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El plazo para inscribir instalaciones de autoconsumo termina con sólo 20 proyectos domésticos entre las críticas de Ciudadanos y Podemos

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Europa Press / EFE.– Mientras que Podemos carga de nuevo contra el “impuesto al sol», según la portavoz de Ciudadanos en Canarias y diputada nacional, Melisa Rodríguez, las desaladoras que funcionan en el archipiélago en régimen de autoconsumo «lamentablemente» son desde este lunes “ilegales o alegales”. El plazo de 6 meses concedido por el Ministerio de Industria a los autoconsumidores de electricidad para inscribir sus proyectos termina con sólo 20 instalaciones domésticas dadas de alta, según datos del registro.

De la veintena de instalaciones domésticas registradas, cuatro se encuentran en Lugo, tres en Málaga, tres en Lleida, dos en Madrid y dos en Asturias. Tanto Alicante como Jaén, Murcia, Navarra y Castellón registran una instalación. Estos proyectos corresponden a los del tipo 1 con potencia inferior a 10 kilovatios (kW), propios de un autoconsumidor doméstico con placas solares. Esta tipología permite verter a la red el sobrante de la energía generada, pero sin retribución económica. Dentro del tipo 1 con potencias superiores a 10 kW, se dieron de alta 20 autoconsumidores, mientras que el tipo 2 cuenta con 115 inscritos. En esta segunda modalidad, pensada para perfiles empresariales, se puede vender la energía sobrante.

En los últimos días, varias comunidades autónomas, organizaciones ecologistas y asociaciones empresariales del sector han reclamado a Industria que ampliase el plazo para inscribirse en el registro para evitar. Como parte de estas peticiones, llegaron a remitir una carta al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy. Sin embargo, fuentes de Industria no quisieron comentar esta cuestión, al tiempo que desde la Unión de Empresas Fotovoltaicas (UNEF) se asegura que han sido varias las ocasiones en las que se insistió ante el Ministerio para lograr una ampliación en el plazo de registro.

Las organizaciones denuncian en la carta dirigida a Rajoy la «indefensión» en que quedará gran parte de los autoconsumidores de energía eléctrica. Asimismo, consideran que Industria, que «fraguó» en octubre un real decreto «contra el autoconsumo», está impidiendo ahora que esas instalaciones cumplan con las obligaciones que él mismo ha establecido, ya que aún no ha desarrollado las exigencias técnicas. Asimismo, las entidades piden al presidente en funciones que resuelva «el caos» creado por el ministro José Manuel Soria y acuerde una ampliación del plazo, al menos hasta final de año, para que estos autoconsumidores no se vean «ilegalizados y expuestos a multas multimillonarias a causa de la falta de previsión del Ministerio de Industria».

El real decreto sobre autoconsumo obliga a los autoconsumidores conectados a contribuir en la parte fija de su contrato, que es la del término de potencia, con los costes regulados del sistema eléctrico, entre ellos el déficit eléctrico acumulado, los gastos extrapeninsulares, los incentivos a las renovables o los pagos por capacidad. En cuanto a la parte variable, que es la correspondiente a la energía autoproducida, también se obliga a contribuir a los costes del sistema eléctrico. Esta medida es la que genera polémica y ha sido tildada por el sector como impuesto al sol.

Ciudadanos se preocupa por desaladoras

Melisa Rodríguez denunció que los propietarios de las desaladoras en régimen de autoconsumo tienen que fiarse de la buena voluntad del gobierno español para no ser sancionados, y afirmó que, como el real decreto 900/2015 no está derogado, esas plantas sean ilegales. La diputada añadió que Ciudadanos ha presentado iniciativas para solucionar el problema y ha pedido la comparecencia del ministro de Industria, José Manuel Soria, para que explique la situación el miércoles en Comisión del Congreso de los Diputados. Sin embargo, Melisa Rodríguez no sabe si el ministro querrá «honrar» con su presencia a la Comisión de Industria y aseguró que, aunque desde el PP se diga que todo está solucionado, no es así.

Podemos critica los cargos impuestos

Por su parte, el diputado regional de Podemos en Murcia, Antonio Urbina, recordó la oposición de Podemos «al impuesto al sol», y auguró que cuando se apruebe la Ley de generación de energía eléctrica renovable para autoconsumo ese real decreto quedará derogado. El proyecto de Ley está ahora admitido en la Mesa del Congreso de los Diputados, avanzando en su tramitación «para que por primera vez desde una comunidad autónoma se pueda regular una política de ámbito estatal», comenta. «Solicitamos que agilice la tramitación de la Ley aprobada en la Asamblea Regional de Murcia. Gracias a ello, en 2016 se abrirá una nueva etapa con el relanzamiento de las energías renovables en nuestro país», añadió.

Ciudadanos pide que la central nuclear de Cofrentes informe si planea crear algún ATI mientras desde Compromís exigen su cierre

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EFE.- Juan Ponce, portavoz de Compromís en el parlamento autonómico valenciano, pedirá la comparecencia parlamentaria del director de la central nuclear de Cofrentes, que a su juicio «tiene que cerrar ya para dejar de ser un peligro», para que explique la posible ampliación del almacenamiento de residuos, hecho por el que el grupo parlamentario de Ciudadanos también ha pedido su comparecencia para que confirme si tienen previsto crear nuevos almacenes de materiales radioactivos «ante el retraso de las instalaciones en Cuenca«.

