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Page cree que hay una razón económica muy poderosa para que el Gobierno central quiera seguir construyendo el ATC nuclear

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Europa Press.- El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha exigido al Gobierno “prudencia” con respecto a la construcción del Almacén Temporal Centralizado (ATC) en Villar de Cañas (Cuenca) y ha insistido en que tiene que haber «alguna razón económica muy poderosa» para que el Ejecutivo «siga planteándosela», después de que el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (TSJCM) haya desestimado el recurso del Ayuntamiento de Villar de Cañas contra la resolución que declaró nulo el Plan de Ordenación Municipal (POM).

El presidente regional ha contestado de esta forma al ministro de Justicia y diputado por Cuenca, Rafael Catalá, que reiteró el «compromiso» del Gobierno central con el Almacén Temporal Centralizado de residuos nucleares, considerando «muy importante» que salga adelante. García-Page ha reiterado que España «tiene que plantearse la estrategia de gestión de residuos«, al tiempo que se ha mostrado «satisfecho» de que el TSJCM haya dado la razón a la Consejería de Fomento, asegurando que el  POM es «tan ilegal que el Ayuntamiento no va a hacer reclamación, salvo que haya intereses más radiactivos que lo que se quiere enterrar».

El presidente regional ha criticado la «demagogia barata» de «ver al ministro Soria y a Cospedal intentar decirle a la gente que les había tocado la lotería porque hacían un agujero donde se enterraban residuos nucleares», asegurando que al instalar el ATC en la provincia conquense «se espanta el turismo y además se hace correr riesgo a la población en los cientos de tránsitos de camiones peligrosos». «Hubo en el aire muchas instalaciones posibles y no se eligió la primera, la segunda ni la tercera, se eligió la cuarta», ha recordado, manifestando que «hay opciones posibles y alternativas» al almacenamiento centralizado de los residuos nucleares.

En referencia a los tres informes de la Confederación Hidrográfica del Guadiana que informan desfavorablemente al respecto de la suficiencia de recursos hídricos para las demandas que contempla el pueblo y el ATC, García-Page considera que «que falte agua para el ATC puede ser hasta conveniente para que no salga adelante», aunque ha reconocido que podría ser malo «para otras inversiones positivas» en la zona.

PP pide soluciones a Page

Por su parte, el PP de Castilla-La Mancha ha señalado que respeta las decisiones judiciales respecto al ATC de Villar de Cañas, al tiempo que ha pedido a García-Page, que aporte soluciones y no confrontaciones con el Gobierno central. Así ha reaccionado la presidenta del Grupo Parlamentario Popular, Ana Guarinos, que ha recordado que el presidente castellano-manchego dijo «hace tiempo» en relación al ATC que el Gobierno de Castilla-La Mancha tenía la capacidad de crear 1.000 puestos de trabajo en Villar de Cañas. «Estamos esperando esos puestos de trabajo que Page prometió, ¿Dónde están?», se ha preguntado la diputada popular.

PSOE pide un debate autonómico

Por otro lado, el PSOE de Castilla-La Mancha ha registrado en las Cortes regionales un debate general relativo a la situación del ATC de Villar de Cañas. Así lo anunció el diputado regional del PSOE, Fernando Mora, quien lamenta que el ATC «sea consecuencia» de una decisión política y no técnica, en donde se prevé una inversión de 700 millones de euros. «Esa inversión daría solución inmediata a la vida de mucha gente en nuestra región, sin embargo nos meten basura nuclear con un cementerio que está teniendo todas las dificultades del mundo, incluso ante los tribunales», ha argumentado Mora.

Bajo su punto de vista, esa es la «consideración» de la presidenta regional del PP, María Dolores de Cospedal, con Castilla-La Mancha. «Los ciudadanos no le importaban nada y su único objetivo era quedar bien con Rajoy para ser ministra. Le importa un pito esta región», sentenció. Con todo, y tras la sentencia del TSJCM, Mora se mostró confiado en que el Gobierno de España sea «sensato de una vez».

