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Castilla y León lideró la producción eólica en 2017 por delante de Castilla-La Mancha, Andalucía y Galicia

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EFE.- Castilla y León fue la comunidad autónoma que encabezó la generación eólica en España en 2017, con 11.061 gigavatios hora (GWh), seguida de Castilla-La Mancha y Andalucía, y Galicia, que, por primera vez, no se encuentra entre las tres primeras. La Asociación Empresarial Eólica (AEE) ha explicado que, según datos de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), la producción eólica de Castilla y León equivale al 80% del consumo eléctrico que tiene esa región.

En Castilla-La Mancha se generaron 7.421 GWh en 2017 y en Andalucía, 7.187 GWh, pasando Galicia al cuarto puesto, con 6.924 GWh. Las siguientes comunidades en producción eólica fueron Aragón, con 4.449 GWh; Cataluña, con 2.851 GWh; Navarra, con 2.421 GWh, y Comunidad Valenciana, con 2.174 GWh. Actualmente se genera energía eólica en quince comunidades autónomas españolas, a las que se sumará próximamente Extremadura con la construcción en Plasencia de su primer parque eólico, promovido por Gas Natural, denominado Merengue. Con este nuevo parque, sólo quedan la Comunidad de Madrid y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla como regiones sin producción eólica en España.

Castilla-La Mancha se compromete a reducir en 14.000 toneladas sus emisiones de CO2 hasta 2020 apostando por la biomasa

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EFE.- El Gobierno de Castilla-La Mancha ha aprobado la adhesión de la comunidad autónoma a un proyecto impulsado por la Oficina del Cambio Climático por el cual se compromete a reducir hasta en 14.000 toneladas sus emisiones de CO2 en los próximos 3 años, una estrategia que estará gestionada por la empresa pública de Gestión Ambiental Geacam. El portavoz del Gobierno regional, Nacho Hernando, ha explicado que si se consigue este objetivo las arcas públicas autonómicas recibirán 140.000 euros, una cantidad «simbólica».

Esa disminución de emisiones de CO2 será posible, según ha dicho, gracias a la estrategia de gestión de biomasa impulsada por el Gobierno, a través de la cual ya se han instalado calderas en 47 centros educativos castellano-manchegos. Además, se han invertido cerca de 30 millones esta legislatura en este plan, 15 de ellos destinados a trabajos en el monte. Hernando ha avanzado además que a finales de 2018 podría estar lista la Ley de Economía Circular de Castilla-La Mancha, una norma «pionera» que tiene como objetivo avanzar en la gestión de residuos y en la generación de empresas sostenibles.

Castilla-La Mancha recurrirá al Tribunal Constitucional la suspensión de la ejecutividad de la ley antifracking aprobada por las Cortes autonómicas

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Europa Press.- El Gobierno de Castilla-La Mancha va a presentar un recurso ante el Tribunal Constitucional solicitando el levantamiento de la suspensión de la ejecutividad de la ley antifracking aprobada por las Cortes regionales el año pasado, «mientras no exista un plan estratégico regional sobre la fractura hidráulica» que impida esta práctica en la región. Así lo puso de manifiesto el consejero de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, Francisco Martínez Arroyo, quien ha apoyado a las plataformas antifracking de la región.

«Esperamos que el Tribunal Constitucional levante la suspensión de la ejecutividad de la Ley porque de ellos depende que en Castilla-La Mancha se puedan realizar prácticas de fractura hidráulica y queremos impedirlo a través de ese recurso que vamos a presentar ante el Tribunal Constitucional», ha señalado. Y es que, ha incidido, la Ley aprobada en las Cortes de Castilla-La Mancha «no invade competencias estatales» ya que, ha recordado, «se apoya en dos competencias exclusivas de la Comunidad Autónoma: el medio ambiente y la salud pública», en las que «tenemos las competencias para legislar y no estamos de acuerdo con esa posición manifestada desde el Gobierno central a través del recurso que se ha admitido por el Tribunal Constitucional», explicó.

