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Daniel Lacalle considera que cerrar las centrales nucleares por motivos medioambientales es un «engaño» si se mantiene el carbón

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Europa Press.- El economista Daniel Lacalle ha advertido de que la propuesta de acuerdo para formar Gobierno de PSOE y C’s que contempla el cierre de las centrales nucleares cuando cumplan 40 años de edad es «un engaño a los ciudadanos si se hace por motivos medioambientales» mientras se mantiene el carbón. Una medida que, según sus cálculos, conllevará «tranquilamente» un aumento del 30% de la tarifa de la luz. Así se expresó en el marco de la Jornada de experiencias operativas de la Sociedad Nuclear Española (SNE).

Respecto al compromiso de cerrar las plantas al cumplir 40 años, opina que puede hacerse, siempre y cuando el consumidor conozca, entienda y acepte lo que esa decisión conlleva. En concreto, ha advertido de que «tal y como está el mix y la estructura de costes, la propuesta supondría, tranquilamente un aumento del 30% de la tarifa para los consumidores».

Por ello, criticó que el proceso de transición tecnológica acordado no identifica cómo se realizará «sin que le suponga al consumidor un aumento total de las tarifas del 50 o 60%». Así, denuncia que «se está engañando con el coste de esas medidas» y defiende que la decisión sobre si una planta nuclear puede extender su funcionamiento no es competencia política sino de los organismos técnicos. Lacalle reclama que el objetivo sea buscar la fórmula para que el Gobierno consiga que las tarifas en España bajen. «El problema de competitividad en el que estamos a través de grandes subvenciones y enormes costes fijos debe ser la prioridad del Gobierno», aconseja.

Lacalle cuestiona también la falta de análisis económico de las medidas del acuerdo por lo que califica la propuesta de «limitada», ya que se debe entrar en detalle en el «problema triple» del sector energético, consistente en el «enorme coste de tarifa» por los costes fijos y las subvenciones; la sobrecapacidad instalada y la «decisión unilateral» de los Gobiernos de incentivar una u otra tecnología.

De este modo, está «sorprendido» porque si la propuesta es de carácter ambiental y no política, no se hable del carbón, «mucho más contaminante e ineficiente» que la energía nuclear. «Me parece curioso», comenta.  A su juicio, la transición energética y tecnológica debería acometerse desde la competencia frente a la penalización del eficiente para subvencionar al ineficiente, de modo que las más competitivas lideren la bajada de precios. Además, tachó de «error histórico y monstruoso» subvencionar tecnologías ineficientes en un momento naciente como la energía solar, sin que España pueda ahora beneficiarse de su caída de costes, y que ha provocado una sobrecapacidad del 40%, además de sobrecostes al consumidor.

Por todo ello, opina que el mix energético «no puede ser una decisión política» pues el Gobierno no tiene mejor información que las empresas sobre el desarrollo tecnológico de las tecnologías y eso provoca que se perpetúen sectores obsoletos y contaminantes como el carbón. «Me parece ideológicamente demagógico que se olvide la parte más subvencionada, más contaminante y más ineficiente en el acuerdo de PSOE y C’s. Es alucinante y tiene que ver con la decisión política de sostener a sectores rentistas», sentenció Lacalle que lamenta que, al final, es el consumidor el que paga estas decisiones en su factura.

A su juicio, la descarbonización de la economía será posible gracias a la tecnología que aumentará la eficiencia energética, que «es esencial». Sin embargo, ha asegurado que esto será «imposible» sin la nuclear. «Podremos hacer todo tipo de cábalas sobre la solar, cuyo desarrollo es espectacular, el viento, que también, la biomasa, que en realidad no es una renovable, todo eso se puede tener en cuenta y es muy importante en la transición; pero la descarbonización como objetivo fundamental no puede existir sin la nuclear, ni en España, ni en ningún otro país», ha sentenciado.

El economista defendió la nuclear porque la mayor parte del consumo energético es de base, lo que cada ciudadano consume cada día, de modo que si se prescinde de una energía ininterrumpida para sustituirla por otras con variabilidad enorme, el sistema se encarece y se incurre en riesgo de apagones. Lacalle opina que mientras la tecnología va poco a poco buscando alternativas ininterrumpibles de almacenamiento, no se puede destruir la competitividad y la capacidad de consumo solo por negar el efecto inapelable de la eficiencia.

Por otro lado, el economista cree que los objetivos de cambio climático alcanzados en la Cumbre del Clima (COP21) se pueden conseguir «en cuanto se quiera» pero el problema es una falta de voluntad por lo que, en realidad, «es un cuento chino«. Desde su análisis, los objetivos de cambio climático no se conseguirán subiendo los costes a los ciudadanos del tercer mundo, ni los precios de la energía ni poniendo trabas al crecimiento económico y está «100% seguro» de que como no va a ocurrir es «con planes quinquenales».

Lacalle criticó estas cumbres, que «cuestan una pasta» y que son parte del juego en el que se comprometen a invertir 100.000 millones de dólares que “no conseguirán nada” mientras se trasladen los errores de planificación y los costes a los ciudadanos. En este sentido, plantea que si China, Rusia o Venezuela, por ejemplo, cierran sus empresas «estatales» bajaría la temperatura «ya», pero estamos ante un «cuento chino» que van a pagar, por ejemplo, ciudadanos europeos, que emiten el 12% del total de gases invernadero, o los españoles, que representan un 1% del PIB mundial.

A su juicio, por ejemplo, la realidad es que Venezuela no quiere cerrar sus empresas estatales y, de hacerlo, exigiría que el resto de los países pagaran su esfuerzo. «Esto es un impuesto adicional que están introduciendo por la nada. Es una vuelta al rentismo», ha denunciado. Finalmente, desconfía de que esto se vaya a lograr fomentando sectores no rentables, provocando un endeudamiento del PIB. También lamenta que la propuesta sea hacer desaparecer un 20% del PIB mundial para frenar las emisiones cuando la limitación del calentamiento global llegará, «y esta es la parte positiva», con tecnología «que es imparable».

Soria asegura que suprimir la energía nuclear subiría la luz un 14% mientras el sector se augura un futuro “complicado”

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Europa Press / Servimedia.- El acuerdo de Gobierno firmado por PSOE y Ciudadanos que incluye establecer el cierre de las centrales nucleares al cumplir 40 años “de vida útil” supondría el fin de la energía atómica en España en 2028 y un futuro «complicado» para el sector, según la Sociedad Nuclear Española (SNE), mientras que el ministro de Industria, José Manuel Soria, señalaba que esta decisión  «encarecería la facturación de la electricidad en un porcentaje por encima del 14%».

El ministro ha manifestado que no le gusta el acuerdo adoptado porque cuando ha visto «en detalle» lo que atañe a energía ha observado que «quieren suprimir todas las centrales nucleares» cuando lleguen a 40 años sin «ninguna posibilidad de prórroga». Soria defendió la energía atómica en España porque representa el 21% de la generación eléctrica y porque es «limpia». También indicó que prefiere el sistema actual en el que, cuando una planta llega a los 40 años, el organismo regulador (el Consejo de Seguridad Nuclear) determina si con determinadas inversiones podría seguir adelante «5, 10 o 15 años más».

Futuro «complicado» para el sector

Por su parte, Sociedad Nuclear Española reivindicó que si el pacto entre PSOE y Ciudadanos llegara a ejecutarse, se podría perder una industria que aporta el 0,27% del PIB español (2.781 millones de euros) y que genera más de 27.500 empleos, según sus estimaciones. En este sentido, el presidente de la SNE, José Ramón Torralbo, apostó por la operación a largo plazo de las centrales nucleares y señaló que a nivel mundial la «tendencia» es continuar con la energía nuclear. De este modo, reclamó un marco «estable» para el sector.

