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El Supremo admite a trámite el recurso de APPA contra la orden que revisa los parámetros retributivos a las renovables

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Europa Press / EFE.- El Tribunal Supremo ha admitido a trámite el recurso de la Asociación de Empresas de Energías Renovables (APPA) contra la orden ministerial de actualización de los parámetros retributivos de las instalaciones de energías renovables para el semiperiodo regulatorio 2017-2019, que comenzó el 1 de enero, por considerar que reduce los ingresos que deberían percibir. La Sala de lo Contencioso-Administrativo admitió el recurso, presentado por la firma Holtrop SLP Transaction & Business Law, según publica el Boletín Oficial del Estado (BOE).

La Ley del Sector Eléctrico establece periodos regulatorios de seis años, tras los cuales se pueden revisar diferentes parámetros retributivos, pero también semiperiodos de tres años, el primero de los cuales finalizó en 2017, al término de los cuales se revisan las previsiones de ingresos por la venta de energía en el mercado. Esa primera revisión al cumplirse los primeros tres años la llevó a cabo el Ministerio de Energía en febrero de este año, para lo cual fijó unos precios esperados para los años 2017, 2018 y 2019 de entre 41 y 43 euros el megavatio hora (MWh), que luego para 2020 en adelante sitúa en 52 euros, un 25% más que los estimados para antes de esa fecha.

En el cálculo de la retribución que perciben como complemento a los precios las instalaciones de energías renovables, para las que la Ley del Sector Eléctrico garantiza una rentabilidad razonable del 7,4%, se tiene en cuenta el precio de mercado previsto, que se basa en los futuros de OMIP. Si los precios previstos son más altos que los reales, la retribución que reciben las instalaciones será menor lo que, según el director general de APPA, José María García-Moya, hará que el sector deje de percibir 600 millones de euros sobre lo que considera que les correspondería en el semiperiodo 2017-2019.

García-Moya explica que ello se debe a que cómo la estimación que recoge la orden es que a partir de 2020 cobrarán 52 euros por MWh, en el semiperiodo de tres años, en que los ingresos previstos son de 42,84 euros/MWh en 2017; 41,54 euros/MWh en 2018 y 41,87 euros/MWh en 2019, no hay que retribuirles para complementar el precio, ya que en el futuro aumentarán sus ingresos. De hecho APPA subraya que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ya denunció esta distorsión, remarcando la «inconsistencia» y la «abierta contradicción» que supone incrementar el precio previsto del mercado a partir del año 2020 en más de un 24% respecto a las estimaciones consideradas en otras órdenes.

APPA destaca que el recurso tiene «una importancia capital» para la viabilidad de las empresas del sector renovable, que en el primer semiperiodo regulatorio ya dejaron de ingresar 930 millones de euros, de los cuales 574 millones «los han perdido de forma definitiva». La asociación considera que esto supone quitarles a las renovables lo que tenían reconocido y les detrae ingresos, al tiempo que reclama un sistema que dé a la industria renovable mayor certidumbre y que las revisiones sean «más armonizadas». Sin embargo, el Ministerio de Energía esgrimió que la revisión de los parámetros supondría un incremento de la retribución para estas instalaciones de unos 600 millones al año.

La patronal APPA ve un «grave error» de Energía al «enfrentar a las diferentes tecnologías renovables en la subasta»

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Europa Press.- La Asociación de Empresas de Energías Renovables (APPA) considera «un grave error» del Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital «enfrentar las tecnologías renovables en la subasta» e «ignorar la complementariedad que existe entre las distintas energías renovables». APPA denuncia la «precipitación, ausencia de consenso y falta de planificación» de la subasta renovable, y considera que el diseño de la licitación «perpetúa la inseguridad jurídica incluso para los proyectos que aún no se han presentado».

Achacan esta inseguridad jurídica a que «la rentabilidad razonable no tendrá un valor fijo a lo largo de la vida útil» de los proyectos. «La variabilidad de un parámetro tan importante viene a sumarse a la innecesaria complejidad de la subasta», afirma. Además, critica que el proceso se lance sin consenso con el sector, lo que supone «desoír la experiencia del sector renovable y apostar por una subasta que exclusivamente valora el coste para el sistema independientemente de la tecnología, creando de esta manera una falsa sensación de neutralidad tecnológica».

