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El director de la central nuclear de Trillo ve necesario y conveniente el ATC de residuos nucleares

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EFE.- El director de la central nuclear de Trillo, Aquilino Rodríguez, calificó de «necesario y conveniente» la construcción de un Almacén Temporal Centralizado (ATC) de residuos nucleares en el país porque «es bueno tener centralizados» todos los residuos nucleares de alta actividad que genera la energía nuclear en España, aunque indicó que la planta podría almacenar los residuos que generase en 28 años más.

Hasta que no se ponga en marcha ese ATC, Rodríguez señaló que cada central nuclear debe gestionar sus propios residuos porque «no hay más remedio» y, en este escenario, recordó que la planta de Trillo tiene en funcionamiento, desde 2002, un Almacén Temporal Individualizado (ATI) que en total tiene capacidad para 40 recargas. Un ATI que considera que, con el paso del tiempo, “casi todas” las centrales nucleares deberán tener uno propio. Además, recordó que Trillo tiene una piscina para almacenaje por lo que, en total, esta planta podría guardar los residuos nucleares que generase en los próximos 28 años.

Funcionamiento «estable y sin incidentes»

La central nuclear de Trillo gestionó de manera «estable y sin incidencias» la energía que produjo durante el año 2015 y, además, operó al 100% de su potencia desde que hicieran la última recarga entre abril y mayo del pasado año. Así lo confirmó el director de la central, Aquilino Rodríguez, al presentar el balance del funcionamiento de la central durante 2015, confirmando que Trillo ha sido una de las centrales nucleares españolas que más energía produjo el pasado año.

Rodríguez ha manifestado que en 2015 la central ha recibido la visita de ocho expertos nucleares para comprobar la evolución de las 13 áreas de mejora que marcó WANO (Asociación Mundial de Operadores Nucleares) en la evaluación que hizo a la central en 2013. De las 13 áreas analizadas, 3 recibieron la máxima calificación, es decir, «A», lo que significa una mejora de las áreas, mientras que las 10 restantes, recibieron la calificación de «B», que significa que estas áreas están en vías de progreso.

Rodríguez resaltó que durante 2015 no se produjo ninguna parada automática, por lo que la nuclear de Trillo acumula 8 años sin que se produzca este tipo de incidencia, e indicó que la recarga anual comenzará el 28 de abril, que tendrá un coste de 15 millones de euros. El director detalló que la central nuclear de Trillo ha tenido una producción neta en 2015 de 7.926.991 MWh, lo que supuso «el octavo mejor año» en cuanto a producción energética de la central desde que comenzara su funcionamiento en 1988.

Encarecer precio de la electricidad

En este sentido, Rodríguez subrayó que el sector nuclear representa el 7% de la potencia eléctrica instalada que hay en el país, pero que produce el 21% del total de energía eléctrica que se consume en España. Con estos datos, Rodríguez ha considerado que sería «viable prescindir de las centrales nucleares» para producir la energía que demanda el país pero que esto, a su vez, encarecería el precio del consumo energético e incrementaría la emisión de CO2 a la atmósfera.

Por otra parte, el director de la central también ha detallado que el Centro Alternativo de Gestión de la Emergencia (CAGE) de Trillo está en su «fase final» de construcción y espera que las obras finalicen este mes de julio. Se trata de un centro que ha calificado como «el último refugio» al que se tendrá acceso en caso de una situación de emergencia para gestionar la central y que es de obligada construcción tras el accidente nuclear de Fukushima.

Ha valorado también que hay que cuidar la gestión de la central, que tiene vigencia válida hasta el año 2024, porque no es «un cheque en blanco». Rodríguez ha apuntado que la central registró 5 incidentes el año pasado, uno de ellos por el terremoto que se produjo en Ossa de Montiel (Albacete), pero que ninguno de ellos fue «relevante» para el funcionamiento de la central. «El año 2015 ha sido un año positivo y bueno para la central de Trillo», ha declarado el director, a quien le encantaría repetir estos datos «año tras año».

