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La CNMC presenta un nuevo recurso contra el Gobierno por una norma que le arrebata competencias relativas al mercado eléctrico

Europa Press / EFE.- La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha abierto una nueva batalla judicial contra una de las normas aprobadas por el Gobierno, al presentar un recurso contencioso-administrativo en la Audiencia Nacional contra la resolución del Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital por la que se aprobaron las reglas de funcionamiento de los mercados diario e intradiario de producción de energía eléctrica.

Los mercados diarios de electricidad europeos están acoplados y funcionan con un sistema común de cálculo de precio y, de acuerdo con un reglamento europeo de 2015, son los reguladores europeos los encargados de diseñar la metodología para realizar esta actividad. La CNMC y ERSE, la autoridad reguladora portuguesa, habían acordado por esta razón la metodología de las subastas regionales intradiarias complementarias entre España y Portugal para que el sistema estuviera preparado para el próximo 12 de junio, fecha en que está previsto el lanzamiento del mercado intradiario continuo europeo.

Según la CNMC, la normativa fue aprobada el pasado 9 de mayo, y ha decidido recurrirla al entender que vulnera las competencias de la Comisión. El recurso supone un paso más en el frente que se abrió entre el organismo presidido por José María Marín Quemada y el exministro de Energía, Álvaro Nadal, en la pugna entre regulador y Gobierno por las competencias para fijar, entre otros aspectos, la cuantía y el reparto de los peajes eléctricos. Ya en diciembre, el Tribunal Supremo admitió a trámite un recurso contencioso-administrativo presentado por la CNMC contra el Decreto 903/2017 por el que el Ministerio de Energía asumía funciones que hasta la fecha correspondían al regulador, entre ellas las liquidaciones del sistema eléctrico.

En este nuevo recurso ante la Audiencia Nacional, la CNMC denuncia la apropiación por el Gobierno de unas reglas para fijar el mercado intradiario eléctrico, que sirve para ajustar las ofertas al consumo en cada una de las horas y que supone un volumen de entre un 3% y 5% de la energía. A partir del 12 de junio este mercado intradiario debe acoplarse con los del resto de Europa y operar como la Bolsa, aceptando ofertas de manera continua y a precios diferenciados. No obstante, la CNMC defiende que había negociado con el regulador portugués un sistema transitorio por el que se mantendría durante al menos dos años un modelo de subasta parecido al actual para este mercado intradiario.

Inseguridad jurídica la próxima semana

El acuerdo entre estos dos reguladores fue puesto en conocimiento de la Agencia Europea de Cooperación de los Reguladores de la Energía (ARCE) y del Ministerio de Energía, que lo recibió el pasado abril, aunque posteriormente cambió la regulación. Por eso, la CNMC ha presentado el recurso contencioso-administrativo y ha solicitado a la Audiencia Nacional una medida cautelarísima que suspenda la norma de forma inmediata, a fin de evitar la inseguridad jurídica a los participantes del mercado intradiario a partir del 12 de junio. Asimismo, fuentes conocedoras del proceso indicaron que, ante el cambio de Gobierno producido tras prosperar la moción de censura, hay lugar a una desestimación de este recurso si hubiera por parte del nuevo Ejecutivo algún cambio.

La relación entre la CNMC y el anterior inquilino del Ministerio de Energía se judicializó después de que el gabinete dirigido por Álvaro Nadal respondiera con una negativa al requerimiento de la CNMC para que se retractara de la decisión de arrebatarle sus funciones. En concreto, la CNMC recurrió los artículos 3.1 d), 3.1 m), 3.1 ñ), 3.1 q), 4.1 d), 4.1 i), 4.1 s) y 4.1 w), así como la disposición adicional segunda, la disposición adicional tercera, la disposición transitoria tercera y la disposición transitoria cuarta de la normativa.

El Real Decreto 903/2017, aprobado el pasado octubre, desarrolla adaptaciones en la estructura orgánica del Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital que contemplan que el Ministerio pase a asumir funciones que hasta la fecha correspondían a la CNMC. Entre esas funciones que pasa a desempeñar el Ministerio se encuentran las inspecciones y las liquidaciones, así como la supervisión del sector de hidrocarburos líquidos, el sistema de certificados de biocombustibles y el control de operaciones.

En septiembre de 2016, Bruselas abrió un procedimiento sancionador al Reino de España, todavía sin cerrar, por las competencias en esta materia. Como solución, el Gobierno planteó a Bruselas un modelo análogo ya en otros países europeos, como en Francia, por el que la CNMC sería quien fijara los peajes, aunque siguiendo las orientaciones de política energética del Gobierno. Los peajes de acceso a las redes, los costes regulados para sufragar las inversiones en redes, suponen unos 7.000 millones de euros de los 19.000 millones de euros que representan los costes regulados del sistema eléctrico.

