que cambien su imagen de marca con el fin de hacerlos más fácilmente identificables para los consumidores, que podrán identificar correctamente en sus facturas qué comercializadora les ofrece el servicio y saber si están en el mercado libre o en el regulado.

Según Competencia, esta medida se centra en las empresas distribuidoras de gas y electricidad de más de 100.000 clientes y comercializadores de referencia o de último recurso, que tendrán que realizar cambios en la información y presentación de su marca respecto a la filial del mismo grupo empresarial que comercializa en el mercado libre. El regulador ha tomado esta decisión después de observar que, en la actualidad, un mismo grupo empresarial puede comercializar el gas y la electricidad a sus clientes a través de dos empresas distintas que facturan distintos precios, a las que se les denomina como comercializadoras de referencia, o de último recurso en el caso del gas.

El cliente de estas comercializadoras paga un precio regulado por su consumo (Precio Voluntario al Pequeño Consumidor (PVPC) en luz y TUR en gas), mientras que si tiene su suministro con una comercializadora del mercado libre, pagará el precio que acuerde con la empresa por la energía consumida. Ante esta situación, el organismo ya emitió varios informes y guías en los que alerta de la confusión que existe entre los consumidores a la hora de identificar quién es su suministrador y si está en el mercado regulado o libre. Según sus datos, 8 de cada 10 hogares es incapaz de distinguir en qué mercado están.

La resolución de la CNMC obligará a las empresas a modificar la denominación social para evitar confusión entre distribuidoras y comercializadoras, para lo que no será suficiente sólo con incorporar los términos «distribuidor» o «comercializador de referencia» o «comercializador de último recurso«. En segundo lugar, tendrán que cambiar el logotipo, de forma que su comparación gráfica, fonética o conceptual no induzca a ningún error, advirtiendo que utilizar los mismos símbolos para las comercializadoras o distribuidoras podría confundir a los clientes. También se obliga a diferenciar claramente las empresas en la información enviada a los clientes.

Las empresas tendrán 3 meses para aportar a la CNMC las medidas que van a realizar para que se valore si se ajustan a los cambios requeridos y 6 meses para ejecutarlas. Los grupos afectados son Iberdrola, Endesa, Viesgo, EDP y CHC, que deberán modificar el nombre de sus filiales. Naturgy, la antigua Gas Natural Fenosa, ya se adelantó a esta resolución al cambiar recientemente su denominación y al diferenciar claramente sus distribuidoras (Unión Fenosa Distribución y Nedgia) y comercializadoras.

Según la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), esta medida está motivada por las denuncias realizadas por la organización en 2016 ante la CNMV al observar que los grupos energéticos no diferenciaban claramente sus actividades en el mercado libre y en el regulado. Para la OCU, se trata de una estrategia de estas compañías para confundir a los clientes con marcas similares «de forma consciente», de forma que se dificulta la entrada de nuevas y menos conocidas comercializadoras y se facilita que los clientes sean traspasados del mercado regulado al libre creyendo que se trata de la misma compañía, cuando, en realidad, se trata de una nueva, con sus propias tarifas y condiciones de contratación.

Patronales catalanas solicitan al Gobierno de España que sea la CNMC quién fije las tarifas de distribución de la electricidad

EFE. – Diez agrupaciones empresariales catalanas han pedido al Gobierno de Pedro Sánchez el restablecimiento de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) como autoridad competente para fijar las tarifas de distribución de la electricidad.

Así, patronales como Cecot, la Federación Empresarial del Metal y la Unión Empresarial Metalúrgica, entre otras, presentaron el pasado noviembre una denuncia ante las instancias europeas por la estructura tarifaria de peajes de acceso a las redes eléctricas desde 2014.

En este sentido, el desencadenante de la denuncia fue la reforma de la estructura tarifaria de peajes de acceso a las redes eléctricas acordada entre el Partido Popular, entonces en el Gobierno, y el Partido Nacionalista Vasco, para la aprobación de los presupuestos de Estado de 2017.

De esta manera, este grupo de entidades empresariales, entre las cuales también figura Retail.cat, la Confederación Catalana de la Madera o el Instituto Industrial de Terrassa, han asegurado en un comunicado conjunto que «desde hace años existe una discriminación territorial en cuanto a los costes de electricidad que las empresas españolas deben soportar en su actividad industrial, debido fundamentalmente a la estructura tarifaria de los peajes de acceso a la red eléctrica».

