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Castilla-La Mancha destina 2,3 millones de euros a subvenciones para sustituir ventanas y calderas

EFE.– La Junta de Castilla-La Mancha abre el plazo para solicitar ayudas para la sustitución de ventanas, sustitución de calderas individuales e instalación de repartidores de costes y contadores de calefacción, una subvención a la que destinarán 2,3 millones de euros con el objetivo de promover el ahorro y consumo de energía.

El consumo de energía en los edificios residenciales y comerciales representa aproximadamente el 40% del consumo total de energía final y el 36% de las emisiones totales de CO2 de la Unión Europea. Por ello, el Gobierno de Castilla-La Mancha señala que «se hace necesario» mantener acciones encaminadas a fomentar el uso de aparatos y elementos que sean eficientes enérgicamente, de tal manera que se contribuya así al cumplimiento de la reducción del consumo energético.

La cantidad máxima destinada para la sustitución de ventanas será de 1.325.000 euros y la cuantía de la ayuda individual será 110 euros por m2 para sustitución de cristales y marcos e instalación de dobles ventanas, y de 24 euros m2 si la sustitución es sólo de los cristales. Esta subvención, a solicitar hasta el próximo 1 de septiembre, tendrá un límite del 35% del coste de la actividad subvencionada y un máximo de 3.000 euros por beneficiario y vivienda.

El presupuesto para la sustitución de calderas individuales será de 850.000 euros en total e, individualmente, de 400 euros, tanto para cambiar las calderas de condensación de gas natural como las de gasoil, que se podrán solicitar también hasta el 1 de septiembre. Por su parte, las ayudas para la instalación de repartidores de costes y contadores de calefacción, para lo que el plazo de presentación de solicitudes finaliza el 31 de octubre de este año, será de 125.000 euros.

Unión Fenosa introduce en Castilla-La Mancha el uso de drones para revisar líneas eléctricas

EFE.- Unión Fenosa Distribución ha introducido el uso de drones para revisar los circuitos eléctricos y los apoyos de alta tensión que conforman la red eléctrica de esta compañía en Castilla-La Mancha.

El director de Red de alta Tensión de Unión Fenosa Distribución, Abelardo Reinoso, filial de distribución eléctrica de Gas Natural, ha presentado en Ciudad Real este proyecto que supone sustituir los vuelos tripulados con helicópteros que se han realizado para las inspecciones de los tendidos eléctricos desde los años 90, por vuelos con drones.

Reinoso ha explicado a los medios de comunicación que en Castilla-La Mancha los drones ha recorrido ya más de 1.000 kilómetros de tendidos eléctricos y revisado más de 80 circuitos y casi 5.200 apoyos de alta tensión. La compañía, ha indicado, lleva más de un año utilizando esta tecnología.

Los drones han permitido aumentar la seguridad de los operarios, al disminuir el número de trabajos que se ejecutan en altura, y además, han aumentado en un 20 por ciento la productividad de las revisiones de líneas y han contribuido a reducir en un 30 por ciento los costes de estos trabajos.

El uso de aeronaves no tripuladas en el sector eléctrico, ha reconocido el responsable de Unión Fenosa, ha supuesto una evolución importante en la gestión de los activos y en la captación de la información.

Con estos vuelos, ha dicho, «se ha conseguido que la información capturada sea de mucho más calidad y detalle», que la que hasta ahora se obtenía tanto a través de la revisión de los operarios como con la revisión que se realizaba con helicópteros.

Reinoso ha detallado que el equipo de trabajo que maneja el dron está compuesto por un piloto certificado que dirige la aeronave, y un operador que maneja la carga de información.

La intención de la compañía eléctrica, ha señalado, es ir incrementando progresivamente el uso de drones en otras actividades, como por ejemplo, el que puedan actuar en la solución de interrupciones provocadas por caídas de ramas sobre los tendidos.