Podemos pide la comparecencia en el Congreso del presidente de Enresa para explicar por qué continúan las inversiones en el ATC

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Podemos solicitó la comparecencia del presidente de Enresa, Juan José Zaballa, para que informe sobre las inversiones que se están realizando en el Almacén Temporal Centralizado (ATC) de Villar de Cañas (Cuenca). Por ello, los diputados de Podemos, Juan López de Uralde y Josep Vendrell, solicitan a Zaballa que explique por qué se siguen adoptando decisiones sobre el ATC cuando está paralizado por el Gobierno de Castilla-La Mancha, que pretende impedir su construcción declarando la protección ambiental del terreno.

Según Vendrell, la Empresa Nacional de Residuos Radiactivos (Enresa) pretende que el Gobierno de Castilla-La Mancha, «una vez invertidas importantes cantidades de dinero público», se sienta suficientemente presionado para levantar la paralización de la obra. Por ello, tachó de «grave irresponsabilidad» el «poco respeto que este Gobierno y sus satélites, como Enresa, sienten por el dinero de los ciudadanos y no dudan en dilapidarlo con tal de imponer una instalación que nunca debió ser planteada».

«Que Enresa haya sacado a licitación contratos por un valor de 417 millones de euros, como denuncia Ecologistas en Acción, y que se hayan comprometido licitaciones por unos 70 millones es de una irresponsabilidad insólita en un Gobierno en funciones», denuncia Vendrell. Por su parte, López de Uralde reprochó a Enresa que siendo una empresa pública, «se salte la legalidad por motivos estrictamente políticos» y reclamó la paralización del ATC.

También la Plataforma contra ATC

De igual forma, la Plataforma contra el ATC de residuos nucleares reclamó al Gobierno en funciones del PP la paralización del proyecto y que cese el «derroche» de dinero público. Sin embargo, según la Plataforma, el Gobierno central «lejos de darse por vencido, no ha parado de mover ficha» y Enresa ha adjudicado nuevos contratos, como el del servicio de monitorización de la red topográfica de nivelación de precisión del emplazamiento ATC en Villar de Cañas por 41.125 euros; y el suministro de bombas de muestreo de aire para el programa de vigilancia radiológica de la instalación por 38.508,50 euros. Además, añade que la SEPI pretende contratar a 40 nuevos empleados que irán íntegramente a labores relacionadas con el ATC.

Para la portavoz de la Plataforma, María Andrés, «Rajoy está haciendo con el ATC lo mismo que Cospedal hizo en la región, acelerar la tramitación de los expedientes relacionados con el ATC, hasta el punto de aprobar el POM de Villar de Cañas ahora anulado». La Plataforma, que el pasado 14 de febrero cumplió seis años, está solicitando a la ciudadanía que firme la petición contra el ATC en el portal Change.org, donde ya van recogidas más de 1.600 firmas.

La Justicia rechaza de nuevo suspender la ampliación de la zona protegida que entorpece la construcción del ATC

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EFE.- El Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha desestimó el recurso del Gobierno central contra el auto que denegó la suspensión cautelar de la ampliación de la Zona de Especial Protección de Aves (ZEPA) de la laguna de El Hito (Cuenca), que afecta a la construcción del ATC en Villar de Cañas.

En el auto se reproducen muchos de los argumentos esgrimidos en diciembre para denegar la medida cautelar, se recuerda que la nulidad del acto administrativo recurrido debe ser apreciada «de manera evidente, de un simple vistazo», mientras que en este caso no se puede afirmar que la decisión del gobierno de Castilla-La Mancha se ha adoptado «al margen de los intereses ambientales a cuya tutela se dirigen los procedimientos iniciados».