Éstas representan a 50.000 empresas catalanas y consideran, a su vez, que la situación se «ha agravado con esta reforma, que comporta una notable disminución del coste de adquisición de la electricidad para empresas situadas en determinadas regiones de España». De la misma manera creen que se trata de una medida cuyos efectos son «selectivos territorialmente y pueden constituir una Ayuda Estatal en favor de las empresas beneficiadas que compiten a nivel de todo el territorio comunitario».

Por otro lado, la CNMC ha interpuesto, ante el Tribunal Supremo, un recurso contencioso administrativo contra el Real Decreto 903/2017, que traspasa algunas de sus funciones al Ministerio, entre otras, la de aprobar tarifas, precios, peajes y cánones.

Para las patronales, esta competencia debería estar en manos de la CNMC para garantizar que no haya discriminaciones entre territorios en esta materia.

 

Red Eléctrica propone abrir un procedimiento extraordinario de planificación energética y espera que la retribución contemple el coste del capital

EFE.- Los operadores del sistema eléctrico y gasista, Red Eléctrica (REE) y Enagás, consideran bueno que la retribución a las actividades de transporte y distribución se base en el coste del capital, como propone la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). Asimismo, el presidente de REE, Jordi Sevilla, considera que para cumplir con las exigencias que la transición energética va a requerir a la compañía será necesario abrir un procedimiento de planificación extraordinario, con procedimientos acelerados de autorización.

Sevilla, en su intervención ante el Consejo Asesor de la compañía, ha argumentado que ese procedimiento de planificación extraordinario tendría como finalidad reducir los largos periodos de tramitación y construcción de obras de la red de transporte imprescindibles para que la transición energética sea posible, según apunta REE. Sevilla asegura que REE se va a ver muy afectada por los cambios y será preciso reforzar su papel como gestor de la red de transporte (TSO).

Asimismo, ha señalado que la transición va a conllevar cambios en la estructura y manera de actuar de REE, y cree que la coexistencia de un sistema de generación concentrado y uno distribuido complicará la gestión del operador del sistema, que sólo será posible si la planificación de redes de transporte se hace ágilmente y se ejecuta de forma eficiente.

La transición energética va a cambiar los parámetros de actuación de REE, según Sevilla, que ha advertido que la no gestionabilidad de las tecnologías renovables exigirá una potencia instalada y conectada muy superior a la que requería el modelo anterior. También ha indicado que habrá que cerrar cuanto antes una retribución adecuada para las actividades de transporte que permita afrontar un periodo de fuertes inversiones. Además, considera que habrá que realizar una auditoría de cuentas independientes para asegurar la separación del transporte con el resto de actividades de la empresa.

Sevilla ha subrayado también que en el nuevo contexto de la transición energética es más importante que nunca garantizar la independencia económica, operativa y organizativa del operador del sistema. En su opinión, se deben adoptar medidas que mejoren la independencia del operador, entre ellas una metodología de cálculo de la retribución que garantice la suficiencia de ingresos de la actividad y la elaboración de una auditoría anual de cuentas propia.

También ha señalado que será necesario reforzar la separación entre el gestor de la red de transporte y el resto de actividades, con las nuevas inversiones que se puedan realizar para reforzar el papel destacado que ya tiene REE como gestor de comunicaciones. Asimismo, ve preciso que la competencia para ostentar la propiedad y la gestión de los sistemas de almacenamiento hidráulico en los sistemas no peninsulares se extienda al almacenamiento no hidráulico siempre que su finalidad sea garantizar el suministro, la seguridad del sistema y la integración de renovables.

Retribución con coste de capital

En este sentido, el presidente de Enagás, Antonio Llarden, indicó que, aunque la propuesta de metodología de la retribución financiera o rentabilidad razonable en el segundo período regulatorio sólo va dirigida para el sector eléctrico, cuyo primer período acaba antes, la idea en sí no le parece mal, así como que se aplique también al sistema gasista. Llardén explicó que actualmente el sistema regulatorio español, que fija la retribución a partir del bono del Estado a 10 años más un diferencial, es diferente al de otros países y a los inversores les interesa la homogeneización.

