Entradas

20 claves energéticas de Ciudadanos para el 20-D: En busca del pacto de Estado

Albert Rivera llega a sus primeras elecciones generales con un proyecto que aspira a desbancar el bipartidismo en la próxima cita con las urnas. En materia energética, Ciudadanos presenta algunas propuestas novedosas así como la voluntad de sentarse a negociar, desde el primer día de la próxima legislatura, un pacto de Estado en Energía al que acudirán sin prejuicios ideológicos hacia las diversas fuentes de energía sino, más bien, con una calculadora en la mano que permita calibrar las distintas opciones.

Así afronta el programa de Ciudadanos para las elecciones las 20 claves de Energía Diario:

Ahorro energético: Ciudadanos propone fomentar estrategias para cambiar hábitos de uso hacia la contención y la sobriedad en el consumo de energía «para alcanzar un sistema energético sostenible». En este sentido, anuncian planes específicos de concienciación y sensibilización social sobre el ahorro y el uso racional de la energía eléctrica. Para ello apuestan por una gestión «óptima» de la demanda.

ATC: En el programa electoral no hay mención a los residuos nucleares, pero la directriz del partido es ceñir las decisiones a lo que dictamine el Consejo de Seguridad Nuclear.

Autoconsumo: Ciudadanos apuesta por no poner «trabas» al desarrollo del autoconsumo energético y la generación distribuida, incentivando asimismo el autoabastecimiento abriendo el mercado nacional a tecnologías de almacenamiento de energía. También abogan por regular un balance neto en el que la energía excedentaria sí que pague un cargo de red.

Bono social: El actual bono social es, a juicio de Ciudadanos, «solo una medida paliativa con importantes defectos de diseño», como su aplicación a todo tipo de familias numerosas «con independencia de su renta». Por ello, pretenden que sea necesario un informe favorable de servicios sociales para acceder al bono social en función de la renta. Además, proponen que el bono social se cargue a los Presupuestos Generales del Estado.

Carburantes: Proponen «incrementar la competencia entre operadores». Para ello pretenden obligar a los operadores existentes a vender a operadores extranjeros parte de su red, «con elevadas multas por prácticas anticompetitivas», para introducir después una fiscalidad más progresiva sobre los hidrocarburos, en aras de desincentivar su consumo como consecuencia de la lucha contra el cambio climático.

Centrales nucleares: No hay referencias en el programa al papel que pueden jugar las nucleares en una transición hacia un modelo renovable. El responsable del programa en materia energética, Ignacio Aguado, apunta que se escuchará al Consejo de Seguridad Nuclear.

Cogeneración: El programa indica que se mantendrá el «impulso» a la implantación de la cogeneración en la industria para obtener energía eléctrica y térmica simultáneamente.

Consumidor: Ciudadanos se compromete a favorecer «sistemas inteligentes de medida, monitorización y control de consumos energéticos que permitan una gestión óptima de la demanda energética», como una de las vías fundamentales para reducir el consumo. También destaca su propuesta de solidaridad entre consumidores, ante lo que denominan como una situación «de emergencia social», al proponer que una parte de los excedentes del autoconsumo se destinen gratuitamente al suministro de las familias acogidas al bono social.

Deuda eléctrica: El programa se compromete a modificar el sistema de formación de precios «para disminuir los altos costes eléctricos para pymes y familias y acabar con el déficit tarifario».

Eficiencia energética: Como solución para erradicar la pobreza energética, se propone subvencionar a los consumidores vulnerables una instalación solar fotovoltaica de unos 2.000 euros, para avanzar hacia el autoabastecimiento y conseguir unas viviendas que tengan un consumo de energía casi nulo. También se impulsará la eficiencia energética en la envolvente de los edificios, cerramientos o calderas, al modo de las empresas de servicios energéticos. En caso de salir de la situación vulnerable, los consumidores tendrían que hacer frente a una parte de la financiación pública.

Fiscalidad: Sin ningún punto más en lo relacionado al ámbito energético que lo reseñado en el apartado de los carburantes.

Fracking: Ciudadanos descarta la técnica del fracking por diversos motivos: «riesgos medioambientales, escasez de yacimientos en España y la baja rentabilidad económica de las posibles explotaciones con las técnicas actuales».

Impulso a las renovables: El compromiso es transformar el modelo energético actual en un modelo basado en las energías renovables en el horizonte 2050. Se habla de impulsar fundamentalmente las tecnologías eólica terrestre, incluida la minieóloica, eólica marina y solar fotovoltaica para generar electricidad, así como la energía geotérmica donde hay recurso suficiente. Precisamente fomentarán la energía solar y la geotermia para usos térmicos industriales y del sector primario y para la calefacción y producción de agua caliente sanitaria en los edificios y servicios. También prometen reducir los trámites administrativos para instalaciones de plantas renovables.

