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Endesa pide que el Ministerio de Energía lidere la respuesta a la pobreza energética con una normativa nacional

Servimedia / EFE.- El consejero delegado de Endesa, José Bogas, considera, en relación con la pobreza energética, que «la situación de vulnerabilidad de las personas debe ser abordada de forma nacional» y que debería hacerse desde el nuevo Ministerio de Energía. «Hay que buscar soluciones a lo que ha sucedido», afirmó Bogas, quien lamentó la muerte de la mujer de Reus como consecuencia de un incendio provocado por una vela que utilizaba para iluminarse porque se le cortó el suministro eléctrico desde hacía dos meses.

«La situación de vulnerabilidad de las personas debe ser abordada de forma homogénea a nivel nacional con la colaboración de ayuntamientos y autonomías, con las peculiaridades de cada territorio y la colaboración de todos», continuó el ejecutivo de Endesa, quien agregó que «hay que definir bien esta situación y hay que reglarla bien». A este respecto, advirtió de que «las continuas discusiones, las descoordinaciones, los protocolos, la falta de disposiciones organizativas coherentes, las diferencias entre comunidades autónomas y el bono social no ayudan absolutamente a nada». «Se debería unificar, revisar, definir al cliente vulnerable y buscar una solución que, de una vez por todas, prevenga este tipo de situaciones», señaló.

En cuanto al bono social de electricidad, defendió que tiene que ser reformado para que sea efectivo basándose en criterios como la renta y el conocimiento de los Servicios Sociales sobre la verdadera situación de las familias o las personas. «El Gobierno es consciente de esto, que tiene que ajustar estos criterios y que tiene que hacerlo con una regla nacional con el apoyo de comunidades autónomas y ayuntamientos», concluyó Bogas, que se ha mostrado convencido de que es una de las prioridades que tiene el Gobierno sobre la mesa.

Las eléctricas, explicó, han firmado «múltiples convenios de colaboración» con servicios sociales y ayuntamientos, «pero la falta de una reglamentación puede llevar a lamentables sucesos» como el ocurrido. Lo cierto es que Endesa ya planteó la necesidad de «rediseñar» el bono social, una rebaja del 25% en la factura a la que pueden acogerse algunos colectivos, y crear un fondo para luchar contra la pobreza energética. La eléctrica apuntó que debían asignarse recursos a financiar un Fondo centrado en asegurar el suministro a las familias que no pueden pagar la factura ni con descuento y que deberá identificar cada Ayuntamiento.

El PSOE propone un suministro mínimo eléctrico ininterrumpible para paliar la pobreza energética y un bono social otorgado por renta

Europa Press.– El secretario general del grupo socialista en el Congreso, Miguel Ángel Heredia, presentó una Proposición No de Ley (PnL) en la que exige al Gobierno que reforme la Ley del Sector Eléctrico para asegurar el suministro a consumidores vulnerables. Además, ha instado al Ejecutivo a que garantice el bono social y que pretende garantizar un suministro eléctrico que no pueda ser interrumpido en ningún caso por ninguna empresa comercializadora y así paliar los efectos de la pobreza energética en España.

En este sentido, el PSOE quiere regular «con carácter de urgencia» la pobreza energética, definiéndola como aquella situación en la que consumidores vulnerables no disponen de rentas suficientes para satisfacer sus necesidades domésticas de energía y garantizar a estos el derecho al suministro. Por ello, el PSOE ha propuesto reformar la Ley del Sector Eléctrico, para que garantice el derecho al suministro de consumidores vulnerables recogido en la directiva europea 2009/72, del mercado interior de electricidad. Concretamente, han exigido que se establezca un servicio mínimo de subsistencia, en coordinación con los servicios sociales de las administraciones competentes. Este servicio, subrayan, «no podrá ser interrumpido en ningún caso por las comercializadoras«.

La iniciativa, que esta formación quiere debatir en el pleno del Congreso, también va dirigida ante los posibles efectos que pueda tener que el Tribunal Supremo haya anulado el régimen de financiación del bono social. Ante esto, el PSOE pide al Gobierno que tome las decisiones que sean pertinentes para no repercutir las consecuencias en el recibo de los consumidores. El Alto Tribunal declaró recientemente inaplicable el régimen de financiación, sustentado por las empresas eléctricas, a las que reconoce el derecho a cobrar una indemnización. En caso de que deban reintegrarse a todas las compañías que sufragan el bono social las cantidades pagadas desde 2014, advierten desde el PSOE, la cuantía de esta indemnización superará los 500 millones de euros.