Por su parte, el consejero delegado de Red Eléctrica, Juan Lasala, ha comentado que es bienvenida cualquier regulación basada en el coste del capital, como la metodología WACC (coste medio ponderado de capital) para calcular la rentabilidad razonable que perciben. Además, ha resaltado que, con sólo hablar de costes de capital para el cálculo de la retribución, la reacción de los mercados ha sido buena.

La CNMC abre expediente sancionador a Repsol por un posible incumplimiento en los compromisos adquiridos en la compra de Petrocat

EFE.- La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha incoado un expediente sancionador contra Repsol Comercial de Productos Petrolíferos por un posible incumplimiento de los compromisos adquiridos en el marco de la compra de Petrocat. Concretamente, según el organismo, existen indicios de que Repsol habría incumplido varios compromisos recogidos en la resolución del Consejo de la CNMC de abril de 2014, cuando Repsol adquirió el control exclusivo de Societat Catalana de Petrolis (Petrocat).

Concretamente, la CNMC se refiere a los compromisos de la Sección C, que establecían una obligación de aprovisionamiento mínimo por parte de Repsol de producto (gasolinas y gasóleos) procedente de terceros operadores para la actividad de distribución de combustibles a través de las gasolineras gestionadas por Petrocat en régimen de venta en firme y para la actividad de ventas directas. Además, el organismo subraya que los compromisos de la Sección E obligaban a Repsol a enviar a la CNMC un informe con carácter anual sobre el grado de cumplimiento del compromiso de la Sección C.

La CNMC señala además que la incoación de este expediente no prejuzga el resultado final de la investigación. En 2014 Competencia autorizó la propuesta de venta a terceros de la red de gasolineras de Petrocat hecha por Repsol, excepto en el caso de una estación de servicio. La CNMC detalló las condiciones impuestas para tomar el control de la compañía.

Repsol debía desprenderse de 23 gasolineras, 17 en la provincia de Barcelona, 4 en la de Tarragona, una en la de Lérida y otra en Madrid, en cumplimiento de la ley de cuotas de mercado por provincias, así como permutar la de Font Freda con el objetivo de que se mantenga la presencia de un tercero con imagen propia. La exigencia de compromiso de aprovisionamiento por otras empresas distintas de Repsol exigido por la CNMC trataba de evitar que la petrolera, con su refinería en Tarragona, reforzase su integración vertical y se produjera un cierre de mercados a otros suministradores.

Ribera dilata 20 días las explicaciones en el Congreso por la subida en el precio de la luz

Europa Press / EFE.- La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, comparecerá en el Congreso de los Diputados el próximo 19 de septiembre para explicar las circunstancias que están determinando el incremento en el precio de la electricidad registrado en los últimos meses, que se ha agudizado en agosto con un encarecimiento del 35,5% con respecto al mismo mes del año pasado y ha registrado su nivel mensual más alto desde enero de 2017. El Ministerio promete abordar “cambios estructurales” necesarios para acometer esta situación.

Ante la subida de los precios de la electricidad, el Gobierno ha asegurado estar trabajando en políticas que permitan una “evolución racional de los precios, en un futuro con un incremento de las energías renovables, prestando al mismo tiempo especial atención a los consumidores más vulnerables”, según ha indicado el Ministerio para la Transición Ecológica. El departamento ha señalado que la coyuntura actual es consecuencia de un modelo energético y de funcionamiento de mercado “caracterizado por la volatilidad de precios y la desprotección a los colectivos más vulnerables”. Por ello, asegura que está preparando “reformas sustantivas” que faciliten la transición energética, al tiempo que “garantiza la protección de estos colectivos”.

Para trasladar al Congreso su intención de abordar «con valentía» los cambios estructurales que considera como necesarios para acometer esta situación, Ribera comparecerá el 19 de septiembre en comisión parlamentaria. En su comparecencia, Ribera abordará este encarecimiento en el precio de la luz y aprovechará también para tratar el estado actual del bono social eléctrico y la pobreza energética, según indicaron fuentes ministeriales. La ministra tiene también previsto acudir a la Cámara Baja la próxima semana, el día 6 de septiembre, para explicar la paralización del almacén de residuos nucleares (ATC) en Villar de Cañas.

