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Bruselas da luz verde a la ampliación de una central nuclear en Hungría con financiación de Rusia

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Europa Press.- La Comisión Europea aprobó la construcción de dos reactores nucleares en la central nuclear Paks II (Hungría) con financiación pública, la mayor parte a través de un préstamo de Rusia, al concluir que los compromisos ofrecidos por Budapest minimizan el impacto sobre la competencia. Hungría y Rusia anunciaron en 2014 un acuerdo para la construcción de ambos reactores, acuerdo que incluye un préstamo de 10.000 millones de Moscú a Budapest para cubrir la mayor parte de esta ampliación.

El Ejecutivo comunitario ha concluido que los compromisos adquiridos por Hungría minimizan el impacto negativo sobre la competencia en el mercado único, por lo que ha decidido dar su visto bueno a la operación. En concreto, Budapest ha prometido, para evitar concentración en el marcado, que Paks II será una entidad legalmente y funcionalmente distinta a su operador, el Grupo MVM, así como que cualquier beneficio eventual de Paks II no podrá ser invertido en la construcción o adquisición de una capacidad adicional de generación.

Además, la central tendrá que vender al menos el 30% de su producción de electricidad al mercado abierto, mientras que el resto podrá ser ofrecido mediante subastas de un modo «objetivo, transparente y no discriminatorio». El objetivo de la ampliación es reemplazar los 4 reactores que operan actualmente en la central, que fueron construidos en los años 80 y representan aproximadamente el 50% de la producción de electricidad del país.

Una indemnización de 490 millones y abrir otra nuclear culmina el acuerdo para cerrar Fessenheim, reactor más antiguo de Francia

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EFE.- La eléctrica estatal EDF aprobó el acuerdo establecido con el Gobierno socialista francés para recibir una indemnización de unos 490 millones de euros para el cierre de la central nuclear de Fessenheim, la más antigua de las que están en servicio en Francia. El protocolo adoptado por el consejo de administración prevé el pago del 20% de esa indemnización en 2019 y el 80% restante en 2021, según ha indicado EDF, que precisó que los 490 millones son una estimación.

La cuantía final, equivalente a lo que la compañía dejará de ganar hasta 2041 por esa planta, se determinará en función de los precios de mercado de la electricidad y de la producción del equivalente de 900 megavatios, que es la potencia instalada allí. El consejo de administración de EDF podrá pronunciarse más adelante sobre el cierre efectivo de la central, situada en Alsacia, junto a la frontera alemana del río Rin, con dos reactores.

Esa decisión no se producirá mientras la empresa estatal no consiga las autorizaciones administrativas necesarias para continuar la construcción de su nueva planta atómica de Flamanville, en la costa de Normandía con la tecnología EPR. EDF recordó que el cierre de Fessenheim necesita un decreto para suprimir la autorización de explotación a petición de la empresa, y eso sucederá cuando entre en servicio Flamanville, «previsto a finales de 2018». Poner fin a la actividad de Fessenheim era una de las promesas electorales de François Hollande.

Hollande y su ministra de Ecología, Ségolène Royal, que en su ley de transición energética han fijado el objetivo de reducir el peso de la energía nuclear en la producción eléctrica del 75% actual al 50% en el horizonte de 2025, intentan dar los pasos necesarios para hacer irreversible el cierre de Fessenheim. El candidato de la derecha a las presidenciales de abril-mayo y favorito en las encuestas, el ex primer ministro François Fillon, prometió a los trabajadores afectados que, si llega al poder, la central alsaciana seguirá en funcionamiento.

La evaluación de reapertura de Garoña por el CSN está pendiente del envío de información y de modificaciones por Nuclenor

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Redacción / Agencias.- El presidente del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), Fernando Marti, explicó que el proceso de evaluación de reapertura de la central nuclear de Santa María de Garoña (Burgos) está pendiente del envío de información por parte del titular, Nuclenor, y de la puesta en marcha en la instalación de algunas modificaciones requeridas, por lo que «estamos a la espera de que Nuclenor cumpla las condiciones» para la reapertura de la central, que cesó su actividad a finales del año 2012.