La Sociedad Nuclear Española también advirtió de que el cierre paulatino de las centrales nucleares en España obligaría al sector a paralizar o desviar sus inversiones a otros países. Eso sí, Torralbo subrayó que de momento no se han planteado ese escenario sobre la mesa, ya que «aún hay un margen de tiempo, las legislaturas duran lo que duran y las políticas energéticas han sido cambiantes a lo largo de los años«. La SNE, que reúne a mil profesionales cuya misión es la difusión de la tecnología nuclear, propugna un modelo energético consensuado, con un mix equilibrado en el que esté presente la producción nuclear.

«Fundamentalmente hay que tener el cuenta que el sector está exportando el 70% de los servicios y actividades y que, sobre todo, ha crecido al amparo de su desarrollo en la plantas nucleares», cuya tecnología está exportando. «A nadie se le escapa que, si las nucleares no existen, la tarjeta de presentación en otros países será complicada y, por tanto, esa tecnología y las centrales tendrán un futuro muy complicado».

«Los próximos años serán momentos de tomar decisiones de inversiones importantes para las centrales del país» y de acordar si acaban su vida útil a los 40 o 60 años, tesis defendida por la Sociedad Nuclear Española. Al respecto recordó que casi todo el parque nuclear de Estados Unidos ha apostado por la operación a largo plazo ya que a 81 de sus 99 plantas atómicas se les ha concedido un permiso de 60 años.

A juicio de Torralbo, cerrar las centrales nucleares a los 40 años de funcionamiento es un error puesto que la «esperanza de vida» de las plantas es muy larga y supera con creces ese plazo. «La edad no es importante sino la actualización tecnológica para que sean plantas seguras, fiables y competitivas», argumentó. Con esa decisión, la vida media restante del parque nuclear español sería de 8 años: la primera de las centrales tendría que cerrar en 2021 y la última en 2028. Por el contrario, operar las centrales españolas hasta los 60 años de edad generaría 1,2 millones de kilowatios hora, reduciría la dependencia energética y evitaría la emisión a la atmósfera de 800 millones de toneladas de CO2.

Torralbo ha destacado que la energía nuclear supuso la primera fuente de electricidad en España en 2015, con un 20,3% de la producción y un 7,3% de la potencia instalada. En este contexto, ha asegurado que en 2015 el parque nuclear español tuvo «un funcionamiento bueno» y que así sigue siendo en 2016. El año pasado, según ha añadido, las plantas funcionaron 8.760 horas, lo que significa un 88,26% de factor de carga y un 90,26% de todo el año.

También ha apuntado que la demanda de la electricidad, según UNESA, creció en España un 1,8%, «por primera vez en cinco años» y que las centrales nucleares supusieron el 36,3% de la energía libre de CO2, que supone el 60% del total. «Todas las energías deben ser consideradas. La energía nuclear debe formar parte de un modelo energético equilibrado», concluyó.

Todos los grupos del Congreso salvo el PP se comprometen a modificar el decreto de autoconsumo en cuanto haya Gobierno

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Europa Press / EFE.- Todos los grupos parlamentarios con representación en el Congreso de los Diputados salvo el PP se han comprometido por escrito a aprobar un decreto ley en los primeros 100 días de Gobierno con el que modificar parte del real decreto de autoconsumo aprobado en octubre de 2015, incluida la derogación del impuesto al sol, así como a iniciar una negociación para aprobar un nuevo reglamento.

En concreto, el PSOE, Podemos, Ciudadanos, ERC, Democracia y Libertad, el PNV, EH Bildu, Compromís, IU, Coalición Canaria y Nueva Canarias, que suman 227 diputados, firmaron un acuerdo en el que plasman este compromiso con 26 organizaciones de consumidores, ecologistas, sindicales, sociales y de empresas de renovables. El documento constituirá el texto del decreto ley que el próximo gobierno, siempre y cuando lo constituyan algunas de estas formaciones políticas, aprobará en sus primeros 100 días y cuya convalidación en la Cámara Baja será apoyada por todos los firmantes. Fuera han quedado, junto a los populares, los diputados de Unión del Pueblo Navarro (UPN) y Foro Asturias, socios electorales del PP.

El vicepresidente de la Fundación Renovables, Jorge Morales de Labra, ha explicado junto a representantes de los partidos políticos que el principal cambio que conllevará la aprobación de este decreto ley será «reconocer el derecho a autoconsumir energía eléctrica sin ningún tipo de cargo». Esto supondrá en la práctica eliminar de forma inmediata los peajes de respaldo, el llamado impuesto al sol, por consumir energía autoproducida instantáneamente o almacenada en baterías y consumida con posterioridad, si bien se seguirán cargando peajes sobre la energía vertida u obtenida de la red al mismo nivel que se pagan por la generación convencional.

En un futuro reglamento se podrán desarrollar mecanismos de compensación simplificada, es decir, procedimientos de balance neto con los que los generadores puedan compensar sus excesos de producción puntuales con energía en momentos de déficit. «Hay que negociar cómo hacerlo», indicó Morales, reconociendo que de momento cualquier vertido o compra se pagará a precio de mercado. Preguntado sobre si merecerá la pena entrar en este tipo de comercio, señaló que la intención es fomentar el autoconsumo y no el «negocio» de los excedentes. En cualquier caso, Morales considera que a largo plazo tampoco debería incentivarse una producción excedentaria porque el objetivo debe ser la eficiencia y el ahorro, no el rédito económico del pequeño productor.

Por otra parte, el decreto ley habilitará de forma inmediata la posibilidad de que varios consumidores compartan instalaciones de autoconsumo y se simplificará la tramitación administrativa de este tipo de pequeñas instalaciones (hasta 100 kW de potencia), para las que «bastará una notificación», quedando suprimido el Registro Administrativo de Autoconsumo. Con el mismo objetivo se adaptará el régimen sancionador de modo que los pequeños autoconsumidores no se tengan que enfrentar en ningún caso a multas multimillonarias por incumplimientos administrativos. Así, se fija un límite máximo del 10% de la facturación anual por consumo de energía eléctrica como sanción máxima por infracciones relacionadas con el autoconsumo.

Estos cambios de aplicación inmediata no supondrán una derogación de todo el real decreto de autoconsumo del PP, sino únicamente un «primer paso» antes de empezar a negociar un nuevo reglamento «consensuado» entre partidos políticos y sociedad civil, que permita conseguir un sistema que incentive el autoconsumo como instrumento de eficiencia energética.  «La normativa en vigor frena la lucha contra el cambio climático, va en contra de la democratización energética, contradice la normativa europea y lastra de manera innecesaria al autoconsumidor», consideran los firmantes del acuerdo, que abogan por un cambio de modelo en el que se generalicen las energías limpias y la generación descentralizada.

Sin embargo, alcanzar un consenso en torno a esos objetivos será un proceso «largo» que llevará «al menos un año» y, desde luego, «no menos de seis meses», en opinión de Morales de Labra, tanto por la dificultad de la reglamentación como por la oposición que prevé planteen las compañías eléctricas. Por eso, hasta que se consiga ese acuerdo político y social, es necesario mantener gran parte del reglamento actual, ya que derogar todo el real decreto «generaría más incertidumbre».

«Pero la redacción que proponemos permitirá muchas más instalaciones de las que son posibles ahora», insistió Morales, que recomienda a quienes ya están embarcados en este tipo de proyecto que cumplan la norma y se adapten al actual reglamento en el plazo señalado, pero invirtiendo lo mínimo posible porque «previsiblemente se cambiará» la normativa. El texto del decreto ley precisa asimismo que el cambio no supondrá un aumento de gasto ni una disminución de ingresos para el sistema porque el pequeño tamaño de las instalaciones de autoconsumo hacen que el impacto sobre los ingresos sea «despreciable» durante los primeros años.