El precio medio del mercado eléctrico español ha alcanzado en agosto los 64,3 euros por megavatio/hora, un 35,5% más que en el mismo mes de 2017 (47,46 euros) y es su nivel mensual más alto desde los 71,4 euros registrados en enero de 2017, mes que estuvo marcado por los picos en el precio de la electricidad, después de la ola de frío en la segunda quincena del mes que llevó a tocar los registros más elevados desde diciembre de 2013, superando en algunos momentos de puntas la cota de los 100 euros por MWh.

Así, a lo largo de agosto se han llegado a registrar los diez precios diarios del pool más altos en lo que va de 2018, superando el pasado 29 de agosto los 70 euros por MWh. El Ministerio considera que la evolución de los precios en los últimos meses se debe al “incremento muy significativo de los costes de los combustibles y los derechos emisión de CO2 en los mercados internacionales; a una reducción de la participación de la energía eólica; a una producción nuclear inferior a lo habitual debido a operaciones de mantenimiento, y al incremento de la demanda por las altas temperaturas estivales”.

Situación similar a nivel europeo

Asimismo, el Ministerio subraya que desde el pasado junio se está realizando un seguimiento «exhaustivo» de la situación, y para ello se está recabando información periódica del Operador del Mercado Ibérico (OMIE) y se mantiene contacto con la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), en virtud de sus funciones de supervisión como garante de la transparencia y la competencia en el mercado. No obstante, subraya que esta evolución de precios crecientes no es «una situación aislada al sistema español», siendo similar en los principales mercados europeos, que están viéndose también afectados por los costes de combustibles y derechos de emisión de CO2.

El precio mayorista de la electricidad tiene un peso cercano al 35% sobre el recibo final, mientras que alrededor del 40% corresponde a los peajes y cerca del 25% restante, al IVA y al Impuesto de Electricidad. El Gobierno congeló para 2018, por quinto año consecutivo, los peajes y cargos eléctricos con los que los consumidores sufragan los costes regulados.

De esta manera, este incremento en el precio mayorista de la electricidad supondrá un aumento de casi el 3% con respecto al pasado mes de julio en el recibo de electricidad de este mes de agosto de los consumidores, encadenando así su cuarto mes al alza. Con respecto al mismo mes del año pasado, el encarecimiento registrado este agosto en el recibo es de un 12% y en lo que va de año es un 0,89% más caro que en el mismo periodo de 2017.

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ya mostró su preocupación durante este verano por el “alto” precio actual de la energía, a pesar de tratarse de una “situación coyuntural”, y aseguró estar preocupada por si había “algo más” detrás de este encarecimiento en la electricidad, por lo que anunció que estaba realizando un “análisis del comportamiento” para “garantizar que el mercado funciona correctamente“, una investigación para la que el Ministerio de Transición Ecológica ofreció su “colaboración”.

En los últimos meses, el Gobierno señala que ha mantenido a nivel europeo importantes encuentros para enfocar cuestiones sobre la energía, como el del pasado 27 de julio, en el que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el secretario de Estado de Energía, José Domínguez, participaron en la cumbre sobre Interconexiones junto al presidente de Francia, Emmanuel Macron, y el primer ministro de Portugal, Antonio Costa, donde abordaron proyectos para que la Península Ibérica deje de ser una «isla energética» en la Unión Europea.

Además, el secretario de Estado de Energía se reunió en agosto con su homólogo portugués, Jorge Seguro, para tratar el alza de los precios de la electricidad en ambos países, «una situación que preocupa y ocupa a los Gobiernos de España y Portugal». Ambos países acordaron hacer un seguimiento e intentar coordinar medidas para paliar, en lo posible, los altos precios del mercado mayorista que redundan directamente en las facturas que deben abonar los consumidores.

EDP fue la comercializadora eléctrica que más creció en España en 2017

EFE. – EDP ha sido la comercializadora eléctrica que más ha crecido en España en 2017, al sumar unos 65.000 nuevos clientes y la segunda en gas, con 32.000 clientes más.