Así lo explicó Marti durante su comparecencia ante la Comisión de Industria del Congreso de los Diputados, especificando que la central, perteneciente a Iberdrola y Endesa, tiene que aplicar los requisitos derivados de Fukushima y presentar unas modificaciones de diseño que deben estar implantadas antes de la carga de combustible para poner en marcha la central (estos incluyen el sistema de venteo filtrado de la contención, los recombinadores pasivos autocatalíticos y el Centro Alternativo de Gestión de Emergencias (CAGE). Estas modificaciones «habrían de ser apreciadas favorablemente por el CSN antes de su entrada en servicio». El presidente del CSN ha asegurado desconocer el coste de las mejoras que ha exigido a Nuclenor para reabrir Garoña.

Por otro lado, recordó que estos requisitos tendrían que haberse cumplido en septiembre de 2015, por lo que afirmó que «el calendario ha sido rebasado». Preguntado por la posibilidad de aparcar la posible reapertura de Garoña ante el retraso de su titular Nuclenor, aseguró que «el CSN no puede parar sus actividades reguladoras sobre Garoña». «No tenemos capacidad jurídica para parar esos expedientes, de unos señores que son regulados y que están pagando sus tasas», prosiguió Martí, quien advirtió de que «si lo hiciésemos, prevaricaríamos».

Por su parte, la mayoría de los grupos parlamentarios presentes en el Congreso, salvo PP y Foro Asturias, han vuelto a mostrarse partidarios del cierre definitivo de la central burgalesa, y en el caso del PSOE y Podemos, sus diputados han llegado a afirmar que el Gobierno, a través del CSN, «ensayan» con Garoña la extensión de la vida útil del parque nuclear hasta los 60 años. «La renovación de Garoña es un claro ejemplo de sus inconfesables intenciones, permitiendo que pueda operar hasta 2031 como solicitó Nuclenor», remarcó la diputada socialista Pilar Lucio, quien aseguró que «el Parlamento debe ser informado de estas intenciones».

«Garoña es un paripé para alargar la vida de las nucleares, su reapertura no interesa ni a los propietarios de la central», insistió el diputado de Podemos, Juan López de Uralde, quien exigió al presidente del CSN que no siga adelante emitiendo informes de Garoña «hasta que no haya nuevo Gobierno». La diputada de Ciudadanos Melisa Rodríguez, también acusó a Martí de «seguir dando curso» a los informes de Garoña pese a la discrepancia con la reapertura de la central nuclear de la mayoría parlamentaria.

Sobre el ATC, Marti indicó que el pleno del CSN remitió en julio de 2015 al Ministerio de Industria el informe favorable a la solicitud de autorización previa o de emplazamiento, estableciendo en dicho informe los límites y condiciones referidas a la seguridad nuclear y la protección radiológica. En este sentido, en 2016, el CSN ha trabajado en la solicitud de autorización de construcción, concretamente en la evaluación del Estudio Preliminar de Seguridad que ha generado una petición de información adicional. Igualmente, ha recalcado que hubo dos inspecciones centradas en garantía de calidad, en el diseño de la instalación y en las actividades de caracterización geológica y geotécnica en campo.

Un político antinuclear gobernará la región japonesa con la mayor central nuclear del mundo y se opondrá a su reactivación

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EFE.- El político antinuclear Ryuichi Yoneyama se impuso en los comicios para ser gobernador de la prefectura japonesa de Niigata, que acoge la mayor central nuclear del mundo, en lo que puede suponer un revés para la política atómica del Gobierno central. Yoneyama, independiente que ha contado con el apoyo del Partido Comunista y otros dos pequeños grupos, se impuso con el 53,2% de los votos a su rival en las urnas, Tamio Mori, según indicó la comisión electoral de Niigata.