En suspenso por el recurso

En este sentido, ha indicado que, además de garantizar la salud pública y el medio ambiente, en Castilla-La Mancha se apuesta por un «modelo energético sostenible muy alejado de prácticas como el fracking y las energías nucleares y vamos a defenderlo siempre» porque «garantiza la viabilidad de nuestro territorio«. En la Ley aprobada por las Cortes regionales, actualmente en suspenso por el recurso admitido a trámite del Gobierno central ante el Tribunal Constitucional, se establecen las medidas adicionales de protección de la salud pública y el medio ambiente para la exploración, investigación o explotación de hidrocarburos utilizando la fractura hidráulica.

El Gobierno regional entiende que deben prevalecer las garantías de la salud pública y medio ambiente sobre una práctica «de la que se desconocen con precisión sus efectos» según resaltó el consejero de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, quien reitera que «hay argumentos suficientes para que en Castilla-La Mancha podamos legislar sobre esta materia apoyándonos en competencias exclusivas de Castilla-La Mancha y así vamos a defender los intereses en la región en este sentido».

El Gobierno identifica 165 proyectos en 12 comunidades autónomas como la potencia adjudicada en la primera subasta renovable de 2017

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Europa Press.- El Ministerio de Energía ha identificado todos los proyectos concretos que fueron adjudicados en la primera subasta de renovables, celebrada en mayo de 2017, y que ascienden a 165 repartidos en 12 comunidades autónomas, según indicó el departamento. Esta primera subasta se saldó con la adjudicación de 3.000 MW de instalaciones renovables, el máximo previsto, y sin coste para el consumidor eléctrico en el escenario de precios medios de referencia.

Se han identificado un total de 165 proyectos concretos: eólicos en su gran mayoría, fotovoltaicos y de otras tecnologías como la hidráulica, biogás o biolíquidos y solar termoeléctrica. Corresponden a un total de 22 promotores. Los 165 proyectos identificados se localizan en 12 autonomías. Aragón, con 80 proyectos, copa el 48,4%. Le siguen Galicia (25), Castilla y León (20), Castilla-La Mancha (13), Andalucía (9), Navarra (5), Cataluña (5), Murcia (4), País Vasco (1), Extremadura (1), Madrid (1) y Asturias (1).

Las solicitudes presentadas en esta primera subasta superaron en más de tres veces la potencia adjudicada, confirmando así el interés de los inversores por el sector de las energías renovables en España. Esta situación llevó al Gobierno a celebrar una segunda subasta en julio del 2017 donde se adjudicaron otros 5.000 MW renovables, cuyos proyectos concretos están también siendo identificados.

En consecuencia, supone un total de 8.000 MW de nueva potencia renovable, que estará en funcionamiento antes de 2020 y contribuirá a mejorar la competencia en el mercado eléctrico y reducir la dependencia energética del exterior, destaca el Ministerio de Energía. Esta nueva potencia supone un paso decisivo para la consecución del objetivo del 20% de renovables en el 2020. En este sentido, España se situó en 2016 un 17,4%.

Castilla-La Mancha cree que los temblores cerca del futuro ATC deben tumbar un proyecto que «puede traer el holocausto nuclear»

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Europa Press.- Mientras el delegado del Gobierno en Castilla-La Mancha, José Julián Gregorio, cree que no hay «absolutamente nada» que temer tras el terremoto registrado en La Alberca de Záncara (Cuenca), a unos 39 kilómetros del emplazamiento elegido para el Almacén Temporal Centralizado (ATC) de residuos nucleares en Villar de Cañas, el portavoz del Gobierno de Castilla-La Mancha, Nacho Hernando, señaló que este temblor «debería hacer tambalear el proyecto antes de que haga tambalear una infraestructura que podría traer el holocausto nuclear».

Ojo al transporte de residuos

Hernando ha considerado que este terremoto, de 3,2 grados en la escala de Richter, «tiene que hacer que la sociedad se eche las manos a la cabeza» ante el proyecto. Asimismo, según ha indicado, el transporte de residuos nucleares hasta Villar de Cañas «pondría en peligro a 215 municipios de España», por lo que hay que finiquitar el proyecto y «evitar que tres o cuatro se salgan con la suya».

