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El bono social de la electricidad tendría que financiarse por el Estado y valorar la renta, según coinciden varios expertos

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Servimedia.- El catedrático de Economía de Esade, Xavier Mena, el director de Proyectos de la Asociación de Ciencias Ambientales (ACA), José Luis López, y el director general del Instituto de Investigación en Energía de Cataluña (IREC), Juan Ramon Morante, coincidieron en la necesidad de reformular el bono social, para que sea financiado por los Presupuestos del Estado y se valore el nivel de renta de sus beneficiarios. Así se expresaron en la jornada Las cuentas de la energía: entender la tarifa.

López advirtió de que en dos de los grupos que pueden acceder actualmente al bono social, el de aquellos con una potencia contratada menor de 3 kilovatios y las familias numerosas, se debería tener en cuenta el factor de renta para justificar la percepción de la ayuda. También pidió otras medidas como ayudas para evitar cortes de suministro, mejor información estadística sobre el fenómeno, ayudas para rehabilitación de viviendas o ayudas para otros suministros, como la calefacción. Asimismo, explicó que en 2014, último año con datos estadísticos, el 11% de los hogares, unos 5 millones, eran incapaces de mantener una temperatura adecuada, y otros 7 millones, el 15%, destinaban más de un 10% de sus ingresos a los gastos energéticos.

Por su parte, Mena sostuvo que «por su naturaleza» no debe haber duda de que la financiación del bono social debería partir de los Presupuestos del Estado. En la misma línea, defendió que la vulnerabilidad energética integra el catálogo de los derechos sociales, lo que justifica también su financiación pública, ya que puede tener, por ejemplo, una incidencia sanitaria importante.

Por último, Morante pidió, dentro de esta reformulación del bono social, definir bien quién tiene derecho a percibirlo, hasta cuándo y cómo. Asimismo, reivindicó un desarrollo «ordenado y coherente» del autoconsumo para evitar que los consumidores que no pueden desconectarse vean incrementada su factura y evitar que unos clientes subvencionen a otros, ya que las redes y la capacidad de soporte deben estar disponibles para suministrar al consumidor, por lo tanto los costes fijos no se reducen con el autoconsumo.

Por otro lado, en cuanto a la rentabilidad del autoconsumo fotovoltaico apuntó que debe tenerse en cuenta la necesidad de establecer un sistema de almacenamiento, que actualmente supone un coste similar al de generar la energía. En esta línea, explicó que los hábitos de consumo no coinciden con el momento de máxima producción de los paneles (mediodía), ya que el momento de máximo consumo coincide con el de mínima producción (primeras horas de la mañana y de la noche), por lo que toda la capacidad del sistema debe estar disponible.

Gas Natural Fenosa se suma a la petición de reforma del bono social de la factura eléctrica

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Redacción / Agencias.- El consejero delegado de Gas Natural Fenosa, Rafael Villaseca, se sumó a las peticiones de otras compañías eléctricas sobre la conveniencia de reformar el bono social, que supone un descuento del 25% en la factura, para las familias con menos recursos. Así, consideró que sería bueno modificar el enfoque actual del bono social para que tuviese «factores más ligados a la pobreza energética” en vez de basarse en índices genéricos, ya que así sería “más eficiente y correcto con respecto a su finalidad”.

De esta manera, Gas Natural se sumó así a la petición de Endesa. «En términos generales, estamos de acuerdo», apuntó Villaseca. El presidente de Endesa, Borja Prado, afirmó el 26 de abril que es «necesario» rediseñar los criterios de reparto del bono social, para cubrir a las familias que más lo necesitan y liberar recursos que permitan asumir las facturas de quienes no pueden pagar ni con descuento. Por otro lado, el 28 de abril, la Audiencia Nacional admitió a trámite un recurso de Iberdrola en contra de la orden ministerial que detallaba los porcentajes con que las eléctricas deben financiar el bono social de la luz durante el 2015.