Asimismo, el PSOE muestra su disconformidad con los criterios de la Administración para otorgar el bono social y, por tanto, piden en la PnL modificar la definición de las categorías de beneficiarios con el objeto de que «tenga efectos realmente redistributivos». En su exposición de motivos, el PSOE cree que al no estar ligado estrictamente a la renta per cápita del hogar, no cubre las necesidades básicas de un nivel mínimo de suministro eléctrico a aquellos hogares que se encuentran en situación de pobreza energética. Heredia ha explicado que el bono social eléctrico «fue creado en 2009 por el Gobierno socialista para proteger a los consumidores vulnerables», añadiendo que esta ayuda beneficia a algo más de 2,4 millones de españoles.

«Muchas personas lo están pasando mal y hay que buscar una solución a estos problemas», subrayó Heredia, que anunció que su grupo hará «una oposición dura, exigente, consistente, pero al mismo tiempo, constructiva». «Hay muchas familias que no tienen recursos económicos y el Gobierno tiene que garantizar que no puede haber pobreza energética en un país como España», concluyó el socialista. Por último, la iniciativa propone abordar una política de transición energética que se oriente hacia un nuevo modelo que tenga como prioridad la rehabilitación y eficiencia energética de los edificios, fomentar el autoconsumo de electricidad e impulsar las renovables.

CECU exige al Gobierno medidas urgentes contra la pobreza energética

Europa Press.- La Confederación de Consumidores y Usuarios (CECU) ha exigido a las diferentes administraciones implicadas en el sector energético y al Gobierno que tomen «medidas urgentes» para evitar las situaciones de pobreza energética.

CECU señala que los problemas energéticos españoles afectan cada vez más directamente a los ciudadanos y lo hacen no sólo en su bolsillo sino también sobre la salud de personas que no pueden permitirse encender la calefacción por su elevado coste.

Así, ha echo referencia al índice AROPE, que detalla que más de 13 millones de personas se encuentran en riesgo de pobreza y muchos de ellos no tendrán este invierno en casa una temperatura adecuada, condiciones que acentúan la proliferación de enfermedades relacionadas con el frío.

La confederación ha señalado que es consciente de «los esfuerzos» que hacen algunos ayuntamientos y comunidades autónomas para paliar estas circunstancias aunque las ayudas son limitadas, complejas o afectan únicamente a las situaciones de pobreza extrema, «dejando fuera a miles de familias que tienen que elegir entre comer o calentarse».

Asimismo, indica que tal y como está configurado el bono social no está solucionando estos problemas, ya que contempla criterios muy excluyentes, dejando fuera a una «gran parte» de la población española que ahora se encuentra en el umbral de la pobreza, incluso con trabajo.

En definitiva, CECU ha echo un llamamiento a la coordinación de todas las administraciones, en base a nuestra Constitución y a la Declaración de Derechos Humanos, para asegurar a sus ciudadanos una vivienda y condiciones de vida dignas. Por ello, considera importante impedir los cortes de luz en invierno y evitar que se produzcan desahucios por causas económicas durante el periodo invernal.

«Una sociedad avanzada no puede permitirse que continúen produciéndose casos como el sucedido ayer, en el que una anciana con la luz cortada falleció al utilizar velas para iluminarse. No podemos permanecer impasibles mientras condenamos a miles de personas a un inverno de frío y enfermedad», subraya la confederación.

Endesa gana 1.305 millones de euros hasta septiembre, un 8,2% más, y asegura que cumplirá su objetivo anual de beneficio

Redacción / Agencias.- Endesa ganó 1.305 millones de euros hasta septiembre, un 8,2% más que los 1.206 millones del año pasado, alcanzando así el objetivo anual de beneficio de 1.300 millones, apoyada en los buenos márgenes de negocio, especialmente en generación tras integrar totalmente a Enel Green Power España. La eléctrica, de la que la italiana Enel controla el 70%, tuvo un alza del ebitda del 4,3%, hasta los 2.869 millones, y un descenso del 8,5% en los ingresos, que sumaron 14.107 millones.

En las cuentas influyen algunos extraordinarios: la contribución de Enel Green Power España desde julio de 2016 y el impacto positivo extraordinario en las del año pasado de una operación de canje de derechos de emisión. Sin estos atípicos, la eléctrica apunta que el beneficio subiría un 22,3% y el ebitda, un 10,8%. Asimismo, el resultado neto de explotación (Ebit) creció un 4,4%, hasta los 1.811 millones de euros, y un 16,7% sin extraordinarios. «Este resultado se ha conseguido gracias a la estrategia de gestión del negocio con un incremento del 16% en el margen del liberalizado, la estabilidad del regulado y a la eficacia de los planes de contención de costes», destacó el consejero delegado de Endesa, José Bogas.