Unión Fenosa Distribución suministra electricidad a casi 650.000 puntos de suministros en 432 municipios de Castilla-La Mancha a través de una red de alta, media y baja tensión de más de 26.000 kilómetros.

Las centrales nucleares de Almaraz y Trillo ponen a prueba los planes de emergencia nuclear

EFE.- Mientras la central nuclear de Trillo (Guadalajara) realizó su preceptivo simulacro anual, conforme a los requerimientos de su Plan de Emergencia Interior (PEI), con la participación de la Organización de Respuesta ante Emergencias del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), el Ayuntamiento de Almaraz (Cáceres) realizará el próximo día 5 de julio un simulacro de emergencia nuclear con el objetivo de evaluar y mejorar la operatividad de los planes de emergencia.

Durante el ejercicio se ensayarán las acciones de alertar, informar y dar avisos a la población a través de los sistemas de megafonía fija y móvil. Mediante el simulacro el Consistorio Municipal también busca mejorar el conocimiento que la población tiene de los planes de emergencia y de los procedimientos que en ellos están recogidos. En este sentido, recientemente se han llevado a cabo sesiones informativas con diferentes grupos de población de la localidad, así como con miembros de distintas asociaciones. El simulacro se enmarca en el programa formativo conjunto de la Asociación de Municipios en Áreas de Centrales Nucleares (AMAC) y la Dirección General de Protección Civil y Emergencias.

Trillo realiza su simulacro anual

Por su parte, la central nuclear de Trillo (Guadalajara) realizó su preceptivo simulacro anual con la declaración de emergencia en el emplazamiento debido a una intrusión en el área protegida de la instalación, según comunicó el CSN. Asimismo, se ha provocado intencionadamente la pérdida de energía eléctrica exterior y han arrancado todos los generadores de salvaguarda para suministrar energía en todos los equipos de seguridad. Durante el simulacro se ha llegado a declarar emergencia general por la pérdida de refrigerante del reactor en el interior del edificio de contención de la central, ocasionada por «una malfunción» provocada intencionadamente en el sistema de refrigeración de emergencia.

Durante el ejercicio, el Consejo de Seguridad Nuclear ha recomendado al Centro de Coordinación Operativa (CECOP) de la Subdelegación del Gobierno en Guadalajara, la evacuación de la población residente en el municipio de Trillo (de un determinado sector), el control de accesos a la nuclear, el confinamiento en sus domicilios de la población residente en un radio de 10 kilómetros de la instalación y la profilaxis radiológica. El simulacro se ha dado por finalizado con una situación clasificada con nivel 4 en la Escala Internacional de Sucesos Nucleares (INES), accidente con consecuencias de alcance local.

Elcogas y los sindicatos firman el acuerdo de conciliación sobre el ERE, que afecta a 143 empleos

EFE.- Representantes de CCOO y UGT y los abogados de Elcogas firmaron el acuerdo de conciliación para retirar la demanda colectiva sobre el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) que supone el despido de los 143 empleados de la planta termoeléctrica de Puertollano, final que ha sido recibido con «sabor agridulce» por los trabajadores.

El acuerdo supone mejorar las indemnizaciones y crear una comisión de seguimiento que estudiará la posible recolocación de la plantilla en las empresas eléctricas españolas, como explicó el presidente del comité de empresa de Elcogas, José Antonio Alcaide, que admitió que este acuerdo deja «un sabor agridulce» porque lo que querían los empleados de Elcogas «era trabajo, empleo, no dinero por liquidar así la responsabilidad social» pero ha insistido en que esperan que el compromiso de estudiar las recolocaciones funcione.

El presidente del comité de empresa ha recordado que de los 143 trabajadores 121 han salido ya y los demás están en fase de preparación del desmantelamiento de la factoría, aunque no llegará hasta octubre, un plazo que ha dicho debe aprovecharse para estudiar opciones de viabilidad que devuelvan la actividad a Elcogas. José Antonio Alcaide avanzó que hay 14 compañeros que ya han sido recolocados, 7 en Endesa y 7 en Iberdrola, y ha añadido que durante un año y medio una comisión de seguimiento estudiará nuevas recolocaciones en estas empresas y en Hidrocantábrico. «Para nosotros, lo más importante de este acuerdo son esos compromisos para valorar las vacantes externas que salgan en las empresas eléctricas españolas», ha afirmado.

