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Colectivos cántabros, vascos y burgaleses exigen al Gobierno vasco paralizar toda actividad relacionada con el fracking

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Europa Press / EFE.- La Asamblea anti-fracking de Las Merindades y Norte de Burgos, formada por colectivos sociales cántabros, vascos y burgaleses, pidieron al Gobierno vasco la paralización de toda actividad de exploración y explotación de gas mediante la técnica del fracking por parte de la Sociedad de Hidrocarburos de Euskadi (SHESA), dependiente del Ente Vasco de la Energía y que se encarga de la búsqueda del gas.

Miembros de la asamblea se concentraron en Bilbao, donde leyeron un comunicado en el que advirtieron a la consejera de Desarrollo Económico y Competitividad, Arantza Tapia, de las consecuencias que «para la salud y el medio ambiente de Castilla y León, Euskadi, Cantabria y otras regiones, así como para el suministro de agua potable al Valle de Mena, las Encartaciones y a todo el Gran Bilbao pueden tener las perforaciones proyectadas en la localidad burgalesa de Merindad de Montija». Los manifestantes portaban pancartas en las que se leían frases como Porque el agua y el aire no entiende de fronteras, fracking no, o Prohibición de fracking en Castilla y León.

«El pozo Angosto A, en la localidad de Loma de Montija, además de afectar seriamente y de forma negativa la forma de vida de esta zona, eminentemente agrícola, ganadera y turística, también pone en peligro el agua de ríos y acuíferos«, indicaron. En este sentido, incidieron en que esta actividad afectará a las dos vertientes de aguas de esta zona, el agua del Pantano de Ordunte y el río Cadagua. «También es necesario recordar que los permisos solicitados por SHESA en las áreas de explotación Enara 1 y 2 afectarán directamente al espacio Red Natura 2000 del río Zadorra y, además, al acuífero de calizas de Subijana, principal reserva de agua subterránea de Euskadi», auguraron.

Por otro lado, también aseguraron que existe otro peligro adicional como es la proximidad a estos permisos de la central nuclear de Garoña. «Las Merindades han sufrido movimientos sísmicos en más de una ocasión y se han registrado terremotos de intensidad nada despreciable y atribuidos al fracking en áreas en que con anterioridad a la aplicación de esta técnica se desconocían por completo», apuntaron. Por todo ello, exigieron al Gobierno vasco el cese total e inmediato de toda actividad relacionada con la exploración y explotación del fracking, sea dentro de Euskadi o en otros territorios.

La Junta de Castilla y León critica que las compañías eléctricas «no cuiden» a sus suministradores nacionales de carbón

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EFE.- El director general de Minas de la Junta de Castilla y León, Ricardo González Mantero, criticó a las compañías eléctricas «por no cuidar a sus suministradores nacionales igual ya que el precio del carbón internacional puede variar». González Mantero también afirmó que no entiende la propuesta del PSOE para solicitar nuevas ayudas a la minería del carbón «cuando no está previsto y está fuera de cualquier posibilidad que Europa pueda aceptar».

En este sentido, el responsable de Minería autonómico apuntó que el fin de las ayudas a las empresas mineras en 2018 es algo que hasta Carbunión tiene «perfectamente aceptado«. También pidió que no se confunda a la opinión pública sobre la posibilidad de nuevas ayudas a partir de la última propuesta alemana para la explotación y exportación del sector minero.

Según Mantero, la propuesta alemana para el cierre de todas las empresas exportadoras de hulla y que son beneficiarias de ayudas «sigue adelante». «Lo que está encima de la mesa es continuar con la explotación a gran escala de lignito a cielo abierto y sin ayudas a partir de 2019, por lo que no es cierto, y no se puede dar a entender que Alemania propone nuevas ayudas a la minería«, ha aclarado el dirigente.

Por otra parte, y sobre la actual situación del sector del carbón en España, Mantero espera que se puedan realizar avances en la próximo reunión con el Ministerio de Industria el próximo martes. Para esta reunión la Junta prepara una propuesta para que se incluyan en los futuros fondos adicionales proyectos no desarrollados en planes anteriores en los municipios mineros.