Por negocios, en Generación y Comercialización, el beneficio subió un 20,7%, hasta los 699 millones; mientras que en Distribución se elevó un 10,8%, hasta los 624 millones. En Otros, se registraron 18 millones de pérdidas. Endesa destaca que ha conseguido elevar su margen bruto en el negocio liberalizado, con menores costes de producción y reduciendo gastos en la compra de materias primas y de energía al mercado, y ha mantenido el del negocio regulado, que supone el 60% del ebitda. Así, la reducción de costes ha compensado los bajos precios y el impacto negativo, en comparación con 2015, de un importe no recurrente de 184 millones de euros generado en 2015 por la operación de canje de derechos de emisión.

Este efecto no se ha replicado en los nueve primeros meses de 2016, lo que ha propiciado un descenso en los ingresos de 2016 al comparar ambos periodos. A su vez, los gastos de personal, descontando los efectos de la incorporación de Enel Green Power España y otros impactos derivados de las provisiones para hacer frente a las obligaciones de los expedientes de regulación de empleo y los acuerdos voluntarios de salidas en vigor, descendieron en 49 millones de euros, con un descenso del 6,8%.

En los nueve primeros meses de 2016, la demanda eléctrica peninsular se mantuvo en línea con la del 2015, con un aumento del 0,1%. En datos operativos, Endesa redujo su producción eléctrica peninsular un 13,1% por la elevada disponibilidad de energía eólica e hidráulica, mientras que la elevó un 1,3% fuera de la Península. «El periodo se ha caracterizado por precios bajos», expuso el consejero delegado. Un contexto en el que, no obstante, se logró mejorar el negocio y adelantar ante los inversores el cumplimiento de los objetivos anuales marcados en su plan estratégico, subrayó Bogas, que destacó “la fortaleza y fiabilidad de la compañía”.

Sobre alguno de los temas pendientes en el sector, Bogas señaló que esperan que se termine de clarificar el modelo de financiación del bono social, tras la reciente sentencia del Supremo. La sentencia tumba el modo de financiar este bono, que supone un descuento del 25% sobre la factura eléctrica de algunos colectivos vulnerables, y obliga a devolver lo aportado por las eléctricas, que lo llevan pagando desde 2014, unos 500 millones, de los que la mitad corresponde a Endesa. Este asunto y la nueva cuantía del margen de comercialización, que reciben las empresas que suministran electricidad en la tarifa regulada, “esperemos que se aclaren en los próximos meses una vez formado ya Gobierno”, apuntó el consejero delegado de Endesa.

Sobre la situación del carbón y de la central de Compostilla, ha reiterado que no hay una decisión definitiva pero que el actual plan no contempla inversiones en este negocio porque el entorno no es el adecuado. «No hay condiciones para seguir», sentenció Bogas. De vuelta a las cuentas, las inversiones brutas hasta septiembre de Endesa se situaron en 735 millones de euros, un 14,8% más, mientras que la deuda financiera neta al cierre del periodo era de 4.964 millones, ligeramente superior a los 4.323 millones de finales de 2015.

Cabe destacar la sólida generación de cash flow operativo, que aumenta en 861 millones de euros como consecuencia, fundamentalmente, de la evolución del capital circulante, así como del menor pago de impuesto sobre sociedades, que se redujo en 328 millones de euros. La eléctrica ha subrayado que la «fuerte» generación de cash flow es la causa de que la deuda financiera neta de Endesa haya aumentado en sólo 641 millones de euros a pesar de la adquisición de Enel Green Power España por 1.207 millones de euros, así como por el pago del dividendo con cargo al resultado de 2015.

En los nueve primeros meses de 2016, Endesa alcanzó una cuota de mercado del 35,2% en generación peninsular, del 43,9% en distribución y del 35,5% en ventas a clientes del mercado liberalizado. El número de clientes en el mercado liberalizado era de 5.338.794 al cierre del periodo citado, con un aumento del 5% respecto del mismo periodo del año anterior.

Gas Natural Fenosa espera recibir más de 60 millones de euros por la compensación del bono social

Redacción / Agencias.- Gas Natural Fenosa, que a través de su filial Global Power Generation (GPG) acordó adquirir a Grupo Gransolar una participación mayoritaria del 85% en dos plantas solares en Brasil, estima que la compensación que recibirá como consecuencia de la sentencia del Tribunal Supremo que declara inaplicable el bono social eléctrico ascenderá a algo más de 60 millones de euros. Así lo reveló el consejero delegado de la compañía, Rafael Villaseca, que también ha pedido “seguridad jurídica” a Colombia para que Electricaribe “sea viable”.