La subasta de interrumpibilidad ofrece a la industria electrointensiva 2.600 MW de potencia interrumpible para los próximos 7 meses

Europa Press / EFE.- La asignación del servicio de interrumpibilidad para el periodo comprendido entre el 1 de junio y el 31 de diciembre de este año ha dado comienzo con la subasta de 2.600 megavatios (MW) de potencia interrumpible para grandes consumidores de electricidad.

Mediante la celebración de la subasta convocada por el Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital, y administrada por Red Eléctrica en el recinto ferial Ifema de Madrid, se repartirá esta potencia en un total de 320 bloques del producto de 5 MW (1.600 MW) y 25 bloques del producto de 40 MW (1.000 MW). La interrumpibilidad se trata de un sistema de subastas que permite que las empresas que más electricidad consumen reciban una retribución a cambio de su disponibilidad para desconectarse de la red en casos de emergencia para el suministro de una determinada zona y que podría afectar a todo el país.

En esta ocasión, el mecanismo de asignación será similar al de ediciones anteriores y se realizará mediante subastas a la baja que partirán de 150.000 euros/MW y año para los productos de 5 MW y de 200.000 euros/MW y año para los de 40 MW, según Red Eléctrica. Así, durante próximos días, cerca de 130 empresas de la gran industria con consumo eléctrico intensivo competirán por la adjudicación del servicio de interrumpibilidad. Los resultados de esta subasta se darán a conocer una vez que sean validados por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), a través de la web del operador del sistema de Red Eléctrica eSios.

La potencia interrumpible del periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de mayo del 2018 se asignó mediante un procedimiento de subastas competitivas similar al actual en diciembre del año pasado. En un informe, la CNMC criticó que el Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital no aprovechara para realizar una revisión del mecanismo de interrumpibilidad, de cara a esta nueva subasta, para adaptarlo a la normativa europea, que estaba previsto que entrara en vigor antes de acabar el año. Asimismo, advirtió del elevado coste que implica el mecanismo y consideró que estas subastas «son complejas y que sus costes triplican a las del gas y electricidad».

A este respecto, indica que el sistema de subastas de interrumpibilidad tuvo un coste de 1,3 millones en 2015 y de entre 500.000 y 600.000 euros cada año a partir de entonces, muy superiores al coste de organización de las diferentes subastas eléctricas y gasistas celebradas en España, con costes entre 75.000 y 205.000 euros. Respecto a las novedades introducidas por el Ministerio, la CNMC consideró que la sustitución del producto de 90 megavatios (MW) por otro de 40 MW podría «ser insuficiente», por lo que recomendó considerar adicionalmente otras alternativas, como permitir agregaciones de los proveedores de 5 MW. Un cambio que ha introducido el Ministerio para intentar incrementar “la competencia” en la subasta, algo que demanda la CNMC.

Sin embargo, algunas siderúrgicas como las compañías Sidenor, Grupo Gallardo Balboa y Siderúrgica Sevillana, que han anunciado recursos contra la orden de convocatoria de la subasta, consideran que el cambio no tendrá ese efecto, pues se mantiene la misma exigencia de disponibilidad de desconectarse para los bloques de 40 MW que había para los de 90 MW, al menos el 91% de las horas de cada mes. Hay que recordar que el Ministerio de Energía aprobó una orden para poder usarla también para contener el precio de la electricidad. Según indicó a comienzos de marzo el secretario de Estado de Energía, Daniel Navia, en los dos primeros meses de 2018 la interrumpibilidad se utilizó en 27 ocasiones para ese fin.

Por su parte, el secretario general de la Sección Intercentros de CCOO en Alcoa, José Manuel Gómez de la Uz, ha expresado su preocupación ante la nueva subasta al asegurar que existe «muchísima incertidumbre» para la industria electrointensiva, puesto que se espera una mayor competencia. En el caso concreto de Avilés, existe la incertidumbre de que la planta pueda optar a los bloques de interrumpibilidad. «Lo que tenemos mucho miedo es que haya más empresas y que entren de una forma agresiva y los precios queden muy bajos», ha señalado.

Esta es la segunda subasta de potencia interrumpible que se hace para este año después de la celebrada en diciembre, a la que concurrieron 128 pujadores y en la que 117 se adjudicaron 384 lotes, 376 de 5 MW y 8 de 90 MW (estos últimos fueron todos para grupos empresariales), con lo que se asignaron 2.600 MW para los cinco primeros meses del año.

En la pasada subasta, el precio de salida para el producto de 5 MW fue el mismo que ahora y para el de 90 MW de 270.000 euros/MW y año, aunque finalmente se adjudicaron con descuentos, de forma que el precio medio de asignación para el de 5 MW fue de 108.245 euros/MW y de 235.167 euros/MW para el de 90 MW. Además de la sustitución de los bloques de potencia de 90 MW por otros de 40 MW, la orden del Ministerio de Energía introdujo la exigencia a las empresas participantes de no tener deudas con el servicio de gestión de la demanda de interrumpibilidad en los cuatro años naturales anteriores a la temporada en la que desea participar.