Esperanzas después de las elecciones

El portavoz de la plantilla ha insistido en la importancia de que la Junta de Castilla-La Mancha vele porque ese compromiso se cumpla, pero ha subrayado que los trabajadores seguirán «defendiendo que Elcogas no se desmantele», y que «no se permita el desmantelamiento de la central». De este modo, se ha mostrado confiado en que el 26 de junio, España tenga «un gobierno más progresista que entienda que una central de más de 1.000 millones de euros no se puede achatarrar». José Antonio Alcaide ha asegurado que no quieren «crear falsas expectativas» en Puertollano, pero abogan por que se estudie la posibilidad de que «otras empresas hagan lo que las empresas españolas no quieren hacer» y Elcogas vuelva a abrirse.

Por su parte, la empresa ha indicado que los accionistas españoles de Elcogas «mantienen su voluntad de ofertar a los extrabajadores de la compañía las vacantes que se produzcan en sus empresas, que coincidan con el perfil profesional solicitado, y extienden esta opción hasta diciembre de 2017». Elcogas señala que con el acuerdo ratificado finaliza un proceso «en el que la empresa ha manifestado y mostrado su mayor voluntad negociadora, para conseguir las mejores condiciones económicas posibles para todos los trabajadores» El Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, por su parte, indicó que aprueba la conciliación alcanzada entre las partes y archiva el procedimiento.

Sindicatos y empresa llegan a un acuerdo sobre el ERE de Elcogas

EFE.- Los sindicatos y la dirección de la central eléctrica Elcogas de Puertollano han llegado a un acuerdo sobre el expediente de regulación de empleo (ERE) extintivo, que evitará el juicio que se iba a celebrar este miércoles. Así lo indicó el presidente del comité de empresa de Elcogas, José Antonio Alcaide, quien explicó que el acuerdo contempla indemnizaciones de 33 o 45 días por año trabajado, según la antigüedad y hasta un máximo de 24 meses, además de un complemento medio de 10.000 euros por cada trabajador despedido.

Asimismo, ha señalado que sindicatos y empresa han acordado crear una comisión de seguimiento que estudie las vacantes en las empresas accionistas de Elcogas en territorio nacional (Endesa, Iberdrola e Hidrocantábrico) que analice los perfiles adecuados entre los 119 trabajadores despedidos el pasado marzo, para lograr su reincorporación a cualquiera de los centros de estas compañías. Alcaide ha calificado de «positivo» el acuerdo alcanzado porque recoge la máxima indemnización legal, como si fuera despido improcedente, mientras la comisión de seguimiento realizará la función de lograr el máximo número de recolocaciones de los trabajadores despedidos entre las empresas accionistas de Elcogas

No obstante, el presidente del comité de empresa ha asegurado que los sindicatos seguirán «apostando» por la viabilidad de la planta térmica de Elcogas de Puertollano, ya que hay grupos inversores que están interesados en continuar con la producción. En este sentido, confían en que el nuevo gobierno que salga de las elecciones de este domingo pueda apoyar políticamente el proyecto de Elcogas, que a su juicio «sigue siendo de futuro». El apoyo político permitiría la continuidad de la central de gasificación integral de carbón en ciclo combinado y evitaría su desmantelamiento definitivo, previsto para el próximo mes de octubre.