Así lo indicó el diputado Toni Subiela, quien ha explicado que la iniciativa deriva de las informaciones que se han publicado sobre movimientos que al parecer se están produciendo, y «a la vista de la demora en la entrega de los informes mensuales» que la central debe hacer al parlamento autonómico. Subiela ha incidido en que si se prevé este almacén, Ciudadanos quiere saber «cómo y para qué va a llevarse a cabo», cuáles son las implicaciones y efectos medioambientales, y «cómo funcionan y deberán funcionar los protocolos de seguridad».

Compromís pide que Cofrentes cierre

Por su parte, el portavoz adjunto del grupo de Compromís en el parlamento autonómico, Juan Ponce, señaló que solicitarán al Gobierno valenciano que «inste al Gobierno central a no conceder prórrogas en el funcionamiento ni ninguna autorización de ampliación de capacidad de almacenamiento, de forma que la central cierre definitivamente y de forma segura en el año 2020«. Para el portavoz de Compromís, «la energía nuclear es muy peligrosa y muy cara, puesto que hay que internalizar todos los costes, como el de la gestión de los residuos nucleares, que deja un problema enorme sin resolver para las generaciones futuras».

Gobierno progresista y cierre nuclear

La, en su opinión, «sucesión de problemas» en la nuclear valenciana es la evidencia de que llega “al final de su vida útil y debe cerrar para dejar de generar residuos radiactivos, imposibles de neutralizar». Ponce indicó que «el cierre de Cofrentes es posible porque el abastecimiento energético está garantizado con otras fuentes de energía» y señaló que «todas las centrales nucleares tienen que ser cerradas, con un plan de cierre definitivo y progresivo». Además, añadió que mientras se espera «la formación de un Gobierno central progresista, hay que recordar que los gobiernos anteriores siempre han apostado por políticas erróneas que maltratan las energías renovables para poder mantener las nucleares«.

Juan Ponce ha indicado que no es la primera vez que desde Compromís reclaman el cierre de Cofrentes, y que incluso presentaron una proposición no de ley en marzo del año pasado, «dada su peligrosidad actual y los efectos nocivos sobre las personas y el medio físico a corto, medio, largo y larguísimo plazo». Desde Compromís han insistido en que la apuesta de futuro es el uso de las renovables limpias, que “permiten luchar contra el cambio climático y que son fuentes de creación de empleo estable y de calidad”.

El debate energético se sume en la ideología y los dogmas

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Paisaje para después de unas elecciones sin mayorías estables, esa falacia que viene a denominar la inexistencia de mayorías absolutas con capacidad de rodillo. El debate energético deviene en ideológico y dogmático, amplificado con las herramientas pop. En realidad no es ideológico, sino ideologizado de forma publicitaria, es decir, a partir de la nueva política y sobre la base de distintas posturas de carácter ideológico a falta de una política energética coherente, construida en términos de equilibrio económico, medioambiental y de seguridad de suministro. Ideologías pro o anti algo.

Esto se traduce en tomas de posiciones de los agentes, en presiones para un Parlamento recién elegido con necesidad de afirmarse y, así, empiezan a proliferar declaraciones de intenciones políticas para una etapa de la que todavía no se ve salida inmediata en el proceso de negociación para formar gobierno, que eso es otro cantar. La nueva política, a golpe de titular, abuso de la función mediática, de performance parlamentaria, de políticas declarativas y de Twitter. Estos son algunos ejemplos:

Aprobación de una iniciativa parlamentaria en contra de la fractura hidráulica en nuestro país; el fracking, técnica cuya implantación se está aplazando en la coyuntura actual de precios del petróleo. En el fondo de esta confrontación discursiva, se enfrenta a los promotores de este tipo de inversión, sin un claro retorno económico o necesidad en la actual coyuntura de oferta y demanda, con el movimiento ecologista más beligerante. Dos ideologías.

También hay propuestas para solicitar al Parlamento de un país sin Gobierno instar a que España se convierta en un país con una generación 100% renovable, a la voz de ya. Es decir, a qué abrace en este interregno ejecutivo un programa de “transición energética” y de descarbonización, de eliminación de los combustibles fósiles a pelo, sin más análisis económico, temporal o transicional que el procedente de los elementos discursivos.

Unidos a ellos, revitalizados posicionamientos en contra de energía nuclear sobre el discurso del miedo y del peligro, alimentados por la torpeza en la gestión del ejecutivo popular en la construcción del Almacén Temporal Centralizado de Villar de Cañas, por una parte, y la actuación del Consejo de Seguridad Nuclear en el proceso de reapertura de la central de Santa María de Garoña. En definitiva, la necesidad de un mix diversificado y sostenible económica y medioambientalmente frente a la ideología. Y también está lo que vendrá, como la revisión sumaria del fracasado decreto de autoconsumo, una promulgación realizada sin necesidad.

Como guinda folclórica, pero no exenta de relevancia, la declaración municipal de persona non grata a Rajoy por el affaire de la planta de celulosa de Ence en Pontevedra, consistente en una ampliación del plazo de operación por compensación en sus cuentas de los efectos de la revisión retributiva de la cogeneración operada en el marco de las medidas incluidas en la reforma energética para la absorción del déficit tarifario.