Castilla y León buscará convencer a los socialistas de Asturias y Aragón para que apoyen la propuesta sobre las térmicas

EFE.- La consejera de Economía y Hacienda de Castilla y León, Pilar del Olmo, ha avanzado que buscarán una alianza con las comunidades autónomas de Asturias y Aragón para evitar que antes de que se cierren las térmicas se vendan, para no incidir en el empleo en las comarcas mineras. Del Olmo presidió, en la sede de la Diputación de León, una reunión del Comité de Seguimiento del Plan de Dinamización Económica de los Municipios Mineros.

La consejera señaló que, en defensa de la minería, la Junta va a apoyar la proposición de ley que ha presentado el PP en el Congreso para evitar el cierre de las centrales térmicas. «Me parece fundamental, cuando hay anuncios de que las eléctricas quieren cerrar alguna térmica en la comunidad, estar con el Gobierno y, sobre todo, con el ministro de Energía, Álvaro Nadal, para que antes de cerrarlas se vendan a quien pueda estar interesado, para el mantenimiento del empleo», añadió Del Olmo.

Asimismo, ha subrayado que en los próximos días se pondrá en contacto con los consejeros de Asturias y Aragón para promover entre las tres comunidades que se vendan las térmicas antes de que se cierren. Además, del Olmo ha recordado que España se ha adherido al programa de Regiones Europeas Carboníferas en Transición y que el Gobierno ha designado a Asturias, Aragón y Castilla y León para que presenten proyectos con el objetivo de conseguir fondos para sus comarcas mineras.

Diversificación de la actividad económica

«En ese sentido estamos trabajando también con Asturias y Aragón para incentivar la I+D+i en relación con las energías más sostenibles y para ello vamos a contar con proyectos para la Ciudad de la Energía, que dispone de un buen equipo de investigación», ha explicado. Del Olmo ha precisado que dentro de esa plataforma de la Unión Europea hay otros proyectos de diversificación de la actividad económica de las comarca mineras, y ha indicado que en ese ámbito también se trabaja con Asturias y Aragón.

La consejera recordó que las tres empresas mineras que operan en Castilla y León tienen firmados contratos para la venta de carbón, lo que calificó de «buena noticias» porque «va a suponer el mantenimiento, al menos, del empleo en esas compañías». También advirtió de la importancia que para la minería tiene que se aprueben los presupuesto generales del Estado porque contemplan recursos para los convenios MINER. Además, destacó que hay dos proyectos de diversificación «muy avanzados» en las comarcas mineras, uno de ellos el de Forestalia, con una creación de 50 empleos directos y 400 indirectos. «El otro proyecto va a dar empleo a más de cien personas. Por discreción no puedo decir su nombre pero esta bastante avanzado», indicó.

Asturias lo debatirá el viernes

Por su parte, el pleno de la Junta General del Principado de Asturias debatirá el viernes una iniciativa del PP que respalda el contenido del proyecto de ley tramitado por esta formación en el Congreso para modificar la normativa que regula el sector eléctrico y evitar el cierre de centrales térmicas como la de Lada. La iniciativa, que aún debe ser debatida en comisión en la Cámara baja, plantea condicionar el cierre de una instalación, como el que ha solicitado Iberdrola para la central asturiana y para la de Velilla (Palencia), a los posibles efectos que tendría sobre el incremento del precio de la electricidad.

Así, el PP defiende en el Congreso, con el respaldo del Gobierno central, que los cierres de instalaciones de producción eléctrica con una potencia superior a 50 megavatios requieran de tres dictámenes previos aunque no vinculantes de la CNMC, la Oficina del Cambio Climático y del IDAE. Tanto el PSOE como Podemos y Ciudadanos han mostrado su rechazo en el Congreso a esta propuesta aunque el Gobierno asturiano que preside Javier Fernández sí ha defendido que el Ejecutivo central disponga de mecanismos para evitar que las compañías eléctricas puedan decidir de forma unilateral cierre de plantas de producción de energía.

Tras la reunión de la Junta de Portavoces del parlamento asturiano, la presidenta del PP, Mercedes Fernández, se mostró confiada en obtener «el apoyo unánime» de la Junta a esta iniciativa para promover, ha apuntado, un sistema eléctrico «ordenado» a partir de criterios de defensa del interés general. «Los criterios de las empresas no pueden suponer una alteración del sistema eléctrico en su conjunto», ha apuntado Fernández tras incidir en la importancia de que la Junta se pronuncie políticamente sobre esta cuestión pese a que el Principado no cuente con competencias en el ámbito de la regulación del sector energético.

El diputado de Foro, Pedro Leal, que anunció la presentación por parte de su grupo de una iniciativa similar, ha incidido en la necesidad de que los distintos partidos tengan la misma postura «en Madrid, en Bruselas o en Asturias» y ha apuntado que esta votación constatará «el peso de cada uno en sus respectivas organizaciones». «En todo país serio la decisión de cerrar una central térmica dedicada a la producción de electricidad no puede adoptarse de espaldas al Gobierno y en contra del interés general», apuntó, para rechazar una medida «que encarecerá el precio de la luz y abrirá la puerta al aumento de las horas de funcionamiento de las centrales nucleares, que desempeñarán el papel de las térmicas».