Desde el arranque de campaña, Yoneyama mostró su clara oposición a que vuelva a operar la planta nuclear de Kashiwazaki-Kariwa amparándose en el accidente ocurrido en la de Fukushima en 2011, mientras que Mori nunca dejó clara su postura al respecto. «Déjenme decir que bajo las actuales circunstancias no puedo aceptar la reactivación, ya que entonces no puedo proteger las vidas de la gente tal y como prometí», aseveró el político tras conocer el resultado.

Muchos miembros del gobernante Partido Liberal Demócrata (PLD) expresaron su preocupación ante la posibilidad de que una victoria de Yoneyama bloquee en el futuro el reinicio de Kashiwazaki-Kariwa, que con sus 7 reactores y su capacidad para generar hasta 8,2 millones de vatios de electricidad es la mayor del mundo. Para impulsar la economía de Japón, país energéticamente muy dependiente del exterior, el Gobierno apuesta por la reapertura en el país de las centrales nucleares bajo nuevos y más estrictos requisitos en materia de seguridad.

Además de por su gran capacidad y envergadura, la central carga también con el estigma de ser propiedad de Tokyo Electric Power (TEPCO), la empresa que está detrás del desastre nuclear de Fukushima, y de haber sufrido pequeñas fugas radiactivas a causa de un terremoto de 6,6 grados en la escala Richter que golpeó Niigata en 2007. Para revitalizar sus maltrechas cuentas, TEPCO tiene depositadas enormes esperanzas en la reactivación de Kashiwazaki-Kariwa, la única que le queda en condiciones operativas, y solicitó permiso a la Autoridad de Regulación Nuclear (NRA).

Las energéticas pagarán 23.600 millones de euros en Alemania para financiar el almacenamiento de los residuos nucleares

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EFE.- Las compañías de suministro energético alemanas pagarán al Gobierno 23.550 millones de euros más intereses para financiar el almacenamiento temporal y definitivo de los residuos nucleares, según un proyecto de ley que será acordado el 19 de octubre. Esta cantidad, que las compañías deberán comenzar a pagar a partir del 1 de enero de 2017 a un fondo estatal, les exime de su responsabilidad en la basura radioactiva.

Asimismo, las empresas de suministro energético podrán acordar realizar a plazos los pagos y deberán haberlos completados, como muy tarde, el 31 de diciembre de 2026. El fondo estatal gestionará el almacenamiento temporal y definitivo de los residuos nucleares. Por otro lado, las compañías energéticas sí tendrán responsabilidad sobre el cierre y desmantelamiento de las centrales nucleares, así como del embalaje de los residuos nucleares.

La Audiencia desestima el recurso de Nuclenor contra la multa de 18,4 millones por el cierre de Garoña en 2012

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Europa Press / EFE.- Mientras desde la Junta de Castilla y León sostienen que su posición «ni ha variado ni variará» sobre el futuro de la nuclear de Santa María de Garoña (Burgos), que debe reabrirse bajo los parámetros de «seguridad y empleo», la Audiencia Nacional desestimó el recurso presentado por Nuclenor en contra de la sanción de 18,4 millones de euros que le impuso en julio de 2014 la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) por el cierre en 2012.

En su sanción, el regulador consideró que Nuclenor, participada por Endesa e Iberdrola, había incurrido en una infracción muy grave al acometer una «reducción, sin autorización, de la capacidad de producción o de suministro de energía eléctrica». El cese de la explotación de Garoña estaba previsto para el 6 de julio de 2013, si bien Nuclenor acordó el 14 de diciembre de 2012 extraer el combustible nuclear. Apenas 15 días después entrarían en vigor los nuevos impuestos eléctricos. La CNMC consideró que el cese de actividad se produjo «estando plenamente vigente y operativa la autorización de explotación de la central, y sin que concurrieran las circunstancias de parada previamente programada, ni circunstancias imprevistas que aconsejaran o hicieran necesaria la parada».