Política de declaraciones y de pronunciamientos ideologizados que, eso sí, conforma un frame del que es muy difícil escapar. Declamaciones pop a través de la venta de relatos propios de cada grupo de presión con sus argumentaciones que han advertido con su olfato el desgobierno, la desvertebración institucional general y la utilidad de la política de gestos, a la vez que virtualmente se constituye en un intento de trazarle el camino en lo energético al Ejecutivo que salga de los pactos o de las segundas urnas. Es en este escenario en el que se producen las negociaciones para la formación de un nuevo Gobierno. Y la energía tiene su papel.

La mayoría del Congreso pide al Gobierno que prohíba el fracking y suspenda los permisos ya concedidos

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Redacción / Agencias.- La Comisión de Industria, Energía y Turismo del Congreso de los Diputados aprobó una iniciativa planteada por ERC y pactada con PSOE, Podemos, Democracia y Libertad y el PNV, para instar al Gobierno a que prohíba el uso de la fractura hidráulica, el llamado fracking, en todo el país y para que suspenda los permisos de todo tipo ya concedidos durante esta legislatura.

La iniciativa de ERC, modificada con las propuestas de Podemos y el PSOE, pasa por reclamar al Ejecutivo que lleve a cabo las modificaciones legislativas necesarias para prohibir el fracking, respetando plenamente las competencias autonómicas, y para suspender cautelarmente las prospecciones ya previstas, incluso las que están en fase de proyecto o permiso de investigación. Igualmente, se pide una moratoria durante toda esta legislatura para todos los permisos o peticiones de autorización de investigación, prospección o explotación en trámite o los que ya hayan sido concedidos, así como derogar todos los artículos normativos de la ley de hidrocarburos que favorecen la implantación de esta técnica en España, fundamentalmente incentivos económicos.

El texto ha salido adelante con los 22 votos de ERC, PSOE, Podemos, Democracia y Libertad y el PNV, y pese a los 16 votos en contra de PP y Foro Asturias (FAC). Los 5 diputados de Ciudadanos se han abstenido. La diputada de ERC, Teresa Jordà, ha advertido de los efectos nocivos del fracking en la salud humana, el medio ambiente y el ámbito rural. Igualmente, ha afirmado que la «España centralizadora, ultraliberal y expoliadora» pretende «imponer su autoritarismo» en zonas donde existe una «gran resistencia«. «El valor que tienen para nosotros estas cosas es lo que estamos votando aquí», indicó, reclamando rechazar el fracking y apostar «de una vez por todas» por el «necesario» cambio de modelo energético.

La diputada socialista por Cantabria, María del Puerto Gallego, coincide en que los «riesgos» del fracking ya son conocidos, lo que preocupa a los ciudadanos. La socialista subrayó la resistencia ciudadana a estos proyectos, pese al intento del PP «de comprar la voluntad» de los ciudadanos con su ley de hidrocarburos, que prevé incentivos fiscales y económicos para los habitantes y territorios afectados.»Es lógico y de sentido común que el Gobierno pusiera freno a estas prácticas. Pero en contra de esa lógica, el PP ha hecho una huída hacia adelante», criticó, señalando que con la «excusa» de la dependencia energética los populares fomentaron esta técnica.

María Rosa Martínez, de Equo Podemos, que aportó cambios de tipo técnico a la proposición no de ley de ERC, coincide en que el principio de precaución es fundamental ante esta técnica, por los «notorios» efectos «nocivos» sobre la salud y el medio ambiente que tiene, además de porque es «incompatible» con otras actividades económicas, pese a tener un «escaso retorno energético, económico y social». Por ello, ha sugerido que «las enormes inversiones» de las multinacionales del fracking se usen en la transición energética hacia un modelo de energías limpias.

El portavoz popular de Energía, Guillermo Mariscal, considera que «cualquier país serio debe saber los recursos energéticos de los que dispone», sobre todo si es tan dependiente como España, y además recuerda que la pasada legislatura se aprobó un cambio normativo que «garantiza la seguridad de las personas y el medio ambiente» ante este tipo de actividades, que además generan desarrollo económico y abaratan los precios de la energía. Isidro Martínez Oblanca (Foro Asturias) ha lamentado la «mucha desinformación» que hay en torno a esta «controvertida» técnica, que utilizan muchos países del mundo. “No cerramos la puerta a la exploración y, si cabe, la explotación de estos recursos», ha señalado, recordando que la Unión Europea considera este recurso como «estratégico».

La portavoz de Industria de Ciudadanos, Elena Faba, por último, ha reconocido que los informes sobre el fracking «alertan» de «notables» riesgos medioambientales. Pero también cree que es «fundamental» la «prudencia«, por lo que propusieron una enmienda que no ha sido admitida, consecuencia de lo cual se ha abstenido en la votación final pese a estar de acuerdo con poner restricciones al fracking con una moratoria pero en contra de apoyar una prohibición total de la técnica. «No tenemos suficiente información y así es imposible adoptar decisiones», concluyó, recordando que no se han tenido suficientemente en cuenta los efectos de las posibles responsabilidades patrimoniales que podrían exigirse si se aplica la moratoria que pedía ERC sobre los permisos ya concedidos.