Mercados energéticos: El programa de Ciudadanos asegura que «impedirá» que las empresas de generación, distribución y comercialización, «provenientes de los antiguos monopolios», continúen formando parte de un mismo grupo empresarial. «Con más liberalización y competencia se da verdadero cumplimiento a la directiva europea que pretendía un aumento de la eficiencia, reducción de precios, mejora de la calidad del servicio y aumento de la competencia», aseveran. Asimismo, plantean acabar con el sistema marginalista de formación de precios para acercarlo más a los costes de producción de cada tecnología del mix energético.

Minería del carbón: Seguirán las directrices marcadas por la Unión Europea, que impedirá las ayudas a partir del año 2018-

Mix energético: El objetivo de Ciudadanos es una transición gradual hacia un nuevo modelo energético basado en energías renovables, el autoabastecimiento, el ahorro y la eficiencia así como en un modelo de producción descentralizado. Así aspiran a «crear un mix energético sostenible y equilibrado que garantice el suministro energético y que suponga un ahorro de costes para empresas y consumidores».

Movilidad: Promete el fomento de la electrificación del transporte así como del uso de otras fuentes de energía como el gas natural, el hidrógeno y los biocombustibles derivados de materias no alimentarias. En este sentido, indican que impulsarán el coche eléctrico facilitando la recarga al menos coste posible para todos los usuarios y haciendo que los distribuidores, como gestores de infraestructuras, «jueguen un papel fundamental».

Respaldo térmico: Sin novedades en este punto, todo indica que las plantas nucleares y, sobre todo, las centrales  térmicas y los ciclos combinados de gas, seguirán acompañando a las renovables en la generación de electricidad.

Seguridad jurídica: Resulta capital en el programa de Ciudadanos ya que consideran la incertidumbre jurídica como «el peor enemigo» para las inversiones, por lo que ven «imprescindible» la protección de los inversores mediante el cumplimiento de los contratos acordados con la Administración. «No es positivo para España establecer cambios normativos con efectos retroactivos que dinamitan nuestra credibilidad como país y merman el potencial inversor», indican.

Unión Europea: Se compromete aumentar la interconexión eléctrica de España con los países de la Unión Europea e impulsar la conexión de transporte de gas natural de España con Francia «como infraestructura para incorporarnos a la Europeam Gas Single Market.

Expertos en energía avisan del «bajo nivel técnico» de los programas electorales

EFE.- Varios expertos en energía han advertido de que las propuestas energéticas de los programas electorales de PP, PSOE, Ciudadanos y Podemos «dejan muchísimo que desear» al nivel técnico.

La directora de la Cátedra Rafael Mariño de Nuevas Tecnologías Energéticas de la Universidad de Comillas, Yolanda Moratilla, indicó al analizar las promesas electorales que muchas de las propuestas energéticas «son irreales» desde el punto de vista técnico. En especial, criticó las promesas de cierre paulatino de centrales nucleares que llevan PSOE y Podemos en sus programas. Además, comentó que el programa más incompleto sobre energía es el del PP, ya que «no se moja» en la mayoría de cuestiones.

El exdirectivo de Red Eléctrica de España (REE) Victoriano Casajús ha destacado que «no es posible» que el 100% de la energía de España sea renovable, ya que ni la regulación ni el sistema energético del país están preparados para ello. Casajús comentó que con el mix energético actual, solo es viable entre un 40% y un 50% de energía proveniente de renovables, en contraposición a las propuestas de PSOE (70% en 2030) o Podemos (100% de renovables en la Administración Pública). «Si el 100% de las energías es renovable y hay algún problema en la generación, el sistema se cae de golpe«, ha advertido.

Defienden las nucleares y ATC

El catedrático de Física Atómica, Molecular y Nuclear de la Universidad de Sevilla y experto en energía nuclear Manuel Lozano aseguró que el mix energético ideal, en su opinión, es el que combina nuclear y renovables, disminuyendo los combustibles fósiles como el petróleo y el carbón. Lozano valoró que se empiece a hablar de invertir en I+D+i, propuesta que lleva Ciudadanos en su programa, y lamentó que en cuestiones energéticas «se mezcle ideología con tecnología».

Los expertos criticaron además que ninguno de los programas propone soluciones sostenibles para el tratamiento de residuos nucleares más allá de la propuesta de Podemos de la no construcción del almacén temporal centralizado (ATC) proyectado en Villar de Cañas, algo que advirtieron de que «no es realista«. Tampoco se habla en ninguno de los programas de estos cuatro partidos al entorno internacional que rodea a España en materia energética, indicó.