«La Sala comparte plenamente el planteamiento de la resolución de la CNMC», señala la Audiencia, que considera además que el operador de Garoña «siguió una política de hechos consumados, limitándose a comunicar al Ministerio su decisión unilateral de cese, comunicación que no tuvo lugar hasta el 28 de diciembre de 2012, 14 días después de adoptarse el acuerdo». La comunicación, señala la Audiencia, se produjo «cuando el proceso de descarga del combustible estaba ya concluido desde el anterior 22 de diciembre», de modo que «la recurrente puso en conocimiento del Ministerio unos hechos ya consumados«.

En su recurso ante la Audiencia Nacional, la sociedad propietaria de Garoña, que tiene una potencia de 455 megavatios (MW), sostenía que la decisión de su consejo de administración se adoptó únicamente como consecuencia de los efectos asociados a la nueva tributación a los residuos nucleares, aprobada por el Gobierno para atajar el déficit de tarifa eléctrica. Los nuevos impuestos de la Ley 15/2012 implicaban, según cálculos de Nuclenor, un pago «inasumible» de 153 millones de euros para Garoña, que consideraban que hacía la central “inviable”, lo que supone una causa con carácter de «imprevisibilidad» que, a juicio de la demandante, le debería eximir de cumplir el plazo de operación con un año de antelación.

La decisión del consejo de administración «se adoptó únicamente cuando los efectos asociados a la nueva tributación suponía la declaración de concurso de la sociedad y no desde el momento en que se tuvo conocimiento del establecimiento de un nuevo tributo que reduciría notablemente la rentabilidad de la instalación», afirmaba la propietaria de Garoña. Nuclenor también consideraba que la infracción de la CNMC es desproporcionada y que infringe «de manera flagrante» el principio de tipicidad establecido en la Ley 30/1992. Precisamente, la sentencia ve adecuada la sanción de 18,4 millones de euros calculada basándose en el 10% de la cifra de negocio que tuvo la central nuclear en 2011, que se elevó a 184 millones.

Junto a esto, la empresa discrepaba de las consideraciones del regulador acerca de los efectos de su decisión sobre la seguridad de suministro. Considerar que el cierre afectaría al suministro «estaría en contradicción con la existencia en la actualidad de un exceso de capacidad de generación eléctrica, según aseveraciones tanto del propio Ministerio como de la CNMC», señalaba. En su demanda, Nuclenor llegaba a considerar que la decisión del cierre de Garoña resulta «totalmente insignificante para la seguridad del suministro». Por ello, fuentes de la empresa explicaron que la interposición del recurso de casación ante el Tribunal Supremo, cuya argumentación no han desvelado, será suficiente para suspender el pago de la multa hasta que se produzca una resolución judicial definitiva.

El Ejecutivo siempre ha mantenido abierta la puerta a que la planta retome la actividad. Actualmente, el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) evalúa la petición de la central de renovar su permiso de explotación hasta 2031, cuando sumaría 60 años de antigüedad. El 27 de mayo, Nuclenor presentó dicha solicitud y el Gobierno solicitó al CSN el informe preceptivo. Si éste es negativo, obligará al cierre de la planta y si es positivo dejará la decisión en manos de Industria y del Consejo de Ministros.

El PP se opone a la petición mayoritaria de la oposición de citar en el Congreso al presidente del CSN

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EFE.- La Comisión de Industria, Energía y Turismo del Congreso decidirá este miércoles si cita a comparecer al presidente del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), Fernando Martí, para que presente los informes de actividad de este organismo en 2014 y 2015 y sobre el futuro de las centrales de Almaraz (Cáceres) y Garoña (Burgos), una petición de la oposición que el PP rechaza. Previsiblemente se aprobará al ser una petición de la mayoría de los grupos.