Greenpeace felicita a los políticos

Desde la organización ecologista Greenpeace felicitaron a la Comisión de Industria, Energía y Turismo del Congreso de los Diputados por aprobar una proposición no de ley que exige al Gobierno prohibir el fracking o fractura hidráulica en España y considera que este es «un paso fundamental para el fin de esta peligrosa e innecesaria práctica». «Es una gran noticia que por fin el Congreso de los Diputados apruebe una prohibición del fracking, ya que el Gobierno del Partido Popular ha estado apostando por esta peligrosa técnica durante toda su legislatura», apuntó el responsable de campañas de Greenpeace España, Julio Barea.

Podemos, PSOE y Ciudadanos acuerdan reclamar el desmantelamiento del almacén gasista Castor y estudiar posibles responsabilidades penales de Escal UGS

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Redacción / Agencias.- La Comisión de Industria, Energía y Turismo del Congreso aprobó una iniciativa pactada entre En Comú Podem, PSOE y Ciudadanos para reclamar al Gobierno un calendario de cierre y desmantelamiento del almacenamiento gasista Castor, infraestructura que se encuentra actualmente en hibernación tras completar Enagás su sellado, y para estudiar la posibilidad de exigir responsabilidades penales a su promotor, la empresa Escal UGS participada por ACS, así como realizar un peritaje para valorar los daños causados.

La iniciativa recibió 28 votos favorables y 15 en contra. La propuesta, que partía de un texto presentado por la confluencia catalana de Podemos, ha sido finalmente transaccionada con socialistas y Ciudadanos, y ha cosechado el respaldo de ERC, Democracia y Libertad (DL), PNV y Compromís, frente al rechazo de los diputados del PP. El portavoz de Industria de En Comú Podem, Josep Vendrell, criticó el «escándalo mayúsculo» de este proyecto «fracasado», que se fomentó «más por el interés del promotor que por el interés general» y que ha acabado por convertirse en un «pelotazo financiero» que puede llegar a costar más de 4.000 millones de euros a los ciudadanos. «Una prueba más del capitalismo de amiguetes», añadió el portavoz.

Por eso, exige una «solución justa» que pase por explorar las «posibilidades legales existentes» para recuperar las indemnizaciones pagadas a Escal UGS porque «incurrió en dolo», así como por establecer las responsabilidades ambientales, administrativas y económicas de la empresa por los movimientos sísmicos. Igualmente, se reclama un calendario de desmantelamiento de las instalaciones de Castor una vez se conozca el informe técnico encargado al MIT sobre el estado de las instalaciones y nuevas medidas legislativas para que casos de este tipo no puedan repetirse en el futuro, dando «mayor protagonismo» a la Oficina Nacional de Evaluación de modo que pueda controlar ex ante las licitaciones y analizar la sostenibilidad financiera de los contratos de concesiones de obras y servicios públicos.

En el texto que finalmente ha sido aprobado también se ha incluido la petición de promover un Pacto de Estado de la Energía para que esta política tenga estabilidad en el tiempo y que permita facilitar el tránsito hacia un modelo basado en las renovables, la eficiencia y la gestión inteligente de la demanda. Unos objetivos que comparte el PSOE, cuyo diputado Herick Campos recordó que la posición socialista es de «cierre y desmantelamiento de la infraestructura», mientras criticó que el PP coincida con estas reclamaciones en Valencia y luego vote en contra en Madrid.

Melisa Rodríguez, de Ciudadanos, cree que antes de tomar cualquier medida sobre el desmantelamiento de Castor o sobre el recurso a los tribunales hace falta contar con informes técnicos y jurídicos, lo mismo que debe conocerse la documentación que ha llevado al Gobierno a pagar la indemnización a Escal UGS «sin transparencia«. El portavoz de Industria de ERC, Jordi Salvador, fue más allá al avanzar que solicitarán la creación de una comisión de investigación para aclarar las responsabilidades políticas, económicas, medioambientales e incluso penales «si las hubiera» respecto de este «escándalo», ocurrido «tanto en periodo socialista como popular», según recordó.

El diputado Jordi Xuclá, de Democracia y Libertad, ha hecho hincapié en que este «escándalo» ha sido posible por una «decisión política» que permitió que el contrato incluyera unas «cláusulas abusivas» en beneficio de la empresa. Por Compromís, la diputada Marta Sorlí denunció que «Castor ha sido una fábrica de billetes para Florentino (Pérez) y para los bancos que sólo ha servido para hacer temblar nuestra tierra y ensuciar nuestro mar» y se felicitó de que «ahora sí» exista la posibilidad de «hacer bien las cosas: desmantelar la planta, exigir responsabilidades a la empresa y recuperar parte de ese dinero».

Finalmente, el portavoz de Energía del PP, Guillermo Mariscal, criticó que esta propuesta es «insuficiente» porque lo que solicita para que se recupere la indemnización ya está incluido en un decreto aprobado en 2014 si se demuestran irregularidades por parte de la empresa, tanto en lo que respecta a la no extinción de las responsabilidades de la promotora Escal UGS en la próxima década como en relación con la hibernación y seguridad de las instalaciones.