“No hay nada que temer”

Por su parte, José Julián Gregorio ha asegurado que las medidas de seguridad en las instalaciones nucleares españolas son «de las más importantes a nivel europeo» y que la ciudadanía «no tiene que temer absolutamente nada». Gregorio ha hecho hincapié en que las medidas de seguridad en estas instalaciones «están todas supeditadas a parámetros de la seguridad nuclear europea», insistiendo en que dichas medidas «están valoradas por las inspecciones europeas». El delegado del Gobierno en la región ha afirmado que sigue pensando que el ATC es «una instalación necesaria» para el país y ha apuntado que su llegada traerá «una riqueza muy importante» para una zona «muy deprimida» porque «el empleo que trae el ATC es un empleo de calidad».

El Tribunal Constitucional admite a trámite el recurso de inconstitucionalidad del Gobierno central contra la ley antifracking de Castilla-La Mancha

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Europa Press.- El pleno del Tribunal Constitucional ha admitido a trámite el recurso de inconstitucionalidad promovido por el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, contra varios preceptos de la Ley de Castilla-La Mancha por la que se establecen medidas adicionales de protección de salud pública y del medio ambiente para la exploración, investigación o explotación de hidrocarburos utilizando la técnica de la fractura hidráulica, más conocida como fracking.

El Tribunal acuerda dar traslado de la demanda al Congreso de los Diputados y al Senado, así como a las Cortes y a la Junta autonómica de Castilla-La Mancha, que dispondrán hasta mediados de febrero para personarse en el proceso y formular las alegaciones que consideren convenientes. El pleno acuerda también la suspensión de la vigencia y aplicación de los preceptos impugnados, decisión que es consecuencia automática de la invocación por parte del Gobierno del artículo 161.2 de la Constitución.

Dicho precepto establece que “el Gobierno podrá impugnar ante el Tribunal Constitucional las disposiciones y resoluciones adoptadas por las Comunidades Autónomas. La impugnación producirá la suspensión de la disposición o resolución recurrida, pero el Tribunal, en su caso, deberá ratificarla o levantarla en un plazo no superior a 5 meses». La admisión a trámite y la suspensión cautelar no suponen anticipo alguno del pronunciamiento sobre el fondo del recurso, que el Tribunal resolverá una vez que esté concluso el proceso.

El PP respeta la admisión

Por su parte, el portavoz regional del Partido Popular, Lorenzo Robisco, ha asegurado, en relación a la admisión a trámite por parte del Constitucional del recurso del Gobierno central que «las decisiones judiciales se respetan». «Eso no es ni a favor ni en contra«, ha manifestado, donde ha apuntado que este asunto «lleva un curso» y que, «en ese curso, unos proyectos han salido adelante y otros no”. Dicho esto, ha incidido en que el PP no se va a mostrar «ni a favor ni en contra de las decisiones judiciales» y que será el tribunal «el que se pronunciará».

Page cree que nadie del sector nuclear quiere el ATC y asegura que Europa estudia un sistema global de almacenamiento

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Europa Press.- El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, asegura que «nadie dentro del sector nuclear» en España es partidario de poner en marcha el Almacén Temporal Centralizado (ATC) de residuos nucleares y ha recordado que desde las instituciones europeas se planteará en el medio plazo una estrategia global de almacenamiento de residuos «bajo el mar», lo que anula a su juicio la utilidad del silo previsto en la provincia de Cuenca.

Así lo aseguró a preguntas de los asistentes a un desayuno informativo organizado en Cuenca por la Cadena Ser, donde el presidente de Castilla-La Mancha ha dicho que la obra proyectada prevé «10.000 millones de euros de gasto y encima está mal emplazada». Tras alertar del problema que supondría que «cientos de camiones» cargados de residuos nucleares se desplazaran por carreteras de la región para llegar a Villar de Cañas, ha calificado como «broma de mal gusto» que desde el Gobierno de la nación pensaran que a los habitantes de la comarca «se les podría hacer creer que les había tocado la lotería» con su designación para albergar esta infraestructura.