«No urge para seguridad nuclear»

Asimismo, entiende que no está justificada la urgencia de suspender cautelarmente el procedimiento amparada en la necesidad de construir el ATC por motivos de seguridad nuclear, ya que hasta el momento no ha existido una instalación semejante y no se prueba «la imposibilidad de adopción de alternativas que, aunque puedan ser algo más costosas económicamente, resulten igual y admisiblemente seguras«. En lo relativo a una supuesta invasión de competencias por parte de la comunidad autónoma, la Sala subraya que precisamente determinar la concurrencia de las competencias estatales en materia energética y las autonómicas en material ambiental será la solución de fondo al litigio, y por tanto «impone descender al análisis último del fondo del asunto», lo que no cabe cautelarmente.

La resolución no es firme y cabe interponer un recurso de casación ante el Tribunal Supremo, mientras que el procedimiento principal, al margen de esta denegación de la medida cautelar, sigue tramitándose en la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJ. Tras esta resolución, el portavoz del Gobierno de Castilla-La Mancha, Nacho Hernando, ha opinado que «la justicia vuelve a avalar la política medioambiental» del Ejecutivo castellanomanchego. Hernando recordó que se trata del «segundo portazo» que la justicia da al Gobierno central por su «obcecación».

El CSN retomará este miércoles el análisis de los requisitos impuestos a Nuclenor para operar Garoña hasta 2031

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Redacción / Agencias.- El pleno del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) retomará este miércoles 3 de febrero el estudio del cumplimiento de las especificaciones técnicas de funcionamiento mejoradas exigidas a Nuclenor, el titular de la central nuclear de Santa María de Garoña (Burgos), de cara a la tramitación de su solicitud de reapertura hasta 2031.

El pleno del CSN llevaba en el orden del día del pasado 20 de enero varios puntos relativos a la solicitud de reapertura de Garoña, pero la discusión de estos puntos se aplazó a una próxima reunión. Asimismo, también se aplazaron asuntos respecto al almacén temporal centralizado (ATC) en Villar de Cañas (Cuenca), en conformidad con las reglas del funcionamiento del pleno. Además, el presidente del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), Fernando Martí Scharfausen, no convocó una nueva cita para el 27 de enero, cuando habitualmente el pleno se reúne cada miércoles, y emplazó a los consejeros para 15 días después, el 3 de febrero.

Respecto a Garoña, este miércoles se estudiarán la revisión de las especificaciones técnicas de funcionamiento mejoradas de Garoña y las propuestas relativas a las modificaciones de diseño sobre independencia de sistemas eléctricos, aislamiento de la contención primaria, protección de equipos relacionados con la seguridad frente a la caída de la cubierta del edificio de turbina tras un incendio, y a la ampliación de las condiciones de utilización del edificio de almacenamiento de material usado. En cuanto al ATC, se aplazó la valoración de la Instrucción Técnica sobre la aplicación al ATC de una directiva comunitaria.

Algunos de estos puntos del día corresponden a los requisitos establecidos por el pleno del CSN el 30 de julio de 2014 y tienen que ser verificados en un análisis de resultados de las inspecciones o la implantación de modificaciones de diseño antes de la carga de combustible y cuya apreciación deberá ser favorable. Pese a lo que se decida este miércoles, el proceso hasta que el pleno del CSN acuerde informar favorablemente o en contra de la solicitud formulada por Nuclenor de volver a producir electricidad en Garoña hasta 2031, no acabará aquí, pues aún quedan «al menos un par de meses» en concluir «todo lo que aún está pendiente«, según han explicado a fuentes internas del organismo regulador.

De acuerdo con estas fuentes, el ritmo está siendo más lento de lo que en un principio se preveía, algo que califica de «normal» en estos casos, en los que se requiere información adicional al titular. En este sentido, añadieron que los trámites avanzan a medida que los técnicos van teniendo su trabajo disponible para el pleno. Estas fuentes admiten que el proceso a veces ha sufrido acelerones y que parece que en este momento el debate en el seno del pleno se ha ralentizado.