Además, ha recordado que ya se han pedido informes al MIT y a Enagás sobre lo sucedido y, durante la pasada legislatura, se han aprobado otros cambios legislativos para exigir declaración de impacto ambiental sísmico para este tipo de proyectos en el futuro. Con respecto al pago de la indemnización, el diputado ha recordado que el Gobierno estaba obligado a pagar y que ha minimizado el coste financiero y ha ampliado el plazo de amortización para reducir la cifra final.

Por último, Mariscal señaló que el «dañino» decreto que incluía el «alucinante» artículo que permitía a la empresa recuperar el valor residual de la inversión incluso si abandonaba el proyecto en cualquier momento lleva la firma de un «socialista» y que el Ejecutivo del PP trató de revertirlo para no tener que abonar la indemnización a Escal pero el Tribunal Supremo no se lo permitió.

Nadal denuncia que todas las medidas energéticas acordadas por PSOE y Ciudadanos «incrementan la factura»

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Redacción / Agencias.- El secretario de Estado de Energía en funciones, Alberto Nadal, criticó el acuerdo de Gobierno alcanzado por el PSOE y Ciudadanos por su contenido energético ya que «todas las medidas propuestas incrementan la factura» al subir los costes del sistema, lo que tendría impacto tanto en la competitividad de las empresas como en la creación de empleo. En la presentación del balance Energético de 2015, elaborado por el Club de la Energía, Nadal mostró su preocupación por el futuro de la política energética en España.

Entre otras cosas, según advirtió, el cierre de las centrales nucleares a los 40 años provocará un encarecimiento del 25% del coste de generación eléctrica. Según Nadal, el cierre progresivo de las centrales nucleares a partir de los 40 años tiene «un coste brutal» para el país porque supone renunciar a activos energéticos que podrían funcionar correctamente sin que causas de seguridad justifiquen el cierre. Además, denunció que supone suprimir el 20% de la producción eléctrica que además es libre de generación de emisiones de CO2, algo que solo se puede paliar comprando derechos para gas y carbón o incrementando la capacidad renovable, algo que considera imposible porque «no se puede soportar a largo plazo».

Por otro lado, admitió que dicha medida es «un canto al sol» ya que ninguna central cumplirá los 40 años durante la legislatura. «Es una declaración de cara a la galería, ya que en la próxima legislatura no se va a cerrar ninguna nuclear, pero sienta un peligroso precedente», dijo. También calificó de «canto al sol» otra de las medidas acordadas por PSOE y Ciudadanos, la de que toda la generación eléctrica sea 100% renovable en 2050 ya que, a su juicio, es inviable tecnológicamente y tendría un coste elevado para el sistema. «Por la noche no hay energía solar y durante buena parte del año tampoco hay eólica», sentenció.

Pide un «pacto nacional» energético

Por ello, Nadal ha pedido un «pacto nacional» en materia energética basado en «consensos básicos», que trascienda a las legislaturas, y que tenga como objetivos principales la competitividad y la creación de empleo, todo ello teniendo en cuenta «los objetivos medioambientales y la seguridad de suministro«. En este sentido, el secretario de Estado de Energía manifestó que la política energética se debe basar en la «sensatez en la introducción de renovables», en las interconexiones, en el mantenimiento de las nucleares y en la eficiencia energética.

Así, en materia renovable, consideró que lo que hay que hacer es «pactar una senda razonable de objetivos», que mida bien el coste y la curva de aprendizaje. Junto a esto, un refuerzo de las interconexiones internacionales, hasta alcanzar entre un 8% y un 9% de capacidad en el horizonte de 2030. Para Nadal, las interconexiones deben ser «una materia de Estado» a defender por todos y criticó el objetivo que el pacto PSOE-Ciudadanos plantea para las interconexiones, acerca de exportar los excedentes de energía,

También llamó a agotar la vida útil de las nucleares «mientras sean rentables» y, por último, apostó por la «eficiencia, eficiencia, eficiencia», una política que «no tiene una sola contraindicación». Con estos ejes, aseveró, solo se necesita gente sensata en una mesa para que España pueda afrontar de forma adecuada sus retos energéticos. Eso sí, también criticó del pacto PSOE-Ciudadanos planteamientos «más a la izquierda» sobre el tamaño de las empresas energéticas españolas. «El problemas de las empresas españolas no es que sean muy grandes son más bien medianas-pequeña, lo que hace falta es hacer el mercado más grande», esgrimió.

Asimismo, el secretario de Estado de Energía defendió también el decreto para el autoconsumo aprobado por el Gobierno y que pone «límites» para que unos «consumidores no vivan a costa de otros». Finalmente, aseguró que España tampoco puede renunciar a las prospecciones, ya que «no sé cómo se puede avanzar en la independencia energética sin saber lo qué tienes de hidrocarburos». «Renunciar a la nuclear y a la búsqueda de hidrocarburos solamente se propone aquí. Todo el mundo en Europa está buscando, salvo Francia, que tiene nucleares, y España», afirmó.