La CNMC ha impuesto multas a siete distribuidoras de electricidad por no informar sobre los contadores de telegestión

Europa Press. – La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha impuesto multas por importe de 15.800 euros a siete empresas de distribución de electricidad por incumplir obligaciones de información relativas a los contadores de telegestión.

Según informó el organismo, esta sanción está vinculada con el incumplimiento a la hora de remitir la información relativa a los contadores de telegestión y por considerarlas responsables de una infracción «grave» de la legislación del sector eléctrico.

La CNMC indicó que los distribuidores de electricidad están obligados a remitirle de forma trimestral determinada información sobre la instalación e integración en el sistema de los contadores de telegestión, con datos como el número de suministros para los que se ha puesto a disposición las curvas de carga horaria o la información sobre el número de horas estimadas y reales publicadas.

De esta forma, las multas puestas por el organismo supervisor recogen sanciones de 6.000 euros a Eléctrica Corvera, de 1.000 euros a Millarense, de 2.400 euros a La Honorina, de 1.000 euros a Alcolecha, de 3.000 euros a Alarcón Navarro, de 1.800 euros a Ponts y de 600 euros a Gistaín.

La Comisión resaltó que estas sanciones pueden ser recurridas ante la Audiencia Nacional en un plazo de dos meses.

El margen de las petroleras descendió en marzo pero sigue por encima de la media registrada en la Unión Europea

EFE.- El margen bruto de las petroleras descendió en marzo, un 8,3% en la gasolina súper y un 5,8% en el gasóleo, aunque sigue estando por encima del indicador promedio de la Unión Europea (UE), según el informe de carburantes de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).

El informe analiza la evolución de los precios de los combustibles en marzo, en el que el precio de la gasolina bajó un 0,5% y el gasóleo un 0,4%.

El margen bruto de distribución engloba los costes asociados a la distribución del carburante desde la refinería o los puertos hasta la estación de servicio, así como la rentabilidad del operador mayorista y distribuidor minorista, además de otros costes derivados de obligaciones como el mantenimiento de existencias mínimas de seguridad o la comercialización de biocarburantes con fines de transporte.

El margen bruto medio mensual de la gasolina súper 95 disminuyó en 1,55 céntimos en marzo y se situó en 17,2 céntimos, mientras que el del gasóleo bajó 1,08 céntimos hasta los 17,4 céntimos.

A pesar del descenso de dicho margen en marzo, el de la gasolina súper 95 en España fue superior en 7,2 céntimos de euros el litro al indicador de la UE y la diferencia con el mismo se incrementó un 33,8% con la que hubo el mes anterior.

En el gasóleo, el margen bruto medio en España fue superior en 5,7 céntimos de euros el litro al indicador de la UE, con lo que la diferencia fue un 23,6% superior a la registrada en febrero.

En relación a Francia, en marzo el margen bruto fue superior en 4,3 céntimos de euros en la gasolina súper 95 y en 4,9 céntimos en el gasóleo.

La diferencia con Alemania en el margen bruto fue aún mayor, de 10,3 céntimos en la gasolina súper 95 y en 6,8 céntimos el litro en el gasóleo.

En cuanto a los precios antes de impuestos de la gasolina en España, en marzo superaron los de la media europea y fueron 6,3 céntimos más caros que en la zona euro, aunque los de venta al público estuvieron 15,2 céntimos por debajo.

Los precios antes de impuestos del gasóleo en España superaron los de la media europea y fueron 4,1 céntimos más altos que los de la zona euro, mientras que los de venta al público se situaron 11,2 céntimos por debajo.

España fue el segundo país de la UE con la gasolina más cara antes de impuestos en marzo y el quinto en el caso del gasóleo.

En marzo, la evolución de los precios de venta al público de los carburantes fue desigual, ya que, aunque hasta mediados de mes bajaron, a partir de ese momento iniciaron una tendencia al alza.

Según el Boletín Petrolero de la Unión Europea (UE), en la última semana de abril los precios de la gasolina han subido en España un 0,55% y los del gasóleo un 0,59%, con lo que se mantienen en los niveles del verano de 2015 que alcanzaron hace ya unas semanas.

La penúltima liquidación del sector eléctrico refleja un superávit provisional de 117 millones de euros en 2017, según la CNMC

Europa Press / EFE.– La penúltima liquidación del año del sector eléctrico arroja un superávit de 117 millones de euros, 107,6 millones más de lo previsto, según los datos de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). El organismo publicará a finales de año la liquidación definitiva (la número 15), en la que se conocerá la distribución definitiva de ingresos y costes de los distintos sistemas y si finalmente incurren en superávit o déficit de ingresos.