Sobre la propuesta de la orden de pagos de capacidad para subvencionar la compra de carbón nacional, precisó que, «desgraciadamente, hay que modificarla ya que no se basó en los temas de seguridad de suministro tal y como exige Europa«. El director general lamentó que se esté en este punto, ya que se ha perdido un año entero, aunque se mostró optimista de cara a que con el plan de cierre consensuado ya con las empresas la orden de pago por capacidad pueda salir adelante y ser aceptada por Bruselas.

Gas Natural prevé empezar a distribuir gas en Menorca y un centenar de municipios de Cataluña y Aragón en 2016

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EFE.- Gas Natural Distribución, la compañía distribuidora de Gas Natural Fenosa, prevé empezar a distribuir gas natural en la isla de Menorca en 2016, así como hacer llegar el suministro de gas natural a aproximadamente «medio centenar» de municipios catalanes. La compañía también quiere ganar terreno en Aragón, donde ha solicitado poder suministrar gas natural a 81 poblaciones de la comunidad. Asimismo, la compañía ha invertido 2,5 millones de euros para el suministro en Guardo (Palencia).

Así lo indicaron el director de la zona este de Gas Natural Distribución, Avelino Arduengo, y el delegado de Nuevas Poblaciones e Infraestructuras de Cataluña y Baleares, Robert Gauxax, que explicó que el proyecto en Menorca está en información pública y a la espera de la autorización de las autoridades competentes, el gobierno balear principalmente, pero que la idea es empezar las obras «a principios de 2016». Gauxax comentó que no está claro por qué parte de la isla se empezará primero, ya que, según ha explicado, todo dependerá de las autorizaciones administrativas. En todo caso, aclaró que las infraestructuras necesarias para suministrar gas no tendrán impacto ambiental, ya que se situarán en centros industriales.

El gas natural no llegará a la isla mediante un gasoducto, sino que se distribuirá mediante camiones cisterna, y Gas Natural Distribución ha dejado claro que no habrá ningún tipo de sobrecoste para el consumidor de Menorca por los gastos de transporte. Gas Natural Distribución prevé invertir unos 30 millones de euros para hacer llegar el gas a 8 municipios de Menorca: Maó, Ciutadela, Alaior, Ferreries, Es Migjorn, Es Mercadal, Sant Lluís y Es Castell.

Otro «medio centenar» en Cataluña

En Cataluña, Gas Natural Distribución prevé hacer llegar el suministro de gas natural a aproximadamente «medio centenar» de municipios catalanes el año que viene, y estima que invertirá en ello «más de 100 millones de euros», según la previsión que avanzó Arduengo. Por otro lado, Gas Natural Distribución había anunciado que en 2015 tenía previsto invertir 99 millones en hacer llegar el suministro de gas a 28 nuevos municipios catalanes, aunque finalmente la previsión de cierre del año es hacer llegar el gas natural a un total de 56 nuevas poblaciones en Cataluña. Así, al cierre de 2015, Gas Natural estima que habrá 442 municipios catalanes con suministro de gas.

De cara a 2016, Arduengo ha asegurado que la compañía prevé hacer llegar gas natural a una veintena de municipios catalanes y, además, aprovechar los puntos de suministro de propano canalizado adquiridos a Repsol en Cataluña para hacer llegar por ellos gas natural a otra treintena de municipios catalanes. Gas Natural Fenosa está presente en España a través de nueve compañías distribuidoras que operan en 10 comunidades, aunque Cataluña es, de lejos, la comunidad con más puntos de suministro, ya que tendrá 2,18 millones de puntos al acabar este año.

Pretende ganar terreno en Aragón

Por otra parte, Gas Natural Distribución quiere ganar terreno en Aragón y ha solicitado poder suministrar gas natural a 81 poblaciones de la comunidad. De esta forma, la distribuidora de Gas Natural Fenosa, que ya suministra a clientes domésticos en cuatro municipios (Fuentes, Quinto, Gelsa y Mallén), aspira a ampliar su peso en el mercado doméstico de gas, dominado en Aragón por la compañía Redexis.