Ciudadanos abraza las tesis socialistas y acuerda cerrar las nucleares a los 40 años y fijar una moratoria al fracking

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Servimedia / Europa Press.- PSOE y Ciudadanos han llegado un acuerdo en materia de energía mantiene buena parte del programa electoral con el que Pedro Sánchez aspira a La Moncloa y que supondrá el cierre de las centrales nucleares a los 40 años de funcionamiento, restringir nuevas autorizaciones de fractura hidráulica (fracking), así como reformar el autoconsumo energético. Así consta en el Acuerdo para un Gobierno reformista y de progreso firmado por los responsables de PSOE y Ciudadanos, Pedro Sánchez y Albert Rivera, respectivamente.

En concreto, proponen establecer una moratoria durante la próxima legislatura para las prospecciones de fracking y restringir las autorizaciones de nuevas exploraciones de gas e hidrocarburos. En relación con las nucleares, la propuesta establece el cierre «progresivo» de las centrales al cumplir los 40 años “de vida útil”. Se trata de una propuesta defendida por el PSOE en la que Ciudadanos no había adoptado una postura concreta pero Albert Rivera había apuntado que no se oponía a prolongar la vida de las plantas atómicassi los informes técnicos lo avalaban.

Por otra parte, el acuerdo de investidura establece reformar el decreto 900/2015, que regula las modalidades de suministro de energía eléctrica con autoconsumo y de producción con autoconsumo. En este punto, el PSOE y Ciudadanos destacan que pretenden eliminar el denominado impuesto al sol. Así, pretenden aprobar en su lugar un marco regulatorio «estable» para el autoconsumo eléctrico y la generación a pequeña escala, en la modalidad de balance neto.

El acuerdo también establece acometer una reforma del mercado eléctrico, incluida una auditoría sobre los costes regulados integrados en la tarifa eléctrica, así como del mercado gasístico, «facilitando su progresiva adecuación al nuevo modelo energético disminuyendo los costes de la transición«. El objetivo de ambos partidos es alcanzar un sistema energético «eficiente y sostenible» que siente las bases para un sector eléctrico basado en las energías renovables en 2050 y una reducción de emisiones compatible con los compromisos de París.

Para ello, PSOE y Ciudadanos consideran necesario promover un gran Pacto de Estado de la Energía para dotar a la política energética de estabilidad en el tiempo y facilitar la transición energética. De este modo, proponen aprobar una Ley de Cambio Climático y Transición Energética que establezca objetivos de reducción de emisiones y su actualización, así como incluir en la Ley de Contratación Pública nuevos requisitos ambientales y climáticos a todos los proveedores y contratistas. Así, PSOE y Ciudadanos abogan por la creación de una Comisión para la Transición Energética, que desarrolle escenarios progresivos de reducción de emisiones que permitan identificar los retos y oportunidades del cambio de modelo, y elabore una memoria anual sobre reducción de emisiones de CO2.

Junto a ello, el pacto recoge la creación de un fondo verde para la transición energética, alimentado con parte de la nueva fiscalidad medioambiental, dedicado a impulsar la eficiencia, la movilidad sostenible y el apoyo a una transición justa. Por otro lado, el PSOE y Ciudadanos plantean desarrollar un Plan Estatal de Rehabilitación Sostenible de Viviendas y Edificios con el fin de pasar de las actuales 23.000 viviendas rehabilitadas al año a las 200.000 en 2025, lo que serviría para generar con estas actividades de rehabilitación hasta 200.000 empleos nuevos.

La industria nuclear señala que el concepto de vida útil no tiene significado legal ante el acuerdo de PSOE-C’s

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Europa Press.- El Foro de la Industria Nuclear ha defendido la operación a largo plazo de las centrales nucleares en España y ha recordado que el término «vida útil» no tiene un significado legal explícito. La industria se pronuncia así después del acuerdo de Gobierno firmado por PSOE y Ciudadanos (C’s), que incluye establecer el cierre de las plantas atómicas al cumplir los 40 años de “vida útil”.

Así, el Foro Nuclear ha recordado que el periodo de funcionamiento de las centrales españolas «no tiene plazo fijo establecido» por la legislación española. Es decir, que no se determina por ley el tiempo de funcionamiento máximo de las centrales. En este contexto, ha indicado que en la actualidad, las autorizaciones de operación se conceden «habitualmente» con plazos de validez de 10 años y se renuevan periódicamente tras la evaluación del organismo regulador, el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) y la aprobación y permiso del Ministerio de Industria. En la actualidad España cuenta con 7 reactores nucleares operativos y uno más, el de Garoña (Burgos) en situación de cese de actividad pero con una solicitud de renovación pedida hasta 2031.

La que más electricidad genera

El Foro de la Industria Nuclear defiende también que esta tecnología es la que más electricidad genera y que en 2015 proporcionó el 20,8% de la electricidad en España, con un 7,26% del total de la potencia instalada en España. Por ello, valora que resultan «esenciales para la estabilidad del sistema eléctrico» e incide en que no emiten gases contaminantes. En este contexto, subraya que la operación a largo plazo es el «funcionamiento continuado» de una central nuclear manteniendo su nivel de seguridad. Se trata de una estrategia energética habitual en países como Estados Unidos, Bélgica, Holanda, Hungría, Rusia y Suiza. De los 442 reactores nucleares que hay en el mundo, 105 tienen autorización para operar más de 40 años.

Según las cuentas del Acuerdo de Progreso entre PSOE y C’s, el parque nuclear español quedaría cerrado en torno a 2028, cuando la central de Trillo (Guadalaja) y Vandellós II celebren su 40 aniversario. El calendario atómico quedaría así: Almaraz I (Cáceres), que comenzó su actividad en 1981, cerraría en 2021; Almaraz II en 1983, generaría electricidad hasta 2023; Ascó I (Tarragona) se acopló a la red en 1983 y Ascó II en 1985, por lo que estarían operando hasta 2023 y 2025 respectivamente; Cofrentes (Valencia), que opera desde 1984 finalizaría su actividad en 2024 y, por último, las más jóvenes, Trillo (Guadalajara) y Vandellós II (Tarragona) se conectaron a la red en 1988, por lo que cerrarían en 2028.

Ciudadanos da por «huido» a Rafael Delgado, implicado en la trama eólica de Castilla y León

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EFE.- Ciudadanos da por «huido» a uno de los supuestos implicados en la trama eólica de Castilla y León, el exviceconsejero de Economía Rafael Delgado, mientras que considera que el secretario general del PP en la comunidad, Alfonso Fernández Mañueco, debe comparecer en la comisión de investigación sobre la autorización de parques eólicos como «responsable del PP» y «dar una explicación» de lo ocurrido aunque, si sus explicaciones no les «satisfacen», llamarán al presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera.

El portavoz de Ciudadanos en esta Comisión, José Antonio Delgado, confía en que «no sea necesario» que Herrera tenga que comparecer ante la Comisión, pero en su opinión «un partido que gobierna tiene que ser consecuente con ello» y «si no tiene nada que ocultar» ha calificado como normal «que comparezcan diciendo que han hecho lo correcto». En opinión de José Antonio Delgado «todo apunta» a que el exconsejero de Economía y Empleo, Tomás Villanueva, «no lo ha hecho así», al igual que el exconsejero de Medio Ambiente y actual portavoz del PP en las Cortes, Carlos Fernández Carriedo, como firmante de declaraciones de impacto ambiental de parques eólicos investigados.