En su intervención al inicio de la junta de accionistas, el presidente de Gas Natural Fenosa, Salvador Gabarró, destacó el compromiso de la compañía con las acciones de protección de casos de pobreza energética, adhiriéndose a las iniciativas impulsadas por las administraciones. Ha afirmado que siempre han sido sensibles a las necesidades de los clientes, concretando que el 90% están protegidos por alguno de los acuerdos suscritos con las administraciones, y reiteró su «absoluta colaboración para evitar cortes de suministro». Al bono social están acogidos actualmente unos 2,4 millones de consumidores que cumplen alguno de los siguientes requisitos: hogares con menos de 3 kilovatios de potencia, pensionistas con prestaciones mínimas, familias numerosas o familias con todos sus integrantes en desempleo.

Gabarró pide un Gobierno “sólido”

Por otro lado, Gabarró advirtió de que «tenemos un problema en la economía española». A juicio del presidente de Gas Natural Fenosa, este «atasco político» que vive España está «creando incertidumbre entre los inversores», tanto los extranjeros como los nacionales, que miran esta situación «con cierto recelo», y remarcó que espera que las próximos comicios del 26 de junio deparen un «Gobierno sólido y estable». En este sentido, recalcó que España estará «perdiendo casi un año», ya que «con suerte» habrá Gobierno «pasado el verano». Este problema está «frenando la toma de decisiones» en España, apuntó Gabarró. A pesar de ello, subrayó que la economía española «cuenta con unas bases bien asentadas y buenos indicadores”, a excepción del déficit público.

Sobre la compañía, que concluyó en 2015 la aplicación de su plan estratégico y está a punto de presentar uno nuevo, afirmó que «los resultados del año pasado fueron buenos». En cuanto a sus objetivos, aseguró que son seguir creciendo. Por su parte, Villaseca admitió que el entorno del sector energético «es cambiante, difícil y volátil» como consecuencia de los bajos precios del petróleo. Por otro lado, destacó la aportación fiscal de Gas Natural Fenosa, que en todo el mundo fue de 3.536 millones de euros en 2015, y 2.627 millones de ellos en España.

El relevo de Salvador Gabarró

Asimismo, Gabarró aseguró que «ya es tiempo» de dejar la presidencia de Gas Natural Fenosa, pero que la decisión está en manos de La Caixa, que decide el presidente de la energética que controla junto a Repsol. «Ya es tiempo de dejarlo, pero de momento no me dejan», comentó Gabarró, de 80 años, tras renovar 3 años más como consejero. Por ello aseguró que el cambio será «más pronto que tarde» y reconoció que tiene «ciertas ganas» de dejar la presidencia pero que no quiere ser un «problema» para La Caixa. El relevo se abordará cuando Isidro Fainé «tenga tiempo», añadió Gabarró, que no quiso pronunciarse sobre fechas ni sobre si Fainé ocuparía su puesto.

También bromeó sobre su entrada en el pódium de la longevidad del Ibex, junto a Juan Miguel Villar-Mir (OHL) y José Lladó (Técnicas Reunidas), tras la muerte del presidente del Santander, Emilio Botín. Para La Caixa, ha explicado, el «tándem» formado por él como presidente y Rafael Villaseca como consejero delegado «funciona» y, en consecuencia, no «tienen prisa» en abordar cambios. Gabarró recordó que en el 2000 se jubiló tras haber sido gerente de Roca Radiadores, y que desde entonces está «aquí -en Gas Natural Fenosa- de propina«. Gabarró fue nombrado consejero de la gasista en 2003 y llegó a la presidencia de esta compañía en octubre de 2004, con 69 años, tras sustituir en el cargo a Antoni Brufau.

Por otra parte, Gabarró también descartó una hipotética compra de activos de Endesa y ha insistido en que «no le consta» que haya intención por parte de Repsol o de La Caixa de desprenderse de su participación en Gas Natural. En cualquier caso, añadió que la participación de Repsol en Gas Natural es «una opción de liquidez» que valoran «muy positivamente» las agencias de calificación crediticia y que considera como “una posición estratégica” si Repsol tuviera necesidad financiera. En cuanto al aumento del dividendo con cargo a 2015 en un 10%, ha asegurado que fue una decisión con la que se pretendió «mandar una señal de confianza a los accionistas».