La patronal APPA considera que los cambios regulatorios en Andalucía, Aragón, Galicia o Castilla-La Mancha ayudarán a impulsar las renovables

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Europa Press.- La Asociación de Empresas de Energías Renovables (APPA) considera que las modificaciones regulatorias abordadas recientemente por comunidades autónomas como las de Andalucía, Aragón, Galicia o Castilla-La Mancha ayudarán a impulsar las renovables en España. La patronal destaca que estas autonomías están siendo «las más activas» a nivel regulatorio para impulsar las renovables en sus territorios.

En concreto, APPA señala que Galicia, con su Ley 5/2017, no solo ha impulsado por vía rápida los proyectos adjudicados en las subastas, sino que garantizó la tramitación simplificada para el resto de proyectos que se presentaron antes de diciembre. Asimismo, destaca que Andalucía también ha facilitado la tramitación de acceso y conexión, entendiendo que los trámites administrativos no deben demorar el desarrollo renovable, mientras que Castilla-La Mancha, con el Decreto 34/2017, «curiosamente publicado antes que las subastas de 2017, ha cambiado para bien la tramitación de los nuevos proyectos».

En lo que respecta a Aragón, la patronal considera que es una de las comunidades autónomas que «ha visto recompensado su esfuerzo regulatorio con la concesión de numerosos proyectos en las recientes subastas«. Además, APPA valora el papel «muy activo» de Extremadura en la agilización de los proyectos, lo que se ha traducido en «un importante atractivo para las empresas». La asociación subraya que las subastas implican la posibilidad de instalar 8.700 megavatios (MW) de nueva potencia renovable, con inversiones de 8.300 millones de euros.

El fracking protagoniza una pugna entre PP y PSOE en Castilla-La Mancha sobre las competencias autonómicas mirando al País Vasco

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Europa Press.- El PP y el PSOE han discrepado sobre el recurso de inconstitucionalidad que el Gobierno central ha interpuesto contra determinados preceptos de la ley antifracking de Castilla-La Mancha. Si la diputada autonómica popular Claudia Alonso ha recordado que en el debate parlamentario de la norma «quedó claro» que la Administración regional no tenía competencias en esta materia, la portavoz autonómica del PSOE, Cristina Maestre, ha recordado al Ejecutivo central que en otras comunidades el recurso «no les ha salido bien«.

Preguntada por este asunto concreto en una rueda de prensa, Alonso ha defendido que de llevarse a término este recurso «será por intromisión de competencias». «Aunque no estemos de acuerdo con que se hagan estas actuaciones en suelo castellano-manchego, que se dediquen a legislar cosas que son de nuestra competencia», le pidió la parlamentaria de la oposición al Ejecutivo autonómico.

Visión distinta tiene la portavoz de los socialistas castellano-manchegos, pues ha afirmado que con este recurso el Gobierno de Rajoy «demuestra una vez más que tiene obsesión por traer a esta comunidad todo lo negativo y quitar lo que necesitamos: ya nos han traído un basurero nuclear y ahora no quieren que se aplique esta norma«. Tras asegurar que el Ejecutivo regional «estará a lo que diga el Tribunal Constitucional», advirtió al Gobierno central que en otras Comunidades Autónomas como el País Vasco, el recurso «no les ha salido bien».

Catalá asegura que «en el siglo XXI nadie puede dudar de que el ATC se hará con todas las garantías»

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Europa Press.- El ministro de Justicia y diputado por Cuenca, Rafael Catalá, ha insistido tras el terremoto de 3,7 grados registrado en Yebra (Guadalajara) en que, «en el siglo XXI, nadie puede tener dudas de que el proyecto del ATC se hará con todas las garantías«, al tiempo que añadió que «nadie va a dejar ni el más mínimo resquicio a ninguna incertidumbre en términos de seguridad».