«Al no contemplar las diferentes características de las fuentes renovables y no establecer subastas específicas por tecnologías, el Ministerio obvia importantes beneficios de un mix renovable diversificado como pueden ser la seguridad de suministro, la gestionabilidad de la producción o el desarrollo armonizado del sector renovable», señala. APPA insiste en la incertidumbre que genera una rentabilidad razonable que no se mantiene fija a lo largo del tiempo. «No se pide una rentabilidad mayor o menor, lo que se pide es que clarifiquen cuál va a ser esa rentabilidad para que las empresas puedan tomar la decisión correspondiente y ejecutar las inversiones con la información más completa posible», indica el presidente de APPA, José Miguel Villarig.

Prado subraya que las renovables necesitan una regulación «adecuada» mientras el sector eólico advierte de la «complejidad» de la subasta

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Europa Press.- El director general de la Asociación Empresarial Eólica (AEE), Juan Virgilio Márquez, ha advertido de que la «complejidad» del sistema establecido para la próxima subasta de renovables puede abocar a procesos judiciales. En este sentido, el presidente de Endesa y Enerclub, Borja Prado, indicó que para incentivar el desarrollo de las energías renovables necesarias para que España cumpla con los objetivos marcados en la cumbre de París se necesita contar con un marco regulatorio «adecuado».

Prado subrayó el papel «cada vez más relevante» de las renovables en el mundo, convirtiéndose en 2016 en la fuente con mayor potencia instalada en el mundo, «tras superar al carbón», a lo que contribuye el «respaldo político y económico» al desarrollo de estas tecnologías, especialmente en países como China, Estados Unidos o México. Sin embargo, aseguró que para alcanzar los objetivos de descarbonización marcados en París, el papel de las renovables debe ser «aún más relevante», tanto en el sector eléctrico como en el del transporte y la edificación.

Prado destacó que las renovables continuarán siendo la fuente de generación de «mayor crecimiento» en los próximos años, después de haberse vuelto competitivas en los últimos años, como demuestra el hecho de que la eólica haya reducido sus costes de generación en un tercio entre 2011 y 2016 o la fotovoltaica lo haya hecho en dos tercios. Asimismo, el presidente de Endesa valoró la ambición de Europa de ser «líder mundial en estas tecnologías», algo rubricado en los objetivos marcados en el llamado paquete de invierno de la Unión Europea.

AEE advierte de procesos judiciales

Por su parte, en relación con la próxima subasta de energías renovables, Juan Virgilio Márquez defendió un sistema de subasta con cupos a las tecnologías, frente a la neutralidad establecida finalmente, ya que así se habrían «evitado ciertas interpretaciones que pueden llevar a procesos judiciales» y se habría garantizado una «mayor igualdad». Así, el directivo de la patronal reconoció tener «sentimientos encontrados» con esta nueva subasta, tras la realizada en 2016, ya que «es una buena noticia y genera esperanza, pero hay una visión cortoplacista».

«Está diseñada sin un diálogo previo con los actores implicados, no se ha tenido en consideración a la industria eólica, que somos un player importante a nivel internacional y queremos seguir jugando en ese nivel», subrayó. Asimismo, lamentó que no se trate de un modelo de subasta que «genere confianza y atraiga la inversión», como ocurre en otros países, y subrayó que la variabilidad de la rentabilidad razonable «preocupa a los inversores». «Preocupa el marco regulatorio en el que se integra esta subasta. Según nuestra opinión, no tiene lógica», añadió.

En este sentido coincidió el director general de la Asociación de Productores de Energías Renovables (APPA), José María González Moya, que advirtió que es «un gran error» llevar a cabo una subasta que enfrenta a las distintas tecnologías, por lo que espera que no sirva para «abrir una guerra» entre las distintas tecnologías, ya que son «complementarias y susceptibles de combinarse«. Para González, existe «una falta» de planificación energética por parte del Gobierno y consideró «una lástima» que se base la subasta en los costes. «Al final, como país y sector, se paga caro», dijo.

El sector eléctrico reclama para las renovables una rentabilidad fija, no revisable, mientras la CNMC pide cambios en la subasta

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Europa Press.- La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) propone modificar varios aspectos de la próxima subasta de renovables, que se celebrará finalmente el 17 de mayo, y en la que se adjudicará hasta un máximo de potencia de 3.000 megavatios (MW), con el fin de que sea más competitiva y transparente. Asimismo, varias asociaciones empresariales solicitan que la próxima subasta garantice a los adjudicatarios una rentabilidad razonable fija.