Ecologistas Castilla-La Mancha rechaza la petición de Page de dedicar el dinero del ATC para autovías y propone «desarrollo sostenible»

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Europa Press.- Ecologistas en Acción de Castilla-La Mancha considera «desafortunada» la petición del presidente regional, Emiliano García-Page, de destinar el dinero previsto para la construcción del Almacén Temporal Centralizado de residuos nucleares (ATC) en Villar de Cañas al desarrollo de autovías en la comunidad autónoma, asegurando que lo que se necesita es «un desarrollo rural sostenible» y no más infraestructuras viarias. Desde la formación ecologista insisten en que su postura ante la inversión prevista es “reclamar más atención a las energías alternativas».

«Aunque está claro que el ATC tiene una dimensión más negativa que otros proyectos, es lamentable y preocupante la postura del Ejecutivo castellano-manchego, que frente a un proyecto insostenible y peligroso como es el basurero nuclear de Villar de Cañas plantee utilizar esos fondos para otros proyectos también insostenibles y que supondrán un enorme impacto», lamentan los ecologistas. Particularmente «grave» para la organización es «que se insista en reclamar una autovía entre Cuenca y Teruel, proyecto que ya ha sido objeto de una declaración de impacto ambiental negativa», entre otras autovías «que no se justifican por el tráfico que presentarían».

Cecam pide «soluciones prácticas y lo más baratas posibles» para los residuos nucleares mientras el sector agrario rechaza el ATC

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Europa Press.- Mientras desde la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA) de Castilla-La Mancha han manifestado su rechazo al Almacén Temporal Centralizado (ATC) de Villar de Cañas, ya que consideran que «son muchos los intereses que agricultores y ganaderos de la región se juegan si el proyecto saliera adelante», la Confederación de Empresarios de Castilla-La Mancha (Cecam) solicita «soluciones prácticas y lo más baratas posibles» respecto al ATC pero no se ha mostrado «ni a favor ni en contra» del silo.

«No es una cuestión política ni medioambiental», añadió el presidente de Cecam, Ángel Nicolás, que ha sostenido que en España existe «un claro» mix energético en el que está incluida la energía nuclear «por muy mal que suene». «No acabamos de entender por qué no queremos energía nuclear pero la compramos en Francia y no queremos un ATC cuando no nos importa exportar los residuos a Francia atravesando más localidades que si hubiera ATC”, indicó.

«El transporte incrementa el coste y estamos pagando una cantidad muy grande al año por enterrar los residuos de nuestras centrales y eso incrementa el coste energético», criticó, para añadir que la energía nuclear es la más barata y que, aunque tiene peligros, hay que poner las medidas para que no los haya. Por último, tras indicar que parece que el problema del ATC es más de ubicación que de otra cosa, el presidente de Cecam considera que España debe tener una infraestructura de estas características mientras tenga centrales nucleares.

UPA pide cambiar las inversiones

Por su parte, desde UPA consideran que merecen otro tipo de inversiones y desde la organización agraria manifiestan una vez más la oposición a este tipo de energía, «a la cual se está denominando energía del futuro«. «Pero lo que no queremos es que nos depositen basura nuclear para el resto de nuestras vidas y de la de generaciones futuras en una zona donde tenemos distintas Denominaciones de Origen como la DO Ajo, DO Vino, DO Cordero», insistió el secretario regional de UPA, Julián Morcillo.

La organización manifiesta una vez más su oposición a la instalación del ATC nuclear porque tendría repercusiones directas sobre la actividad agroalimentaria y la comercialización de los productos de la región, es decir, sobre el futuro del empleo y la economía. Asimismo, insiste en que la organización agraria se opuso desde los inicios a este proyecto, como se aprecia en la imagen de la manifestación de marzo de 2014 en Villar de Cañas, cuando los técnicos no consideraron a la localidad como una de las poblaciones mejor situadas para la instalación de este almacén nuclear.

La Plataforma contra el ATC nuclear y Ecologistas en Acción creen que la sentencia del TSJCM supone «su final definitivo»

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Europa Press.- Mientras Ecologistas en Acción exige al Gobierno que retire definitivamente el proyecto de almacén temporal centralizado (ATC) de residuos nucleares de alta actividad en Villar de Cañas (Cuenca) porque considera que la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (TSJCM), lo hace «inviable», la Plataforma y el Movimiento Ibérico Antinuclear (MIA) creen que la sentencia supone «el fin definitivo» del proyecto puesto que el Plan de Ordenación Municipal (POM) es indispensable para poder construir el ATC.