Catalá se ha mostrado convencido del proyecto y seguirán “empujando para que se lleve adelante». A este respecto, incidió en que el Gobierno central está comprometido en llevar adelante el proyecto «con toda la seguridad, con todas las garantías» para, a continuación, subrayar que España cuenta con un sistema de centrales nucleares «que generan residuos y hay que almacenarlos en algún sitio» ya que, hasta ahora, se han trasladado fuera «con un coste altísimo, que repercute en la factura de la luz que pagamos todos«.

Asimismo, ha recordado que el proyecto de construcción del silo para depositarlos, «fue un tema que se trabajó durante muchísimos años, en el que se tomó una decisión», por lo que se ha mostrado «seguro de que lo que hay que hacer es llevarlo adelante en Villar de Cañas«, que fue «la localización acordada y con todas las garantías». «Nadie puede dudar del compromiso del Gobierno y de toda la sociedad española en torno a la seguridad en el tratamiento de los residuos de las centrales nucleares que forman parte de nuestro mix energético», esgrimió.

Catalá ha vuelto a defender el proyecto de Villar de Cañas por su «muy importante» capacidad de creación de riqueza y empleo para la provincia. «No hay otro de esa capacidad y naturaleza y, sin duda, la pieza de la seguridad nos preocupa a todos, no a unos sí y otros no», ha indicado, para, a continuación, señalar cómo «algunos» han descartado este proyecto «y son capaces de inventarse zonas de protección de aves inexistentes para bloquear un proyecto con la trascendencia que tiene este».

Ecologistas en Acción es pesimista ante la próxima Declaración de Impacto Ambiental del ATC nuclear por parte de Medio Ambiente

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Europa Press.- El portavoz de Ecologistas en Acción Castilla-La Mancha, Miguel Ángel Hernández, se ha mostrado pesimista ante la próxima Declaración de Impacto Ambiental con la que el Ministerio de Agricultura, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente (MAPAMA) se pronunciará ante la viabilidad de la instalación del Almacén Temporal Centralizado (ATC) de residuos nucleares prevista en la localidad conquense de Villar de Cañas.

Según Hernández, «las señales son negativas» ante este pronunciamiento ya que «los movimientos por parte de Enresa y del Ministerio es de seguir planteando documentos cada vez más voluminosos que ensombrecen el análisis del proyecto». Ha recordado que la instalación «tiene riesgos no sólo radiológicos, sino también en cuanto al transporte y por el sustrato geológico donde se plantea». «Estamos muy preocupados, no sabemos por donde saldrá la declaración pero no somos optimistas», ha lamentado.

Hernández hacía estas declaraciones después de reunirse con el vicepresidente segundo del Gobierno autonómico, José García Molina, con quien ha compartido que son necesarios «algunos cambios a nivel normativo y estatutario» para dar cabida a reivindicaciones ecologistas que blinden aspectos como la prohibición del fracking o el propio ATC. Ha alertado de que en los últimos años el recorte en políticas medioambientales ha sido del 40%, algo que «todavía no se ha recuperado». «Debemos rectificar y mejorar para que la situación medioambiental de la región se consolide como algo importante para todos los ciudadanos», subrayó.

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea avala el canon eólico de Castilla-La Mancha al respetar la ley europea

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Redacción / Agencias.- El Tribunal de Justicia de la Unión Europea considera que el gravamen aplicado por el Gobierno de Castilla-La Mancha a la producción eólica, el canon eólico, es compatible con la normativa comunitaria. Así ha respondido este tribunal a varias consultas del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha tras recibir denuncias de este impuesto por parte de las empresas Elecdey Carcelén, Energías Eólicas de Cuenca, Iberenova Promociones e Iberdrola Renovables sobre el canon eólico diseñado en 2011 por Castilla-La Mancha.