«Cuando hay legalidad, un partido tiene que defender que ha actuado legalmente», insistió Delgado, convencido de que desde la presidencia de la comisión de investigación el representante del PP, Juan José Sanz Vitorio, no ha colaborado para que esta investigación parlamentaria sea «resolutiva». En concreto, Delgado se quejó de la forma en que han tenido que consultar la documentación de los expedientes de las autorizaciones y de que en alguna ocasión se ha encontrado con «omisiones curiosas» con la «falta de expedientes» que quería consultar y que tras pedirlos «aparecían».

Sobre la presencia del exviceconsejero de Economía Rafael Delgado como compareciente ante la comisión, Ciudadanos confía en que finalmente se produzca, junto a la de otros responsables de empresas públicas y privadas supuestamente involucrados en el cobro y pago de comisiones, aunque aseguró que actualmente se encuentra «huido» y, por la información de que dispone, ni siquiera la Fiscalía Anticorrupción consigue contactar con él e incluso en su entorno familiar están «más que preocupados». «Nos gustaría que viniera y se explicara, sería lo mejor para todos, sobre todo para el PP. Dinero para el viaje de vuelta sí debe tener», ironizó el representante de Ciudadanos.

PSOE, Podemos, Ciudadanos e Izquierda Unida presentan en el Congreso una iniciativa conjunta para evitar el cierre de Elcogas

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Redacción / Agencias.- Mientras los trabajadores de Elcogas se manifestaban en Madrid y entregaban el plan de viabilidad de la empresa al Ministerio de Industria, el PSOE, Podemos, Ciudadanos e Izquierda Unida-Unidad Popular registraron en el Congreso de los Diputados una proposición no de ley conjunta para exigir a Industria que «reconsidere su posición» y solucione el conflicto de Elcogas aprobando un plan de viabilidad que garantice el futuro de la térmica de Puertollano (Ciudad Real) y evite el cierre previsto para este domingo.

La petición al Ministerio de Industria de que apueste por un plan de viabilidad para Elcogas ha logrado la primera iniciativa conjunta de los principales partidos políticos a excepción del PP en esta nueva legislatura. En este sentido, las cuatro formaciones, acompañadas por representantes de los trabajadores de Elcogas, presentaron un texto en el que se reclama a Industria y a la dirección que garantice el futuro de la empresa con un plan de viabilidad que «garantice su continuidad potenciando su actividad en la hibridación con biomasa y como proyecto de investigación y desarrollo de nuevas tecnologías«. También instan al Ejecutivo a que trabaje en un plan específico de reindustrialización para Puertollano y su comarca.

La diputada castellano-manchega y número tres del PSOE en el Congreso, Isabel Rodríguez, subrayó el «esfuerzo colectivo» plasmado en la iniciativa, con la unión de la oposición, recogiendo un «amplio apoyo social y político» a los trabajadores de Elcogas. Además, aseguró que la solución a este conflicto es «fácil» porque sólo depende de una «decisión política» y criticó al Gobierno del PP que no tenga «la más mínima voluntad política de sacar adelante el proyecto». Por eso, pidió a los populares que «sean al menos capaces de reconocer que están en la recta final de su Gobierno» y que «mantengan todas las posibilidades de viabilidad hasta que haya un nuevo Gobierno con una sensibilidad diferente«.

Por su parte, el secretario de Relaciones con la Sociedad Civil y diputado de Podemos, Rafael Mayoral, hizo hincapié en que su formación pretende ser «vehículo de las reivindicaciones de los trabajadores» porque «las instituciones se tienen que poner al servicio de la mayoría social», y exigió a Industria que «reconsidere su posición» y acabe con el proceso de desindustrialización del país, del que Elcogas no es más que un ejemplo. «Es necesario poner en valor los intereses del país y acabar con este proceso. La obligación de los representantes políticos es estar con los trabajadores. No se puede mirar a otra parte, el empleo es prioritario para poder afrontar el futuro del país», insistió.

También la alcaldesa de Puertollano, la socialista Mayte Fernández, exigió al Ministerio que «dé una respuesta cuanto antes» a las reivindicaciones de los trabajadores para que Elcogas no cierre, matizando en coordinación con la empresa lo que sea necesario del plan de viabilidad que se presentó el pasado mes de diciembre y que ha sido rechazado. En este sentido, recordó que el PP ya no puede justificar sus decisiones en una mayoría absoluta que «ha perdido» pero que Puertollano tampoco puede esperar al cambio de Gobierno, por lo que debe ser el actual Ministerio el que resuelva el conflicto «inmediatamente«, tal y como está haciendo con otras empresas y como exige todo el Ayuntamiento puertollanero.

La unión de las principales fuerzas políticas al margen del PP fue agradecida por Agustín Pérez, representante de UGT de Castilla-La Mancha, quien espera que la apuesta por Elcogas sea una «realidad» y se logre un «plan específico que apoye la quema de carbón limpia y las inversiones que necesita Elcogas para seguir siendo una empresa puntera en innovación». Asimismo, Ángel León, de CCOO en Castilla-La Mancha, resaltó la iniciativa y señaló que la ausencia del PP es un «síntoma muy importe, porque cada uno se está retratando». Esperan que Industria escuche sus peticiones y que esta semana haga pública una resolución «positiva» dado que el cierre inaplazable de Elcogas está fijado para el domingo.

Entregan el plan a Industria

Por su parte, el presidente del comité de empresa de Elcogas, José Antonio Alcaide, explicó que se reunió con la directora general de Política Energética y Minas, Teresa Baquedano, a la que entregó el plan de viabilidad para evitar el cierre de la central. Una reunión que se produjo en el marco de la manifestación frente al Ministerio de Industria que algo más de 100 trabajadores de la termoeléctrica de Puertollano realizaron contra su desconexión. Por otro lado, los sindicatos confirmaron que este miércoles se reunirán con el presidente de Elcogas y consejero delegado de Endesa, José Damián Bogas, y que han solicitado una «reunión urgente tripartita» entre Ministerio, trabajadores y empresa «antes del viernes«.

Sobre el plan de viabilidad elaborado por la empresa, el representante de los trabajadores de la planta lamentó que los problemas con el marco regulatorio no tengan una solución rápida. «Hay que buscar alternativas para garantizar que la planta no se desmantele y evitar la desconexión», apuntó Alcaide. Asimismo, reiteró que «el 100% de la plantilla» seguirá encerrada en las instalaciones hasta que se logre solucionar el conflicto y también se mantendrán las movilizaciones «hasta el último minuto». Por su parte, el secretario del comité de empresa de Elcogas, Jesús Crespo, aseguró que la solución es «reunirse todos los implicados», después de dos años «luchando».

Elecciones 20-D: Programa, programa, programa y programa

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La lectura de los programas electorales en materia de energía y de las entrevistas a los representantes de las formaciones que compiten en este 20-D nos lleva a hacer un retrato de lo esencial del pensamiento y visión de nuestros partidos políticos en este momento y en este área. Teniendo en cuenta, por otra parte, el escenario de pactos postelectorales que se avecina, el programa y las afirmaciones públicas en materia de energía de estos momentos adquieren un peso relativo pero, en todo caso, no menor, ya que toma la temperatura de cómo el sistema político percibe la cuestión energética.

Por eso, hagamos la lectura esquemática y esencial de los mismos para comprobar la “línea política” existente en cada caso:

PSOE: Lo que va de Jorge Fabra a Jordi Sevilla.

Conocer lo que ocurre dentro del PSOE pasa por identificar la trazabilidad de determinadas figuras que acaban siendo centrales en el funcionamiento de este partido, ante una claudicación del perfil más socialdemócrata y europeísta de los socialistas y la pinza podemita. Una de ellas es Jorge Fabra, que ha conseguido auparse dentro de esta formación política en el sector energético como factótum tras la depauperación ideológica  y de pensamiento producida tras el zapaterismo, algo además general en la socialdemocracia europea.