Esta inquietud responde en buena parte a la incertidumbre que viene acompañando al marco retributivo de las renovables y aparece recogida en las alegaciones al borrador de resolución con los detalles de la subasta presentadas por las asociaciones ante el Consejo Consultivo de Electricidad de la CNMC. En su informe sobre la subasta, el regulador explica que ha recibido alegaciones de la Asociación Empresarial Eólica (AEE), de la Asociación de Empresas de Energías Renovables (APPA), de la Asociación Eólica de Galicia (EGA), de la asociación de empresas termosolares Protermosolar, de la Unión Española Fotovoltaica (UNEF) y de la Asociación Española de la Industria Eléctrica (Unesa).

Las asociaciones solicitan que se modifique la propuesta de decreto y orden ministerial, de modo que «la rentabilidad razonable tenga un valor fijo no modificable a lo largo de la vida útil de las instalaciones, tanto para la existentes, a las que ya se las sometió a una revisión de la rentabilidad una vez realizadas las inversiones, como para las futuras«. Algunas alegaciones van más allá y piden que todos los parámetros de las instalaciones, que se utilizan para elaborar las ofertas de la subasta, no puedan sufrir modificaciones a lo largo de toda la vida útil de la instalación.

Otro aspecto que genera controversia en el sector es el de la neutralidad tecnológica. Sobre ellas, las alegaciones van desde la petición de cupos específicos por tecnología a la denuncia, como hace UNEF, de una falsa neutralidad tecnológica que favorece a la eólica. Las propuestas también incluyen la reducción de 6 a 3 meses en el periodo de identificación de las plantas ganadoras, con el objetivo de garantizar que solo proyectos maduros sean los adjudicatarios.

Varias alegaciones consideran que la decisión del Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital de subastar 2.000 MW y reservarse la posibilidad de elevar esta capacidad en 1.000 más conforme a unos criterios recogidos en un anexo confidencial «no está justificada», según las alegaciones presentadas a la CNMC. Este anexo, según algunas alegaciones, «reduce la transparencia de la subasta». De ampliarse la puja hasta 3.000 MW, consideran que deberían fijarse nuevas fechas y volúmenes de potencia adicional para su subasta.

CNMC: más competitiva y transparente

En concreto, el regulador, que ha emitido dos informes sobre las propuestas del Ministerio de Energía para la subasta, solicita que el volumen por el que las empresas de energías renovables presentarán sus ofertas «sea vinculante respecto al valor de referencia fijado por el Ministerio» para cada tipo de tecnología renovable. Según el organismo presidido por José María Marín Quemada, esta medida posibilitaría tener certidumbre sobre la presión competitiva que existe por parte de las empresas antes de la subasta.

Asimismo, recomienda que la cantidad de potencia adjudicada finalmente en la subasta no sea inferior a la potencia a subastar. Para el regulador, este supuestos podría darse si las empresas de renovables que acuden a la subasta ofertasen un volumen de potencia superior, por ejemplo, a la hora de pujar por determinados bloques de energía que son indivisibles y superaran el monto ofertado. Además, la CNMC considera que a la hora de ordenar las ofertas para adjudicar los distintos bloques subastados, en caso de indeterminación o empate, se elimine el criterio del número de horas equivalentes de funcionamiento de las distintas instalaciones de energía renovables.

Por otra parte, afirma que antes de que se celebre la subasta, la entidad administradora (OMIE) debe proponer a la Secretaría de Estado de Energía los criterios por los que la subasta podría aplazarse. Para el regulador, también se debería evitar que las empresas que resulten asignatarias deban presentar garantías (efectivo, avales y seguros de caución) por duplicado. Concretamente, señala que este supuesto afectará a las empresas que se adjudiquen alguno de los bloques subastados porque deberán presentar una serie de garantías antes de participar en la subasta (garantías de participación), y otras posteriormente, cuando se inscriban en el registro empresas de régimen retributivo específico.

En cuanto a la resolución que establece la convocatoria de la próxima subasta de renovables, la CNMC propone como principal recomendación que no se establezcan límites a los descuentos (valores máximos del porcentaje de reducción) que las empresas renovables ofrecerán en su puja con respecto al valor estándar que ofrece el Ministerio. Todo ello, con el fin de que «no se reduzca la presión competitiva en la subasta, y de no restringir la horquilla de descuentos dentro de la cual las ofertas pueden ordenarse sin necesidad de recurrir a criterios de desempate más discutibles». Finalmente, la CNMC subraya que desconoce la propuesta de anexo confidencial.