Garoña está en situación de cese de explotación desde mediados de diciembre de 2012, aunque su permiso para producir electricidad expiró el 6 de julio de 2013 sin que el titular pidiera una renovación de su licencia. Sin embargo, un año después, en mayo de 2014, el consejo de administración de Nuclenor solicitó renovar la autorización de explotación de la central hasta el 2 de marzo de 2031, hasta cumplir los 60 años de operación.

Esta petición se basó en el artículo 28 del Reglamento sobre Instalaciones Nucleares y Radiactivas, modificado mediante Real Decreto 102/2014, del 21 de febrero, para la gestión responsable y segura del combustible nuclear gastado y los residuos radiactivos. La empresa, Nuclenor, considera que un marco temporal de explotación «de estas características es necesario para hacer viable el proyecto y proporcionaría la estabilidad y certidumbre adecuada para acometer las inversiones precisas».

El 30 de julio de 2014, el pleno del CSN aprobó una instrucción técnica con nuevos requisitos para volver a estudiar la petición de renovación de licencia de Garoña y su consiguiente entrada en funcionamiento, entre ellos una completa revisión de la vasija de su reactor. En concreto, se le exigía verificar el estado funcional y la integridad estructural de la vasija del reactor y de sus componentes para descartar defectos como el de la central nuclear belga de Döel.

Partidarios y detractores del ATC de Villar de Cañas ven la ampliación de la zona protegida «generosa» o «una chapuza»

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EFE.- Partidarios y detractores de la ampliación de la Zona de Especial Protección de Aves de la Laguna del Hito (Cuenca), que afecta a los terrenos donde se construirá el ATC de Villar de Cañas e impediría su construcción, calificaron esta ampliación de «generosa» o de «chapuza peligrosa», según sus afinidades.

Después de que el Diario Oficial de Castilla-La Mancha haya sacado a exposición pública el expediente para la ampliación de la ZEPA, el portavoz de Ecologistas en Acción en Cuenca, Carlos Villeta, mostró su satisfacción al señalar que este nuevo paso es muy positivo para la transparencia. También valoró que el Gobierno de Castilla-La Mancha haya sido «generoso» con la ampliación y haya tenido en cuenta las alegaciones que presentaron.

Villeta subrayó que no sólo se ha mirado la fauna, sino también la flora y los hábitats prioritarios para justificar la ampliación. Además, tienen previsto aprovechar este período para presentar alegaciones «que permitan enriquecer el documento final», y trasladar también el contenido a la Plataforma contra el Cementerio Nuclear en Cuenca, de la que Ecologistas en Acción forma parte junto a medio centenar de colectivos.

Por el contrario, la Plataforma de Afectados por la ZEPA del Hito calificó este proyecto de ampliación de «chapuza peligrosa«, y están convencidos de que no saldrá adelante. Su portavoz, Luis Bilbao, anunció que volverán a presentar alegaciones y que «van a ir a por todas» para paralizar la ampliación ya que está convencido de que la motivación del Ejecutivo de Castilla-La Mancha no tiene nada que ver con el medioambiente «sino que sólo les interesa no construir el ATC».

«Han hecho esto como podrían haber hecho otra cosa; saben que esto no va a salir adelante porque no tiene razón ninguna y por eso han anulado también el Plan de Ordenación Municipal (POM) de Villar de Cañas», aseveró Bilbao, que añadió que aún no tienen respuesta sobre las últimas alegaciones presentadas y que la Plataforma mantiene su petición de «nulidad de todo el proceso».

El PSOE pide que un Gobierno en funciones no decida sobre reabrir Garoña mientras desde Greenpeace piden paralizar su reapertura

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Europa Press / EFE.- La formación ecologista pide al nuevo Congreso que paralice una reapertura de la central nuclear de Garoña y priorice el medioambiente. En este sentido, el PSOE registró una nueva batería de iniciativas parlamentarias en el Congreso para «recuperar» derechos civiles y económicos, entre las que se encuentra la que insta al Gobierno a no adoptar, en su condición de gobierno en funciones, ninguna decisión para reabrir la central nuclear, cuyo reactor permanece parado desde 2012.