El especialista en petróleo e ingeniero de minas Isaac Álvarez criticó a su vez que tres de los cuatro partidos, Ciudadanos, PSOE y Podemos. rechacen el fracking como método de extracción de gas o petróleo del subsuelo, y lamentó que esta negación sea en algunos casos «desde posiciones fundamentalistas». Álvarez ha asegurado que España «es un país subexplorado» en cuanto a posibles yacimientos petrolíferos, por lo que opina que el fracking «ha venido para quedarse».

Ciudadanos plantea invertir 20 millones en las cuencas mineras en cuatro años

EFE.- Ciudadanos ha propuesto hoy invertir 20 millones de euros en la próxima legislatura en un Plan de Dinamización para las cuencas mineras de Castilla y León que de verdad sirva para ofrecer un futuro a los vecinos de estas comarcas.

Así lo ha dicho hoy en Ponferrada (León) el portavoz de la formación en las Cortes de Castilla y León, Luis Fuentes, donde ha presentado las líneas básicas de este plan, que quiere consensuar con el resto de fuerzas políticas.

Para empezar, pide al PP que incluya cada año en los presupuestos de la Comunidad 5 millones de euros para estos municipios, que sólo en León son 31. Pero Fuentes quiere que este dinero sirva para «dinamizar a las personas» ya que hasta ahora sólo se ha buscado el beneficio de las empresas.

Con este dinero Ciudadanos quieren crear las «condiciones propicias» para atraer proyectos que generan empleo y también para formar a los ciudadanos. «Proyectos tanto de la gente de aquí, como de gente de fuera que creen y fijen empleo», ha explicado Fuentes. «Hay que facilitar que el sector de la minería haga sus propios proyectos de dinamización y aprovechar todos los potenciales», ha añadido.

Y es que hasta el momento todos los planes de reconversión han fallado, según Fuentes, porque «se han hecho y planteado única y exclusivamente para salvar a ciertas empresas o una minería que todos sabemos que a partir de 2017 tiene los problemas que tiene por parte de Europa».

Ciudadanos recuerda que Europa quiere que las minas se vayan cerrando para conseguir una energía limpia y renovable a partir de 2020.

«Ha habido gobiernos que se han intentado amparar en promesas que sabían que no se podían cumplir y lo que querían esa salvarse. Nosotros queremos que este plan sitúe de verdad al ciudadano en el centro de la acción», ha recalcado.

«Tenemos que acabar con la quema de carbón porque el objetivo 2020 es reducir el 20 por ciento la emisión de gases contaminantes y tenemos que ir a energías limpias. Por eso no podemos llegar a 2017 sin un plan para estos municipios», ha explicado.

En este sentido, Fuentes se pronunció también sobre el proyecto de la Ciudad de la Energía, que asegura que apoyan pero aclara que las investigaciones del laboratorio de Cubillos del Sil van enfocadas sólo a la reducción y captura del CO2 que produce la quema de carbón y Europa exige mucho más.

«Es un proyecto que todavía no ha dado los frutos que se habían planteado. Nosotros estamos a favor de todo lo que sea reindustrialización de estas zonas y por supuesto apoyamos la Ciuden. De todos modos hay que ver qué consecuencias tiene la quema de carbón y qué plantea Kioto, porque no es sólo la reducción de CO2 sino también otros gases contaminantes», finalizó.

El precio de la electricidad entra en campaña

Sostenemos en Energía Diario que el tratamiento, en general, de los precios de la energía en España es puramente político. No que sea puramente política desde el punto de vista de disponer de una política energética de Estado, sino del proceso de política politizada española, con todos sus aditamentos, presiones sociales y tertulianos. Desde que el franquismo, en su debilidad, controló los precios del petróleo en la crisis de 1973, coincidiendo con el final de la dictadura y el temor de sus protagonistas, la historia tiene reversiones y actualizaciones en este campo.

Llegamos ahora al período previo a las elecciones del 20 de diciembre y nos encontramos con las promesas de José Manuel Soria de bajada del precio de la electricidad para 2016 y, a la vez,  con la aparición consunta, en modo contrarréplica desde la CNMC, de las estadísticas de evolución de las tarifas de los últimos 10 años y de la última legislatura popular. Se presenta esta dicotomía como una lucha de sumo para imponer el «marco» de comunicación sobre los precios de la electricidad.