Los operadores petrolíferos ven un «impuesto encubierto» en el Fondo Nacional de Eficiencia Energética

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Europa Press / EFE.- El director general de la Asociación Española de Operadores de Productos Petrolíferos (AOP), Álvaro Mazarrasa, considera que el Fondo Nacional de Eficiencia Energética diseñado por el Gobierno es una «mala transposición de las directivas» europeas que, a efectos prácticos, funciona como un «impuesto encubierto». «Hay bastante coincidencia en los bufetes de los afectados», indicó Mazarrasa, que recordó que la regulación sobre el Fondo de Eficiencia «es una de las más recurridas por los agentes económicos del sector», que aportan más de 200 millones de euros anuales.

«Creemos que no es la mejor forma de mentalizar a la sociedad acerca de la necesidad del ahorro y la eficiencia. Los minoristas deberían ser los sujetos obligados, pero el Ministerio optó por la vía fácil, con lo que la señal de concienciación social queda diluida», señaló, antes de recordar que el sector petrolífero debe aportar el 50% del fondo. Mazarrasa hablaba así del fondo, creado en 2014 para desarrollar medidas de mejora de la eficiencia en diversos sectores, al que tienen que hacer aportaciones las comercializadoras de gas y electricidad, operadores de productos petrolíferos y los de gases licuados del petróleo al por mayor, cuyo reparto se hace en función de las ventas de energía de los sujetos obligados.

Mazarrasa señaló que los operadores petrolíferos están muy concienciados sobre la importancia de la eficiencia energética, pues en un sector donde el 60% de los costes de transformación son energéticos y en el que, si no se es eficiente, «estás muerto». Las órdenes ministeriales en las que se fija el reparto de aportaciones al fondo, ante las que el director general de la AOP dijo sentir «indefensión», son recurridas por empresas como Repsol, Engie (GDF Suez), Gas Natural Fenosa, Fenie Energías, Nexus, Viesgo, Grupo Villar Mir, BP, Repsol, Cepsa o Disa, entre otras. En su análisis de las denuncias, el Tribunal Supremo acordó plantear una cuestión prejudicial sobre la normativa ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).

Por su parte, el presidente de la Asociación Española de la Industria Eléctrica (Unesa), Eduardo Montes, aseguró que las eléctricas han contribuido «de manera muy amplia» a los planes de ahorro y eficiencia, hasta el punto de que, en el periodo comprendido entre 2006 y 2017, han aportado 2.250 millones de euros. Montes se mostró partidario de avanzar en el desarrollo de iniciativas como las de empresas de servicios energéticos o programas adecuados de financiación de proyectos de este tipo.

Montes indicó que la eficiencia energética «es uno de los pilares fundamentales para la descarbonización de la economía», junto a las energías renovables, que el año pasado ya representaron el 39% de la producción de electricidad. Además, ha apostado por la electrificación de la economía en general», pero especialmente en el transporte, tanto en ferrocarril como en automóviles, para seguir avanzando en eficiencia en España.

También se anunció el lanzamiento, por parte del Instituto para la Diversificación y el Ahorro de Energía (IDAE), dependiente del Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital, de una convocatoria de 220 millones de euros destinados a proyectos de ahorro y eficiencia energética, cuyos fondos provendrán en buena parte del Fondo de Eficiencia Energética, según el director de la división de Ahorro y Eficiencia Energética del IDAE, Pedro Antonio Prieto. Prieto destacó la amplia acogida de la convocatoria anterior para el desarrollo de proyectos del mismo tipo, en la que se ofrecieron estímulos por valor de 200 millones de euros y que, en la mayor parte de los casos, se encontró con solicitudes muy superiores al importe de la convocatoria.

Dentro de la nueva convocatoria, 29 millones de euros se destinarán a actuaciones de alumbrado, que se sumarán a los 65 millones comprometidos en la primera convocatoria, en la que se presentaron proyectos valorados en más de 100 millones. El IDAE calcula que la media de estos proyectos de alumbrado, mucho de ellos relacionados por municipios, ronda el millón de euros, y que el ahorro energético alcanza tasas del 65%. En lo referido a actuaciones de carácter industrial, se prevé una convocatoria adicional de 64 millones, que se sumará a los 195 millones incluidos en el anterior programa de estímulos.

Otro de los ámbitos en los que se centrará la convocatoria será el de los edificios. Si la edición anterior estaba dotada con 200 millones, para los que se recibieron solicitudes por importe de 250 millones, en esta convocatoria las ayudas serán de 125 millones. En este caso, los proyectos incluyen ayudas a fondo perdido equivalentes a entre el 20%-30% del proyecto, mientras que el resto se articula a través de financiación en condiciones ventajosas.