Fuentes parlamentarias explicaron que los populares alegan para su negativa que la comparecencia del responsable del CSN en la Cámara Baja siempre se ha producido en una ponencia específica cuyas reuniones no son públicas, dado el tema de especial sensibilidad del que trata. Sin embargo, en este caso, el hecho de que la ponencia aún no esté constituida y la posible disolución de las Cortes el 1 de noviembre, lleva a los grupos parlamentarios a adelantar la presencia de Martí en comisión, ya que esperar a esos trámites para una comparecencia en ponencia impedirían que ésta se produjera y se tendría acumularía un nuevo informe a presentar, el de 2016.

El PSOE ya había presentado a mediados de septiembre una petición de comparecencia de Martí denunciando, además, que éste había usado «todos los subterfugios posibles para evitar comparecer» en la Cámara Baja desde diciembre de 2014, «a pesar de reiteradas peticiones formuladas por los grupos parlamentarios«. En el texto registrado, los socialistas también solicitaban su presencia en el Congreso para informar sobre la reapertura de la central de Garoña, la evaluación del emplazamiento del Almacén Temporal Centralizado (ATC) y la posible relajación de los criterios sobre la gravedad de los sucesos en las centrales nucleares.

Interior licita el mantenimiento de los sistemas de aviso en el entorno de las centrales nucleares

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EFE.- El Ministerio del Interior ha sacado a licitación el servicio de mantenimiento de los sistemas de aviso a la población y de radiocomunicaciones de las entidades locales adscritas a los Planes de Emergencia Nuclear con el objetivo de mantener  en estado operativo estos sistemas correspondientes a los entornos de las centrales nucleares de Santa María de Garoña (Burgos); Almaraz (Cáceres); Trillo y José Cabrera (Guadalajara), Cofrentes (Valencia) y Vandellós y Ascó (Tarragona). El contrato, dividido en lotes, tiene un valor estimado de 280.000 euros.

El CSN respalda el ATI de Almaraz, aunque aún precisa del visto bueno de Industria y Medio Ambiente

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EFE / Europa Press.- El Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) emitió un informe favorable para la construcción de un Almacén Temporal Individualizado (ATI) de combustible gastado en la central nuclear de Almaraz (Cáceres) que ocupará una superficie pavimentada de unos 2.649 m2, si bien su ejecución aún debe recibir el visto bueno tanto del Ministerio de Medio Ambiente como de Industria.

Para dar luz verde a la construcción del ATI, el Ministerio de Medio Ambiente aún debe elevar una respuesta al informe de impacto ambiental adscrito al proyecto. De ser favorable, es decir, si se considera que no afecta al medioambiente, se trasladará la misma al Ministerio de Industria que, junto al informe favorable del CSN, deberá pronunciarse. En el caso de que todos los informes respalden el proyecto del ATI, la dirección de la central nuclear de Almaraz tendrá que pedir autorización de obra al Ayuntamiento de esta localidad cacereña.

El CSN ha elevado una propuesta de informe favorable de la solicitud de autorización de ejecución y montaje del ATI para el combustible gastado en las dos unidades de la central de Almaraz. El Plan de Gestión de Residuos Radiactivos elaborado por ENRESA y aprobado en Consejo de Ministros en 2006 indica que para la gestión del combustible gastado se prevé la puesta en marcha del Almacén Temporal Centralizado (ATC), que acogerá combustible gastado y residuos de alta actividad, proyectado en Villar de Cañas (Cuenca). En caso de que no estuviera disponible el ATC en las fechas de necesidad de almacenamiento del combustible gastado de cualquier central española, se contemplaba los ATI como solución transitoria hasta su traslado al ATC.

Necesario para principios de 2018

El combustible gastado generado en la explotación de Almaraz está almacenado bajo agua, en las piscinas de combustible gastado, situadas en los edificios de combustible. De acuerdo con la capacidad útil de las piscinas, la central precisa que dicho ATI esté operativo en el primer semestre de 2018. Esto significa, que si no tuviera donde almacenar el combustible, la planta no podría seguir generando electricidad.