Dado que en la liquidación 14 los ingresos son superiores a los costes reconocidos, no es necesario aplicar coeficiente de cobertura. La demanda registrada en la liquidación 14 fue de 243.005 GWh, un 2% superior a la prevista según la memoria de la orden de peajes de acceso de 2016 (230.288 GWh) y un 1,4% superior a la demanda prevista para el cierre del ejercicio en la orden de peajes de acceso de 2017 (239.567 GWh). Este hecho ha posibilitado un superávit de 117 millones de euros, frente a los previstos de 9,4 millones de euros y de 3,8 millones en las órdenes de peajes del año 2016 y 2017.

El consumo por periodo horario fue superior al previsto para el ejercicio, excepto en el caso de los pequeños consumidores con peajes 2.0 A, 2.1 A y, con carácter general, los conectados en media y alta tensión. Sin embargo, la potencia por periodo horario registrada fue inferior a la prevista inicialmente para 2017, excepto para los consumidores de alta tensión.

Los ingresos regulados fueron inferiores a los previstos tanto en la facturación por el término de energía, como en la facturación por el término de potencia. Así, en los peajes de acceso se registraron 58,9 millones de euros menos con respecto a las previsiones. Las causas fueron la diferente estructura de consumo por grupo tarifario y por periodo horario, y la evolución negativa de la potencia contratada por los clientes conectados en baja tensión con potencia contratada superior a 15 kW y en media tensión.

Por otra parte, los ingresos tributarios derivados de la Ley 15/2012 también fueron inferiores a los previstos y alcanzaron los 2.829 millones de euros, un 10,3% (325,5 millones de euros) inferiores a los ingresos previstos para el ejercicio. Los costes regulados en la liquidación (17.433 millones de euros) han resultado 445 millones de euros inferiores a los previstos para el ejercicio debido fundamentalmente a que la retribución adicional y especifica de los sistemas extrapeninsulares ha sido inferior a la prevista.

En cuanto a las energías renovables, en la liquidación 14 se han realizado reliquidaciones según la metodología de retribución establecida en el Real Decreto 413/2014, de 6 de junio. La liquidación provisional a cuenta correspondiente al mismo periodo con cargo a los Presupuestos Generales del Estado, asciende a 68,622 millones, antes de IVA o impuesto equivalente. Al cierre de esta liquidación se han recibido ingresos del Tesoro Público que permiten abonar el 100% de esta partida a los productores de energías renovables, cogeneración y residuos ubicadas en los territorios extrapeninsulares.

En cuanto al sector gasista, el déficit del gas fue de 12 millones de euros, nueve veces inferior al de 108 millones en el mismo periodo del ejercicio anterior. El total de ingresos declarados ascendió a 2.977 millones de euros, cantidad un 4,4% superior a la del mismo periodo del ejercicio anterior. El total de ingresos netos liquidables ascendió a 2.712 millones de euros, un 1,3% superior al de la misma liquidación del ejercicio anterior.

La retribución total fija acreditada a las empresas ascendió a 2.694 millones de euros, cifra que incluye las retribuciones aprobadas en la Orden ETU/1977/2016 pero que descuenta la retribución por operación y mantenimiento del almacenamiento subterráneo de gas Castor, afectada por la sentencia del Tribunal Constitucional, que anuló varios artículos del decreto que fijó las indemnizaciones, y las aprobadas mediante resoluciones de la DGPEM en el 2017. Por las actividades de regasificación, carga de cisternas, trasvase de GNL y puesta en frío de buques se acredita en esta liquidación una retribución variable de 31 millones de euros. Como resultado se tiene una retribución total acreditada de 2.725 millones de euros, que es un 2,2% inferior a la del año anterior.

En esta liquidación se obtiene un déficit en términos de caja de 12 millones de euros, frente al déficit de 108 millones de euros en el mismo periodo del ejercicio anterior. El índice de cobertura fue del 99,5% de la retribución acreditada. La demanda nacional de gas en 2017 facturada hasta el 28 de febrero de 2018, ascendió a 348,4 TWh incluida carga de cisternas desde plantas. Esta cantidad es 28,6 TWh superior a la del ejercicio 2016, lo que supone un aumento del 8,9%.

La CNMC pide reducir la retribución por transporte a Red Eléctrica, que trabaja para absorber la nueva eólica en Canarias

EFE.- Red Eléctrica de España (REE) ha anunciado que concluirá este año las ochos actuaciones anunciadas en Canarias que permitirán verter a la red los 403 megavatios del nuevo cupo eólico. Mientras tanto, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha recomendado revisar la tasa de retribución financiera de la actividad de transporte de energía eléctrica, que en España lleva a cabo REE, para adecuarla al coste de los recursos del transportista, que han evolucionado a la baja.

El organismo de competencia ha hecho público el informe de análisis económico-financiero durante el periodo 2013-2016 de la actividad del transporte de energía eléctrica, que ejerce Red Eléctrica como transportista único del sector eléctrico. La CNMC ha recomendado que se revise la tasa de retribución financiera del transporte eléctrico para el siguiente periodo regulatorio, que comenzará el 1 de enero de 2020, para adecuarla al coste de los recursos propios y ajenos del transportista, que han evolucionado a la baja durante el actual periodo regulatorio.