Por otro lado, el director general de la Asociación de Empresas de Energías Renovables (APPA), José María González Moya, aludió a la importancia de reducir la dependencia energética y se mostró partidario de incluir una nueva fiscalidad orientada al principio de que «quien contamina paga». También reclamó una transposición urgente de las directivas europeas sobre la materia y un «papel ejemplarizante» de las administraciones públicas. «Lo más eficiente al margen del ahorro es consumir lo nuestro, que es gratuito», señaló, en alusión a las renovables. Asimismo, apuesta por el autoconsumo eléctrico, pendiente de que se regule por ley en España.

Por su parte, el presidente de la Asociación Española de Cogeneración (Acogen), Antonio Pérez Palacio, defendió la cogeneración como tecnología caracterizada precisamente por su alta eficiencia. La cogeneración es «el calor de la industria» y ahorra un 2% de la energía del país, al tiempo que procura a nivel europeo el 10% de la electricidad y se desarrolla, en el caso español, en instalaciones que aportan el 20% del PIB. Joaquín Carrasco, presidente del Comité de Promoción del Uso del Gas (Prodigas), dependiente de la patronal gasista Sedigas, que ha recordado que sólo el 30% del territorio español está gasificado, ha señalado que los sistemas de calefacción por gas jugarán un papel importante en la mejora de la eficiencia energética.

APPA pide planificar las subastas de renovables para asignar la nueva potencia y que se diferencien por tecnologías

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EFE.- La Asociación de Empresas de Energías Renovables (APPA) ha vuelto a reclamar una planificación de las subastas de energía renovable y que éstas se hagan de forma independiente por cada tecnología. El director general de APPA, José María González Moya, se manifestaba así en la inauguración de una nueva jornada sobre las subastas de capacidad.

González Moya ha señalado que a las empresas productoras de energías renovables les gustaría que hubiera una planificación de las subastas, en la que se especifique cuándo van a ser las subastas y qué cantidades se van a subastar. También ha pedido que se hagan de forma independiente por tecnología, frente al modelo que ha escogido el Ministerio, que prefiere que sean neutrales en este aspecto para poder elegir las instalaciones que ofrezcan menor coste.

Según opina González Moya, no hay que «enfrentar a las tecnologías renovables», pues son «complementarias» y, además, ha dicho que no le gusta que la subasta esté basada en el precio, que se haya triplicado el aval que se exige a las empresas que acuden a ella y que aún no se sepa si se celebrará en abril o en mayo, pues el ministerio lo único que ha dicho es que será antes de junio.

También ha subrayado la «incertidumbre» que crea este sistema de asignación, pues, por ejemplo, en estos momentos el sector productor no sabe si en la próxima subasta se otorgarán derechos económicos para 2.000 megavatios (MW) como se contempla de forma expresa en la propuesta de resolución que regula la subasta, o bien se llegará a los 3.000 MW anunciados por el ministerio con la opción de ampliación de 1.000 MW contemplada también en la propuesta.

Las asociaciones renovables APPA, UNEF, EolicCat, y la patronal Pimec urgen a reactivar este tipo de energías en Cataluña

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EFE.- La Asociación de Empresas de Energías Renovables (APPA), la Unión Española Fotovoltaica (UNEF), la patronal eólica catalana EolicCat y la patronal Pimec han reclamado un plan urgente que permita reactivar la implantación de las energías renovables en Cataluña. Estas entidades han emplazado a la administración catalana y a los partidos políticos a acelerar la puesta en marcha de este tipo de energías para que supongan el 50% de la generación de electricidad en el año 2030.

Según estas entidades, este plan debe contener tanto aspectos normativos como técnicos con el fin de simplificar los trámites para implantar este tipo de energías. Para alcanzar los objetivos de 2030, resulta necesario, a juicio de los ponentes, que a partir del año 2019 se pongan en servicio anualmente 300 megavatios de generación eólica y otros tantos de generación fotovoltaica, lo que permitiría contar con 4.800 megavatios de eólica y de 4.000 de fotovoltaica en 2030. Durante este encuentro se puso de manifiesto que actualmente la energía nuclear cubre el 50% de la demanda total de electricidad en Cataluña, por un 16,8% de las renovables.