Volviendo a la sentencia del Alto Tribunal, que exige indemnizar a las compañías por lo abonado desde 2014 para financiar este descuento del 25% aplicado al recibo de la luz de diversos colectivos, en el caso de Gas Natural su cálculo es que percibirá algo más de 20 millones de euros por cada año. Esta compensación es uno de los aspectos que permitirán a la compañía mejorar su resultado en lo que queda de ejercicio.

Además, la compañía espera otra compensación de 45 millones de euros por la inaplicación de la subida de las tarifas de gas en Argentina. Dicha subida fue aplicada el 1 de abril pero quedó suspendida por la Corte Suprema de Argentina por un defecto de forma, por lo que no ha podido ser efectiva hasta el 1 de octubre. Como consecuencia, la gasista dejó de ingresar estos 45 millones por los que espera ser compensada.

Importantes problemas financieros en Colombia

En cuanto al conflicto que mantiene en Colombia por los impagos a su filial Electricaribe, Villaseca confía en alcanzar un acuerdo con el Gobierno de Juan Manuel Santos, basado en la aplicación de un marco regulatorio fiable que ofrezca seguridad jurídica y evite fraudes e impagos ya que, de no ser así, la actividad en el país “no es viable”.

De hecho, debido a la actual situación, el beneficio después de impuestos de la filial del grupo en el Caribe registró pérdidas de alrededor de 24 millones de euros hasta septiembre, frente a los 14 millones de pérdidas registrados en el mismo periodo del 2015. Electricaribe está participada en un 85% por Gas Natural y en el otro 15% por el Gobierno colombiano. Villaseca precisó que a 30 de septiembre de 2016 el importe total de facturas impagadas ascendía a 1.259 millones de euros, importe provisionado en aproximadamente un 83%.

En este sentido, el director general económico-financiero de la multinacional, Carlos J. Álvarez, ha precisado que Gas Natural considera la parte restante de la deuda «recuperable», y ha añadido: «El tiempo dirá cuánto de eso vamos a recuperar y cuánto no porque no ha sido posible en el camino». En cualquier caso, el responsable financiero ha asegurado que Gas Natural dota cada factura no cobrada a los seis meses. En esta línea Villaseca ha precisado que, en lo que va de año, se han provisionado 150 millones del total de 1.259 con que está dotado.

Villaseca ha subrayado que los elevados índices de deuda y de fraude en la compañía están provocando una «delicada» situación de tesorería. Por ello, Gas Natural está «dialogando con el Gobierno colombiano» para intentar que «exista un marco regulador razonable que permita que la morosidad y el fraude se repriman también a niveles razonables», de forma que ello permita invertir en la zona, ha dicho Villaseca. Si se dan estos requisitos, «es perfectamente posible pensar en la viabilidad futura de Electricaribe; sin esto, sinceramente, nos tememos que el proyecto no cuadra sea cual sea la medida local que se tomara», ha avisado el consejero delegado.

En cualquier caso, los directivos de Gas Natural han aclarado que la sociedad matriz del grupo «no tiene prestados avales a ninguna de las deudas del grupo colombiano». Esta distribuidora cubre la zona del Caribe colombiano, que proporciona luz a 2,5 millones de clientes de bajos recursos económicos y a la industria de la zona. En concreto, Electricaribe distribuye y comercializa electricidad en los departamentos de La Guajira, Atlántico, Bolívar, Sucre, Córdoba, Cesar y Magdalena, aunque desde hace meses se multiplican las protestas en Colombia por fallos en el servicio.

En octubre trascendió que Gas Natural Fenosa reclamaba unos 1.000 millones de deuda acumulada a Colombia. Gas Natural alega que su filial Electricaribe no puede dejar de suministrar electricidad pese a su problema de morosidad y fraude, y para resolver esta situación la multinacional ha solicitado abrir un diálogo de 6 meses al amparo del acuerdo para la promoción y protección recíproca de inversiones firmado entre Colombia y España. En el caso de no alcanzar un acuerdo, una opción que está sobre la mesa es recurrir al arbitraje internacional llevando el conflicto al Ciadi, organismo que depende del Banco Mundial.

Compra plantas solares en Brasil

Respecto a las plantas solares adquiridas en Brasil a Grupo Gransolar, la compañía tiene previsto invertir aproximadamente 85 millones de euros para desarrollar el que será su primer proyecto de generación eléctrica en el país. La producción estimada del proyecto será de 154 gigavatios hora (GWh) anuales. Los parques solares, denominados Sobral I y Sertao I, de unos 60 megavatios (MW), están situados en la región de Piauí, al norte del país, y está previsto que empiecen a operar en el segundo semestre de 2017.