Además, pide que no se modifique ni el valor ni la vida útil de los activos anteriores a 1998 de cara al siguiente periodo regulatorio para cumplir con los principios retributivos establecidos en la Ley del Sector Eléctrico y el decreto de 2013 de realizar la actividad de transporte eléctrico al menor coste para el sistema y el de permitir una retribución adecuada para una actividad de bajo riesgo. La retribución de REE representa el 98,3% de su actividad, 1.710 millones de euros anuales, según la CNMC, que señala que la retribución del transporte representa aproximadamente el 10% de los costes regulados del sistema eléctrico.

El ministro de Energía, Álvaro Nadal, ya anunció hace unos meses su intención introducir ajustes en la retribución de actividades en el sector energético para dar cumplimiento a varias recomendaciones de la CNMC y que el grupo popular presentaría una proposición de ley en ese sentido. Según el análisis que la CNMC ha dado a conocer, la rentabilidad económica del transportista se mantuvo en valores estables durante el periodo 2013-2016, por encima del 9% en los cuatro ejercicios analizados, alcanzando el valor más alto en el último año, en que ascendió a un 9,7%. La rentabilidad financiera se situó en valores cercanos al 30% y alcanzó el 31,1% en 2016.

Competencia también recomienda que se fijen límites de apalancamiento adecuados para las actividades reguladas y en su análisis expone que REE presentó un elevado apalancamiento en el periodo analizado, que alcanzó el 78% a cierre de 2016. Sin embargo, el ratio deuda neta/ebitda (4,67 veces) y el de cobertura de la carga financiera, ebitda/gastos financieros (8,36 veces), presentaron valores razonables.

El periodo analizado, el 2013-2016, permite ya observar el impacto de los cambios que se introdujeron en el marco de la retribución de la actividad en 2013. En ese periodo, el importe neto de la cifra de negocios de REE se incrementó un 6% y pasó de 1.701 millones de euros a 1.803 millones, debido principalmente al incremento de los ingresos regulados del transporte eléctrico.

Asimismo, se incrementaron los gastos de personal de REE un 11,5%, mientras que los financieros se redujeron un 21%. El beneficio neto de la empresa, en la que el Estado tiene una participación del 20% a través de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (Sepi), aumentó desde los 463,3 millones de euros en 2013 a 586 millones en 2016, un 26,5% más que en 2013.

Absorber la eólica en Canarias

Por otro lado, la directora general de Transportes de REE, Eva Pagán, señaló que las actuaciones a realizar en Canarias suponen una inversión de 401 millones de euros y se complementarán con la interconexión por cable submarino de los sistemas de Lanzarote y Fuerteventura, presupuestada en 32,1 millones de euros.  Del total de esta inversión, 434 millones de euros, generará en Canarias 3.400 puestos de trabajo, una renta de 172 millones de euros en términos de Producto Interior Bruto, así como unos ingresos fiscales de 55 millones de euros, según destacó el director de Infraestructuras en las islas, Daniel Pérez.

Pagán, que subrayó el compromiso de REE por contribuir a lograr un modelo energético más sostenible, seguro y eficiente en el archipiélago, ha indicado que con la incorporación de estas nuevas infraestructuras se podrá duplicar la oferta de energía eléctrica renovable en las islas, que pasará del 8% al 18%. Las instalaciones proyectadas para cumplir con el plan eólico por REE, 6 nuevas subestaciones y otras 2 más que se ampliarán, entrarán en servicio a medida que se vayan concluyendo, si bien todas ellas estarán finalizadas en diciembre de 2018.

En cuanto a las obras previstas, en Gran Canaria, con una inversión de 32,7 millones de euros, se ha ampliado la subestación de Aldea Blanca, de 66 kilovoltios (kv) y se están construyendo las de Arinaga y Agüimes, también de 66 kv, así como las líneas de conexión asociadas. En Tenerife, se invertirán 80,5 millones de euros en la ampliación de la subestación de Tagoro, de 66 kv, y en la construcción de las subestaciones El Porís y Abona, de 220 y 66 kv, respectivamente.

En Lanzarote, con una inversión de 71,1 millones de euros, se ha construido la subestación Callejones, de 66 kv, y se han proyectado la línea Tías-Playa Blanca, de 132 kv, y las subestaciones de Tías y Blaya Blanca, de 132 kv y 66kv. En Fuerteventura, en la que REE prevé la mayor inversión, 217,7 millones de euros, se construirán la subestación Jares, de 132 kv, y su línea de conexión, que se deberá apoyar con otros desarrollos de la red.

Sobre el sistema de Fuerteventura, subrayó que es importante que se complete el eje norte-sur proyectado en la isla para que la capacidad de su tendido eléctrico pase de 66 kv a 132 kv, por lo que ha reiterado la disposición de REE para encontrar una salida junto al Cabildo y la Consejería de Industria del Gobierno canario, ante la suspensión cautelar del nuevo trazado comprendido entre Puerto del Rosario y Gran Tarajal. Pagán explicó que sin ese trazado concluido no podrá circular la energía que se produzca en los parques eólicos del sur de la isla hacia el norte.