Según se desprende del informe de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) sobre la evolución del mercado minorista en 2017, las cifras anteriormente citadas se traducen en un aumento de las carteras comerciales del seis% y el cuatro% respectivamente.

Así, EDP ha sumado 65.169 nuevos clientes en España, que achaca al «crecimiento estable de la cartera, trimestre a trimestre», tal y como refleja el informe de la CNMC que habla de una fidelización de clientes superior al 80%.

En términos absolutos, los mercados del gas y de la electricidad experimentaron un aumento del número de suministros respecto al último trimestre de 2016, que pasó de 29.085.975 a 29.269.244 suministros eléctricos y de 7.704.227 a 7.809.088 en el sector del gas en España

Francia eleva el precio de la electricidad en España entre 4 y 5 euros el Megavatio-hora

EFE. – La altas temperaturas en Francia, llegando a 35º, y la indisponibilidad de su capacidad nuclear están presionado al alza los precios de la electricidad en España, al pasar la interconexión de sentido importador a exportador, lo que supone un incremento de unos 4-5 euros/Megavatio-hora (MWh) en el mercado mayorista español.

Analistas del sector aseguran que el precio de casación del mercado mayorista se ha situado en España en 68,5 euros/MWh marcado por las circunstancias que se están registrando en Francia, así como por los elevados precios de los combustibles y a la baja eolicidad en España.

Específicamente, calculan que el aumento de las exportaciones hacia Francia, y la consecuente escalada de los precios en los mercados europeos, podría representar en España un incremento de los precios de casación del mercado mayorista, de entre 4 y 5 euros/MWh, respecto a los registrados cuando la interconexión es importadora.

Durante estos días, Francia está registrando temperaturas altas que pueden alcanzar los 35º y nuevas indisponibilidades que sitúan la capacidad nuclear en el 59%, por debajo del 70% que suele ser habitual en esta época del año. Estas elevadas temperaturas sostenidas durante el verano están causando problemas de refrigeración y afectando a la capacidad nuclear.

Además, llama la atención que, según los datos de la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) correspondientes a febrero, cerca del 60% de los consumidores de electricidad en España están en el mercado libre y tienen garantizado el precio de la energía durante al menos un año, lo que evita el posible impacto de las variaciones del precio de la electricidad.

Por tanto, el 40% de los consumidores están bajo una tarifa regulada, denominada PVPC, sujeta a la evolución del «pool».

Según el comparador de la CNMC, en estos momentos hay 40 ofertas en el mercado libre más baratas que el PVPC -22 de ellas sin discriminación horaria y 18 con discriminación horaria-.

En consecuencia, según los cálculos de los expertos, el impacto de una subida en la factura mensual de un cliente residencial supone un incremento de 10 euros/MWh en el precio y lo que está ocurriendo en este período repercutiría en unos 2 euros al mes para un cliente con un consumo medio frente a 2017.

El Consejo de Ministros aprueba un Real Decreto para devolver 15,25 millones de euros a las eléctricas por sentencias del Supremo

Europa Pres / EFE. – El Consejo de Ministros ha aprobado un real decreto para adecuar el cálculo del tipo de interés reconocido a las compañías que financiaron el déficit de tarifa eléctrica de 2013 tras los fallos del Tribunal Supremo, que conllevan un impacto de 15,25 millones que serán abonados a las grandes eléctricas por este concepto.

Según informó el Ministerio para la Transición Ecológica, la aprobación de este decreto es necesaria para dar cumplimiento a las sentencias judiciales que corrigen el método fijado por el Ejecutivo en 2014. Así, este importe será abonado por la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) con cargo al sistema eléctrico.

Este decreto será de aplicación a los titulares de los derechos de cobro correspondientes a la financiación del déficit del año 2013 de acuerdo con lo previsto en la Ley 24/2013, del Sector Eléctrico, que estableció para el año 2013 la existencia de un déficit de ingresos del sistema eléctrico de 3.600 millones de euros, que se amortizarían en un plazo de 15 años.

En este sentido, los fallos del Alto Tribunal establecen que las compañías eléctricas tienen derecho a percibir dichos intereses desde el momento en el que realizaron sus aportaciones a lo largo de 2013.