Su égida teórica abarca desde el PSOE hasta Podemos dónde, cómo podemos comprobar, su programa es casi calcado y dónde se traslucen sus postulados. De hecho, estos dos partidos casi comparten en su integridad el programa energético, más allá de diferencias más o menos temáticas.

El PSOE promete en su programa restituir la seguridad jurídica de las renovables, que es una de los planteamientos que viene repitiendo el propio responsable económico del PSOE, Jordi Sevilla, a costa de acabar con la seguridad jurídica y de la institución del mercado eléctrico que, por otra parte, es el objetivo que viene persiguiendo Jorge Fabra, incluso a su paso por la Comisión Nacional de la Energía como consejero. Por tanto, el programa socialista consigue, milagrosamente, ese supuesto encaje, esa línea Maginot aunque sea a costa de salir de los parámetros de funcionamiento competitivo de la Unión Europea.

Touché, Sr. Sevilla. Y touché Sr. Sánchez, que en esta campaña se quejaba de que Podemos quería nacionalizar el sector eléctrico.

La influencia de Fabra se reconoce, además de por la prosodia política narrativa de los programas electorales tendentes a mantener el decoro y la ambigüedad de sus formulaciones, por la expresión argumental compleja y circular de una idea simple: la intervención del sector, la fijación administrada de rentas para las tecnologías y la abolición del mercado eléctrico. Y la expresión de una supuesta justicia redistributiva consistente en que las tecnologías nuclear e hidráulica financien las primas a las renovables, sin atisbo de autocrítica, como en el modelo de la burbuja fotovoltaica. Pasando de puntillas por el asunto del carbón nacional, uno de los graneros de votos socialistas y, por otra parte, una tecnología a retribuir con el mismo modelo administrado.

Así, en tecnologías convencionales, los socialistas proponen «volver a la regulación anterior», lo que, de facto, supone la reimplantación de un sistema de costes reconocidos basado en la retribución por costes, sin incentivos a la competencia entre tecnologías. Da igual las mismas y su eficiencia, se pagan los costes y se fija un margen administrado.

Y, en ese sentido, estas propuestas se inscriben en la fiebre derogatoria de los socialistas, que les lleva a la síntesis retroprogresiva, nostálgica del Marco Legal Estable (lo que enuncian elípticamente como “volver a la regulación anterior”). Es decir, se trataría de derogar la ley para remontarse incluso a gobiernos pasados, retrocediendo normativamente a la época anterior a Zapatero.

Podemos: el Soviet Supremo

Por su parte, Podemos también comparte el eje central de los socialistas, expresado con menor subordinación sintáctica, artificio lingüístico y de forma más reconocible. Esto es, abolición del mercado eléctrico y un modelo soviético sin incentivos competitivos entre las tecnologías. Abiertamente son partidarios de la intervención del sector. Y lo justifican, sin matices.

En definitiva, expresado muy claramente, el sistema energético en general, y el eléctrico en particular, al servicio de la política como se detrae de la afirmación de la utilización de las centrales de ciclo combinado para su uso circunstancial durante el tiempo que sea necesario, tras cerrar las nucleares, para que entre en funcionamiento la nueva potencia renovable.

No se pronuncian sobre el impacto económico en el recibo de electricidad del incremento de potencia renovable de 7.500 MW que proponen para la próxima legislatura, ni sobre el impacto económico del cierre de las centrales nucleares y el papel que juegan en el cumplimiento de los compromisos de reducción de emisiones. Y lo bueno es que, además, exprimiendo al máximo el clima social y la reputación del sector energético y sus tecnologías, todo el contenido de su programa podría ser objeto de un referéndum, de esos que promueven y que sacralizan el concepto de “lo que diga la gente”.

El No programa del PP: “dejadme a mi”

Por su parte, el Partido Popular sigue una línea argumental de continuidad que le ha llevado a dibujar un no programa electoral en materia de energía en el que no dibuja una política energética, no define un mix energético  y no establece un modelo de gobernanza del sector. Se mueve entre la vaguedad y el ajuste contable, con márgenes para las bajadas de precios en momentos coyunturales (como lo son los 15 días de campaña electoral).

El discurso popular se basa en el argumento de “confiad en mí” para que siga haciendo como solía, con un manejo de las bridas del sistema energético estirando y soltando, controlando e interviniendo las tarifas de acceso, con la promesa de que no exista déficit mientras espera que no aparezca un problema en la opinión pública ante una potencial alineación de elementos diversos que pueden ir desde los precios internacionales del crudo o la meteorología. Todo esto le lleva incluso a un cierto desdén en la formulación teórica, que contrasta en el pasado con las aportaciones de sus propios think tank como FAES.

NI una palabra de liberalización (actualmente el Partido Popular no es un partido liberal en el sentido europeo del término, y en energía, menos), apelaciones a la vigilancia de precios en materia de carburantes, relación utilitarista con la Unión Europea para las interconexiones (disimulo respecto a mecanismos de fijación de tarifas, funcionamiento de órganos reguladores, seguridad jurídica, etc…), nucleares, fracking y renovables, según y cómo el Gobierno lo graduará y modulará en cada momento. Y, por supuesto, ninguna alusión al problema que gravita de los conflictos internacionales derivados de las reformas legales introducidas en esta legislatura y la forma en que se pueden ir resolviendo en la legislatura que se iniciará en enero de 2016.

Ciudadanos: Todo por el pacto y en el pacto

Finalmente, Ciudadanos diseña un programa de perfil diferente. En algunas ocasiones, esquemático y con márgenes de reserva a los criterios técnicos. En estos términos, por ejemplo, se pronuncian sobre el tema de la vida útil de las centrales nucleares, conforme a lo que determine el órgano encargado de ello, el Consejo de Seguridad Nuclear. O también con la subsanación de los defectos de diseño del mercado eléctrico o del bono social.

En el tema del mercado eléctrico, propone el unbundling total, la separación de propiedad de las distintas actividades (generación, distribución y comercialización), a la vez que no lo tiene tan claro esto mismo en lo que se refiere a la separación completa de las funciones del transporte y del gestor técnico de los sistemas para llegar al modelo ISO. Tampoco se sabe si esta maximización del unbundling alcanzaría al sistema gasista.

La aproximación al problema de los precios eléctricos, precisamente, la realizan a través de atacar la estructura sectorial, sin tomar como punto de partida la realidad de un mercado de generación en sintonía con los precios europeos pero con la creencia instalada a nivel opinático respecto a los mercados en régimen de oligopolio. Así lo hacen antes que abordar la liberalización completa de la actividad y la importante carga fiscal que soporta la electricidad.

Abogan por la seguridad jurídica, lo que les distingue de las tres formaciones políticas anteriores, aunque albergan matices de confusión entre precios, costes y mercados. Paradójicamente, con el acento que ponen en materia de gobernanza en el resto de su programa, son tibios con el modelo de empresa participada por la SEPI y su gobierno de turnos existente en los dos operadores de transporte y sistema.

Esencialmente, plantean un Pacto de Estado por la Energía, con poder taumatúrgico para resolver los problemas energéticos del país. Y sus polémicas. Pacto que se atisba difícil, aunque se inscriba en la serie de pactos de estado que promueve esta formación en otras materias. Lo cierto es que, ante las diferencias programáticas expresadas y el clima político demagógico existente alrededor de la energía, casi es una propuesta de echarse a temblar.

 

Gracias, Unión Europea, por existir.