Se trata de una proposición no de ley, para su debate en pleno, en la que pide que se mantenga, «sin ninguna modificación», la condición de cese definitivo de su explotación, que la planta atómica tiene desde el 6 de julio de 2013, y exigiendo a la empresa titular Nuclenor (Endesa e Iberdrola) a continuar «sin ulterior demora» el proceso que debe conducir a la obtención de una autorización de desmantelamiento de la central. Además, quiere que el Gobierno desarrolle un plan de incentivación de actividad económica en la comarca, para garantizar los puestos de trabajo de cara a un futuro cierre de la central.

El Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) aún tiene pendiente resolver la solicitud de renovación de la explotación de la planta burgalesa, cuyo reactor nuclear es el más antiguo de España. En esta misma iniciativa, los socialistas reclaman la supresión del decreto con el que el PP cambió un reglamento sobre instalaciones nucleares y radiactivas «para permitir la renovación de Garoña», que ya estaba en situación de cese definitivo de explotación. «Esa modificación se realizó para permitir que Nuclenor pudiera solicitar una renovación de explotación en vez de tener que solicitar una nueva autorización de explotación, lo que hubiera comportado mayores exigencias, especialmente una declaración de impacto ambiental», sostiene el PSOE.

La proposición no de ley reafirma el compromiso del PSOE de que es preciso abordar una transformación del modelo energético español, que implicaría el cierre de las plantas nucleares a los 40 años, como máximo, del inicio de su funcionamiento. Otra de sus peticiones en la proposición no de ley es que se revise la decisión sobre la instalación del Almacén Temporal Centralizado (ATC) de residuos nucleares en Villar de Cañas, «garantizando la solvencia de los criterios técnicos y de seguridad» establecidos por el CSN. Los socialistas ya llevaron esta medida en el programa de las elecciones generales de diciembre.

Greenpeace pide paralizar la reapertura

La formación ecologista Greenpeace ha solicitado a las nuevas formaciones que conforman el Congreso de los Diputadosen esta XI Legislatura que «soliciten con urgencia al CSN la paralización del proceso de renovación de explotación de la central nuclear de Garoña» hasta la conformación del nuevo gobierno, además de que prioricen el medio ambiente en la actividad parlamentaria. Según recuerda la organización ecologista, el CSN rinde cuentas de sus actividades al Congreso y al Senado.

«El nuevo Parlamento está compuesto por una mayoría que no quiere dar nuevas licencias a las viejas centrales, en concreto 178 de los diputados se comprometieron a cerrar Garoña», señala la organización ecologista. Desde diciembre de 2014 existe un acuerdo entre PSOE, Izquierda Plural (IU-ICV-CHA), PNV, ERC, Coalición Canaria-Nueva Canarias, Amaiur, BNG, Geroa Bai y Equo, en el que se comprometían a clausurar la planta atómica burgalesa en cuanto cambiase la mayoría parlamentaria. «Esta decisión no tiene en cuenta al nuevo Parlamento. La mayoría de los nuevos diputados expresan un rechazo absoluto a la reapertura de la central nuclear», sostiene la responsable de campañas de Greenpeace España, María José Caballero.

Por otro lado, Greenpeace solicitó a la nueva Cámara que siga las «líneas verdes» en la aprobación de iniciativas parlamentarias y de los acuerdos para formar gobierno «por el bien de la sociedad y del entorno». En su opinión, los retos que debe afrontar el nuevo Parlamento son, entre otros, «el cambio climático, la pobreza energética y la muerte prematura de más de 30.000 personas por contaminación, más apoyo a las renovables, la eliminación de las trabas al autoconsumo energético y del llamado impuesto al Sol, el abandono del uso del carbón, el fracking o reducir las emisiones de CO2″.