El Gobierno estará «vigilante» con la evolución de los precios de los carburantes ante el repunte del barril de petróleo

Europa Press / EFE.- El ministro de Energía, Álvaro Nadal, ha asegurado que el Gobierno estará «vigilante» con los márgenes de comercialización de los carburantes ante el episodio actual de repunte en los precios del petróleo, que ha consolidado el barril por encima de los 75 dólares. En este sentido Nadal indicó que, cuando «hay tensión de precios, lo que queremos que los precios reflejen el verdadero coste del barril y no otras cosas».

Nadal recordó que es la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) quien debe actuar si existe cualquier tipo de anomalía al respecto, aunque señaló que el Gobierno «siempre puede hacer su análisis para poner de manifiesto elementos, por si los considera adecuados para vigilar y actuar sobre ellos la propia CNMC». No obstante, afirmó que «por ahora» el Gobierno no ha visto «un comportamiento diferenciado» en este sentido del precio de los carburantes respecto al resto de mercados europeos. «Pero estamos siempre mirándolo, lo miramos semanalmente», apuntó.

No obstante, Nadal mostró su preocupación por el nuevo repunte en los precios del petróleo, después del que ya se registró en 2017 que llevó el barril por encima de la cota de los 60 dólares, ya que «cuando sube el petróleo es malo para España«. «No puedo predecir qué va a ocurrir en el futuro, pero es una cosa que siempre le preocupa al Gobierno, ya que España es un país que necesita un petróleo a precios adecuados para que la economía funcione», añadió.

De todas manera, Nadal consideró que todavía es pronto para saber si este incremento en los precios del petróleo va a suponer un descuadre en los Presupuestos, que se basan en las previsiones del Fondo Monetario Internacional (FMI) y de la Comisión Europea. «Por ahora, no se está trasladando al mercado de futuros esa volatilidad que vamos viendo en el mercado spot, por tanto es pronto para saber si la previsión es incorrecta o no», afirmó Nadal, quien subrayó que el impacto de los actuales precios del petróleo podría suponer un ajuste de «alguna décima».

Equilibro entre competitividad y medioambiente

Por otro lado, el ministro de Energía ha abogado por lograr un equilibrio entre el cumplimiento de los compromisos medioambientales fijados por la Unión Europea y lograr unos precios de la energía eléctrica que garanticen la competitividad de la economía española. En este sentido, Nadal ha explicado que la política energética debe tener el mínimo componente ideológico posible y más realismo. Por ello, no ve lógico tratar de conseguir los máximos objetivos medioambientales en un país, como España, con más de 3 millones de desempleados.

El titular de Energía indicó que la postura del Gobierno es cumplir los compromisos fijados por la Unión Europea y minimizar los precios para lograr un máximo de competitividad. Nadal ha criticado la posición de algunos grupos políticos que apuestan por maximizar las políticas medioambientales «como si fuéramos Suecia«. El ministro recordó que la energía producida en España es más cara porque el país no cuenta con los recursos hidráulicos y de gas que existen en el norte de Europa.

Nadal ha advertido de que las decisiones de política energética «van al final al recibo» de la luz que pagan los consumidores. El ministro cree que «no son sensatos» los planteamientos de algunos grupos que piden eliminar algunas tecnologías de generación sin tener en cuenta su impacto en los precios de la energía. Nadal ha defendido la continuidad de las centrales nucleares como energía de base y ha dicho que a algunas empresas, en concreto si tienen plantas hidroeléctricas y parques eólicos antiguos, les podría convenir su cierre porque el precio de la electricidad subiría.

El ministro ha defendido la Proposición de Ley presentada en el Congreso por el Grupo Popular para ampliar los criterios que se pueden tener en cuenta para autorizar el cierre de centrales eléctricas. Según Nadal, cualquier decisión en ese ámbito debe responder al interés general y no sólo a una decisión empresarial y, aunque admitió que la regulación «es un mal sucedáneo del mercado», ha recalcado que, cuando no hay suficiente competencia, «hay que regular«.

El servicio de suministro eléctrico sigue siendo el peor valorado por los españoles

Europa Press. – El servicio de suministro eléctrico sigue siendo el peor valorado por los hogares españoles, con un 19% de ellos que manifestó estar poco o nada satisfecho con él, según datos del Panel de Hogares de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) al cuarto trimestre.

En segundo lugar como servicio peor valorado por los clientes, se situaron la banda ancha fija y la televisión de pago, con un 17% y un 16%, respectivamente, de hogares insatisfechos.

En el caso del gas natural, el porcentaje de clientes insatisfechos con este servicio se mantiene en un 12%, según datos del panel de la CNMC.

En este sentido, la entidad destaca que, como ha ocurrido en otras oleadas del panel, los datos indican que el motivo principal de insatisfacción de los hogares con los servicios es su elevado precio, con un 96% en el caso del servicio eléctrico y algo más del 86% con el servicio de gas.