Inaugura suministro en Guardo (Palencia)

La empresa Gas Natural Castilla y León ha invertido 2,5 millones de euros para el suministro de gas natural en la localidad palentina de Guardo, con el objetivo de que en 2016 el 80% de los hogares y negocios de este municipio, de más de 7.000 habitantes, pueda beneficiarse de este servicio. La compañía ya ha recibido cerca de un centenar de solicitudes para instalar gas natural en hogares y comercios de Guardo, según comunicó. La empresa ha instalado una estación de regulación y medida en el polígono industrial, desde donde parte una red principal de 1,7 kilómetros que posibilitará el suministro a la localidad.

En Guardo ya existe una red de GLP (gas licuado del petróleo) de 5,7 kilómetros, que Gas Natural ha comprado recientemente a Repsol Gas, y cuyas instalaciones se transformarán a gas natural en los próximos meses sin coste alguno para los usuarios. Además, la distribuidora presentó el proyecto para la gasificación de Velilla del Río Carrión, que partiría de la red de gas natural de Guardo y que está pendiente de las pertinentes autorizaciones administrativas.

En total, Gas Natural Castilla y León invertirá este año 3,4 millones de euros en la provincia de Palencia, donde cuenta con más de 35.000 puntos de suministro, lo que supone que cerca de 40.000 palentinos utilizan esta energía. La empresa gestiona una red de distribución de más de 330 kilómetros en nueve municipios: Aguilar de Campoo, Dueñas, Fuentes de Valdepero, Guardo, Grijota, Palencia, Venta de Baños, Villalobón y Villamuriel de Cerrato. En Castilla y León, la compañía presta servicio a más de 524.000 usuarios de las provincias de Burgos, León, Palencia, Salamanca, Segovia, Soria, Valladolid y Zamora, a través de 4.500 kilómetros de red.

Más de 1.250 organizaciones de 64 países piden a los líderes políticos mundiales, incluido Rajoy, que rechacen el fracking

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Europa Press / Servimedia.- Más de 1.250 organizaciones civiles y plataformas ciudadanas de 64 países firmaron una carta dirigida a los líderes mundiales, entre ellos al presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy, que rechacen el fracking y apoyen su prohibición y lo expresen en acuerdos internacionales, como el que se negociará en la Cumbre del Clima de París. Entre estas organizaciones, figura Ecologistas en Acción, que señala que 74 organizaciones y plataformas le han hecho llegar la petición a Rajoy para que prohíba el fracking.

Además de rechazar la técnica de fractura hidráulica o fracking para la extracción de gas natural o petróleo de yacimientos no convencionales en España, los firmantes piden que se alcance un compromiso para dejar la mayor parte de los combustibles fósiles en el subsuelo y posibilitar así una transición hacia un futuro con energía 100% renovable, necesaria para combatir el calentamiento global en la próxima cumbre mundial sobre el clima, que se celebrará en París (Francia) del 30 de noviembre al 11 de diciembre. Las organizaciones del Global Frackdown, movimiento internacional celebrado desde 2012, esperan que así se logre resaltar el creciente movimiento «contra esta peligrosa técnica y crear presión sobre los líderes nacionales para que se opongan a ella».

Las organizaciones españolas señalaron que, mientras Escocia, Francia y Bulgaria prohibieron el fracking o han establecido moratorias por los riesgos que conlleva esta técnica, el Gobierno de Rajoy ha impulsado «numerosos proyectos de extracción de gas mediante fractura hidráulica repartidos por buena parte de la geografía española».  «Estos proyectos han generado la creación de decenas de plataformas ciudadanas antifracking, con fuertes movilizaciones que se oponen a esta técnica, e incluso el desarrollo de legislación autonómica para frenarla en varias comunidades autónomas», destacaron. En septiembre, todos los partidos políticos con representación en el Congreso, a excepción de PP, CiU, PNV y UPyD, así como otras formaciones que no tenían representación parlamentaria, ratificaron su compromiso para la prohibición del fracking en España.