El CSN aplaza los asuntos relacionados con Garoña y el ATC ante las críticas de formaciones ecologistas como Equo

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Redacción / Agencias.- El Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) acordó el aplazamiento de los asuntos relativos a la central de Garoña (Burgos) y al Almacén Temporal Centralizado (ATC) de residuos de alta actividad, que tenía previsto abordar durante su pleno. La decisión coincide poco después de que formaciones como Equo y organizaciones ecologistas denunciaran que, durante este pleno, el CSN quería volver a poner en marcha el proceso de reapertura de la nuclear burgalesa, algo que consideraban «inaceptable» al estar el Gobierno en funciones.

Su aplazamiento a una próxima reunión, cuya fecha no se concreta, se hace «de conformidad con las reglas del funcionamiento del pleno, como se hace habitualmente cuando se considera conveniente para la toma de decisiones y de acuerdo con el Estatuto del CSN», comunicó el máximo organismo regulador en materia de protección radiológica y de seguridad nuclear del país. Garoña, el reactor nuclear más antiguo de España, se encuentra paralizado desde 2012 por decisión de su propietario, Nuclenor (participada al 50% de Endesa e Iberdrola), que solicitó al CSN volver a operar la planta hasta 2031, cuando cumpla 60 años desde su puesta en marcha.

Se continúa evaluando la solicitud

El CSN remarcó que continúa evaluando la solicitud de renovación de la autorización de explotación de la citada planta atómica. Recuerda asimismo que Nuclenor presentó en 2014 una solicitud de renovación de autorización de explotación al Ministerio de Industria, Energía y Turismo, que después fue remitida al CSN para su evaluación. Los asuntos aplazados se refieren a la revisión de las Especificaciones Técnicas de Funcionamiento mejoradas de Garoña, cambios de diseño en sistemas eléctricos, aislamiento de su contención primaria y la ampliación de las condiciones de uso de un edificio de almacenamiento de dicha central nuclear. También se aplazó la evaluación de una instrucción técnica sobre la aplicación de una directiva europea al ATC previsto en Villar de Cañas (Cuenca).

«Al margen de la coyuntura política», el Consejo de Seguridad Nuclear, como organismo independiente del Gobierno, «continúa desarrollando de manera ordinaria su labor de evaluación y análisis de todos los asuntos de su competencia», añadieron. En los temas que sí se trataron, el pleno informó favorablemente de una modificación de Especificaciones Técnicas de Funcionamiento de los dos reactores de Almaraz (Cáceres) relativa a las fuentes de corriente alterna, y aprobó la sustitución del vocal de Nuclenor en el tribunal de licencias del CSN para la nuclear de Garoña, así como diversos expedientes de instalaciones radiactivas.

«Inaceptable con Gobierno en funciones»

Previo a este aplazamiento, el portavoz de Equo y diputado de Podemos, Juan López de Uralde, tachó de «inaceptable» que el Gobierno en funciones «trate de activar el proceso de renovación de la licencia de operación de la central nuclear de Garoña», con el rechazo de la mayor parte de la oposición porque «no tiene el mandado ciudadano para hacerlo«. «Ha sido bastante indignante el conocer que de repente el CSN pone en marcha el proceso de reapertura. Es inaceptable para un Gobierno en funciones», señala el nuevo diputado de Equo después de conocer que el pleno del órgano regulador tenía previsto estudiar cuestiones de carácter técnico necesarias para poder valorar la renovación de la licencia de la central nuclear.

El Ayuntamiento de Villar de Cañas (Cuenca) recurre la anulación del Plan de Ordenación Municipal que entorpece el ATC

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EFE.-El Ayuntamiento de Villar de Cañas, el municipio conquense donde se prevé la construcción del almacén temporal centralizado (ATC) de residuos nucleares, ha interpuesto un recurso contencioso-administrativo contra la decisión del Gobierno de Castilla-La Mancha de anular el Plan de Ordenación Municipal.