Precedentes

En noviembre de 2016 y marzo de 2017, el Tribunal Supremo dio la razón a Naturgy, la antigua Gas Natural Fenosa, y a la patronal eléctrica Unesa en los recursos presentados contra la orden IET/2444/2015 por no incorporar los intereses devengados desde el momento del pago efectivo de cada una de las liquidaciones.

Como consecuencia de estas sentencias, la CNMC aprobó una nueva propuesta de metodología de cálculo de los intereses correspondientes a la financiación del déficit 2013.

Así, a finales del pasado mes de enero, el anterior Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital ya lanzó a información pública su propuesta de Real Decreto para regularizar estos derechos de cobro del déficit del sistema eléctrico de 2013 que corresponde a Endesa, Iberdrola, Naturgy, EDP y Viesgo.

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia ha sancionado con una multa a las eléctricas Zero y Catgas por el traspaso masivo de clientes

EFE. –  La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha sancionado a las comercializadoras eléctricas Zero Electrum y Catgas Energía, con 350.000 y 150.000 euros, respectivamente, por una infracción grave del traspaso masivo de clientes sin su consentimiento.

Según ha explicado la CNMC en un comunicado, Zero Electrum fue inhabilitada para el ejercicio de la actividad comercializadora de energía eléctrica en abril de 2016 y, en vez de consultar a los clientes sobre el nuevo comercializador, les traspasó a todos «de forma masiva» a Catgas.

Para la Comisión, esto representa una vulneración de las medidas de protección al consumidor sobre la voluntad de los clientes a contratar el suministro.

La CNMC ha sancionado en ocasiones anteriores a otras empresas del sector energético por prácticas similares, como a Endesa, Iberdrola, Naturgy y Viesgo el año pasado por incumplimiento de los requisitos de contratación y apoderamiento de clientes, o, en marzo de este año, a Endesa con 30.000 euros por una infracción parecida.

Los consumidores presentaron 1,1 millones de reclamaciones contra las empresas eléctricas en 2017

Europa Press. – Los consumidores presentaron el año pasado 1,5 millones de reclamaciones contra compañías de electricidad y de gas, según datos difundidos por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).

Específicamente, 1,13 millones de las reclamaciones presentadas en 2017 correspondieron al sector eléctrico y 369.000 al del gas, lo que supone una media de cuatro reclamaciones por cada 100 clientes de electricidad y cinco reclamaciones por cada 100 clientes de gas natural.

Así, más de la mitad de las reclamaciones contra el sector eléctrico que presentaron los consumidores tuvieron que ver con discrepancias en la medida de los consumos y en la facturación y cobro. En el sector gasista, el 45% de las que quejas estaban relacionadas con problemas en la medición del consumo y la facturación.

Por tanto, la CNMC asegura que en el sector eléctrico la calidad de suministro (12%) acumuló un volumen importante de quejas, mientras que en el sector del gas la atención al consumidor (13%) acaparó un buen porcentaje de las mismas.

Si hablamos de comunidades autónomas, Galicia fue la que más reclamaciones presentó contra las compañías eléctricas en valores relativos, con 7,5 quejas por cada 100 clientes, seguida de Castilla-La Mancha (5,9), Madrid (4,9) y Baleares (4,1). En el lado contrario, La Rioja fue la región que presentó menos reclamaciones contra el sector eléctrico, con 1,6 quejas por cada 100 clientes.

En el caso del gas, Murcia lideró la presentación de reclamaciones, con 7 quejas por cada 100 clientes, seguida de Castilla-La Mancha (6,9), Galicia (6,4) y Madrid (6,1). País Vasco fue la comunidad que menos quejas presentó, con una media de 2,6 reclamaciones por cada 100 clientes.

 

Favorables al consumidor

Del total de reclamaciones presentadas durante el año 2017, el 40% en el sector eléctrico y el 35% en el sector del gas natural fueron consideradas como procedentes por las empresas y resueltas de manera favorable para el consumidor. Por contra, el 56% y el 62% de las mismas se consideraron improcedentes o desfavorables en los sectores eléctrico y gasista, respectivamente.

El canal que con mayor frecuencia utilizan los consumidores para efectuar una reclamación fue el telefónico (78% en el gas y 61% en electricidad), seguido del presencial.