Los parques a desarrollar por GPG llevan asociado un acuerdo de venta de la energía generada durante 20 años, con el sistema público brasileño, a un precio aproximado de 95 euros por megavatio hora (MWh). GPG tiene previsto incrementar su capacidad instalada a nivel global en 100 MW hasta 2018, a la par que espera incorporar 2.700 MW más en 2020, fundamentalmente en energías renovables.

IU pide impuestos a las compañías eléctricas para financiar el bono social mientras CCOO las culpa de la pobreza energética

Redacción / Agencias.- CCOO lamentó que la sentencia del Tribunal Supremo que declara inaplicable el régimen de financiación del bono social de la luz “exime a las grandes eléctricas”, con «beneficios multimillonarios», de asumir la pobreza energética que el «alto coste de sus tarifas provoca en uno de cada tres hogares españoles”. En este sentido, Izquierda Unida aboga por sufragar el coste del bono social a través de los Presupuestos con impuestos que provengan de los beneficios que tienen las empresas del sector.

El responsable federal de Políticas Económicas de Izquierda Unida (IU), Carlos Sánchez, considera que la sentencia del Tribunal Supremo supone un «golpe definitivo» a la reforma eléctrica aprobada por el Gobierno del PP en 2013. De este modo recuerda que, según la sentencia, las empresas eléctricas podrían recibir una compensación de más de 500 millones de euros y afirma que «se echa de nuevo una mano al oligopolio eléctrico«. El responsable económico de IU reitera que «una vez más, las grandes empresas ganan» y plantea que el descuento del 25% del bono social se sufrague vía impuestos a través de los Presupuestos Generales del Estado.

El Tribunal Supremo declaró inaplicable el régimen de financiación del bono social, que se aplica a los consumidores de energía eléctrica considerados más vulnerables, al entender que es incompatible con la normativa comunitaria. En dos sentencias, la Sala de lo Contencioso-Administrativo estima los recursos interpuestos por E.ON España y Endesa, y reconoce el derecho a cobrar una indemnización por las cantidades aportadas en concepto de bono social por la aplicación del decreto “inaplicable” de 2014.

CCOO culpa a las eléctricas

Por su parte, el sindicato CCOO culpó a las compañías eléctricas de causar la pobreza energética con “el alto coste de sus tarifas”, una pobreza energética “que crece a pasos agigantados en amplias capas sociales». Además, el sindicato sostiene que «un mercado viciado y una estructura tarifaria eléctrica ineficiente, unida al elevado coste de la energía, son las causantes esta situación». Por ello, cree que es necesario modificar la actual regulación del mercado eléctrico y eliminar el modelo de mercado a coste marginal por un mercado donde el precio de la energía sea más acorde con sus costes de generación y sus tipos de consumo.

CECU pide actuar al Gobierno

Por su parte, la Confederación de Consumidores y Usuarios (CECU) reclama al Gobierno que actúe para responder a la sentencia del Tribunal Supremo que anula la forma de financiar el bono social y que garantice las familias vulnerables “no queden desprotegidas hasta que se elabore un nuevo texto normativo». En este sentido, la asociación considera que la decisión del Supremo genera dudas sobre cómo se van a devolver los importes y subraya que «no sería tolerable que fueran los beneficiarios del bono social los que se hicieran cargo, ni que se financiara con una nueva subida de la electricidad que afectaría a todos los usuarios».

En torno a la sentencia del bono social discriminatorio

España no está para argumentos que requieran atención y precisión. Las reacciones a la sentencia del Tribunal Supremo relativa a la financiación del bono social, por otro lado esperable y predecible con unos conocimientos básicos de Derecho, lo demuestran. El bono social es una forma imperfecta, por su forma indirecta de entender la renta disponible en el domicilio, de trasladar a la legislación española el concepto de consumidor vulnerable y de pobreza energética en lo que se refiere al suministro eléctrico.

El bono social supone una reducción del 25% de la tarifa para aquellos consumidores que cumplían una serie de condiciones. Dicha reducción está sufragada fundamentalmente por las cinco grandes distribuidoras eléctricas, como está reglamentariamente fijado por decisión del regulador. La sentencia, por su parte, pone en cuestión que el bono social deba ser sufragado por los grupos que integran las actividades de producción, distribución y comercialización, cuando, en realidad, existen más agentes en el sistema.

No hay que olvidar la dimensión de “política social” que tiene el bono social y que debería ser resuelta de forma pública vía política fiscal y no con la tarifa eléctrica. Hagamos una analogía. Imaginemos que, el Estado determina una entrega de alimentos gratuita para los individuos que estén por debajo de un umbral de pobreza y se determina por norma legal que lo tienen que sufragar las tres principales cadenas de supermercados. Lo que ha dictaminado el Tribunal Supremo ha sido que, esa fórmula no es posible, es ilegal y no se adapta a las normas comunitarias por su propio desequilibrio, discriminación y desigualdad.