Aprovechando  el clima de presión social en torno al precio de la electricidad (intentando ponerlo a su favor) y el desconocimiento general, se instrumenta una bajada de tarifas a partir de los recortes a las renovables, se fijan nuevos peajes y se bajan pagos por capacidad a las centrales térmicas y nucleares. A esto se une la fijación de los denominados “peajes vascos”, que experimentan bajadas para las industrias ubicadas en País Vasco y Navarra, disolviéndose entre el resto de consumidores. Por su parte, el remanente del ejercicio de los ingresos del sistema eléctrico en 2015 no se aprovecha para reducir la deuda acumulada, que no desaparecida, del déficit tarifario.

Por su parte, los nuevos partidos entrantes, en lo que se refiere a la electricidad, ni huelen dónde están realmente los problemas regulatorios de los precios eléctricos ni el grave problema de la fiscalidad energética y su efecto sobre los precios del kilovatio, por lo que el debate burdamente se queda en si es cara o si es barata la electricidad en España y en bramar al respecto. Las propuestas programáticas son toscas y remedos idelologizados, anticosas o procosas, de las que ya todos sabemos.

Y José Manuel Soria, al que los medios más conspicuos lo dan como sustituto de Luis de Guindos como Ministro de Economía en un futuro Gobierno, con el BOE en una mano y la ingeniería contable de las tarifas y los peajes en la otra, vuelve a la carga y actúa en línea con lo que es el resto de su “programa electoral”: seguir por la misma senda cuatro años más en el convencimiento de que el uso político de la energía es el camino.

Es temerario suponer que la opinión pública va a considerar estas medidas mejor que la percepción creada durante todo este tiempo. Es cierto, a veces, la mente juega  malas pasadas.

Vivimos en el franquismo cool.

El PP, PSOE, Ciudadanos, Convergència y Unió coinciden en la necesidad de alcanzar un pacto de Estado en materia energética

Europa Press / EFE.- El PP, el PSOE, Ciudadanos, Convergència y Unió coincidieron en la necesidad de alcanzar un pacto de Estado de la energía y se comprometieron a impulsar medidas de eficiencia energética durante una mesa redonda en la asamblea general de la Asociación Española de Cogeneración (Acogen).

La diputada del PP presente en el debate, Encarnación Jiménez, se mostró «optimista» en relación con la posibilidad de alcanzar un pacto de Estado en materia de energía, que «sería lo deseable». «Tenemos que pensar que no hay energías de derechas y de izquierdas», apuntó Jiménez, que se comprometió a «consolidar las reformas», que «se siga generando certidumbre en el sector», que se favorezca la competitividad de las empresas, que la recuperación económica sea un hecho y que el crecimiento se traduzca en generación de empleo. Además, la representante popular hizo hincapié en las interconexiones, un tema «fundamental de ahora en adelante» para el futuro de España y de la Unión Europea, así como en avanzar en la eficiencia energética.

También se ha mostrado optimista de cara a un pacto de Estado el coordinador de Medio Ambiente y Energía de Ciudadanos, David López, para quien se aproxima una época «en la que los pactos van a tomar protagonismo». El representante de Ciudadanos se ha comprometido a realizar una auditoría completa del sistema eléctrico español para determinar todos los costes asociados, a «modificar o, incluso, derogar» el real decreto de autoconsumo y a desarrollar un plan estratégico de transición energética. «El plan renove, por supuesto, lo tendremos en mente para la cogeneración; una apuesta decidida», apuntó.

La secretaria de Cambio Climático y Sostenibilidad del Grupo Socialista, Pilar Lucio, señaló que «se puede llegar a un pacto», pero que para ello «hay que tener una trayectoria previa de confianza con el sector y respeto mutuo entre quienes forman parte del sector y quienes tienen que legislar«, algo que, en su opinión, no ha ocurrido en los últimos cuatro años. Desde el PSOE, defendió la necesidad de rediseñar la estrategia energética española «escuchando a todas las partes» tras unos años centrados solo en acabar con el déficit de tarifa sin medir los «efectos colaterales«. PSOE y Ciudadanos coincidieron en la importancia de intentar alcanzar un pacto de estado en materia energética aunque cada partido tiene sus «líneas rojas».

PSOE: comisión de transición energética

Preguntada por medidas concretas para los 100 primeros días de Gobierno, la representante del PSOE ha propuesto la creación de una comisión de transición energética con el objetivo de diseñar un modelo «que trascienda los periodos de Gobierno de un color u otro». Además, ha manifestado que, si el PSOE llega al Gobierno, se modificará el real decreto de autoconsumo y se llevará a cabo una «trasposición efectiva» de la directiva europea sobre eficiencia energética.