La Audiencia Nacional admite un recurso de Iberdrola contra los porcentajes de financiación del bono social

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Europa Press.- La Audiencia Nacional admitió a trámite un recurso de Iberdrola en contra de la orden ministerial en la que se detallan los porcentajes en los que las compañías eléctricas deben financiar el bono social de la luz del ejercicio 2015. En la orden ministerial se indica que Iberdrola deberá asumir un 38,2% del coste del bono social, frente al 41,2% de Endesa y el 14,4% de Gas Natural Fenosa.

Endesa, Iberdrola, Gas Natural Fenosa, EDP España y E.ON España tienen recurrido ante el Tribunal Supremo el real decreto 968/2014, en el que se desarrolla la metodología para la fijación de los porcentajes de reparto del bono social. Tras la reforma energética, las grandes empresas del sector deben financiar en un 99% esta ayuda, que contempla un descuento de hasta el 25% en el recibo eléctrico de familias con todos los miembros en paro, familias numerosas, pensiones mínimas y potencias inferiores a 3 kilovatios (kW).

El nuevo esquema carga la financiación del bono social sobre 27 empresas, que son las verticalmente integradas, si bien las 5 grandes eléctricas de Unesa deben asumir prácticamente la totalidad de la ayuda, que ronda los 200 millones de euros anuales. El bono social, creado en 2009, fue inicialmente financiado por las 5 grandes eléctricas a razón de unos 150 millones de euros al año, hasta que Iberdrola denunció este mecanismo por discriminatorio y logró que en 2012 el Tribunal Supremo le diese la razón.

Posteriormente, en noviembre de 2013, el Supremo dictó un auto en el que extendía a las 5 grandes eléctricas el derecho a que se les restituyese el dinero dedicado al bono social. Al anularse esta fórmula de financiación restringida a 5 empresas, el Gobierno cargó de forma provisional a la tarifa eléctrica en 2013 el coste del bono social, mientras definía el nuevo mecanismo de financiación, en el que nuevamente son las eléctricas las que asumen el coste, aunque ahora a través de unos criterios que, en su redacción regulatoria, eliminan los aspectos considerados discriminatorios.

Endesa pide acabar con los impuestos a la generación eléctrica y reivindica una tarifa ajustada a los costes reales

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El presidente de Endesa, Borja Prado, cree que hay margen para replantearse algunas de las medidas puestas en marcha por el Gobierno, una vez que hay superávit en el sistema eléctrico, y asegura que impuestos como el 7% a la producción eléctrica “carecen de sentido” y su supresión aliviaría la factura, “dando prioridad a la competitividad industrial y al bienestar del consumidor”. Asimismo, Prado plantea que el bono social de electricidad se otorgue solamente siguiendo unos criterios de renta mínima.

Desde la compañía han propuesto un rediseño del bono social de electricidad, que actualmente supone un descuento del 25% sobre la factura, de tal manera que sólo se otorgue a los “hogares con unos niveles de renta mínimos”. Según sus cálculos, evitar que se aprovechen del bono social consumidores que no se encuentren en situación “crítica” podría liberar fondos para otro tipo de ayudas “que podrían incluir el pago completo de las facturas de los hogares identificados como insolventes por los servicios sociales”. Por otro lado, Prado reivindicó que la compañía “reaccionó con responsabilidad” ante la problemática de la pobreza energética mediante los convenios firmados con ayuntamientos y comunidades autónomas, que según indicó cubren un 75% de los hogares españoles.

También ha planteado que una parte del Fondo de Eficiencia Energética, dotado con unos 200 millones anuales, se dedique a rehabilitación y aislamiento térmico de viviendas. El bono social es una tarifa especial que actualmente sólo está disponible para consumidores que cumplan ciertos requisitos como hogares con menos de 3 kilovatios (kV) de potencia, pensionistas con prestaciones mínimas, familias numerosas o familias con todos sus integrantes en desempleo. De acuerdo a los últimos datos ofrecidos por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), hay 2,4 millones de consumidores acogidos al bono social.