Para la organización antinuclear, esta sentencia «es una prueba más de que en varios de los procedimientos de licenciamiento del ATC no se cumple el ordenamiento jurídico», según ha indicado la Plataforma. «Desde el inicio se deberían haber tenido en cuenta los principios de precaución, seguridad y transparencia y ninguna de estas premisas se han cumplido desde la designación de Villar de Cañas para ubicar el ATC en diciembre de 2011«, explican. Por ello, la Plataforma resaltó que no oculta «su enorme satisfacción» por esta sentencia, algo que se demuestra con las alegaciones que ya presentó en diciembre de 2014 con argumentos en la línea que ahora pone de manifiesto el TSJCM en su sentencia.

“Estupenda noticia” para los opositores

La portavoz de la Plataforma Contra el Cementerio Nuclear en Cuenca, María Andrés, ha indicado que, aunque hay que esperar a conocer el texto completo de la sentencia, «no cabe duda de que es una estupenda noticia para la Plataforma». A su juicio, esto avala «que las prisas por aprobar el POM en un tiempo récord, cuando Cospedal estaba en funciones, tenía el riesgo de la falta de seguridad jurídica. Y por mucho que diga el alcalde de Villar de Cañas, José María Saiz, sin POM no hay basurero nuclear».

Ahora, concluye la portavoz de la Plataforma, José María Saiz «puede hacer dos cosas: recurrir ante el Supremo o hacer otro POM, pero en ambos casos, los retrasos pueden hacer inviable el ATC, ahora que todas las centrales nucleares tienen o están en trámites para tener sus almacenes individuales y es conocido públicamente que los terrenos elegidos no son aptos».

Además, añade Andrés, que «es muy lamentable la reacción del ministro de Justicia, Rafael Catalá, que está dispuesto a mentir diciendo que los residuos nucleares se están enviado fuera de España, a pesar de que sabe que no es cierto. Todo porque Cospedal lo colocó en la lista al Congreso por la provincia de Cuenca, únicamente para que Catalá haga campaña a favor del ATC».

Ecologistas pide cancelar el ATC

Por su parte, Ecologistas en Acción destaca que la sentencia que avala la prohibición por parte de la Junta de Castilla-La Mancha del POM de Villar de Cañas mantiene la calificación de no urbanizable para los terrenos donde se planea construir el ATC, por lo que iniciar las obras es «inviable». Por ello, considera que el Gobierno debe interrumpir la búsqueda de los terrenos para un almacén de residuos nucleares hasta que no establezca un calendario de cierre «aceptable» para las centrales nucleares y abrir un debate sobre la forma en que se deberán gestionar los residuos de alta actividad.

La sentencia rechaza el recurso de Villar de Cañas y avala la decisión de la Junta castellano-manchega de prohibir el POM de la localidad que fue aprobado por el consistorio para autorizar la construcción del ATC que albergaría los residuos de alta actividad de todas las centrales nucleares españolas. Si bien, la Junta anuló este POM que convertía en urbanizables los terrenos donde se iba a construir el ATC. En cuanto a las cuestiones ambientales, la ONG recuerda que el ATC se ubicaría en una zona de alto valor natural y con numerosos problemas geológicos.

En definitiva, Ecologistas en Acción asegura que la sentencia «frena» la construcción del ATC en Villar de Cañas y termina con «el empeño del Gobierno» de construir en unos terrenos que no reúnen los requisitos técnicos adecuados de optar por este emplazamiento para el cementerio nuclear. Si bien, el portavoz nuclear de Ecologistas en Acción, Francisco Castejón, denuncia que el proyecto de Villar de Cañas, impulsado cuando la actual ministra de Defensa María Dolores de Cospedal presidía la administración autonómica, ha supuesto «el gasto de decenas de millones de euros en instalaciones auxiliares, a pesar de las denuncias de Ecologistas en Acción ante la Fiscalía», ya que Enresa ha licitado y pagado contratos e instalaciones.