Entre las organizaciones firmantes hay entidades ambientales como Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción y Greenpeace, y formaciones políticas como Equo e ICV. En este contexto, aseguran que las movilizaciones sociales de los últimos años demuestran que la ciudadanía «rechaza esta técnica debido a los riesgos que conlleva, tales como afecciones a la salud, contaminación de acuíferos, emisiones de gases de efecto invernadero, elevado consumo de agua, aumento del riesgo de seísmos o impacto paisajístico, entre otros». En definitiva, las organizaciones firmantes esperan que el presidente Rajoy tenga en cuenta esa «gran oposición» ciudadana y que el Gobierno frene de una vez los proyectos de fracking en España y abra paso a las energías renovables.

También a Juan Vicente Herrera

Por otro lado, Ecologistas en Acción de Castilla y León también envío esta carta al presidente de la comunidad autónoma, Juan Vicente Herrera, para pedir la paralización de la fractura hidráulica. Ecologistas en Acción incidió en que los impactos negativos del fracking incluyen contaminación del aire, con grandes emisiones de metano, gas con 21 veces más potencial de calentamiento global que el CO2, y agua, problemas en la salud pública, terremotos, además de ir en detrimento del cambio «urgente e inevitable» hacia las energías renovables.

La organización añadió que en Castilla y León, la provincia de Burgos es en la que los permisos de fractura hidráulica están más avanzados de toda España y, tras rechazar en tres ocasiones las mociones de oposición en terreno burgalés, acabaron por presentar alegaciones en contra de los pozos proyectados por BNK y por aprobar una moción en contra de esta técnica a la espera de nuevas informaciones que certifiquen que su puesta en marcha sería segura para la salud y el medio ambiente. Además, el permiso Gran Enara, que agrupa varios permisos de investigación que afectan a País Vasco, Castilla y León, Navarra y Cantabria, fue ampliado por el Ministerio de Industria hasta 2017.

Finalmente, Ecologistas en Acción denunció que «la industria del petróleo y el gas haya gastado millones de dólares en campañas de relaciones públicas para poder extraer combustibles sin la suficiente supervisión gubernamental». Sin embargo, han asegurado la opinión pública en oposición al fracking continúa creciendo. «Mientras que la industria trabaja intensamente para proteger sus ganancias y extinguir la demanda mundial de combustibles limpios y renovables, hay un enorme movimiento en marcha en todo el mundo para proteger nuestros recursos globales del fracking«, ha aseverado Ecologistas.

La oposición exige mayor agilidad a la comisión parlamentaria que investiga la trama eólica de Castilla y León

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EFE.- La oposición pidió «mayor agilidad» en la actuación de la comisión de investigación de la trama eólica de Castilla y León, mientras que el PP decidió con su voto ponderado que primero se reciba la documentación y después se soliciten las comparecencias.

La comisión de investigación de la trama eólica en las Cortes de Castilla y León ha celebrado una nueva reunión sobre la trama eólica en la que aceptó la petición de parte de la documentación solicitada por los grupos y se propuso, con el voto de los procuradores del PP, que las comparecencias se soliciten una vez conocidos los informes. A juicio del portavoz del PP, Raúl de la Hoz, es «lógico» que primero se tenga conocimiento del contenido de la documentación y en función del mismo se cite a comparecer a las personas que puedan aportar a la investigación.

En este sentido, el popular ha resaltado la intención de su grupo de evitar que la comisión «se convierta en un circo» y destacó la importancia de contar primero con el informe de la Agencia Tributaria que sacó a la relucir la trama para la adjudicación de parques eólicos en Castilla y León. Después de asegurar que se trata del mismo sistema que se utiliza en el Parlamento andaluz para la investigación de los cursos de formación, con el voto a favor del PSOE y Ciudadanos, por lo que en Castilla y León estos grupos rechacen «solicitar primero la documentación y después solicitar las comparecencias».