Ajustar tarifa a “costes reales”

El presidente de Endesa señaló que se reduciría el número de consumidores vulnerables si el próximo Gobierno revisa los componentes de la tarifa eléctrica y la ajusta a los “costes reales” del suministro. En este sentido destacó el impuesto del 7% a la generación eléctrica, una de las primeras medidas puestas en marcha por el Ministerio de Industria cuando arrancó la legislatura de Mariano Rajoy para atajar el déficit de tarifa. A juicio de Prado, se trata de una carga impositiva que, ahora que hay superávit en el sistema eléctrico, “carece de sentido” ya que contribuye a encarecer la factura que soportan tanto la industria como los consumidores, por lo que desde la compañía solicitan ahora al Gobierno su supresión.

En cuanto a la incertidumbre política, Prado pidió a los partidos atajar las «desigualdades sociales que fueron provocadas por la crisis, no por las reformas implementadas para salir de ella”. Además, ante la tesitura de que el país está en «un momento crucial» por las «decisiones políticas colectivas» que se deben tomar en las próximas semanas, el presidente de Endesa reivindicó un Gobierno «estable» y que se despeje «lo antes posible» la actual situación política, por lo que implica para la estabilidad del país, por el crecimiento económico, por el descenso del paro y, desde luego, por las necesidades de regulación propias del sector energético.

En este sentido, el consejero delegado de la compañía, José Bogas, subrayó que el sector necesita un marco regulatorio «basado en criterios de certidumbre, de estabilidad y de seguridad jurídica, pero con ello «no basta”. Por ello pidió «despejar las incertidumbres» respecto «al futuro inmediato» de las centrales eléctricas ya existentes, especialmente las que pueden «ser viables, competitivas y sostenibles, desde el punto de vista económica y medioambiental, si cuentan con un razonable marco regulatorio». Para Endesa, estas centrales serán «indispensables» para asegurar el tránsito hacia el nuevo modelo energético, hasta que «maduren plenamente» las tecnologías en las que debe basarse. Una forma indirecta, la de Bogas, de hablar de las centrales térmicas y nucleares así como de las renovables.

Además, Bogas apuntó la necesidad de «limpiar» progresivamente la tarifa eléctrica de extracostes y cargas impositivas, «ajenos al suministro, que actualmente pesan sobre ella y que representan más de la mitad del precio que pagan los consumidores». El ejecutivo aseguró que la electricidad, «el vector energético más limpio y eficiente», no puede estar «penalizado» con todas las cargas derivadas de «antiguas decisiones de política energética que le restan competitividad respecto de otras energías que son más contaminantes y menos eficientes en el consumo energético final».

El Congreso debate la Ley 25 de Podemos, que propone un ampliado bono social que sea costeado por las empresas

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Europa Press.- El pleno del Congreso debatirá este martes un posible giro en la política antidesahucios y de lucha contra la pobreza energética llevada a cabo en los últimos años, que se recoge en la proposición de ley que Podemos ha denominado Ley 25 de Emergencia Social.

Para completar las medidas contra los desahucios, la iniciativa de Podemos regula también un nuevo bono social para la electricidad y el gas, que sería de cuantía progresiva en función de la vulnerabilidad de cada familia a partir de un Consumo Mínimo Vital mensual por hogar, con el objetivo de evitar cortes de suministro. La aplicación de esta medida comenzaría por la redefinición por parte del Gobierno de lo que se considera un hogar vulnerable y la actualización de los parámetros para medirlo, que no se limitarán a la renta.