Lo que subyace debajo del diseño de la medida es una mirada oblicua sobre los propios agentes empresariales (a efectos de determinar el descuento, pagado selectivamente por elección discrecional del Gobierno) y la tendencia española a solucionar vía subsidios cruzados, frente a una ortodoxia hacendística y fiscal que sea responsable de aquellas materias que deben tener naturaleza pública. Todo ello en los tiempos de la demagogia económica de corte colectivista, por un lado, y de la superación de las previsiones de déficit en los Presupuestos Generales del Estado por otro.

Empiezan las turbulencias para el nuevo gobierno en ciernes, como cosecha de las tropelías pasadas. Ahora tocará la propia reliquidación al respecto. Por eso, en lugar de pedir intervención, es mucho más necesario pedir rigor y ortodoxia en la regulación.

El Club Español de la Energía (Enerclub) pide al Gobierno diálogo y estabilidad para hacer una transición energética ordenada

EFE / Europa Press.- El presidente del Club Español de la Energía (Enerclub) y de Endesa, Borja Prado, pidió al nuevo Gobierno estabilidad regulatoria y «diálogo» para avanzar en la transición a un modelo energético más renovable «de forma ordenada» y con costes razonables. En este sentido, Prado subrayó la importancia de la estabilidad para atraer inversiones, así como que el crecimiento en renovables para cumplir con los objetivos ambientales se haga de forma sensata.

Prado aseguró que hay muchos inversores esperando para entrar en España en cuanto se dé la estabilidad necesaria y pidió al próximo Gobierno esfuerzos para lograr pactos en grandes temas. Por ello indicó como dos grandes metas reducir el precio que paga el consumidor en la tarifa eléctrica y que ésta recoja solo los costes reales de producción quitando del recibo eléctrico otras partidas. Asimismo, Prado apreció la reforma con la que se consiguió acabar con el déficit tarifario y reclamó para esta nueva etapa “respaldo regulatorio en la realización de las inversiones necesarias para cumplir los objetivos comunitarios de lucha contra el cambio climático”. También pidió al nuevo Gobierno apostar por retomar el diálogo con los agentes del sector.

Prado, que no ve con malos ojos un posible Ministerio de Energía y Cambio Climático, apostó por que se consensué un pacto de estado energético. Respecto a una transición hacía energías más limpias, reivindicó que se haga con un “calendario ordenado, sin prisas, sin generar otra deuda como el déficit de tarifa y aprendiendo de los errores del pasado”. «Necesitamos respaldo regulatorio y que el nuevo Gobierno tenga en mente los objetivos», así como «un marco retributivo atractivo para las nuevas inversiones, con criterios de rentabilidad«, señaló el máximo responsable de Enerclub, que ha tomado recientemente el relevo del consejero delegado de Cepsa, Pedro Miró. «Hay que dar un marco con rentabilidades razonables, que no fomente la especulación», sentenció Prado.

A nivel energético, el sector se encuentra ante una auténtica «revolución tecnológica» en la que cualquier avance ha de acometerse de forma «proactiva» y con la exigencia de contribuir al objetivo global de evitar el calentamiento del planeta, explicó Prado. En cuanto al peso del carbón, supeditó la continuidad de algunas de las centrales a ver qué marco de ayudas se establecerá. Sobre las nucleares, resaltó que no hay «líneas rojas» pero que se debe analizar con atención el coste que puede conllevar su cierre.

En cuanto al bono social, el presidente de Enerclub ha apuntado que el Estado deberá cumplir con la sentencia del Tribunal Supremo que declara inaplicable el régimen de financiación y que obliga a devolver lo aportado por las eléctricas para financiar el bono social desde 2014. A Endesa, la compañía que preside, le corresponden unos 250 millones de euros, la mitad de lo que se debe devolver a las empresas. Asimismo, insistió en que deben cambiarse las condiciones de acceso al bono para que de verdad sirva para ayudar a los que más lo necesitan. Asimismo, reivindicó que las compañías también combaten la pobreza energética mediante acuerdos con la Administración.

En su periplo al frente de Enerclub, think-tank que agrupa a las empresas del sector energético español, el presidente Prado planteará varias líneas de actuación, entre ellas la comunicación y difusión de contenidos a la sociedad, las actividades de formación, la diversificación de la actividad geográfica para no concentrar su presencia en Madrid y una mayor actuación internacional mediante iniciativas conjuntas con instituciones como la Agencia Internacional de la Energía o el World Energy Council.