El diputado de Unió Democràtica de Catalunya, Antoni Picó, indicó que «sin lugar a dudas» es necesario este pacto y ha marcado como puntos clave en materia de energía asegurar el suministro y tener precios competitivos, así como alcanzar una estabilidad normativa y económica. Respecto a la cogeneración ha señalado que, de cara a la nueva legislatura, su partido apuesta por «hacer efectivo el plan renove«, así como «hacer efectiva la totalidad de la retribución específica hasta alcanzar los 2.400 millones comprometidos en la última reforma» y «recuperar aquellos proyectos de plantas afectadas por la suspensión del procedimiento de asignación».

Por su parte, la representante de Convergència, Mercé Rius, apuntó que un pacto nacional de energía es «un escenario deseable», pero que «no es probable» en estos momentos, ya que las medidas aplicadas por el Gobierno «han generado consenso en contra«. Como medidas concretas, Rius apostó por el plan renove, la trasposición de la directiva europea sobre eficiencia energética, la derogación o modificación del decreto de autoconsumo y la territorialización de las ayudas del fondo de eficiencia energética. También insistió en la necesidad de recuperar seguridad jurídica y la confianza de inversores, un punto en el que coincidieron con Ciudadanos.

Por su parte, el presidente de la Comisión de Industria y Energía de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), Guillermo Ulacia, demandó recuperar «con sentido de urgencia» un precio de energía industrial competitivo y una revisión del modelo fiscal. «Hay bases suficientes para abordar un pacto de Estado de energía», concluyó. Acogen entregó también sus galardones «cogeneradores de honor 2015» a los periodistas económicos Carmen Monforte y Rubén Esteller.

Podemos propone el cierre escalonado de las centrales nucleares hasta 2024 y pide a Albert Rivera que rectifique su apoyo

EFE / Servimedia.- El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, pidió al presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, que rectifique sus declaraciones en las que apostaba por avanzar en la implantación de energías renovables pero sin prescindir de la energía nuclear. En este sentido, la formación defiende el cierre de los 8 reactores nucleares españoles a más tardar en 2024 y anuncia que creará un Ministerio de Medio Ambiente y Energía si gana los comicios del 20 de diciembre.

En la presentación del modelo energético de Podemos, el coportavoz de Equo y cabeza de lista de Podemos en la provincia de Álava, Juantxo López de Uralde, Pablo Iglesias y Marta Victoria, del Círculo de Economía y Energía de Podemos, colocaron a las renovables en el núcleo de un Plan Nacional de Transición Energética, que se dotaría durante 20 años con un 1,5% del PIB. Sus ejes son: renovables; eficiencia energética, con rehabilitación de 200.000 viviendas al año y creación de 400.000 empleos, y descenso de las emisiones de gases efecto invernadero y de la importación de los combustibles fósiles.

Sobre la posibilidad de nacionalizar empresas eléctricas, que Podemos recogía en su programa electoral europeo, El líder de Podemos ha dicho que esta medida es excepcional y se adopta en situaciones excepcionales. En ocasiones se ha hecho «mal», ha dicho Iglesias en alusión a Bankia, un caso en el que el PP «nacionalizó las pérdidas» y está privatizando sus beneficios.

El cierre programado de las nucleares se produciría conforme caduquen sus licencias de operación de las centrales, la última de las cuales en expirar es la planta de Trillo (Guadalajara) en 2024. Revocar los permisos de explotación actualmente en vigor podría acarrear un «problema legal», por lo que la intención es no permitir renovar las licencias, ha detallado Marta Victoria.

En este contexto, Iglesias ha pedido al líder de Ciudadanos, Albert Rivera, que rectifique su postura a favor de las nucleares porque, a su juicio, «son un peligro para las personas y son tremendamente ineficientes». En su opinión, esta fuente de energía se mantiene gracias a que las grandes compañías eléctricas colocan en sus consejos de administración a expresidentes de gobierno y exministros. Al respecto, acabar con el modelo de las «puertas giratorias» es otra de las propuestas de la formación. «Quiero pedirle que rectifique, que en este país hay que construir algo nuevo», subrayó Iglesias, que no quiere que el «oligopolio de las eléctricas» se «burle» de los ciudadanos.

Podemos aboga también por la clausura de las plantas de carbón, pero tanto en este caso como en el anterior, iría acompañado de respectivos planes de reactivación económica y de creación de empleo para la zona porque las «víctimas» no pueden ser los trabajadores», en palabras de su secretario general. Otras medidas se refieren a la prohibición de la tecnología de la fracturación hidráulica (fracking), la recuperación de la gestión pública de las hidroeléctricas para que se «dejen de usar de forma especulativa»; luchar contra la pobreza energética y que electricidad sea «un servicio público».