PP, Podemos e Izquierda Unida no firman el acuerdo en defensa del carbón nacional de PSOE, Ciudadanos, patronal y sindicatos

Redacción / Agencias.- Partido Popular, Podemos e Izquierda Unida no han firmado el Acuerdo en Defensa de la Minería del Carbón y las Comarcas Mineras, al que sí se han unido el PSOE, Ciudadanos, partidos de las zonas mineras como Foro Asturias o el Partido Aragonesista. El acuerdo fue promovido por la patronal del Carbón (Carbunión), la Federación de Industria, Construcción y Agro de la Unión General de Trabajadores (FICA-UGT), y la Federación de Industria de Comisiones Obreras para salvar al carbón nacional.

Izquierda Unida sí que acudió al acto: «Es más un acto electoral que un compromiso serio», aseguró la integrante de la formación, Sol Sánchez, quien indicó que la decisión del partido «es lo más coherente» al acudir junto a Podemos a las elecciones y que a partir del próximo 27 de junio Izquierda Unida «va a seguir estando con los mineros». El frente común sí que tuvo el respaldo y rúbrica de las comunidades autónomas de Asturias, Aragón, Castilla-La Mancha y Castilla y León, y de las asociaciones de las comarcas mineras (ACOM y Euracom).

El secretario general de Industria de CCOO, José Luis Villares, señaló que este acuerdo es «necesario e imprescindible» para mantener la viabilidad del carbón en un futuro inmediato. Además, lamentó la «situación crítica» que vive el sector y las empresas mineras, que «están al borde del desahucio». Por lo tanto, exigió al próximo gobierno que tenga en cuenta lo que ahora se ha visualizado y firmado y pidió que cumplan «sí o sí con el marco de actuación» firmado el 1 de octubre de 2013.

Respecto a la ausencia de algunos partidos, Villares comentó que mantuvieron una ronda de contactos con distintas formaciones y con todas las comunidades autónomas afectadas. «Todos estuvieron de acuerdo en que había que defender las comarcas mineras, todos estuvieron de acuerdo en el incumplimiento de actuación para la mina y el carbón», apuntó. Pero, «si no vienen a firmar, lo que está claro es que querían la foto, querían lo fácil, pero lo que hacen es rehusar el compromiso de apoyar a la minería», concluyó. Por ello lamentó “la inquina” del PP al carbón y la negativa a sumarse al acuerdo de los «nuevos partidos», en alusión a Podemos, que «con discursos vacíos y huecos no saben lo que dicen».

Por su parte, el secretario sectorial minero de FICA-UGT, Víctor Fernández, apuntó que las ausencias las tendrán que valorar los propios partidos políticos que «no han cumplido su palabra». «Aseguran que querían que la minería de carbón siguiera adelante», aseveró. Fernández comentó que Podemos «no solo quiere cerrar el carbón, sino que tampoco quieren el carbón de importación, con lo cual tendrán que decirle a los trabajadores de las centrales térmicas que usan carbón de importación dónde les vamos a meter porque dependen más trabajadores que en el carbón nacional». «No saben lo que dicen, usan la demagogia, porque eso significaría subir el precio de la electricidad y apartar el carbón, lo que nos haría depender del gas natural«, señaló.

Futuro para después de 2018

Fernández quiso agradecer la presencia de empresarios, sindicatos, consejeros de las comunidades autónomas y a los partidos políticos «que han cumplido con su palabra» y mostró su confianza en que este acuerdo sirva para que «entre todos se empuje para que el carbón nacional tenga el reconocimiento que merece». «Los demás tendrán el resultado que merezcan en las comarcas mineras a las que han engañado», auguró. Por último, tildó de «cobardes» a alguno de esos partidos, que «esperaron a última hora para anunciar que no venían», y denunció que «el PP presiona a través de sus diputados a los empresarios».

Por su parte, el presidente de la patronal minera Carbunion, Óscar Lapastora, indicó que han querido «poner el broche» a la rueda de contactos que han mantenido los últimos meses y tener un documento que les sirva para que en cuanto se forme un nuevo Gobierno después de las elecciones «podamos ir con este acuerdo para urgirles a que tomen medidas para revitalizar este sector que ahora mismo está agonizando». Asimismo subrayó que el acto «no se planteó en contra de nada ni de nadie» y pidió a todas las partes «buscar no solo los puntos de discrepancia, sino los puntos de acuerdo» para ser capaces de «en la mayor brevedad posible» darle «un futuro a la minería del carbón».