Guindos señala que Industria cumplirá la sentencia sobre el bono social mientras los sindicatos cargan contra el Supremo

Redacción / Agencias.- Mientras el secretario de Acción Sindical de CCOO, Ramón Górriz, asegura que la sentencia del Tribunal Supremo que declara inaplicable el régimen de financiación del bono social de la luz favorece «a las élites y a las eléctricas», el ministro de Economía en funciones y responsable del departamento de Industria, Luis de Guindos, señaló que el Gobierno cumplirá la sentencia, de la que resaltó que no cuestiona esta ayuda, sino su financiación.

«No tenemos todavía la sentencia. Hemos visto lo que ha salido por la prensa», si bien su contenido «no cuestiona el bono social, sino la financiación del mismo», indicó el ministro, titular de Industria desde la dimisión de José Manuel Soria, respecto al descuento del 25% en el recibo de la luz que supone el bono. «Cuando tengamos la sentencia, los servicios jurídicos de Industria y Energía la analizarán para conocer el detalle. Cumpliremos la sentencia», añadió. Sobre si cabe la posibilidad de presentar un recurso, Guindos aseguró desconocerlo pero recordó que el Supremo es la instancia más alta que existe en la judicatura española.

El Supremo declaró inaplicable el sistema de financiación del bono social, que desde 2014 recayó sobre las principales compañías eléctricas conforme a lo previsto en la reforma energética anunciada en 2013, al entender que es incompatible con la normativa comunitaria. En dos sentencias, la Sala de lo Contencioso-Administrativo estimó los recursos interpuestos por E.ON España (ahora Viesgo) y Endesa, y reconoce el derecho de ambas a cobrar una indemnización por las cantidades aportadas en concepto de bono social. Para el Supremo, el régimen de financiación del bono social incumple la exigencia establecida en las directivas europeas para el mercado interior de la electricidad, que establece que “las obligaciones de servicio público deberán definirse claramente, ser transparentes, no discriminatorias y controlables”.

CCOO: “favorecer a las élites”

Por su parte, el secretario de Acción Sindical de CCOO, Ramón Górriz, criticó que la sentencia del Supremo favorece «a las élites y a las eléctricas«. «Una vez más, la Justicia es ignorada por algunos tribunales de justicia, al favorecer a las élites y a las eléctricas a costa de agravar la situación de las personas que peor lo pasan y desentenderse de la más elemental responsabilidad social de las empresas«, según denunció el sindicalista.

De acuerdo con el sindicato, es «inaceptable» que España, que cuenta con «una de las tarifas eléctricas más elevadas de la Unión Europea», asista a «una nueva vuelta de tuerca» para «hacer más difícil la vida de las personas en situación de pobreza energética». Górriz ha criticado que el Alto Tribunal ha sido «sensible» a los recursos de las compañías eléctricas y ha «dejado en la estacada» a los colectivos «más desfavorecidos». En su opinión, esta sentencia es una «mala noticia» para la democracia, que ensanchará «aún más» la brecha de la desigualdad y la pobreza en España. Górriz reclamó a los poderes públicos que «activen todas las iniciativas para paliar, al menos, la situación de los colectivos más vulnerables».

UGT: cuidado con los ciudadanos

Por otro lado, UGT pidió que, tras las sentencias del Supremo, el coste del bono social «no recaiga sobre los ciudadanos y ha reclamado que se establezca una regulación que «asegure el acceso a la energía a los grupos más vulnerables y con rentas más bajas». El sindicato subrayó que el Estado «debe proteger» a aquellos colectivos más vulnerables de la sociedad, “que sufren la pobreza en todos sus ámbitos, incluida la energética», por lo que considera que el bono social era «una medida de justicia». A este respecto, UGT afirma no compartir el fallo, ya que «da la razón a las eléctricas y obliga a devolverles lo que pagaron«.

Para el sindicato, el coste de esta decisión judicial no puede recaer «en ningún caso» sobre los ciudadanos, que «han sufrido en primera persona los efectos de la crisis y de las políticas económicas que se han aplicado para combatirla», e insiste en que es necesario establecer una regulación «para asegurar el acceso al suministro energético con carácter universal a los grupos más vulnerables y con rentas más bajas, evitando el corte de suministro por falta de pago». También pide un IVA súperreducido para todos los bienes y servicios vinculados a la energía. Asimismo, pide poner en marcha un plan integral de choque contra la pobreza, «que ha aumentado en los últimos años como consecuencia de las políticas de austeridad».