Tras señalar que la cuestión ambiental «no es un decorado de color verde que se coloca un partido», Iglesias ha tachado de vergonzoso que los ciudadanos españoles abonen el precio de la luz más caro de Europa y ha exigido que las compañías eléctricas también cumplan con la Constitución y no hagan prevalecer su interés sectorial sobre el interés general.

La financiación del plan de transición procedería de la reforma del sector eléctrico, que actualmente percibe «sobreremuneraciones» como beneficios caídos del cielo, servicio de interrumpibilidad o pagos por capacidad, ha manifestado Marta Victoria. López Uralde ha explicado que el modelo energético es «un aspecto troncal» del programa del cambio para el próximo 20 de diciembre, en un contexto de cambio climático, pobreza energética y dependencia de los recursos del exterior.

Albert Rivera cree que hacer incompatibles renovables y nuclear «queda bien» en campaña pero no en el Gobierno

EFE.- El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, considera que «eso de hacer incompatible la energía renovable con la nuclear o con otras es muy dogmático, queda muy bien en el programa o en un mitin, pero luego hay que sostenerlo cuando se llega al Gobierno». Rivera considera que España debe seguir avanzando en energías renovables, pero «no puede prescindir de energía nuclear» si no se garantiza el suministro energético y que no crezca el coste de la energía.

Según su opinión, hay que invertir en innovación y avanzar en energías renovables en el futuro, pero «no tanto por la vía de la subvención», sino de la innovación y desarrollo que permita tener una energía renovable «competitiva«. «No tenemos intención de dejar de avanzar en ese mix energético», ha asegurado Rivera. Respecto al carbón, abogó por «planes de reconversión» para las zonas mineras e intentar crear empleo en otros sectores para que los trabajadores mineros «puedan tener otras salidas profesionales», pero «eso necesita tiempo».

Rivera indicó que desde Europa ya se ha advertido del cierre «20 veces» y es necesario «reconvertir esas zonas con otro tipo de economía», pero la «vía de la subvención a las empresas como vía sine die no es una buena idea». Sin embargo, considera también que «cortar eso de golpe» puede generar más desempleo y más problemas sociales, por lo que propuso un plan de reconversión a medio plazo.

La oposición exige mayor agilidad a la comisión parlamentaria que investiga la trama eólica de Castilla y León

EFE.- La oposición pidió «mayor agilidad» en la actuación de la comisión de investigación de la trama eólica de Castilla y León, mientras que el PP decidió con su voto ponderado que primero se reciba la documentación y después se soliciten las comparecencias.

La comisión de investigación de la trama eólica en las Cortes de Castilla y León ha celebrado una nueva reunión sobre la trama eólica en la que aceptó la petición de parte de la documentación solicitada por los grupos y se propuso, con el voto de los procuradores del PP, que las comparecencias se soliciten una vez conocidos los informes. A juicio del portavoz del PP, Raúl de la Hoz, es «lógico» que primero se tenga conocimiento del contenido de la documentación y en función del mismo se cite a comparecer a las personas que puedan aportar a la investigación.

En este sentido, el popular ha resaltado la intención de su grupo de evitar que la comisión «se convierta en un circo» y destacó la importancia de contar primero con el informe de la Agencia Tributaria que sacó a la relucir la trama para la adjudicación de parques eólicos en Castilla y León. Después de asegurar que se trata del mismo sistema que se utiliza en el Parlamento andaluz para la investigación de los cursos de formación, con el voto a favor del PSOE y Ciudadanos, por lo que en Castilla y León estos grupos rechacen «solicitar primero la documentación y después solicitar las comparecencias».

El portavoz del PSOE, Javier Izquierdo, ha abogado por una mayor transparencia en la comisión y ha acusado el PP de «discurso falsario» y de una «labor de obstrucción y de oscurantismo«. Izquierdo mostró su disgusto por el desarrollo de la comisión y lamentó que «no se haya sustanciado ninguna comparecencia y ha advertido de la posibilidad de que la comisión no se pueda reunir hasta dentro de dos meses.

El portavoz de Ciudadanos, José Ignacio Delgado, indicó que en su grupo están «un poco hartos de la batallita que se traen el PP y el PSOE» en la comisión y advirtió de que «se trata de avanzar y no de poner comas». Por ello, instó al PP, «más que al PSOE», a que cambie la dinámica de la comisión porque «no se avanza lo que se tenía que avanzar».