El alcalde de Villar de Cañas, José María Saiz, ha informado hoy de la presentación de este recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (TSJCM) y ha confiado en que «por supuesto» los tribunales den la razón al Consistorio.

La Junta decidió anular el POM, aprobado el 19 de junio y con el Gobierno anterior en funciones, y basó su decisión en tres argumentos que rebate el municipio conquense en su recurso.

El alcalde ha opinado que «lo que hace el señor García-Page», presidente del Ejecutivo autonómico, «no tiene ni pies ni cabeza» y ha defendido que no hubo «ningún incumplimiento» en la fecha de aprobación del POM.

Respecto al argumento de la Junta sobre la alteración que se produce al pasar a clasificar como suelo rústico y no urbano la zona deportiva y de ocio y el cementerio, el alcalde ha asegurado que los terrenos dotacionales estaban clasificados como suelo no urbanizable en las anteriores normas subsidiarias, según «se justifica gráfica y documentalmente».

«Se ha quedado como estaba», ha afirmado el alcalde, quien ha añadido que los terrenos del ATC se encuentran a una distancia superior a 2.000 metros del suelo urbano residencial existente o previsto.

Además, ha rechazado que los informes emitidos por la Confederación Hidrográfica del Guadiana en cuanto a la suficiencia de recursos hídricos para las demandas que contempla el plan de urbanismo sean desfavorables y ha afirmado que existen informes favorables de compatibilidad de la Oficina de Planificación Hidráulica.

«El POM lo hicieron los técnicos de la Junta», ha defendido el alcalde de Villar de Cañas, quien ha dicho que espera que el recurso se resuelva de manera «rápida», porque, a su juicio, «es muy sencillo».

Afectados por la ampliación de la zona protegida que paraliza el ATC alegan contra el procedimiento por «inconcreción y arbitrariedad»

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Europa Press / EFE.- Mientras la Plataforma contra el Cementerio Nuclear celebra un acto en Cuenca este miércoles, en el cuarto aniversario de la designación de Villar de Cañas como sede del ATC, celebrando «el bloqueo del proyecto» y cantando villancicos «antinucleares», la Plataforma de Afectados por la ampliación de la ZEPA de la Laguna de El Hito han presentado alegaciones en el procedimiento de participación pública de esta ampliación por «su inconcreción, inseguridad jurídica, ilegalidad, arbitrariedad, abuso del derecho y fraude de ley».

La abogada de esta plataforma, Pilar Martínez, señaló que este proceso «tiene como única finalidad la paralización del Almacén Temporal Centralizado (ATC)» y ha destacado que este hecho «resulta notorio por la prensa y se deduce de las declaraciones públicas de algunos de sus protagonistas». Martínez ha comentado que en el escrito presentado se alega «el vacío y carencia de efectos jurídicos del acuerdo de inicio del procedimiento» en el acuerdo adoptado por el Consejo de Gobierno del Gobierno de Castilla-La Mancha el pasado 28 de julio, así como «la falta de participación pública y audiencia a los interesados, incumpliendo normativa nacional y europea, y el incumplimiento de la Directiva Hábitats y el procedimiento para la propuesta de listas LIC».

La abogada también remarcó la «falta de delimitación adecuada del espacio y la ausencia de memoria económica», señalando además que la ampliación supone «una burla al ciudadano, a las leyes y a las instituciones estatales y europeas con grave perjuicio para la generalidad de la ciudadanía y el desarrollo de la zona». También anuncian la exigencia de responsabilidad patrimonial a la Administración autonómica. Finalmente, considera que la ampliación de la ZEPA «carece de criterios orientadores de las políticas sectoriales y las actividades económicas y sociales, vulnera el artículo 45 de la Constitución, supone un estrangulamiento económico de la zona y priva a los ayuntamientos y entidades locales de su capacidad».