Las compañías acudieron al Tribunal Superior de Castilla-La Mancha cuando fueron desestimadas sus solicitudes en las que pedían una rectificación de las autoliquidaciones en concepto del canon eólico de 2011 y 2012 y la devolución de los importes pagados. En este sentido, ante las preguntas del tribunal manchego, el tribunal europeo determina que dicho gravamen es compatible con los objetivos de la Directiva 2009/28, relativa al fomento de la energía procedente de fuentes renovables y con las disposiciones que ésta contiene sobre las tasas administrativas.

En su sentencia, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea explica que esta normativa «no prohíbe que los Estados miembros establezcan un canon que grave los aerogeneradores afectos a la producción de energía eléctrica, ni los obliga a aplicar sistemas de apoyo para promover la utilización de energía procedente de fuentes renovables ni, cuando deciden aplicar esos sistemas, a configurarlos como exenciones o desgravaciones fiscales«. Por otro lado, el Tribunal de Justicia europeo dictamina que la directiva que reestructura el régimen comunitario de imposición de productos energéticos y de la electricidad tampoco se opone al canon eólico puesto que «éste no grava los productos energéticos ni la electricidad en el sentido de la directiva».

Ni impuesto energético ni especial

En este sentido, la sentencia afirma que «no existe ningún vínculo entre, por un lado, el hecho imponible del canon eólico y, por otro, la producción efectiva de electricidad por los aerogeneradores, y aún menos el consumo de electricidad producida por éstos«. Por último, el Tribunal de Justicia dispone que el canon eólico tampoco está incluido en el ámbito de aplicación de la directiva sobre el régimen general de los impuestos especiales, porque que dicho canon «no constituye un impuesto que grava el consumo de productos energéticos o de electricidad».

El Tribunal considera por otra parte que la cuestión de si el objetivo del canon es la protección del medio ambiente, como defienden el Gobierno español y la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha, se inscribe únicamente en el ámbito del Derecho nacional. El gravamen autonómico sobre la energía eólica fue establecido mediante la Ley 9/2011, de marzo, por la que se crea el canon eólico. El hecho imponible que lleva aparejado el pago del canon es la generación de impactos adversos sobre el medio natural y el territorio, como consecuencia de la instalación en parques eólicos de aerogeneradores destinados a la producción de energía eléctrica.

La patronal, los sindicatos y el Cermi piden a la Junta de Castilla-La Mancha que siga prohibiendo las gasolineras desatendidas

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EFE.- La patronal de gasolineras, los sindicatos CCOO y UGT, el Cermi y la asociación de consumidores Facua quieren que el Gobierno de Castilla-La Mancha mantenga en la nueva normativa en la que trabaja la prohibición de que existan gasolineras desatendidas en la región, por razones de seguridad, empleo y sociales.

Este es el motivo que les ha llevado a registrar en la Consejería de Sanidad y Consumo 14 propuestas que esperan que se incluyan en el nuevo decreto que sobre esta materia está elaborando el Gobierno regional para adaptarse a la normativa europea, «más permisiva con las gasolineras sin empleados», según el presidente de la patronal de gasolineras, Alberto Domínguez.

Domínguez ha explicado que, de las 14 propuestas, «hay una que solventaría todo el problema y es que todas las unidades de suministro de carburante deben cumplir la obligación legal de contar al menos con un empleado», a lo que obligaba el anterior decreto de la Junta, del año 2005. Además, esto iría a favor de una mayor seguridad, que, a raíz de los atentados de Barcelona, «se ha demostrado que es el mayor valor a defender y que no puede ir una persona a una gasolinera y llevarse la cantidad de litros que quiera de gasolina, que es un material muy peligroso», ha alertado.

El responsable regional de Industria de CCOO, Ángel León, ha subrayado que en Castilla-La Mancha hay 730 estaciones de servicio, de las cuales el 16% (160) son desatendidas, lo que se ha traducido en una pérdida de empleo desde 2014 de 136 puestos de trabajo, a lo hay que sumar la falta de seguridad y el menoscabo de los derechos de los discapacitados y la competencia desleal entre las empresas.