Una vez los servicios sociales certifiquen esta situación y el grado de vulnerabilidad, la familia podrá acceder al bono social, que se aplicará en forma de rebaja progresiva del coste de los suministros hasta un límite fijado anualmente por el Ministerio de Energía. Así, los hogares con un grado máximo de vulnerabilidad estarán exentos de pagar hasta el 100% de la factura de luz o gas, y el porcentaje se irá reduciendo proporcionalmente al nivel de pobreza, teniendo en cuenta en este cálculo otras ayudas públicas contra la pobreza energética que se puedan estar recibiendo.

Además, Podemos quiere impedir con su iniciativa que las empresas energéticas puedan cortar los suministros en la vivienda habitual a las familias vulnerables, por lo que antes de proceder a esta medida los servicios sociales tendrán 60 días para verificar la situación del hogar. El corte sólo podrá aplicarse si determinan que no existe vulnerabilidad, se ha superado el Consumo Mínimo Vital anual y han pasado tres meses desde la factura adicional de gastos adeudados, siempre y cuando el nivel de pobreza no haya variado, en cuyo caso se tendrá que ajustar la cuantía del bono social con carácter retroactivo.

En cuanto a quién asume el coste de esta medida, Podemos cree que deben ser las empresas del sector las que, al menos en parte, costeen el bono social en función de su volumen de negocio. Para ello, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) tendrá que publicar anualmente qué empresas y en qué porcentaje se hacen cargo de los gastos. La proposición de ley hace especial hincapié en el caso de las mujeres víctimas de violencia machista, que podrán solicitar una vivienda con todos los suministros básicos cuando sufran «precariedad económica debido a la violencia padecida”.

Facua pide al Gobierno proteger por ley de la pobreza energética a las familias vulnerables

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Europa Press/Servimedia.- La asociación Facua-Consumidores en Acción pidió este lunes al Gobierno que apruebe una norma estatal para proteger a las familias más vulnerables de los daños que les provoca la denominada ‘pobreza energética’. Le insiste en «que no demore más su actuación» e impida que las familias afectadas sigan sufriendo cortes de luz por impago.

Además, la asociación reclama al Gobierno que asuma estas competencias y proteja a los afectados por pobreza energética tras el fallo del Constitucional que imposibilita a las comunidades autónomas legislar sobre la cuestión.

Facua considera que el bono social es el único instrumento dispuesto por el Gobierno para proteger a los usuarios más vulnerables y que este no es suficiente para responder a la situación de pobreza energética. Además, según una encuesta de 2014, el 48% de los consumidores desconocían la existencia del citado bono.

La asociación recuerda que, de acuerdo a las estimaciones de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), el número de usuarios que se han acogido al ‘bono social’ de electricidad se ha reducido un 18% entre 2009, año en el que se implantó, y 2015, pasando de tres millones a 2,45 millones de beneficiarios.

Facua afirma que Endesa e Iberdrola realizaron 506.481 cortes de suministro (un 5,9% más que en 2014) el pasado año, según la información que ambas compañías remitieron a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

La OCU exige medidas adicionales ante el incremento de hogares afectados por cortes de luz

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Europa Press.- La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha exigido medidas adicionales ante el incremento de los hogares afectados por cortes de suministro de luz por impago y para luchar contra la pobreza energética que, tras la crisis, afecta a muchas familias sin recursos. La asociación considera «urgente» la definición del consumidor vulnerable, pendiente tras la reforma de la Ley del Sector Eléctrico, y la creación de una tarifa social real que garantice la protección a aquellas personas en situaciones precarias.

 Para OCU, el actual bono social «no es una auténtica tarifa social, ya que deja fuera muchos hogares que sin cumplir ninguno de sus requisitos tienen serias dificultades para afrontar el pago mensual de la factura de la luz». Asimismo, reclama transparencia en la información sobre los cortes de suministro, tanto de aquellos efectuados por las compañías distribuidoras como también de las solicitudes de corte de suministro que tramitan las diferentes comercializadoras, que actúan tanto en el mercado libre como comercializando la tarifa regulada, ya que considera que esta información «es clave» para que los consumidores puedan entender mejor el alcance de este problema social.