 

Desestimados los recursos de las comercializadoras contra el Ayuntamiento de Madrid por exigir la etiqueta A de suministro 100% renovable

Europa Press.- El Tribunal Administrativo de Contratación Pública ha desestimado los recursos presentados por Gas Natural Fenosa, Endesa e Iberdrola contra las cláusulas administrativas particulares y de prescripciones técnicas del Acuerdo marco para el suministro de energía eléctrica renovable de edificios municipales y equipamientos del Ayuntamiento de Madrid y sus organismos autónomos.

La Junta de Gobierno aprobó en marzo los nuevos pliegos. En los anteriores, recurridos por Gas Natural, en función de la etiqueta se otorgaban 5 puntos adicionales si la empresa acreditaba la etiqueta A. En esos pliegos, la exigencia de certificación estaba en los criterios de adjudicación. En los pliegos del acuerdo de marzo de 2018 dicha exigencia está «en la solvencia», según el Consistorio.

El actual acuerdo marco incorpora como criterio de solvencia técnica la certificación emitida por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), de que la energía comercializada es de origen 100% renovable. Un total de 76 comercializadoras suministran esta energía, siendo empresas de tamaño grande, mediano y pequeño. Esto supone el 64% de las comercializadoras. Desde enero de 2017 toda la energía que circula por los 1.300 puntos de suministro eléctricos que hay en los edificios municipales es íntegramente de origen renovable (mezcla de hidráulica, eólica y solar).

Con fecha 4 de abril, el Tribunal Administrativo de Contratación Pública acordó la suspensión del expediente de contratación a partir del momento previo a la apertura de las ofertas. Los demandantes señalaban su interés por participar en la licitación y verse perjudicadas pues «la redacción actual de las cláusulas les impedía concurrir en igualdad de condiciones a la licitación y con la impugnación se pretende conseguir la anulación del pliego y poder participar en otra licitación que remueva las dificultades que advierten en esta licitación».

Los recursos inciden fundamentalmente en dos aspectos de los pliegos. Por una parte, consideran que no existe vinculación entre el objeto del contrato y los criterios de solvencia que se exigen. Por otra, Gas Natural considera que se trata de un criterio de capacidad técnica de imposible cumplimiento legal puesto que los certificados de garantía de origen de la energía suministrada a un consumidor se expiden una vez cumplido el contrato y por tanto no se pueden adjuntar en la documentación acreditativa de la solvencia de los licitadores. Pero el Tribunal Administrativo de Contratación Pública acumuló los tres recursos, y procede a desestimarlos. Asimismo, acuerda levantar la suspensión del procedimiento.

El delegado de Economía y Hacienda del Ayuntamiento de Madrid, Jorge García Castaño, ha destacado en los pasillos del Palacio de Cibeles que hoy es «un grandísimo día para la responsabilidad social del Ayuntamiento con la contratación responsable que puede servir de precedente para administraciones de toda España». «La decisión del Tribunal de la Administración de la Comunidad da la razón al Ayuntamiento a la hora de valorar de forma positiva el acuerdo marco de suministro de energía, un contrato de 82 millones con el que se adquiere la energía de edificios municipales y que exigía como criterio de solvencia técnica que las empresas que concursan tenga etiquetado A de la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia», ha explicado.

Este plan supone «menos emisiones para la ciudad y generar un entorno social y empresarial que favorece la concurrencia». Ahora las empresas suministradoras de energía que trabajen con el Ayuntamiento de Madrid deberán acreditar que emplean energías renovables al 100%. El acuerdo, vigente entre julio de 2018 y el 30 de junio de 2020, facilita el acceso a la contratación pública a las pequeñas y medianas empresas, incorpora criterios de eficiencia energética y de inclusión social y recoge la exigencia de que la energía comercializada sea de origen 100% renovable.

Con él se incorpora como criterio de solvencia técnica la certificación emitida por la CNMC de que la energía es de origen 100% renovable. De acuerdo con la CNMC en 2016, más del 65% de las empresas que participan en el sistema de garantía de origen comercializarían energía con un mínimo impacto ambiental. Este acuerdo facilitará el acceso a la licitación de pequeñas y medianas empresas al dividirse en cuatro lotes y elevar el porcentaje de pago mediante cuotas mensuales desde el 80% al 90%. Esto posibilita que los concurrentes con menor capacidad financiera puedan acceder a la contratación pública.

También recoge la exigencia de que la energía sea de origen 100% renovable en consonancia con los compromisos recogidos en el Plan A de Calidad del Aire y Cambio Climático, que incluye la incorporación de criterios de sostenibilidad en la contratación municipal. Para ello incorpora como medio de acreditación de la solvencia técnica de la empresa aportar la certificación emitida por la CNMC de que la energía comercializada es de origen renovable. Otras exigencias del contrato se refieren a las medidas de eficiencia energética, entre las que figura la corrección del factor de potencia, las operaciones de ajuste de potencia contratada a la demanda real y la obligación de disponer de una plataforma para la lectura remota de los contadores.