En similares términos se expresó el responsable regional de la Federación de Industria de UGT, Carlos Duque, quien se ha referido además a la campaña de recogida de firmas que han iniciado para que el Gobierno regional endurezca las medidas para evitar que proliferen este tipo de gasolineras sin personal, que además, aseveró, deberían estar penalizadas porque no crean empleo.

Por su parte, el gerente de Cermi en Castilla-La Mancha, José Antonio Romero, indicó que este organismo a nivel estatal ha trasladado a la Unión Europea el planteamiento de que «es incompatible la liberalización del servicio que pretende hacer la Unión Europea con la armonización de los derechos de las personas con discapacidad«. Y recalcó que la Convención de la ONU establece que, en el acceso a bienes y servicios, «se tiene que primar a las personas con movilidad reducida o cualquier discapacidad», lo que incluye el repostaje de combustible, derechos que también recoge la ley autonómica de Garantías de los Derechos de los Discapacitados.

Por último, el presidente regional de la asociación de consumidores Facua, Francisco Ferrer, apuntó que esta organización está también muy sensibilizada con este asunto «tan preocupante y peligroso a la vez». Y criticó que, «con la excusa de mantener o crear competencia, lo que no deseamos es que se rebajen los derechos de los consumidores y usuarios castellano-manchegos, cuya competencia no es de Europa, sino que es de nuestra comunidad», recalcó, y que ya estaban garantizados en la normativa autonómica.

Castilla-La Mancha pide un nuevo estudio de impacto ambiental que reformule el proyecto del ATC o que lo declare inviable

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Europa Press / EFE.- La Junta de Castilla-La Mancha quiere que se elabore un nuevo estudio de impacto ambiental que reformule «la perspectiva dada» al proyecto del Almacén Temporal Centralizado (ATC) y del centro tecnológico asociado, que incluya un nuevo procedimiento de información pública y consultas, o bien que emita una Declaración de Impacto Ambiental que lo declare «inviable».

Así consta en un informe de la Viceconsejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural de la Junta de Castilla-La Mancha, que responde al requerimiento de mayo de la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental y Medio Natural del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente sobre la información del expediente del ATC. El portavoz del Gobierno de Castilla-La Mancha, Nacho Hernando, ha explicado que el gobierno autonómico ha remitido al Ejecutivo central un «informe preceptivo para esa declaración o eventual Declaración de Impacto Ambiental en base al estudio de impacto ambiental que ha realizado el Gobierno de Castilla-La Mancha para el proyecto de construcción de ATC».

El portavoz del Ejecutivo regional comparte la preocupación que manifestaron los ecologistas ante la posibilidad de que el Gobierno central apruebe la Declaración de Impacto Ambiental del ATC de residuos nucleares proyectado en Villar de Cañas antes de que acabe el año. En este sentido, precisó que el informe es «rotundo» y alega que instalar el ATC en Villar de Cañas (Cuenca) es «inviable, inmoral e incluso extremamente peligroso» y confía en que este informe «sea tenido en cuenta por encima de cualquier otro interés».

El texto establece que el objetivo del informe es establecer «claramente la posición contraria» de la comunidad autónoma de una posible emisión del Ministerio de una Declaración de Impacto Ambiental favorable al ATC y, por tanto, pide que su informe sea «tenido en cuenta en todas sus consideraciones». En su requerimiento, el departamento ministerial pedía información «más detallada» a la empresa estatal de residuos ENRESA sobre el posible impacto del ATC en la avifauna a la luz de los estudios de la comunidad autónoma así como que se completara «las carencias» en la evaluación de las posibles repercusiones sobre el régimen hidrológico del río Záncara.