El futuro de la CNMC, en juego en las urnas

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La presente legislatura ha supuesto un cambio capital en el capítulo de los órganos reguladores de los sectores económicos de España. Sin contar con el apoyo de la oposición, el PP aglutinó los 6 organismos anteriores, desde la Comisión Nacional de la Energía (CNE) o la Comisión Nacional de la Competencia (CNC), en un único macroregulador: la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), con la consecuente mezcolanza de departamentos bajo el mandato de José María Marín Quemada.

Un modelo en el punto de mira de Bruselas, que cuestiona cómo se ha ejecutado el proceso y que tenga cabida en las directivas europeas. Debe considerar el PP que hizo lo correcto al crear el nuevo organismo macroregulador cuando en su programa electoral no lleva ninguna referencia a la CNMC. Tampoco lleva referencias al papel del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), carencia compartida por el resto de partidos políticos.

Tampoco se menciona a la CNMC en el programa de Podemos. Y eso que tienen una visión bastante negativa de lo acontecido con el regulador. Precisamente, en entrevista a Energía Diario, el coportavoz de Equo, Juan López de Uralde, apuntaba que «el nuevo superregulador ya no es independiente puesto que sus miembros son nombrados por Real Decreto del Gobierno. En definitiva, tal y como está planteada, la CNMC no se ha creado para fomentar la competencia y la transparencia, sino todo lo contrario, para blindar al oligopolio. Es evidente que habría que modificar todo esto y adoptar medidas para que este organismo realmente sirva para favorecer la libre competencia, la transparencia y la defensa de los derechos de los consumidores».

Quién sí que lleva una propuesta de cambio en su programa es el PSOE. En primer lugar plantean «evaluar» el funcionamiento de la CNMC desde su creación en 2013 y, en su caso, «estudiar su transición hacia un modelo de regulador convergente, similar al existente en Alemania«. Según explican los socialistas, se trataría de separar la CNMC en un organismo regulador «para los sectores económicos en red (energía, telecomunicaciones, sector audiovisual, transporte, sector postal)» y en un organismo de Competencia.

El PSOE se propone «impulsar el reforzamiento de los organismos de competencia y de regulación de mercados dotándolos de mayor independencia funcional y recursos» con un modelo que consideran más próximo a los países de nuestro entorno. Finalmente, los socialistas aseguran que este modelo «dispondrá de la autoridad necesaria de Competencia, plenas capacidades normativas para los reguladores, independencia de recursos financieros y suficiente personal cualificado».

La secretaria de Cambio Climático y Sostenibilidad del PSOE, Pilar Lucio, denunció en Energía Diario que el Gobierno del PP había «debilitado» al organismo regulador con una modificación «en contra del criterio de la Unión Europea, de la racionalidad económica y de nuestra radical oposición«. Según sus palabras, desde el PSOE garantizarán su independencia ya que consideran el regulador básico para «promover el funcionamiento eficiente de los mercados, la competencia efectiva y el impulso de la innovación en beneficio de los consumidores». Por ello anunció la intención de «modificar el procedimiento de designación de los miembros de los organismos reguladores».

Otro partido que acude a las urnas con un modelo claro de regulador es Ciudadanos. «La independencia de la CNMC no ha existido porque el Gobierno nunca ha creído en tal. Hay que volver a empezar en el diseño de este organismo clave ya que la estructura actual de la CNMC es el peor de todos los mundos posibles«, denuncia el programa electoral de Ciudadanos, que propone su reforma. «Proponemos la separación de Competencia de Regulación, que puede estar a su vez dividida en dos o tres áreas», dice Ciudadanos.

El programa va más allá e incorpora un procedimiento completamente detallado para proceder al nombramiento de los consejeros así como propuestas para asegurar su independencia funcional y presupuestaria del Ministerio de Hacienda. Asimismo, Ciudadanos resalta que la CNMC debe cumplir con sus obligaciones de transparencia y publicar los órdenes del día del organismo regulador y publicar las actas y las resoluciones de una forma más rápida que la actual ya que «tardan meses en ser publicadas». Finalmente, aseguran que el regulador debe tener su propio servicio legal para no depender de la Abogacía del Estado.

«La fusión fue una decisión del Gobierno para tener todos los órganos controlados en único órgano. O bien se vuelve otra vez a la situación inicial de que cada regulador controla su sector o bien se respeta esta fórmula pero garantizando su independencia, incluso su independencia entre Mercados y Competencia. Es algo que no se ha logrado y nuestro objetivo es que el regulador sea independiente, pero no tenemos preferencia por un modelo u otro», indicó a Energía Diario el portavoz de Ciudadanos en la Asamblea de Madrid, Ignacio Aguado.

Ignacio Aguado (Ciudadanos): «Planteamos separar la propiedad de las actividades de generación, distribución y comercialización de las energéticas»

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Ignacio Aguado (Madrid, 1983) es portavoz de Ciudadanos en la Asamblea de Madrid desde las elecciones del pasado mes de mayo, en las que cosechó un 12% de los votos. Licenciado en 3 titulaciones como Derecho, Administración y Dirección de Empresas y en Ciencias Políticas y de la Administración, trabajaba desde 2008 en el área de regulación de Unión Fenosa Gas. Aguado ha sido el responsable de elaborar el programa energético del partido para las elecciones generales, al que acude sin prejuicios para alcanzar con el resto de fuerzas políticas un gran pacto de Estado.

-¿Qué balance hace de la legislatura en materia energética?

El Gobierno se encontró con un problema muy importante que era el déficit de tarifa y han centrado toda la legislatura en frenar este problema, algo ciertamente inaplazable, pero también es evidente que se han olvidado de otras muchas cosas e incluso han aprobado medidas con las que no estamos de acuerdo, que no contribuyen a nuestra idea de lo que tiene que ser el futuro energético de España, especialmente con la restricción al autoconsumo.

–Podría decirme algo bueno que se haya hecho esta legislatura en el área de energía.

Diría que con la reforma energética han conseguido, desde mi punto de vista y sacrificando a las empresas y al consumidor, poner rumbo a acabar con ese déficit de tarifa. No obstante, la deuda acumulada de más de 20.000 millones de euros sigue ahí, pero es positivo que el déficit estructural no vuelva a producirse.

-¿Qué quiere aportar Ciudadanos al sector energético?

En España hace falta trasladar el concepto de la importancia de las empresas, de unas empresas responsables, en un mercado con muchos agentes. De competencia perfecta en la medida de lo posible, que es lo que mejor funciona; un mercado con un buen marco regulatorio, que se toque lo menos posible, con seguridad jurídica y donde la energía no sea un tema de derechas o de izquierdas. En Ciudadanos entendemos la energía como una necesidad de la sociedad y queremos que sea lo más sostenible, barata y accesible posible. La energía no es de derechas o de izquierdas; hay que despolitizar el concepto energético. No me gusta hablar de pronuclear o prorenovable.

SECTOR ELÉCTRICO

-¿Cómo dibuja su partido el mix energético de generación? ¿ A qué plazo? ¿Cómo sería la transición al mismo?

Todas las energías tienen sus pros y sus contras. Por tanto, todas las energías pueden aportar y pueden sumar, y lo que hay que hacer es buscar el mejor mix energético teniendo en cuenta que vamos a un modelo en el que las renovables van a tener un peso fundamental en España, en Europa y en el mundo. Teniendo esa visión a largo plazo en la mente, lo importante es tener un plan energético que nos garantice en los próximos años unas energías de tránsito hacia las renovables, de forma que sea lo más sostenible y barato posible y que haya seguridad en el suministro.

-¿Qué plantea su partido sobre las centrales nucleares? ¿Abogaría por aumentar su vida útil hasta los 60 años o cierre a los 40?