Tras la intervención de Nadal, la subdirectora de Planificación Energética y Seguimiento de Industria, María Teresa Velasco, desgranó los datos de 2015 y avanzó las previsiones de 2016. Para este año ve «crecimientos moderados» en los consumos energéticos por las menores previsiones del PIB, la consolidación de la eficiencia energética o el clima suave en lo que va de año.

La Junta de Castilla y León recalca que el fracking no figura entre sus prioridades

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EFE.- La consejera de Economía y Hacienda de Castilla y León, Pilar del Olmo, señaló en el Parlamento autonómico que la técnica de la fractura hidráulica o fracking para obtener hidrocarburos «no es una actividad prioritaria» para la Junta. Del Olmo ha contestado así a una pregunta formulada en las Cortes por el procurador burgalés de Podemos, Félix Díez, quien ha considerado que el borrador del Plan de Director de Industria sí incluye a la fractura hidráulica como una prioridad, lo que ha negado la consejera.

El representante de Podemos ha denunciado la existencia de versiones contradictorias entre representantes del PP y de la Junta de Castilla y León sobre esta materia y ha llegado a afirmar que «salta a la vista» que después de un año al frente de la Consejería de Economía y Hacienda, tras más de una década con Hacienda, a Del Olmo «le viene grande» este departamento. Le ha recomendado que «sepa qué pone en sus informes», que ponga «a gente preparada y solvente» en las direcciones provinciales de Industria y «destituya a quienes amparan» las actuaciones de su antecesor, Tomás Villanueva.

«Está usted muy equivocado, es usted el que no se ha leído el documento», comenzó por decir Del Olmo, convencida de que en las 200 páginas del borrador del Plan Director de Industria no figura la palabra «fracking» o «fractura hidráulica«. La consejera consideró «una frivolidad» que el representante de Podemos la acuse a ella de no haberse leído del borrador y le pidió que aprovechen la mesa de trabajo abierta para mejorar el documento. «Pónganse a trabajar y si hay errores se corregirán», concluyó.

Discrepancias por las cuencas mineras

En la misma sesión plenaria, la consejera de Economía y Hacienda ha contestado a otra pregunta sobre la enmienda pactada entre Ciudadanos y el PP para incorporar una línea de ayudas para los municipios mineros, que en opinión del procurador Manuel Mitadiel (C’s) no están respondiendo «al espíritu del acuerdo». Mitadiel ha reivindicado la necesidad de centrar los esfuerzos en los 31 municipios afectados directamente por el cierre de explotaciones mineras y en que las actuaciones no se limiten a dotar de infraestructuras, ya que estas inversiones deberían ser ordinarias y no vinculadas a estos planes extraordinarios, y a contratar a parados durante seis meses. La consejera argumentó que el plan aún no está completado.

Precisamente, el líder de Ciudadanos en Castilla y León, Luis Fuentes, había indicado previamente que el Ejecutivo autonómico estaba «tergiversando» el acuerdo que alcanzaron para reactivar la actividad económica de los municipios enclavados en las cuencas mineras y se limita a ofrecer una especie de «plan E» de «aceras». En este sentido, Fuentes se quejó de que la Consejería de Economía y Hacienda haya cambiado la intención del plan de dinamización de los pueblos mineros que acordaron en el debate de los presupuestos para 2016.

Fuentes insistió en que lo acordado significaba que la Administración iba a ofrecer facilidades a las empresas que quisieran implantarse en estas zonas afectadas por la disminución de la actividad minera de León y Palencia, pero en opinión de Ciudadanos la Junta lo ha convertido en «un plan E como el de Zapatero» para «hacer rotondas, aceras y arreglar calles». «Eso no es lo que habíamos pactado con el Gobierno», ha insistido antes de recordar que el acuerdo preveía que se dedicarían a estos fines entre 5 y 10 millones de euros y que las acciones se limitarían a los 31 municipios mineros afectados directamente por la crisis del carbón.

PSOE y Ciudadanos se comprometen con UNEF a acabar con los cargos al autoconsumo si llegan al Gobierno

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EFE / Europa Press.- Los equipos económicos de PSOE y de Ciudadanos se reunieron con la dirección de la Unión Española Fotovoltaica (UNEF) para analizar las medidas energéticas del pacto de investidura de ambos partidos y expresar el compromiso común de poner fin al llamado impuesto al sol, reformando el real decreto sobre autoconsumo energético y aprobando en su lugar un «marco regulatorio estable» que regule el balance neto. Así lo manifestaron representantes de las tres partes tras reunirse en la sede de UNEF en Madrid.

Un encuentro que se enmarca en la iniciativa de PSOE y de Ciudadanos de trasladar a los diferentes sectores económicos y sociales los puntos del acuerdo que hace unas semanas firmaron los líderes de ambos partidos, Pedro Sánchez y Albert Rivera. Uno de los epígrafes que estructura el acuerdo de socialistas y Ciudadanos hace alusión a la «transición energética y lucha contra el cambio climático».

En el pacto figuran propuestas como la promoción de un Pacto de Estado de la Energía, la aprobación de una Ley de Cambio Climático, el cierre progresivo de las centrales nucleares al cumplir 40 años de vida útil o la supresión del llamado impuesto al sol, en referencia a los cargos establecidos por el Gobierno para los autoconsumidores conectados a la red, con el objetivo de que contribuyan a sufragar los costes del sistema eléctrico.