El portavoz del PSOE, Javier Izquierdo, ha abogado por una mayor transparencia en la comisión y ha acusado el PP de «discurso falsario» y de una «labor de obstrucción y de oscurantismo«. Izquierdo mostró su disgusto por el desarrollo de la comisión y lamentó que «no se haya sustanciado ninguna comparecencia y ha advertido de la posibilidad de que la comisión no se pueda reunir hasta dentro de dos meses.

El portavoz de Ciudadanos, José Ignacio Delgado, indicó que en su grupo están «un poco hartos de la batallita que se traen el PP y el PSOE» en la comisión y advirtió de que «se trata de avanzar y no de poner comas». Por ello, instó al PP, «más que al PSOE», a que cambie la dinámica de la comisión porque «no se avanza lo que se tenía que avanzar».

Ciudadanos pidió en las Cortes, para que sea tenido en cuenta en la Comisión, la comparecencia de 26 personas, entre ellas la del actual alcalde de Salamanca y secretario general del PP de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, exconsejero de Interior y Justicia de la Junta, y del extesorero del PP Angel Sanchis. Según el portavoz de Ciudadanos, la petición de comparecencia de Fernández Mañueco responde a una «responsabilidad política» y para que diga «cuando tiene conocimiento de los implicados del Partido Popular» y que medida se adoptaron en el seno de su formación.

El líder de Podemos, Pablo Fernández, lamenta que no se alcanzara un acuerdo en cuanto a las comparecencias por la oposición del PP cuando, a su juicio, existía la posibilidad de que algunas personas ya podían ir compareciendo a pesar de no contar con toda la documentación por lo que ha advertido que la comisión tiene que ser «más ágil«. Por ello reclamó que la documentación de la Agencia Tributaria llegue cuanto antes y que se facilite el trabajo a los miembros de la Comisión, Desde Podemos también pidieron que se remitan y se centralicen los documentos en las Cortes.

La Junta de Castilla y León abre una nueva línea de ayudas a la eficiencia energética a comunidades de vecinos

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EFE.- La Junta de Castilla y León abrirá en las próximas semana el plazo para la convocatoria de ayudas con destino a mejorar la eficiencia energética en las comunidades de vecinos de la Comunidad. La convocatoria, para los dos próximos años, fue anunciada por el director general de Energía y Minas de la Junta, Ricardo González Mantero, y se enmarca en las subvenciones que para tal fin se destinan en los fondos europeos Feder para 2016-2023.

Una línea de ayudas por la que Castilla y León destinará alrededor de 8 millones de euros para eficiencia energética durante los próximos 7 años y que durante el 2016 y 2017 tendrán como destino las comunidades de vecinos. La Consejería de Economía y Hacienda divulgará esta nueva línea de ayudas, que se convocará en diciembre, e informará a los administradores de fincas a fin de que conozcan las actividades que pueden ser subvencionables. Así, las medidas de eficiencia energética incluyen, además de las instalaciones de calderas de biomasa, todo tipo de aislamientos, los repetidores de carga para que se facture la calefacción por consumo y no por superficie y cualquier medida que suponga una mejora de la eficiencia energética.

Mantero ha subrayado las posibilidades de la biomasa en Castilla y León, que cuenta ya con numerosas fábricas y centros logísticos con una producción de 250.000 toneladas de pellets que «cubren el consumo anual de la Comunidad cifrado en 225.000 toneladas«. El responsable de Energía de la Junta ha destacado que la biomasa es «una energía nuestra con un gran potencial de crecimiento, que nos deja un gran valor añadido y que supone una importante actividad económica y de creación de empleo para la comunidad».

Las Cortes de Castilla y León piden a Hacienda el informe sobre las autorizaciones eólicas que remitió a Anticorrupción

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EFE.- La Comisión de Investigación creada en las Cortes de Castilla y León para analizar supuestas irregularidades en la autorización de parques eólicos en esta Comunidad pidió a la Agencia Tributaria el informe que remitió sobre el caso a la Fiscalía Anticorrupción.