El Defensor del Pueblo lamenta que el Gobierno siga sin ligar el bono social de la luz a la renta

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Europa Press / EFE.- El Defensor del Pueblo lamenta que el Gobierno no haya adoptado aún las «necesarias modificaciones normativas» que permitan ligar el bono social de la luz a la renta, lo que hace que esta ayuda se conceda «en ocasiones al margen de la insuficiencia de recursos«. La institución realiza esta consideración en su informe anual de 2015, en el capítulo relacionado con el suministro de electricidad.

En el caso del bono social, la normativa actual no vincula la ayuda a la renta, sino que la reserva a determinados colectivos como pensionistas, familias numerosas o familias con todos los miembros en paro. En 2014, el Defensor del Pueblo ya recomendó al Ministerio de Industria, Energía y Turismo que modificase los requisitos de concesión del bono social para tener en cuenta la renta del peticionario y no otros criterios. A lo largo de 2015, se han seguido recibiendo quejas de personas en situación de vulnerabilidad que no pueden acceder al bono social, señala.

Por otro lado, la institución dirigida por Soledad Becerril recomienda que la persecución del fraude eléctrico cometido por los particulares no recaiga sobre las empresas del sector, sino que se considere público y que sea responsabilidad de funcionarios de carrera. Con esta medida de «preservar el carácter público» de estos expedientes, formulada en octubre ante la Secretaría de Estado de Energía, se podrá garantizar a juicio del Defensor del Pueblo “la independencia” ante penalizaciones por fraude eléctrico, máxime cuando las empresas reciben conforme a la norma actual una retribución por la persecución de estas prácticas ya que así se pretende evitar que el resto de los consumidores sufraguen este fraude.

«Diversas quejas denunciaban la vulneración de los derechos fundamentales a la defensa y a la presunción de inocencia debido a la exigencia de cantidades en torno a los 2.000 euros por supuestos fraudes de energía eléctrica, sin pruebas de cargo suficientes ni haberse acreditado de manera fehaciente», refleja el informe, que recuerda que el impago de la penalización conlleva el corte del suministro. Las quejas alegaban falta de imparcialidad de las empresas distribuidoras, que realizaban las correspondientes inspecciones, en ocasiones a través de empresas subcontratadas, señala, antes de recordar que la normativa recoge un incentivo a la reducción del fraude.

El Defensor del Pueblo también indica que se encuentra a la espera de una respuesta a su recomendación a Industria acerca de la conveniencia de revisar el elevado peso de la parte fija en la tarifa de la luz, que impide el ahorro en la factura de electricidad. También considera necesario flexibilizar los actuales tramos para cambiar de potencia de energía eléctrica contratada, ya que con los actuales contadores digitales «dejaría de ser necesario el establecimiento de unos rangos de potencia de energía eléctrica». Al desaparecer estos tramos, «los consumidores dispondrían de más flexibilidad para definir sus necesidades de consumo».

El Defensor del Pueblo también llama la atención acerca de la necesidad de facilitar el fraccionamiento en el pago de las deudas con las empresas comercializadoras, sobre todo en los casos en los que el consumidor sufre dificultades económicas. Concretamente, cita el caso de una ciudadana que percibe un sueldo de 650 euros mensuales a la que le exigieron más de 2.000 euros por un supuesto fraude. La interesada solicitó un fraccionamiento de la deuda en 12 meses, pero la empresa solo aceptó 6 meses.

Por otro lado, el Defensor del Pueblo ha recomendado que la producción de energía eléctrica en régimen de autoconsumo en los casos en que no hay vertido de excedentes a la red no estuviese sujeta a cargo alguno ni a obligación de registro administrativo, por tratarse de una medida de ahorro energético que no debe desincentivarse. Durante 2015, la institución siguió recibiendo quejas denunciando este problema, que se sumarían a las recibidas desde 2013, señala.

La Ley 25 de Podemos en tres episodios y un ‘zasca’

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Episodio 1: Cuentan que la noche del 20 de diciembre, mientras se iba conociendo el resultado electoral, el candidato a presidente del Gobierno por Podemos y sus confluencias, Pablo Iglesias, se animaba cada vez más al conocer el recuento, en la efervescencia de los 69 diputados, e incluso hablaba de electricidad gratis al día siguiente según comentan estas fuentes.