En concreto, el acuerdo trata de reivindicar el papel del carbón nacional, como “único combustible autóctono capaz de reducir la dependencia energética exterior y de garantizar la seguridad de suministro en momentos críticos”, en el periodo de transición hacia un modelo bajo en emisiones. Así, el documento, que cuenta con 5 puntos, recoge el compromiso de los firmantes con la defensa de la minería del carbón hasta y después de 2018, abogando por el cumplimiento de lo acordado en el Plan del Carbón de 2013-2018.

Además, cuenta con otras propuestas para dotar de viabilidad al sector y fortalecer el tejido industrial de los territorios, entre ellas, la puesta en marcha de un mecanismo que asegure un hueco térmico medio anual del 7,5% para el carbón de origen autóctono y/o una bonificación del 85% en el impuesto especial sobre el carbón. Asimismo, se reclama la tramitación urgente de la orden por la que se regula el incentivo a la inversión para la mejora medioambiental en instalaciones de producción de electricidad a partir de carbón autóctono y apoyo a las tecnologías de captura y almacenamiento de CO2.

El acuerdo también estipula la agilización del cumplimiento del plan social, así como la puesta en marcha de los mecanismos acordados para el impulso económico (reactivación y desarrollo alternativo de las Comarcas Mineras) y “la promoción ante la Unión Europea de las condiciones para facilitar la participación de carbón procedente de explotaciones competitivas más allá de 2019”, plazo límite establecido por la Unión Europea para las ayudas a la producción.

Sindicatos, patronal y partidos se unen para pedir al próximo Gobierno la «supervivencia» del carbón nacional

Europa Press / EFE.- Sindicatos (CCOO y UGT) y patronal (Carbunión) escenificarán este martes la formación de un frente común con partidos políticos, comunidades autónomas productoras del carbón y las asociaciones de las comarcas mineras, con el objetivo de luchar por el futuro de una industria que se encuentra, en su opinión, en «estado terminal» y exigir al próximo Gobierno la «supervivencia» de la minería española del carbón más allá del horizonte de 2018.

El responsable de Industrias Extractivas de CCOO de Industria, José Luis Villares, afirmó que esta es «la última medida para poder salvar al sector de la minería en España», que se encuentra en una situación de «desahucio». A este respecto, el secretario del Sector Minero de Fitag-UGT, Víctor Fernández, criticó que el Gobierno popular desde que ganó las elecciones no ha hecho más que «masacrar» al sector, «reduciendo el empleo, las producciones y las ayudas».

Por su parte, el director general de Carbunión, Pedro Iglesia, aseguró que tratan de «reivindicar el papel del carbón nacional» en el periodo de transición hacia un modelo bajo en emisiones. «El carbón nacional debe mantenerse en el mix energético durante el periodo de transición», dijo Iglesia, subrayando que el carbón nacional es el único combustible autóctono capaz de reducir la dependencia energética del exterior y de garantizar la seguridad de suministro «en momentos críticos».

A la cumbre de la firma del documento, titulado Acuerdo en defensa de la Minería del Carbón y las Comarcas Mineras, está confirmada la asistencia de, además de sindicatos y patronal, representantes de los partidos del PSOE, Foro Asturias, Partido Aragonés y Xunta Aragonesista, así como de las comunidades autónomas de Asturias, Aragón, Castilla-La Mancha y Castilla y León), y de las asociaciones de las comarcas mineras (ACOM y Euroacom). Se mantienen las dudas de la asistencia a la cumbre y de la rúbrica del documento, de Ciudadanos y Podemos, «que están debatiendo la conveniencia o no de asistir», indicó Iglesia, así como del PP, que fueron también invitados.