En su respuesta, la Junta consideraba que se debía incluir la «alternativa cero», que solo se considera en el estudio de impacto ambiental inicial, donde solo se dice que se descarta como viable la alternativa cero o de no actuación pues implicaría que no se podrían desmantelar las centrales nucleares. Sin embargo, valora que el hecho de que se dieran pasos previos con distintas alternativas de emplazamiento no es óbice para que estos se incluyan en el estudio de impacto ambiental para tomar la decisión técnicamente viable y ambientalmente más favorable, una vez analizados los aspectos económicos, sociales y ambientales del total de las etapas.

Dicho informe, ha proseguido el portavoz del Ejecutivo castellano-manchego, «pone de manifiesto que este contundente estudio de impacto ambiental presentado por la Junta de Comunidades ratifica que Enresa no incluye ninguna exposición de las principales alternativas estudiadas ni siquiera una justificación de las principales razones de la solución adoptada y, teniendo en cuenta los efectos ambientales, no hay ningún estudio de alternativa de ubicación como exigió el Tribunal Constitucional«. Según ha proseguido Hernando, el informe de Enresa adolece también de «alternativas» al afectar la instalación del ATC a un espacio de la Red Natura 2000, «protegida por la Unión Europea».

De este modo, el documento expone que a juicio de la Viceconsejería, el proceso de análisis de alternativas expuesto en el estudio de impacto ambiental «no cumpliría con los requerimientos que actualmente exige la normativa en materia de evaluación ambiental, ni cumpliría con los principios de participación pública e integración de los aspectos ambientales en la toma de decisiones». Además, en su oposición al proyecto alega que «no cumple» el plan de ordenación urbana de Villar de Cañas ni con las «exigencias sectoriales establecidas en materia de ordenación del territorio».

En cuanto a los recursos hídricos necesarios, recuerda que la Confederación Hidrográfica del Guadiana informó favorablemente de proporcionar hasta 15.000 metros cúbicos y que posteriormente el proyecto del ATC se ha reducido de los 44.895 metros cúbicos iniciales a 14.867,68 metros cúbicos. Sin embargo, el informe de la Junta recuerda también las necesidades hídricas del vivero de empresas y del parque empresarial, que sumadas alcanzaría los 20.732 metros cúbicos anuales.

«Con tales consumos previstos no se podría acreditar la existencia de recursos hídricos suficientes para llevar a cabo las actuaciones contempladas. La nueva documentación sigue sin justificar la suficiencia en cuanto a la disponibilidad de recursos hídricos», añade la viceconsejería autonómica, que recuerda los «sucesivos» informes de la Confederación informando desfavorablemente sobre la suficiencia de recursos hídricos. En ese ámbito, también critica que el estudio «no pone medios» que impida los flujos someros que hay en la zona en fases posteriores a la construcción, dada la baja permeabilidad del terreno.

En definitiva, en materia de agua, la Viceconsejería considera que el contenido del estudio de impacto ambiental presentado «no responde suficientemente» a las posibles afecciones sobre la hidrogeología que se plantean y la no existencia de vulnerabilidad a la contaminación de las aguas subterráneas. En este contexto, critica también que hay un «amplio número» de proyectos asociados a la instalación que han quedado fuera de consideración en el estudio de impacto ambiental porque se han evaluado de forma separada, a pesar de que son inherentes al mismo, como el vallado de la instalación, vivero de empresas, laboratorio, parque empresarial, acondicionamiento de acceso, suministro eléctrico, canteras y vertederos vinculados al movimiento de tierras. Considera que deberían haberse analizado de forma conjunta.

La Plataforma contra el ATC nuclear en Villar de Cañas teme una declaración ambiental positiva antes de fin de año

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EFE / Europa Press.- La Plataforma de Afectados por la instalación del Almacén Temporal Centralizado (ATC) de residuos nucleares cuya instalación está prevista en Villar de Cañas (Cuenca) asegura que la declaración de impacto ambiental (DIA) positiva por parte del Gobierno de Mariano Rajoy es «inminente», podría estar tramitada antes de finalizar 2017, y en ese caso «quedaría despejado el camino para que conceder la primera autorización» del ATC.