Villancicos antinucleares contra el ATC

El Consejo de Ministros decidió el 30 de diciembre de 2011 que Villar de Cañas sería la ubicación del ATC. Por ello, la Plataforma contra el Cementerio Nuclear prevé celebrar un acto este miércoles en Cuenca para conmemorar los 4 años de la designación de Villar de Cañas y celebrar «el bloqueo del proyecto» cantando villancicos «antinucleares». Uno de los portavoces de la Plataforma, Carlos Villeta, aseguró que «es un momento más de celebración que reivindicativo, porque estamos en un buen momento», ante lo que consideran un bloqueo del proyecto.

Villeta reivindicó que «siempre hemos tomado las cosas con humor, aunque no es ninguna broma que nos quieran imponer un cementerio nuclear», y por eso este año han optado por cantar villancicos «antinucleares» ante el nacimiento de la Plaza de la Hispanidad, en el centro de Cuenca. El portavoz de la Plataforma ha reconocido que el proyecto ha sufrido cuatro años de «altibajos», pero ahora mismo se encuentra con la oposición de todas las fuerzas políticas a excepción del PP.

«Los partidos políticos han visto, tanto en las regionales como en las generales, que lo más lógico era decir no al cementerio nuclear, dejando solo al PP, lo cual dificulta cada vez más que se pueda instalar el ATC aquí», aseveró. Villeta recuerda que desde la Plataforma siempre han sostenido «que los terrenos no eran válidos, que no había consenso y que se estaba usando el dinero para otros usos distintos al cementerio nuclear», y añade que «poco a poco la opinión pública se ha dado cuenta de ello y ya hay una oposición amplísima».

Revés para el Gobierno: Justicia de Castilla-La Mancha no suspende la ampliación de la zona protegida que paraliza el ATC

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EFE.- El Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (TSJCM) rechazó la medida cautelar que solicitó el Gobierno central de suspender la decisión del Ejecutivo autonómico por el que se inician los trámites para ampliar una Zona de Especial Protección de Aves (ZEPA) que afectaría a la construcción del Almacén Temporal Centralizado (ATC) de residuos nucleares en Villar de Cañas (Cuenca).

Ahora el Gobierno central tiene un plazo de 5 días para recurrir ante el propio TSJCM. Esta medida cautelar fue solicitada en el recurso contencioso-administrativo presentado por el Ejecutivo central contra la decisión de la Junta de Castilla-La Mancha por el que se inicia el procedimiento para la ampliación del espacio protegido Red Natura 2000 Laguna de El Hito. Además, el TSJCM explicó que la resolución dictada no entra al fondo del asunto contra el que se presentó el recurso, por lo que la resolución final está a expensas de la tramitación completa del proceso.

Una declaración de interés público

En el auto del TSJCM se señala que la Administración General del Estado alegaba que la construcción del ATC supone una disminución de los riesgos respecto del sistema actual y una mejora para actuar ante contingencias, por lo que, según argumentaba la Abogacía del Estado, el retraso del proyecto supondría un perjuicio para el interés público, pues impediría alcanzar niveles más eficientes de seguridad en la gestión de residuos radiactivos.

Frente a ese argumento, el TSJCM ha considerado, basándose en un informe de la Dirección General de Política Energética y Minas, que sin perjuicio de la conveniencia de la existencia del ATC, pueden existir otros mecanismos legales para tutelar los intereses que alega el Estado. Entre estas opciones, el TSJCM ha citado que el Gobierno central puede proceder a la declaración de existencia de razones imperiosas de interés público y de primer orden, una declaración que, tal y como apunta el auto, no se ha hecho en el presente caso.

Además, en cuanto al argumento de la Abogacía del Estado de que la decisión de Castilla-La Mancha podría tener perjuicios económicos, el TSJCM advirtió de que mientras los perjuicios económicos pueden ser reparados en un futuro, los perjuicios para los intereses ambientales que supuestamente están presentes según el acuerdo del Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha pueden tener carácter irreparable.