El presidente de esta comisión, Juan José Sanz Vitorio (PP), indicó que confían en contar con este documento, que consideran como la piedra angular de esta investigación, porque está regulado por un Decreto y la petición irá suficientemente motivada como para que no pueda rechazarse su envío por parte de la Agencia Tributaria. «Nos asiste la razón al pedir el informe», recalcó Vitorio sobre una documentación que, sin obtenerla, fue requerida por la Junta de Castilla y León a la Agencia Tributaria cuando el diario El País publicó en abril una información que aludía al informe y cifraba en 110 millones de euros los pagados supuestamente a altos cargos de la Junta para facilitar la instalación de determinados parques eólicos.

Sanz Vitorio explicó que también han solicitado un informe a los letrados del Parlamento autonómico para dar apoyo legal a la decisión de los integrantes de la Comisión para que las comparecencias puedan ser abiertas a los medios de comunicación, en contra de lo que señala el Reglamento de las Cortes, que las declara secretas. Ahora los grupos tienen de plazo hasta el próximo 3 de noviembre para presentar sus demandas de documentación y comparecientes.

La oposición teme al PP

El portavoz del PSOE en esta Comisión, Javier Izquierdo, alertó de la posibilidad de que la acción de la comisión se vea «obstaculizada por el PP», que es el grupo que puede con sus votos condicionar qué documentación se analiza y qué comparecientes se cita. Izquierdo ha pedido que los trabajos sirvan para dilucidar qué ha ocurrido para que pueda producirse una «trama de extorsión» para agilizar determinados parques eólicos, porque estas circunstancias «pueden dañar la imagen de Castilla y León» como destino de inversiones. Finalmente exigió al PP que dé «claras muestras de transparencia» permitiendo las comparecencias solicitadas por la oposición, como las del actual embajador de España en Reino Unido, Federico Trillo, y el diputado Vicente Martínez Pujalte.

Sobre esta cuestión, el portavoz del PP en esta Comisión, Raúl de la Hoz, ha distinguido entre dos tipos de comparecencias: una primera fase de personas de un perfil «técnico-político» directamente relacionadas con los procedimientos de autorización de los parques eólicos y otra segunda, vinculada a las personas que aparezcan citadas en el informe de la Agencia Tributaria remitido a Anticorrupción. De la Hoz considera que el informe de la AEAT es «la piedra angular» de los trabajos de investigación y rechazó que pueda hablarse por parte de algún portavoz parlamentario de «sobornos o extorsiones», lo que calificó de «imprudente».

El portavoz de Podemos, Pablo Fernández, también ha considerado el informe de la Agencia Tributaria como la «piedra angular» y ha mostrado su preocupación por que la comisión no se centren en depurar responsabilidades políticas y se limite a un desfile de técnicos como comparecientes. Por su parte, el representante de Ciudadanos, José Ignacio Delgado, considera que los «plazos son razonables» para iniciar los trabajos y se ha mostrado partidario de que la investigación no se convierta en «un escarnio» sino en la búsqueda de la «transparencia» sobre lo que ha denominado «trama eólica», por lo que intentarán «dar en el clavo» en las peticiones para que los comparecientes no vayan «a pasar el tiempo sino con algo que decir».

La red de CLH en La Rioja conecta País Vasco, Navarra y Castilla y León con el oleoctucto Rota-Zaragoza

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EFE.- La red de la Compañía Logística de Hidrocarburos (CLH) cuenta con un ramal de 14 kilómetros en La Rioja de «importancia estratégica» para el funcionamiento de la compañía, ya que permite conectar al País Vasco, Navarra y Castilla León con el oleoducto Rota-Zaragoza, que cruza la península de norte a sur. Esta información fue trasladada y explicada por el presidente de CLH, José Luis López de Silanes, en su encuentro con el presidente del Gobierno de La Rioja, José Ignacio Ceniceros.