Ciudadanos pidió en las Cortes, para que sea tenido en cuenta en la Comisión, la comparecencia de 26 personas, entre ellas la del actual alcalde de Salamanca y secretario general del PP de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, exconsejero de Interior y Justicia de la Junta, y del extesorero del PP Angel Sanchis. Según el portavoz de Ciudadanos, la petición de comparecencia de Fernández Mañueco responde a una «responsabilidad política» y para que diga «cuando tiene conocimiento de los implicados del Partido Popular» y que medida se adoptaron en el seno de su formación.

El líder de Podemos, Pablo Fernández, lamenta que no se alcanzara un acuerdo en cuanto a las comparecencias por la oposición del PP cuando, a su juicio, existía la posibilidad de que algunas personas ya podían ir compareciendo a pesar de no contar con toda la documentación por lo que ha advertido que la comisión tiene que ser «más ágil«. Por ello reclamó que la documentación de la Agencia Tributaria llegue cuanto antes y que se facilite el trabajo a los miembros de la Comisión, Desde Podemos también pidieron que se remitan y se centralicen los documentos en las Cortes.

La Asamblea de Madrid pide a Cifuentes que los hogares sin recursos no sufran cortes de electricidad y gas natural

Servimedia.- El pleno de la Asamblea de Madrid aprobó una proposición no de ley (PNL) sobre pobreza energética, en la que se insta al Gobierno autonómico a que ponga todos los medios para que no se corte el suministro eléctrico, de agua y de gas a los hogares que más lo necesiten en otoño e invierno.

La iniciativa la presentó Podemos y la apoyaron el PSOE y Ciudadanos. El portavoz del partido que la propuso, José Manuel Sánchez, destacó que en Madrid «hay muchísimas personas en situación de emergencia social y la pobreza energética sigue aumentando«. La diputada de Podemos, Olga Abasolo, argumentó que «según los últimos datos disponibles, en España, mientras que un 17% de los hogares (más de 7 millones de personas) tenían un gasto desproporcionado de energía, el 9% de las viviendas (unos 4 millones de personas) se declaraban incapaces de mantener sus viviendas a una temperatura adecuada en el invierno; una brecha que no ha hecho más que crecer, también en Madrid».

«Lo que esconden estos datos es la brecha cada vez más profunda de la desigualdad», manifestó Abasolo, quien también criticó la postura de la presidenta regional, Cristina Cifuentes, que «presentó medidas contra la pobreza energética justo después de conocerse la iniciativa de Podemos«. «Nos resulta sorprendente este interés por la pobreza energética por parte de un gobierno y de un partido político que no llevaba esta temática en su programa y que se han visto obligados a tomar medidas ante las iniciativas puestas en marcha por otros partidos políticos, como en el caso actual», concluyó.

El diputado del PP, Enrique Núñez, dijo que esta medida está incluida en el acuerdo de investidura con Ciudadanos, pero una enmienda presentada por el PSOE «nos lleva a no apoyarla«, ya que «no enriquece el texto y genera más desigualdad«. La enmienda del PSOE plantea «poner en marcha todas las medidas necesarias para garantizar el acceso al suministro de agua, electricidad y gas a todos los hogares afectados por pobreza energética en Madrid, con especial urgencia durante el otoño e invierno, evitando, por tanto, la suspensión de dichos suministros». Asimismo, los socialistas proponen «establecer un baremo relacionado con la renta y que sean los servicios sociales los que determinen la situación de pobreza energética«.

Extremadura también anuncia nuevas medidas

La Junta de Extremadura tiene previsto aprobar la semana que viene un decreto-ley para atender las necesidades de «mínimos vitales» de las familias en situación de pobreza y riesgo de exclusión. Así lo describió la portavoz del Gobierno autonómico, Isabel Gil Rosiña, al estudiar un informe del consejero de Políticas Sociales, José María Vergeles. Este decreto incluirá garantizar unos mínimos vitales de electricidad y agua. El Ejecutivo de Fernández Vara, según la portavoz, se encontró «una región quebrada socialmente» y con un aumento significativo de hogares en situación de pobreza y riesgo de exclusión social, que cifró en un 40%.

Una veintena de partidos se reafirma en que prohibirán el fracking en sus programas electorales

Redacción / Agencias.- Más de una veintena de partidos ratificó en el Congreso su compromiso de vetar en sus próximos programas electorales la técnica de la fractura hidráulica y prohibirla en el Estado, a excepción de PP, PNV, UPyD y CiU. Entre las formaciones que lo prohibirán, algunas sin representación parlamentaria, figuran Podemos, Ciudadanos, PSOE, Izquierda Plural, Coalición Canaria, Equo, Amaiur, CHA, el Partido Animalista (Pacma), Los Verdes y Esquerra Republicana. De igual modo, plataformas y colectivos reactivan la iniciativa Stopfracking 2015 para impedir esta técnica en España.