Un impuesto que el presidente de UNEF, Jorge Barredo, calificó de «lesivo» para el sector de la energía fotovoltaica, pues, entre otras razones, hace inviable la instalación de plantas de estas características en España porque “hace imposible que sea rentable”. En representación de los negociadores del PSOE, el exministro Jordi Sevilla recalcó el compromiso por acabar con carácter inmediato con dicha tasa, en el caso de que haya un Gobierno socialista tras recabar los apoyos parlamentarios suficientes. El portavoz del equipo de Ciudadanos, Francisco de la Torre, se manifestó en los mismos términos y señaló que el fotovoltaico es precisamente «uno de los sectores más perjudicados» por la política energética del actual Gobierno en funciones.

Ambos representantes se comprometieron a potenciar el desarrollo de la industria fotovoltaica en España con ayudas a la financiación de empresas. En definitiva, Sevilla y De la Torre han destacado su «compromiso» para permitir el autoconsumo en España y la importancia de cambiar el modelo energético actual «hacia un modelo más sostenible y más barato», según comunicó la propia UNEF. Los cargos impositivos «dificultan algo que nosotros creemos que hay que estimular y favorecer como es precisamente el autoconsumo, no solo de las viviendas unifamiliares, centros comerciales u otras entidades de consumo colectivo», añadió Sevilla.

Además, tanto Sevilla como De la Torre han subrayado la voluntad de sus partidos por intentar unir al pacto a otras fuerzas políticas, ya que, según ha afirmado el exministro de Administraciones Públicas, las propuestas del acuerdo conjunto suscitan el visto bueno de una mayoría parlamentaria y reflejan el deseo de la sociedad por instaurar «un Gobierno de cambio». El equipo negociador socialista lo han integrado, además de Sevilla, Pilar Lucio y Manuel de la Rocha, en tanto que en representación de Ciudadanos han asistido los diputados Sergio del Campo, José Luis Martínez y el propio Francisco de la Torre.

Antonio Cornadó (Foro Nuclear): «Tras Fukushima tiene más sentido alargar la vida de las plantas nucleares a 60 años”

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Europa Press / EFE.- El presidente del Foro de la Industria Nuclear Española, Antonio Cornadó, subrayó los efectos «positivos» post-Fukushima para la energía nuclear un lustro después del accidente de Fukushima Daiichi, a raíz del tsunami que siguió al terremoto de Japón el 11 de marzo de 2011. «Las centrales nucleares ya eran seguras antes de Fukushima y ahora lo son más», aseguró Cornadó, que considera que “tiene más sentido” alargar el funcionamiento de las nucleares hasta los 60 años que antes de Fukushima.

Concretamente ha señalado el incremento de los márgenes de mejora de la seguridad, sobre todo ante catástrofes naturales, tras la «rápida» reacción de la industria. Respecto a las medidas post-Fukushima que afectan al parque atómico español, ya están implantadas al 80% y el programa se está cumpliendo «en plazo» y de forma «razonable», aunque se deben efectuar en paradas de recarga, los ciclos operativos de las centrales, para hacer las mejoras en los equipos y sistemas. En concreto, Cornadó detalló que estas mejoras pasan por incrementar o rediseñar los márgenes de seguridad sísmica, reforzar estructuras, equipos, mejorar los sistemas frente a inundaciones, los equipos de lucha contra incendios, rediseñar cableados.

No obstante, hay dos cuestiones importantes aún pendientes para las plantas nucleares, que aportan más del 20% de la electricidad en España: la instalación de los recombinadores pasivos (componentes para evitar una deflagación por acumulación de hidrógeno en el edificio del reactor, como ocurrió en Fukushima) y los sistemas de venteo, según el último informe del organismo regulador europeo (ENSREG). Fuentes del Consejo de Seguridad Nuclear indicaron que los recombinadores tienen que estar instalados antes de acabar este año y, de momento, lo tienen Ascó (Tarragona) y Cofrentes (Valencia). Almaraz I (Cáceres) ya tiene la autorización para poder hacerlo y, en noviembre próximo, está previsto que lo obtenga Almaraz II.

El sistema de venteo, cuyo calendario de implantación acaba en 2017, es la medida más compleja desde el punto de vista técnico y se colocará aprovechando las paradas programadas de las centrales. Su misión es minimizar, en caso de necesidad, la liberación de elementos radiactivos al exterior durante un accidente severo, de modo que se garantice la integridad de los sistemas de contención y se mantenga el confinamiento de los materiales radiactivos durante el suceso.

Por otro lado se han mejorado también las posibilidades de atención física de la emergencia, para lo que cada planta ha construido o está construyendo un Centro Alternativo de Gestión de la Emergencia, que es una sala alejada del edificio del reactor que cuenta con autonomía para que un grupo de personas pueda vivir en ese lugar haciendo frente a un accidente. Al mismo tiempo, se creó el Centro de Asistencia de Emergencia en San Sebastián de los Reyes (Madrid), con capacidad para gestionar un accidente de cualquier planta española.