Condicionaremos nuestra decisión a un informe previo del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), al que preguntaremos si existe la posibilidad de ampliar la vida de las plantas nucleares durante más años, como pasa en Estados Unidos, dónde se han ampliado ya muchas centrales a los 60 años. Si el informe es favorable, valoraremos si interesa mantener esa planta nuclear o no, también en función de si es necesaria su aportación energética, si hay capacidad de respaldo en caso de prescindir de esa planta nuclear. Es un tema técnico que hay que dejar en manos de profesionales expertos, básicamente el CSN. Con el informe en la mano, analizaremos si merece la pena ampliar la vida útil de la planta o no.

-La Ley del Sector Eléctrico indica que cualquier superávit del sistema eléctrico debería destinarse a enjugar la deuda acumulada. Sin embargo, el Gobierno no pierde oportunidad de anunciar bajadas de la tarifa antes de las elecciones gracias a los superávit. ¿Qué propone hacer su partido con el superávit?

Estamos en año electoral y no interesan las malas noticias para los usuarios, que ya estamos bastante penalizados a nivel eléctrico y a nivel gasista, con unas facturas por encima de la media europea. En Ciudadanos creemos que tiene más sentido dedicar el superávit a reducir deuda e intentar ver por otro lado la manera de reducir los peajes sacando costes que no tienen que estar en la factura eléctrica.

Estamos hablando, por ejemplo, de los costes extrapeninsulares o cualquier coste que tiene más que ver con políticas energéticas que con las actividades de generación, transporte, distribución y comercialización. Entendemos que esos costes tienen que ir al margen de la factura. Es un cambio importante que hay que analizar entre todos los grupos políticos y decidir qué partidas de esa factura eléctrica tienen que ir a Presupuestos Generales del Estado y cuáles siguen siendo soportadas por los usuarios.

-¿Contemplan sacar la retribución a las renovables de la factura y ubicarla en los Presupuestos?

Habría que ver hasta qué punto el coste de las primas a las renovables hay que sacarlo o no de la factura eléctrica. Es un tema de mucho calado, por eso lo valoraríamos con todos los grupos políticos. Buscamos un pacto energético a nivel nacional para determinar el mix energético que queremos para los próximos 15/20 años en España. Diseñar cómo es el tránsito hacia las energías renovables y cómo vamos a conseguir un mix energético equilibrado. No tenemos por tanto, una postura clara con las primas a las renovables y hasta qué porcentaje debería ir en los Presupuestos y cuánto en la factura eléctrica.

-Ciudadanos plantea en su programa electoral impedir que las actividades de generación, distribución y comercialización continúen formando parte del mismo grupo empresarial. ¿Por qué consideran necesaria esta medida?

Así reduciríamos las posiciones de poder de determinadas empresas que hasta hace pocos años mantenían el control vertical de toda la cadena de suministro, lo que les permitía controlar el precio y reducir la competencia aumentando las barreras de entrada al sector. Creo que siendo capaces de trocear la tarta energética, con menor capacidad de los agentes para influir en el mercado y en los precios, favoreceremos la competencia, el mercado y la llegada de nuevos agentes. Aparte de que creemos en ello viene marcado por la Unión Europea. El modelo más exigente de la Unión Europea es el que exige la separación, no sólo del funcionamiento sino también de la propiedad, de las actividades de generación, distribución y comercialización.

GOBERNANZA

-¿Qué posición mantiene respecto a los operadores de mercado y sistema del sector eléctrico y gasista (Red Eléctrica (REE) y Enagás)? ¿Considera que hay excesos de inversiones (y/o retribución) en sus actividades ? ¿Creen que ejercen demasiada influencia, en su beneficio, en la planificación de instalaciones energéticas? ¿Se debería tener hacia un modelo de separación de funciones entre operación y transporte?

Hay unas directivas europeas que obligan a la separación de actividades. En otros países como Francia y Alemania han sido más reticentes, pero en España se ha hecho bastante bien con los TSO (operador de transporte y de gestión del sistema). Actualmente la operación y el transporte son dos empresas distintas que dependen de una misma matriz. Hay una separación no del todo efectiva, pues siguen siendo los mismos grupos los que controlan ambas actividades. La separación funcional existe, y se está haciendo bastante bien, pero hay que seguir trabajando y profundizando en la separación real y total de la operación y el transporte, por lo que somos partidarios en profundizar en esa separación hasta llegar al modelo independiente total.

-Siendo críticos con el hecho de que haya políticos que terminan en los consejos de administración de las empresas privadas. ¿Qué piensa Ciudadanos de lo que ocurre en REE y Enagás, empresas en las que además hay una participación mayoritaria pública con la SEPI y que lleva en la práctica a un modelo de turnos de PP y PSOE en estas empresas?

Es un tema que tiene mucho que ver con las puertas giratorias, con cómo se establece un régimen de incompatibilidades a los políticos que luego terminan en los consejos de administración; tiene que ver con los organismos reguladores y su independencia respecto al sector, que a día de hoy es muy deficiente y habría que mejorar. Hay que garantizar la independencia de los organismos reguladores y establecer mejores y mayores criterios de incompatibilidades para evitar ese tipo de puertas giratorias.

-¿Cómo valoran el cambio de la Comisión Nacional de la Energía (CNE) por la Comisión Nacional de Mercados y Competencia (CNMC)? ¿Qué cambios propugnan para el regulador independiente?

Esta fusión fue una decisión del Gobierno para tener todos los órganos controlados bajo un único órgano. O bien se vuelve otra vez a la situación inicial de que cada regulador controla su sector o bien se respeta esta fórmula pero garantizando su independencia, incluso su independencia entre Mercados y Competencia. Es algo que no se ha logrado y nuestro objetivo es que el regulador sea independiente, pero no tenemos preferencia por un modelo u otro siempre que se den esos requisitos.

¿Cómo abordarían el requerimiento de la Unión Europea de que las tarifas se fijen en este organismo?

La Ley dice que el regulador tiene que tener cada vez más competencia para al menos definir la metodología. Definir las tarifas concretas es algo que debe ser competencia del Gobierno. Otra cosa es que también hay que simplificar las tarifas y revisar completamente las tarifas y los peajes en España. Hay tantos temas a nivel energético que tocar que nosotros queremos llegar con pies de plomo, porque es muy técnico y complicado. Queremos tener toda la información, reunirnos con todos los colectivos, y ser sensatos.

-¿Qué opinan sobre que la estructura de la tarifa para consumidores industriales haya sido modificada de tal forma que la estructura tarifaria para las industrias del País Vasco o Navarra se haya beneficiado con respecto a otros territorios?

Forma parte de la política encaminada a beneficiar a determinados sectores e intentar llevar la competitividad a las empresas, no tanto facilitándoles su crecimiento en innovación sino apostando por reducciones concretas de sus costes energéticos. En Ciudadanos creemos que hay que apostar por la industria pero existen otros mecanismos, menos arbitrarios desde mi punto de vista, donde se puede poner en valor la capacidad de las empresas para generar riqueza y no solamente con este tipo de incentivos que generan inequidad entre las distintas industrias.

El objetivo fundamental a medio plazo tiene que ser conseguir la misma factura para todos, incluido para la industria. Apostamos por la cogeneración como una herramienta clave para contribuir con la competitividad. Esto no tiene que ver con tantos niveles de peajes o tarifas distintas, que al final generan distorsiones innecesarias entre unos sectores y otros.

FISCALIDAD ENERGÉTICA

-Tanto la electricidad como los carburantes soportan una carga fiscal importante en España debido a la inelasticidad de su demanda y consumo. ¿Qué piensan hacer con la carga impositiva que hay sobre la energía?