La Plataforma ha registrado en la Subdelegación del Gobierno en Cuenca un documento de alegaciones para rebatir los elaborados por ENRESA en los que, según la Plataforma, la empresa de residuos nucleares “defiende” que el ATC es “compatible” con la Zona de Especial Protección de Aves (ZEPA) de la Laguna de El Hito en sus límites ampliados por el Gobierno autonómico de Castilla-La Mancha; algo con lo que no está de acuerdo la Plataforma. Uno de los portavoces, Carlos Villeta, denuncia que el almacén nuclear se quiere levantar en un espacio protegido dentro de la Red Natura 2000, y que esto se barajó «en su momento como motivo de exclusión» para poder acoger el ATC.

Según ha indicado la Plataforma, de esta manera la empresa pública demuestra que «las importantes deficiencias en la documentación de la evaluación ambiental del cementerio nuclear no parecen un impedimento para una inminente aprobación de la declaración de impacto ambiental». Este colectivo ha recordado que desde la redacción del impacto ambiental «se ha sabido que las condiciones de los terrenos son inadecuadas para instalar el ATC», y ha considerado que tampoco se han evaluado «las afecciones debidas al transporte, ni se ha dado a conocer el proyecto a los 215 ayuntamientos por los que pasarían los convoyes de residuos nucleares».

Otra portavoz de la plataforma, María Andrés, ha indicado que «el empeño» del Gobierno central en construir el ATC es un indicio claro de su intención de mantener la vida de las nucleares más allá de los 40 años recogidos en el VI Plan de Residuos Radiactivos. Por último, han avanzado que la Abogacía General del Estado ha ampliado la denuncia interpuesta ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha contra la ampliación de la ZEPA de El Hito, y las próximas semanas la Plataforma presentará el escrito de respuesta a estas denuncias en las que ya está trabajando.

Elcogas acepta vender su emplazamiento e instalaciones en Puertollano a Ence, que proyecta una planta de biomasa de 50 MW

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EFE.- La junta general de accionistas de Elcogas aprobó una opción de compra de su emplazamiento, así como de algunas de las instalaciones, equipos y otros servicios, por parte del grupo empresarial Ence para el futuro desarrollo de un nuevo proyecto industrial con biomasa en Puertollano.

El acuerdo contempla la venta del emplazamiento de la planta GICC de Elcogas en Puertollano, para el desarrollo por parte de Ence de un nuevo proyecto industrial, para lo que requiere el aprovechamiento de los terrenos, parte del equipamiento de la actual central GICC y otros servicios utilizados por Elcogas. Durante el periodo de tramitación del nuevo proyecto y traspaso de servicios continuarán los trabajos de desmantelamiento de los equipos y componentes que no vayan a ser reutilizados, así como la limpieza de los terrenos en los que se depositaron combustibles y otros productos, de acuerdo con las licencias y condiciones establecidas en su momento por el Ministerio, la Junta y el Ayuntamiento de Puertollano.

Los accionistas de Elcogas han expresado su satisfacción por que el emplazamiento y parte de los activos de la antigua central GICC puedan formar parte de un nuevo proyecto industrial y han expresado su deseo de que se pueda generar nuevo empleo y riqueza en la comarca de Puertollano de la mano de un grupo multinacional líder. Ence se interesó en adquirir el emplazamiento y parte de los equipos a Elcogas para una planta de generación eléctrica con biomasa de 50 MW condicionada a “que resulte adjudicataria en una futura subasta del Ministerio de Energía de capacidad de energía renovable con biomasa suficiente, y que las condiciones de dicha adjudicación establecieran una regulación favorable que garantizara la rentabilidad del proyecto».