Los consumidores creen que las sentencias del Supremo ponen de manifiesto que es «urgente» una reforma del bono social

Redacción / Agencias.- Mientras Facua considera que las sentencias del Tribunal Supremo contra el decreto que regula el régimen de financiación del bono social de la luz «deja en evidencia el fracaso del modelo energético del Gobierno”, la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) pone de manifiesto que es «urgente» una reforma de las condiciones de acceso a éste, «de forma que llegue a todos los consumidores que se encuentran en una situación precaria».

En este sentido, la asociación subraya que el fallo del Alto Tribunal no cuestiona que sean las empresas del sector las que tengan que asumir el coste de financiación del bono social en España «ya que la normativa europea recoge expresamente que, en aras del interés general, sean las empresas que obtienen beneficios en el sector las que financien las obligaciones de servicio público». Por ello, señala que se deben revisar los criterios de reparto para que cumplan los criterios de transparencia, no discriminación y garanticen la igualdad entre las empresas, pero de forma que al mismo tiempo se garanticen unas condiciones adecuadas de competencia.

Asimismo, OCU cree las sentencias ponen de manifiesto una vez más «la pésima regulación del sector eléctrico», que tienen consecuencias «muy negativas» para los consumidores por lo que considera necesaria una «reforma urgente» del bono social para adecuarse a los criterios que establece la normativa europea, unos criterios que a juicio del Tribunal Supremo no cumple la normativa española, y se evite así el riesgo de que sean los consumidores quienes asuman una vez más su financiación mediante los peajes.

La OCU estima que, en la práctica, la aplicación de las sentencias supone la devolución de 360 millones de euros a las compañías eléctricas. Así que, además de la financiación, la OCU considera que hay que reformar las condiciones de acceso al bono social, «de forma que llegue a todos los consumidores que se encuentran en una situación precaria», ya que subraya que el actual bono social no cumple esa función. De esta manera, pide al Gobierno que aproveche «la necesaria reforma del bono social para crear una autentica tarifa social» basada en la renta para combatir la pobreza energética.

“Evidencia fracaso del modelo energético»

Por su parte, la Federación de Consumidores en Acción (Facua) considera que las sentencias del Supremo «dejan en evidencia el fracaso del modelo energético del Gobierno, heredado de un proceso de privatización del servicio de un bien básico como es el suministro de electricidad». En este sentido, la asociación señala que la decisión del Supremo «vuelve a poner de manifiesto la inseguridad de un sistema que es continuamente cuestionado en los tribunales, algo que encarece continuamente el servicio y que por lo tanto convierte a los consumidores, la parte más vulnerable, en los principales perjudicados».

Asimismo, Facua recuerda que es la segunda vez que el Supremo tumba el sistema de financiación del bono social ya que en 2012, cuando el alto tribunal anuló el marco legal que lo regulaba y que estaba en vigor desde 2009 tuvo que ser modificado. Entonces, el Gobierno decidió repercutir temporalmente el coste de su financiación sobre la factura de los consumidores, pero en 2014 puso en marcha el sistema de financiación que ahora el Supremo ha vuelto a anular.

Facua considera que estas sentencias son muestra de que el modelo eléctrico actual es «un sistema opaco, que genera inseguridad y que no protege a la ciudadanía en un servicio esencial, especialmente a las más vulnerables y en riesgo de exclusión social». Para Facua, este estado permanente de litigio provoca «un encarecimiento de un servicio con el que los consumidores están profundamente en descontento, tanto por el desproporcionado coste de la electricidad como por las irregularidades que cometen las compañías».

“Que no desaparezca el bono”

La Confederación Española de Cooperativas de Consumidores y Usuarios (Hispacoop) pidió al Gobierno que tome las medidas oportunas para mantener las ayudas económicas que permitan el acceso a la electricidad a las familias que lo percibían para evitar el riesgo de que aumente la pobreza energética con su desaparición. Hispacoop sostiene que las situaciones que marcan la finalidad del bono social siguen estando presentes en la situación actual española. Por ello, advierte de que la desaparición del bono social representaría «un duro golpe» para las familias afectadas, ahondando más en la situación de riesgo de pobreza energética que pueden sufrir.

“No afecta a los beneficiarios”

Precisamente el consejero de Economía e Infraestructuras de la Junta de Extremadura, el socialista José Luis Navarro, ha llamado a la «tranquilidad» a los ciudadanos beneficiarios del bono social eléctrico, pues la sentencia emitida por el Tribunal Supremo «no les afecta». Navarro explicó que la sentencia establece que «no deben ser determinadas empresas del sector eléctrico las que lo paguen, y quien impuso que fueran ellas, el Ministerio de Industria, es el que ahora debe buscar la solución alternativa». Mientras tanto, no va a dejar de existir el bono social y quienes lo perciben «no deben tener ni la más mínima preocupación«, ha subrayado Navarro.