Entendemos que la fiscalidad es importante y que, en primer lugar, debe mantenerse armonizada en toda España. Queremos que los impuestos que graven la electricidad sean los mismos en toda España. No siempre sucede así porque las comunidades autónomas tienen competencias en este sentido. En los demás aspectos habrá que trabajar con otros grupos parlamentarios. Es un tema delicado que hay que abordar con calma, sobre el que no tenemos una receta mágica, pero sí que entendemos que cualquier reforma fiscal debe ser global, no sólo de los impuestos especiales e impuestos a la energía sino también de IRPF, Sociedades… Una reforma fiscal global, no sólo de la fiscalidad energética.

Lo que tampoco podemos hacer es trasladar todo el peso de los impuestos únicamente al consumidor final. Tiene que haber un reparto equilibrado dentro de la energía. En España hay un peso muy importante, especialmente en el sector de los hidrocarburos, pagando muchos impuestos en el litro de gasolina que suponen una recaudación muy importante para las arcas públicas. Pero hay que ser cautos porque cada céntimo que subas a nivel impositivo, estás gravando la actividad de los transportistas, que son los que dependen del hidrocarburo para su negocio, y cada céntimo que restas lo haces sobre las arcas públicas.

-La Agencia Internacional de la Energía (AIE) consideró en su última visita a España que, en aras de cumplir los objetivos medioambientales, habría que elevar los impuestos a los carburantes que son, por otro lado, de los más reducidos de la Unión Europea, para financiar así el apoyo a las renovables. ¿Qué piensan al respecto?

Hay que valorar la posibilidad de gravar más fiscalmente aquellas energías que más contaminen, que es algo que parece que va en la línea de las directrices europeas y que tiene sentido. Algo que se haría sin ahogar a los sectores de la noche a la mañana pero sí que habría que ir introduciendo criterios fiscales para que las energías más contaminantes tengan un mayor coste, una mayor penalización fiscal, que las que son renovables y contribuyen a alcanzar los objetivos de reducción de contaminación marcados por la Unión Europea. ¿Cuánto o en qué porcentaje? No lo tenemos todavía definido.

RENOVABLES

-Esta legislatura ha supuesto un cambio radical para las energías renovables. ¿Cuál es el sistema retributivo que proponen?

Desde Ciudadanos pretendemos un marco de competencia perfecta a medio plazo, que entren todos en el mercado. En un mercado energético liberalizado, que funcione, en el que se eliminen barreras de entrada y salida para los agentes, donde se compita en libertad dentro de un pool con reglas claras, transparentes, no discriminatorias. Todo diseñado de forma que si hay que potenciar alguna energía a nivel de Estado, por política energética nacional o medioambiental, siempre que se haga con un sistema de retribución que vaya acorde con la curva de aprendizaje de esa energía, con primas decrecientes y tendentes a desembocar en un pool en el que se compita en igualdad de oportunidades y de condiciones con el resto de energías.

-¿Estáis de acuerdo con las críticas al pool que se realiza desde algunos sectores, a pesar de que los precios son bastante semejantes a lo marcado por otros mercados europeos?

Sinceramente creo que no está funcionando adecuadamente. Hay una duplicidad: por un lado hay unas tecnologías que parece que funcionan en libre mercado en el pool junto a una serie de tecnologías que tienen una rentabilidad garantizada por su  régimen retributivo que les permite entrar a cero y, en definitiva, que están distorsionando el precio real del pool. El pool no está reflejando exactamente el coste de generación. Incluso las propias empresas pueden jugar con el pool. Hay que pulirlo y trabajar en un mecanismo más sencillo. Sabemos que es complicado, pero desde Ciudadanos pretendemos un mercado que refleje exactamente el coste de generación de la energía y en el que entren todas las tecnologías en igualdad de oportunidades.

-Volviendo a las renovables, ¿Cómo valoran todo lo acontecido durante esta legislatura para este sector?

Se derogó el régimen especial pero persisten determinadas primas, rentabilidades garantizadas, condiciones ventajosas de unas energías frente a otras. Si vamos a ese modelo de potenciar determinadas energías como el impulso a la biomasa, que está entrando muy fuerte, o fotovoltaica o eólica con un determinado nivel de rentabilidad garantizada, hay que elaborarlo de otra manera. No podemos volver a caer en los errores de 2004-2005. Se diseñó un sistema de primas que en lugar de ser decrecientes fueron planas. Lo que hemos hecho es pagar toda la curva de aprendizaje de las renovables a nivel mundial sin que la prima fijada para esos proyectos, que están diseñados a 20-30 años, fuera cayendo en consonancia con la curva de aprendizaje.

-¿Qué valor da Ciudadanos a la seguridad jurídica?

Tenemos que reconocer que el Gobierno del PP no ha tenido más remedio que sacrificar la seguridad jurídica para controlar el déficit de tarifa. No se me ocurre una solución mejor a quebrantar la seguridad jurídica, aún reconociendo que para nosotros la seguridad jurídica es un pilar fundamental. Se habían hecho las cosas tan mal con las primas a las renovables que era la opción menos mala. En Ciudadanos somos defensores de la seguridad jurídica y lo que proponemos lo queremos respetar al 100%. Queremos dar seguridad jurídica a los inversores y que sepan que si vamos a poner unas reglas de juego, su proyecto terminará exactamente igual que empezó.

Lo que no se puede hacer es como hizo el Gobierno de Zapatero, poner primas permanentes con curvas de desarrollo tecnológico que aumentaban su eficiencia, al mismo nivel hasta el final de su vida útil de las renovables, porque eso te lleva a lo que ha hecho el Gobierno del PP. Coartar la seguridad jurídica y recortar las primas, lo que genera una espantada a los inversores internacionales o nacionales.

-¿Pero creen que las formas del Gobierno de hacerlo han sido las adecuadas?

No sé el grado de interlocución que ha habido con el sector. Lo cierto es que está bastante recurrido por todos y el Estado va a tener que soportar sentencias millonarias en contra por haber quebrado la seguridad jurídica. Creo que el Estado lo entendió como un mal menor. Posiblemente se podía haber llegado a algunos acuerdos y haber evitado algunas de las sentencias que están por venir. Creo que lo que se ha hecho para corregir el déficit era necesario, que se sacrificó mucho a la industria eléctrica, desde las multinacionales a los productores solares, y que todo debe servir para aprender de los errores del pasado y diseñar, entre todos, un modelo retributivo que no se pueda tocar.

CARBÓN

-¿Cómo abordaréis la cuestión del carbón nacional?

Avanzamos a un modelo en el que el carbón, para poder estar presente en el mix energético, tiene que ser económicamente viable para entrar en el pool sin ayudas, sin subvenciones y sin aportaciones por parte del Estado. Hay dos realidades: la primera es que únicamente pueden llegar a ser rentables las minas a cielo abierto. En segundo lugar, tiene que haber una renovación importante del parque de centrales térmicas en España. Actualmente están obsoletas, no cumplen los requisitos medioambientales de la Unión Europea, para lo que precisan llevar a cabo unas inversiones muy importantes para cumplirlos. Así podríamos mantener el carbón como una energía de transición durante unos años. Si no lo hacen, no habrá más remedio que cerrarlas.

-Se acerca 2018 y la Unión Europea no permitirá más subvenciones a la minería del carbón. ¿Qué debe hacer el próximo Gobierno en este ámbito?

No es un tema únicamente de la Administración sino del sector. No es un tema de ayudas: el sector lleva años con un plan de reconversión industrial de las minas en España. Actualmente la apuesta medioambiental es muy potente. Existen mecanismos que permiten reducir la contaminación del carbón de una forma notable. La pelota está en el tejado de la industria carbonera y de la industria de generación eléctrica, que son los que tienen que decidir si llevan cabo unas inversiones muy importantes en las plantas térmicas. Es verdad que la industria tomará la decisión en función de cuál sea la seguridad jurídica en España; si se les garantiza unas reglas de juego estables seguramente apostarán por renovar las plantas.