Episodio 2: Se ha presentado la primera propuesta de ley de Podemos, la denominada Ley 25. En síntesis, la ley recoge una serie de preceptos derogatorios de otras leyes sin solución de continuidad, es decir, sin contener una sustitución normativa que contenga una regulación alternativa (más o menos discutible) a aquello que deroga o al menos una forma de administrar los períodos transitorios. Esto ocurre, por ejemplo, con el autoconsumo.

Episodio 3: Según se cuenta desde el Foro de Davos, España ha recibido un importante ‘zasca’ por la dejación política ante el fenómeno populista de Podemos y la falta de pedagogía económica e institucional de nuestro país, señalándonos que no se ha comprendido la complejidad de la situación económica española, sus riesgos y el papel de las clases dirigentes en una sociedad globalizada y occidental.

En definitiva, esto es algo que se está evidenciando en los distintos espectáculos políticos que está protagonizando esta formación, con especial alarma ante la rueda de prensa de Pablo Iglesias tras su entrevista con S.M. el Rey Felipe VI, reclamando la vicepresidencia del Gobierno y varios ministerios para los allí presentes en una escenografía preparada a tal efecto. Alarma general que se extiende en las cancillerías europeas, inversores y fondos internacionales: las cosas están llegando demasiado lejos y la condescendencia para no meterse en problemas se puede convertir en letal.

Tiene que ver toda esta introducción con las propuestas en materia de electricidad que efectúa Podemos. Dicha ley, en lo que se refiere a la energía eléctrica, define una especie de tarifa social para regalar el consumo de electricidad. Dicha tarifa social, establece que sea sufragada obligatoriamente y de forma sindicada por los operadores empresariales. Para ello, la definición de tarifa social o de consumidor vulnerable no se aproxima a ningún modelo reconocible en el ordenamiento europeo o en las economías occidentales. Ni falta que hace. Tampoco la forma confiscatoria de sufragarlo que proponen se encaja en la de un modelo redistributivo socialdemócrata en términos de ortodoxia en el ámbito hacendístico, vía gasto público como consecuencia de una decisión política.

Estiremos el argumento que aparentemente lo soporta: la primera necesidad. Mayor primera necesidad que la electricidad sería el hecho de proporcionar alimentos a la población y no parece que Podemos haya formulado norma alguna que obligue a las empresas de distribución alimentaria a proporcionar de forma gratuita bolsas de alimentos en los supermercados y que se sufragasen de forma colectiva los cestos de la compra entre estos operadores. O, por ejemplo, que las operadoras de telecomunicaciones suministren gratuitamente la conexión a internet y el móvil en un momento en que las telecomunicaciones son tan necesarias para cualquier persona. O que se ordenase a las petroleras la confiscación del combustible, su distribución y se estableciera su racionamiento obligatorio para los consumidores.

Podemos parte del aprovechamiento de una realidad y de un ambiente sociológico formado durante años en torno a la energía eléctrica, sus precios, sus costes y su naturaleza, fruto de su ausencia de pedagogía y cultura económica. A la vez, se aprovecha de una ausencia de política energética; esa pedagogía deficiente incluye decisiones como las bajadas electorales de las tarifas, aceptadas con tolerancia y simpatía pero caldo de cultivo de propuestas populistas, o la forma en que se articuló la abolición de las subastas CESUR.

Asimismo, la existencia de una pulsión antiempresarial y antimercado de una sociedad, la española, de fuertes resabios colectivistas que arrancan de la visión comunista inserta en la cultura económica del falangismo, coartada del nacionalsindicalismo del que no hemos salido. El argumento confiscatorio, por demagógico, es insostenible en cualquier país de la Unión Europea. Y también trae consecuencias: el no reconocimiento de la naturaleza del suministro, de los mercados, de las empresas, de los accionistas, desde la primera generadora de electricidad al último parque fotovoltaico, pasando por las distribuidoras y comercializadoras.