En concreto, el documento, que cuenta con 5 puntos, recoge el compromiso de los firmantes con la defensa de la minería del carbón hasta y después de 2018, abogando por el cumplimiento de lo acordado en el Plan del Carbón 2013-2018. Además, cuenta con otras propuestas para dotar de viabilidad al sector y fortalecer el tejido industrial de los territorios, entre ellas, la puesta en marcha de un mecanismo que asegure un hueco térmico medio anual del 7,5% para el carbón de origen autóctono y/o una bonificación del 85% en el impuesto especial sobre el carbón. Respecto a la presencia del carbón en el hueco térmico, Iglesia apuntó que “en los momentos actuales no llega a ser ni del 3,5%».

Asimismo, en el documento se reclama la tramitación «urgente» de la propuesta de orden por la que se regula el incentivo a la inversión para la mejora medioambiental en instalaciones de producción de electricidad a partir de carbón autóctono y apoyo a las tecnologías de captura y almacenamiento de CO2. El acuerdo también estipula la agilización del cumplimiento del plan social, así como la puesta en marcha de los mecanismos acordados para el impulso económico (reactivación y desarrollo alternativo de las Comarcas Mineras) y “la promoción ante la Unión Europea de las condiciones para facilitar la participación de carbón procedente de explotaciones competitivas más allá de 2019”, plazo límite establecido por la Unión Europea para las ayudas a la producción.

Por otra parte, los sindicatos criticaron el plan para el carbón español aprobado por la Comisión Europea para destinar 2.130 millones de euros en ayudas para facilitar el cierre ordenado de un total de 26 minas de carbón de aquí a 2018. «Este plan no es el marco de actuación acordado, es el plan del PP, que contempla un cierre rápido y desordenado, el abandono de las comarcas mineras», aseguró Villares. El representante de CCOO acusó al Gobierno central de ser «mentiroso, incompetente y traidor» y aseguró que el próximo Ejecutivo deberá cumplir este marco de actuación, ya que si no es así, será también un «Gobierno mentiroso e incompetente».

Castilla-La Mancha plantea usar la biomasa para el suministro energético de los edificios públicos

EFE.- La Junta de Castilla-La Mancha plantea utilizar la biomasa como forma de suministro energético en algunos de sus edificios y extender el proyecto que hay en el hospital Virgen de la Luz, de Cuenca, aprovechando los restos de las campañas de limpieza de prevención de incendios.

Así lo indicó el delegado del Gobierno regional en Albacete, Pedro Antonio Ruiz Santos, quien, según indicó, la Junta mantuvo una reunión con el Consejo de Administración de Energías Renovables Tarazona (ERTA), empresa que se ha convertido en «la segunda a nivel nacional en implantación de biomasa agroforestal». El Gobierno regional «estudiará la posibilidad de utilizar en el futuro la biomasa en edificios públicos, caso de los hospitales», que se sume al proyecto de aplicación de este combustible en el hospital conquense Virgen de la Luz, y «no se descarta que pudiese utilizarse en otros complejos hospitalarios o edificios públicos«.

La Junta quiere también «aprovechar tratamientos selvícolas de las campañas de prevención de incendios forestales para su posterior transformación en biocombustibles», añadieron. La novedosa forma de suministro de energía es la que produce Energías Renovables Tarazona (ERTA), que cuenta con 15.000 toneladas en stock, de las 33.000 producidas al año. La Junta ha destacado la trayectoria de esta empresa nacida en 2011, que orientó su principal línea de negocio a la fabricación, producción y distribución de biocombustibles sólidos, con un volumen de negocio de unos seis millones de euros anuales.

Reciben la carta de despido 119 de los 143 trabajadores de Elcogas

EFE.- 119 trabajadores de los 143 que integran la plantilla de la central termoeléctrica Elcogas de Puertollano (Ciudad Real) han recibido la carta de despido. Así lo indicó el presidente del comité de empresa de Elcogas, José Antonio Alcaide, para el que fue «una jornada muy larga, muy dura y muy triste». Los trabajadores abandonarán el próximo martes 15 la central, en la que llevan varias semanas encerrados, una vez sea ejecutado el despido, según el ERE de extinción que ha presentado la empresa.