A tres meses de las elecciones generales, estos partidos y unos 200 grupos y asociaciones sociales y medioambientales contrarias al fracking renovaron el Compromiso para la prohibición de la fractura hidráulica en el Estado español, que firmaron en 2014. La secretaria de Cambio Climático y Sostenibilidad del PSOE, Pilar Lucio, indicó que su partido no varió «un ápice» su postura sobre este tema y las prospecciones petrolíferas. Por contra, «estamos a favor de que las renovables sean las protagonistas del modelo energético español y estamos convencidos de que la fracturación hidráulica se puede paralizar«, apuntó Lucio, que se mostró partidaria de ir reduciendo la generación nuclear y los combustibles fósiles.

El diputado de Izquierda Unida, José Luis Centella, hizo un llamamiento a «desenmascarar» a quienes se escandalizan cuando ocurren desastres naturales, en referencia al Gobierno popular, pero al mismo tiempo apoyan técnicas como el fracking, considerada a su juicio de alto riesgo. Asimismo, Juan López de Uralde (Equo) aseguró que no habrá fractura hidráulica si el próximo Gobierno cambia de signo político. Según el compromiso firmado, también paralizarán cualquier proyecto que utilice fracking de investigación o explotación de hidrocarburos no convencionales autorizados. El fracking consiste en inyectar grandes volúmenes de agua y productos químicos a gran profundidad para romper la roca de pizarra que alberga gas de esquisto o petróleo.

En el documento firmado advierten de la «creciente preocupación» de los ciudadanos por la proliferación de este tipo de proyectos y los «riesgos» asociados a los mismos, como la contaminación de acuíferos y atmosférica, la modificación paisajística o terremotos. Además, más de 200 colectivos sociales se han sumado a la iniciativa StopFracking2015 con el objetivo de paralizar el avance de la fractura hidráulica en toda España, según informó la Plataforma por un Nuevo Modelo Energético. Esta iniciativa, impulsada por un total de 27 plataformas antifracking, ha cosechado apoyos de numerosos colectivos sociales de diferentes ámbitos.

Precisamente, los representantes de los alrededor de 200 grupos contrarios a la fractura hidráulica se manifestaron previamente ante el Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente para denunciar los impactos ambientales, sociales y económicos de esta técnica y exigir su inmediata prohibición así como protestar contra las concesiones ambientales que dicho Ministerio otorgó o puede otorgar a los proyectos de fractura hidráulica. Hasta la fecha, cinco comunidades autónomas, La Rioja, Navarra, Cataluña y Cantabria y Andalucía, legislaron contra el fracking, si bien el Constitucional ya anuló las normas cántabra y riojana.

Reactivan la iniciativa Stopfracking 2015

Según el coordinador estatal de Ecologistas en Acción, Paco Segura, el Gobierno debería tener una actitud «mucho más crítica» con respecto a esta técnica, ya que sólo la ha facilitado. Por ello, desde Stopfracking 2015 han buscado el compromiso político de que, en el caso de que uno de esos partidos gobierne, se prohíba la técnica del fracking. La reactivación de esta iniciativa se debe a la cercanía del próximo periodo electoral y persigue que esos partidos firmantes del acuerdo, que según el coordinador de la ONG son «prácticamente toda la oposición», reflejen su compromiso en sus propios programas electorales.

Ante los políticos intervinieron los representantes de cada plataforma contra el fracking, entre ellas, Merindades de Burgos, donde están más avanzados los proyectos que, aunque no se han iniciado aún, empezarán a funcionar 8 pozos en 2016, según indicó Segura. También participaron las plataformas de todos los territorios donde, según Segura, hay «amenazas» de explotaciones de fracking, como las plataformas de Murcia, Cádiz, Jaén, Cantabria, Cataluña, entre otras, que expusieron sus demandas y sus motivos de oposición a esta técnica.

Asimismo, se celebró la jornada StopFracking2015, donde se analizaron aspectos relacionados con la fractura hidráulica, como la viabilidad económica de estos proyectos, los daños al medioambiente y a la salud humana, las alternativas energéticas, y las posibles vías jurídicas con el fin de paralizar esta técnica de extracción. Los denominados expertos dejaron en «entredicho» la viabilidad del fracking para el desarrollo energético del Estado, según Amigos de la Tierra. «Es necesario que la mayoría de reservas de combustibles fósiles que quedan en el subsuelo se queden ahí para siempre. Seguir extrayéndolos es incompatible con cualquier tipo de acción ambiciosa de lucha contra el cambio climático«, señaló Amigos de la Tierra.