El ATI estará situado a la intemperie, en el área bajo control del titular, en una parcela ubicada al norte de la propia central y al este del embalse de Arrocampo. Según describe el dictamen técnico del regulador, básicamente el ATI constará, «de una losa sísmica de hormigón armado, sobre la que podrán descansar verticalmente, sin anclajes, hasta 20 contenedores cargados con el combustible gastado y dispuestos en dos filas», según el informe. La losa estará rodeada de un muro de hormigón armado cerrado en todo su perímetro, excepto en el acceso a la losa, que tendrá como finalidad reducir la exposición a la radiación directa emitida por los contenedores. Este muro delimitará una superficie pavimentada de aproximadamente 2.649 m2.

Los componentes del contenedor se agrupan en tres elementos: el cuerpo del mismo, constituido, entre otros elementos, por virolas y un blindaje neutrónico; un sistema de cierre y el bastidor de combustible, que es el componente más cercano al contenido radiactivo que aloja el contenedor. La misión de este último es múltiple en relación a los elementos combustibles, pues dar soporte y ubicación, protección estructural, disipación de calor residual y mantenimiento de la reactividad en niveles subcríticos, según se explicó.

6 condiciones para la autorización

La autorización lleva asociadas seis condiciones, en las que se establecen los términos y límites específicos de las fuentes radiológicas; medidas de protección contra incendios; deberá cumplir la normativa estadounidense aplicable, la que aplica la Nuclear Regulatory Commission. Además, antes de que comience a ejecutarse la obra del ATI, se deberá haber hecho y auditado aspectos como la utilización de materiales de acuerdo a la norma española, tales como el uso de hormigón estructural de acuerdo con unos requisitos y comprobaciones para garantizar que se cumpla la normativa. Asimismo, se habrá de hacer estudios relativos a la interacción del suelo con la estructura, así como hacer y auditar la ruta de traslado y operaciones del combustible dentro de la losa.

Pese a que el dictamen era favorable a la solicitud de Almaraz, los técnicos consideran que el titular deberá aportar análisis de riesgos relacionados con la presencia de otras industrias, transportes o instalaciones militares que operen en la proximidad del emplazamiento así como completar la caracterización hidrogeológica en la zona, tanto en la unidad acuífera somera como de los niveles más profundos y de su interrelación, realizando ensayos de bombeo adecuados. Igualmente, deberá facilitar la integración del comportamiento de las aguas subterráneas en la zona local del ATI, con las de la isla nuclear y las del resto del emplazamiento de la central, así como confirmar la existencia de un margen entre el ATI y el nivel de agua subterránea.

La alarma de una central nuclear china estuvo apagada durante tres meses

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EFE.- El sistema de alarma que controlaba la radiación de un reactor en una central nuclear de Shenzhen estuvo apagado accidentalmente durante tres meses sin que nadie se percatara de ello. Los responsables de la planta, donde la alarma dejó de funcionar, admitieron este problema en un reciente informe bianual sobre el funcionamiento de las instalaciones en el que rechazaron calificar el hecho de una brecha en la seguridad.

La ausencia de alarmas se descubrió cuando un trabajador de la central descubrió que éstas se habían desactivado en el reactor número uno. La alarma fue activada de inmediato y una inspección posterior no detectó incidentes fuera de lo normal durante el periodo sin sistemas de seguridad. Es el segundo caso de negligencia en centrales nucleares chinas que se conoce en los últimos meses, después de que en agosto cuatro operarios de una planta en Yangjiang fueran sancionados por ocultar un problema técnico que causó la detención del sistema de refrigeración de uno de los principales reactores. Las autoridades no informaron de si el suceso produjo una fuga de radiación o supuso una amenaza a la seguridad en la zona.