Hasta entonces, continuarán presionando y reivindicando la recolocación en las empresas eléctricas propietarias de la central, Endesa, EDF y EDP, a las que demandarán «que actúen de la misma manera que lo ha hecho Iberdrola, recolocando al 16% de los afectados por el ERE», indicó Alcaide. A partir del día 15, permanecerán en la central 22 trabajadores hasta el último trimestre de este año. Se encargarán de la retirada de residuos químicos y lubricantes de los equipos para dejar la planta en condiciones de desmantelamiento.

Después, media docena de operarios se encargará durante un año del desmantelamiento de la central y la retirada de los equipos. Sin embargo, Alcaide confía en que antes de que comience el desmantelamiento de la central, en próximos meses, haya un nuevo gobierno en España «que apueste por esta tecnología limpia» y en que el proceso sea reversible y se recupere la actividad de Elcogas con el plan de viabilidad que presentó la empresa y rechazó el Ministerio de Industria.

Alcaide criticó al ministro de Industria en funciones, José Manuel Soria, que «lo único que le interesaba era retrasar 3 meses el cierre de la central para que no le afectara en las elecciones, para al final desentenderse de esta empresa«, aseguró el presidente del comité de empresa. A su juicio, el Ministerio «sólo tenía que haber dado soluciones con una regulación adecuada, para que Elcogas pudiera hacer las inversiones necesarias para trabajar con biomasa, coque de petróleo y carbón de baja calidad, para producir electricidad de una manera limpia».

La patronal eólica cree que las comunidades autónomas deben eliminar barreras y simplificar trámites en las subastas eólicas

Europa Press.- La Asociación Empresarial Eólica (AEE) ha afirmado que en el sistema de subastas eólicas vigente se compite por precio y se premia a los proyectos más baratos, por lo que las comunidades autónomas «han de entender que deben eliminar barreras y simplificar trámites» que puedan encarecer la instalación de parques y desanimar la inversión en sus territorios.

Según la patronal, las comunidades autónomas empiezan a ser conscientes de que compiten unas con otras en las próximas subastas eólicas que se celebrarán ante la necesidad de España de cumplir los objetivos europeos a 2020. De acuerdo con los empresarios eólicos, las comunidades que celebraron concursos para fomentar la instalación de la eólica se enfrentan a varios problemas, como que las contraprestaciones industriales exigidas por la mayoría de los concursos encarecen «considerablemente» los proyectos.

Algunas comunidades ya han reaccionado

Además, para obtener una autorización administrativa para parques de menos de 50 MW es necesario que estos hayan sido adjudicados en concurso, lo que deja «en el limbo» a todos los proyectos nuevos que vayan a las subastas y quieran instalarse en las comunidades con concursos adjudicados. Según AEE, algunas comunidades ya han «tomado cartas en el asunto» al decidir eliminar estas contraprestaciones industriales, como Andalucía o Extremadura, o los concursos, como Canarias o Cantabria.

La complejidad de los trámites administrativos, incluidos los medioambientales, es otra barrera, tanto en términos temporales como económicos, según la patronal. De hecho, el estudio Wind Barriers de la Asociación Eólica Europea (EWEA) revela que España es el país de la Unión Europea en el que más se tarda de media en instalar un parque eólico (6,5 años) debido a esas trabas. Según la patronal, la situación se agrava para aquellas comunidades en las que existen costes adicionales fiscales, como los cánones eólicos que existen en Castilla y León, Galicia, Valencia y Castilla-La Mancha. En estas tres últimas, en las que los cánones conviven con las contraprestaciones industriales de los concursos, desde 2010 prácticamente no se ha instalado potencia eólica.