Además, refleja una concepción del aparato productivo como un instrumento al servicio de un modelo político caudillista que incluso pregunta a los informadores por las ropas y abrigos que llevan. La posición de Podemos, en este sentido, tiene componentes de comisaría política comunista venezolana. Y, con independencia del devenir de esta ley en su trámite parlamentario, de producirse, lo que parece claro es que ese maniqueísmo político anticipa una legislatura, corta o larga, de barricadas y de intensidad médica con cada numerito.

La pregunta es si nos lo podemos permitir.

Podemos propone un bono social progresivo para la luz y el gas que sea costeado por las empresas energéticas

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Europa Press.- Podemos ha incluido en su Ley 25, la primera iniciativa que ha registrado en el Congreso de los Diputados, la regulación de un nuevo bono social para la electricidad y el gas que sea de cuantía progresiva en función de la vulnerabilidad de las familias y que parta de un Consumo Mínimo Vital mensual por hogar.

La proposición de ley plantea una modificación de la Ley del Sector Eléctrico y una regulación similar para el ámbito del gas natural. En ambos casos el objetivo es establecer unos criterios en las ayudas basados en la renta y evitar que se corte el suministro a familias que no pueden pagar sus facturas. Así, el Gobierno definirá lo que se considera un hogar vulnerable y actualizará cada año los parámetros para medirlo, incluyendo en todo caso a los hogares en situación de pobreza relativa y severa según los estándares del Instituto Nacional de Estadística.

Serán los servicios sociales los que certifiquen la situación de vulnerabilidad de una familia y su grado, lo que le dará derecho a acceder a un bono de suministros para cubrir las necesidades básicas de electricidad y gas, cuya cuantía irá aumentando conforme mayor sea la pobreza. El bono se aplicará en forma de rebaja progresiva del coste de los suministros hasta el límite que cada año el Ministerio de Energía fije como Consumo Mínimo Vital mensual, tanto para el gas como para la electricidad.

Así, los hogares con grado máximo de vulnerabilidad estarán exentos de pagar hasta el 100% de las facturas, y el porcentaje se irá reduciendo en función del nivel de pobreza y en las cuantías que determine el Gobierno. Las condiciones de acceso se podrán mantener durante un ejercicio y se revisarán anualmente, pudiendo prolongarse de manera indefinida mientras persista la situación de vulnerabilidad. Si el hogar ya percibe alguna otra ayuda pública para paliar su situación de pobreza energética, el importe que le corresponda de ese bono se ajustará para no superar los límites máximos.

Por otra parte, la formación morada pretende con su proposición de ley impedir que las empresas energéticas puedan cortar el suministro de la vivienda habitual de los consumidores vulnerables: antes de cualquier corte los servicios sociales deberán verificar la situación del hogar, con un plazo máximo de 60 días para resolver y el régimen de silencio positivo. Es decir, que se considerará que el consumidor se encuentra en situación de vulnerabilidad mientras la Administración no se pronuncie en sentido contrario.

En este caso, la empresa sólo podrá iniciar los trámites de suspensión de suministro si se hubiera superado el Consumo Mínimo Vital anual y hubieran pasado 3 meses desde la factura adicional de gastos adeudados. Sin embargo, en estos casos los servicios sociales comprobarían también si ha aumentado el grado de vulnerabilidad del hogary, en su caso, ajustarían la cuantía del bono con carácter retroactivo, de modo que el consumidor tuviera que abonar únicamente la deuda que le quedara pendiente, contando para ello con un plazo de 3 meses.

En cuanto a quién asume el coste de esta medida, Podemos cree que deben ser las empresas suministradoras las que, al menos en parte, costeen este bono social «proporcionalmente a su volumen de negocio». Por eso, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) tendría que publicar anualmente qué empresas y en qué porcentaje se harían cargo de los costes, y publicar el listado en el Boletín Oficial del Estado, tanto para la electricidad como para el gas.