Además, el Grupo CLH está presente en La Rioja a través de su filial CLH Aviación, que cuenta con una instalación en el aeropuerto de Logroño-Agoncillo, desde donde presta servicios de abastecimiento y puesta a bordo de queroseno a las distintas aerolíneas que operan en esta terminal. Asimismo, abastece de productos petrolíferos a La Rioja desde diferentes instalaciones, principalmente desde la planta de Rivabellosa (Álava), lo que proporciona a la comunidad una gran seguridad en el suministro. Durante 2014, CLH suministró más de 283.000 metros cúbicos de productos petrolíferos, principalmente gasóleos, a los distintos operadores de La Rioja para atender la demanda de los consumidores.

El Grupo CLH es la empresa líder en el transporte y almacenamiento de productos petrolíferos en el mercado español. En España cuenta con una red de oleoductos de más de 4.000 kilómetros de longitud y 39 instalaciones de almacenamiento, con una capacidad de 8 millones de metros cúbicos. A nivel internacional, la compañía está presente en Reino Unido, a través de su filial CLH-PS, donde gestiona una red de infraestructuras formada por 2.000 kilómetros de oleoductos y 16 instalaciones de almacenamiento, con un millón de metros cúbicos de capacidad. CLH también está presente en Omán.

El PSOE quiere que comparezcan Pujalte y Trillo en la comisión encargada de la trama eólica de Castilla y León

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EFE.- El líder del PSOE de Castilla y León, Luis Tudanca, anunció que pedirá que el actual embajador de España en Reino Unido, Federico Trillo, y el diputado del PP, Vicente Martínez Pujalte, comparezcan en la Comisión de Investigación sobre las instalaciones eólicas en esta comunidad, cuyo contenido y conclusiones serán abiertas y no «secretas», como establece el Reglamento de las Cortes de Castilla y León.

Un día antes de que la Comisión de Investigación arranque en la práctica, Tudanca ha recordado que los nombres de Trillo y Pujalte están supuestamente vinculados por medio de sendos despachos de abogados con el asesoramiento a empresas que pudieron beneficiarse de adjudicaciones de instalaciones eólicas previo pago de comisiones a altos cargos de la Junta de Castilla y León, lo que investiga actualmente la Agencia Tributaria. El dirigente socialista ha considerado que también el exconsejero de Economía y Empleo Tomás Villanueva y el presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, deben «dar explicaciones sobre este caso», que investiga el supuesto pago de «unos 100 millones de euros en comisiones ilegales».

El Gobierno busca convencer a la Unión Europea que los incentivos al carbón no son ayudas del Estado

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EFE.- El ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, ha afirmado hoy que el objetivo del Gobierno es convencer a la Unión Europea (UE) de que los incentivos al carbón previstos en la propuesta ministerial no son ayudas de Estado.

En declaraciones a la prensa después de inaugurar la presentación del informe Industria Conectada 4.0: la transformación digital de la industria española, Soria ha insistido en que el carbón nacional «necesita algún incentivo para que pueda ser quemado».

Ha recordado que hasta diciembre de 2014 existía un sistema de incentivos cuyo final estaba previsto en el propio decreto que fijaba las ayudas porque más allá la UE «lo consideraba ayuda de Estado».

«Se trata de disponer de una herramienta, de ahí la orden ministerial que hemos preparado, que al mismo tiempo que sea compatible con incentivar la compra y la quema de carbón nacional en la generación eléctrica, no sea considerado por parte de la UE como una ayuda de Estado», ha dicho.

El objetivo del Gobierno es «convencer a la UE de la compatibilidad de este tipo de ayudas, porque no son ayudas sin más, si no que son ayudas a inversión en estas centrales térmicas, ayudas que llaman a la desnitrificación, porque eso permite reducir las emisiones que estas centrales tienen como consecuencia de la quema del carbón», ha añadido.

Soria se ha referido al informe publicado esta semana por la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC), que cuestiona la eficiencia económica de la propuesta de Orden presentada por el Gobierno para incentivar el uso de carbón nacional para generar electricidad y advierte de que Bruselas podría considerarlo ayudas de estado incompatibles con la normativa.

«El informe de la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) es un informe preceptivo, pero no vinculante. Lo estamos analizando con mucho detalle», ha dicho el ministro, que ha recordado que aun no se conoce «el criterio en esta materia de la UE».