Respecto a Japón, Cornadó ha subrayado que la industria nuclear japonesa está «recomponiéndose» cinco años después del accidente. Para ello, según indicó, la primera medida nipona fue «refundar» su organismo regulador atómico, volver a ponerlo en marcha e incrementar la seguridad de las centrales de modo que algunas ya están en marcha puesto que, a pesar de la catástrofe, Japón pretende seguir contando con una aportación de entre el 20 y el 25% de energía atómica en su mix eléctrico. En la actualidad, el reactor accidentado está en torno al 10% de su proceso de desmantelamiento y Cornadó recuerda que el programa «será muy largo y tendrá un coste importante».

Mientras tanto, las centrales nucleares españolas siguen este programa post-Fukushima y la central nuclear de Garoña (Burgos), un reactor similar al accidentado en la planta japonesa, «tiene un programa y calendario propio acorde a sus características» por su situación de cese de actividad aunque con una solicitud de renovación de licencia hasta 2031 pendiente. En todo caso, «si vuelve a estar operativa estará en las mismas condiciones que el resto de las centrales», asegura Cornadó.

En definitiva, Cornadó ha sentenciado que «el fondo del asunto es que con todas estas mejoras, especialmente de los márgenes de seguridad las centrales estarán más preparadas para una operación más dilatada en el tiempo». En este sentido, el presidente del Foro Nuclear defiende también que la consecuencia que va aparejada a todas estas medidas es que ahora el parque atómico español puede apelar a seguir operando a largo plazo, «60 años o los que sean» porque, en su opinión, «no tiene sentido poner una fecha de caducidad a una instalación que está operando bien y que está mucho mejor preparada para afrontar situaciones difíciles«.

«Podemos apostar o tenemos mejores argumentos para presentar la operación a largo plazo como una opción válida y acertada para la estrategia energética de los próximos años», subraya Cornadó. Así, insiste en que «no tiene sentido» frenar en seco estas inversiones a los 40 años de funcionamiento por una decisión en base a una fecha «obsoleta que ya nadie maneja». «Apelo al sentido común, a las cifras, los datos, las ventajas y los inconvenientes y, si vemos toda la realidad energética, debemos tomar decisiones sin límites de partida con fechas en la planificación energética. Queremos una electricidad competitiva y con los mejores costes», reivindicó Cornadó.

Por otro lado, si el escenario cambia y se cumplen algunas promesas electorales por las que el parque nuclear cerrase en 2028, tal y como proponen PSOE, Ciudadanos y Podemos, Cornadó afirma que estas formaciones también quieren un Pacto de Energía en el que le gustaría que no hubiera «apriorismos y se contara con todas las tecnologías disponibles, sin prejuicios«. Asimismo, recuerda que la industria nuclear está «muy unida» a las centrales pero, en la actualidad, cuenta con aproximadamente un 80% de su actividad fuera de España, donde está presente en 40 países, tanto en proyectos de fusión como de fisión y en toda la cadena de valor del sector.

A este respecto, celebró que en la actualidad se están construyendo reactores en distintos países de «todo el mundo», en Asia, Europa (Finlandia, Gran Bretaña, Hungría), y ha mercado potencial en Sudamérica y México, así como en los países árabes. También Irán se está abriendo a proyectos nucleares, por lo que Cornadó confía en que las empresas españolas puedan seguir desarrollándose en el exterior. En concreto, se ha referido a Irán, del que destaca que poco a poco da pasos para abrirse al mundo con un programa de inversiones «espectacular». De este modo, concluyó que pese a  Fukushima, la industria nuclear tiene ahora una «pujanza similar» a la de antes.

Sánchez utiliza el cierre de las nucleares y el fracking para presionar a Podemos

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El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, utilizó varias de las medidas que llevaba en su programa electoral en el ámbito energético para presionar a los partidos de la izquierda política, especialmente Podemos y sus confluencias, a facilitar su investidura mediante la abstención cuando les preguntó sobre su posición ante el cierre de las centrales nucleares a los 40 años de funcionamiento y la prohibición de la técnica extractiva del fracking, “cuando son medidas que podrían estar aprobadas la próxima semana”.

En su discurso de investidura en el pleno del Congreso de los Diputados, Sánchez propuso un pacto de Estado de la Energía para abordar una transición energética que combata «firmemente» el cambio climático, con el objetivo de alcanzar un sistema energético “eficiente, innovador y sostenible”. Dos fechas claves aparecen en el horizonte: 2028, año en el que culminaría el cierre progresivo de las centrales nucleares al cumplir los reactores de Trillo (Guadalajara) y Vandellós II (Tarragona) los 40 años de funcionamiento; y 2050, para el que compromete un sistema eléctrico 100% renovable, tal y como demandan las principales organizaciones ecologistas.

Asimismo, el líder socialista se ha comprometido a reducir la carga tributaria de las rentas del trabajo, hecho que compensará con otro tipo de rentas y de impuestos medioambientales, que tal y como aparecía en su programa electoral supondría, por ejemplo, incrementar la carga impositiva sobre los carburantes de automoción. Además de los aplausos de la bancada socialista, la intervención de Pedro Sánchez ha estado marcada por la absoluta indiferencia del resto de grupos. Ni siquiera los diputados de Ciudadanos han reaccionado cuando Sánchez enunciaba el cierre nuclear o la prohibición del fracking, discurso acogido con la misma frialdad que demostraron los diputados de Podemos.