Las renovables creen que «no es serio «estar cambiando la rentabilidad razonable cada 6 años»

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Europa Press.- El presidente de la Asociación de Empresas de Energías Renovables (APPA), José Miguel Villarig, asegura que «no es serio» estar cambiando por parte del Gobierno la rentabilidad razonable aplicada al sector cada 6 años. En este sentido, Villarig considera «inaceptable» que la rentabilidad razonable, «que era la base de la regulación, no se esté cumpliendo».

Así, señaló que el sector renovable ha dejado de ingresar 930 millones de euros en el periodo regulatorio 2014-2016, de los que la regulación reconoce 356 millones de euros a cobrar a lo largo de la vida útil, lo que representa unas pérdidas para las renovables de 574 millones de euros. A este respecto, aseguro que la orden de parámetros presenta estimaciones que han sido criticadas por la propia CNMC, «aplazando los cobros al sector».

Además, Villarig afirmó que la política energética está marcada «por la improvisación y el corto plazo. Cuando se cometen errores en el sector son siempre a largo plazo”. Asimismo, aseguró que la transición energética no debe ser «lenta», sino que hay que «hacerla bien», ya que si se hace mal es cuando pasa a suponer «un problema», y consideró un «desastre» la subasta de renovables realizada el año pasado. «No podemos hacer una subasta en base a un aval», señaló.

Crece el gas en 2017

Por su parte, la secretaria general de Sedigas, Marta Margarit, señaló que la demanda de gas creció un 2,1% en 2016 y que para este año se prevé un incremento del 1%. Margarit destacó el rol «fundamental» que juega el gas para conseguir los objetivos europeos de 2030, tanto como apoyo a la penetración de las renovables como para favorecer la competitividad industrial, así como garantizar la seguridad de suministro.

APPA acusa a Energía de distorsionar su previsión de precio del mercado eléctrico para reducir la retribución a las renovables

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Europa Press.- La Asociación de Empresas de Energías Renovables (APPA) acusa al Ministerio de Energía de distorsionar su previsión de precio del mercado eléctrico para reducir en 600 millones de euros la retribución de las renovables entre 2017 y 2019. APPA señala que esta reducción en la retribución es debida a la consideración realizada por el Ministerio, «en función de sus intereses», de que el precio del mercado eléctrico se situará a partir de 2020 en 52 euros por megavatio hora (MWh).

Así, considera que, dado que el esquema de retribución de las energías renovables se basa en que las instalaciones alcancen un determinado nivel de rentabilidad razonable por la combinación de los ingresos percibidos por el mercado eléctrico y por las retribuciones reguladas, una previsión de un mayor nivel de ingresos provenientes del mercado eléctrico en la vida de las instalaciones, debido al mayor precio estimado a largo plazo, «supone ya desde el momento actual un menor nivel de ingresos regulados».

Para APPA, la previsión de precios del mercado eléctrico a partir del año 2020 realizada por el Ministerio ya sería «censurable» únicamente por el hecho de que los mercados de futuros manejan precios 10 euros por MWh inferiores. Sin embargo, subraya que cuando Energía no calcula la retribución de las energías renovables, entonces las previsiones que maneja sí que están en línea con las previsiones objetivas establecidas por los mercados de futuros, como en la propuesta de orden que prevé los ingresos y costes del sistema eléctrico para el periodo 2017-2022, en la que Energía estima un precio del mercado eléctrico de 41,62 euros por MWh entre 2020 y 2022.

Así, recuerda que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ya puso de manifiesto esta «inconsistencia» en su informe relativo a la propuesta de orden por la que se establecen los peajes de acceso para 2017, elaborada por el Ministerio, en el que criticaba que no se proporcione metodología de cálculo alguna para mantener los 52 euros por MWh y que no se revise el valor del precio de mercado de 2020.

La patronal, que señala que resulta «lamentable» que el Ministerio no haya modificado su previsión, denuncia que hay que añadir el impacto negativo de las medidas aplicadas a las renovables en la reforma eléctrica, que ya vienen significando recortes anuales de más de 2.200 millones de euros, un 30% menos de la retribución inicialmente prevista. Además, a esto se suma un recorte adicional de 574 millones de euros debido a otra errónea estimación del precio del mercado eléctrico en el primer semiperiodo regulatorio 2014-2016.

Energía espera una reducción del 80% de los incentivos a las renovables en la próxima subasta

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Servimedia / Europa Press.-El Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital espera que el resultado de la subasta de renovables que pretende llevar a cabo durante el primer semestre de 2017 suponga una reducción de un 80% de los incentivos en relación con las llevadas a cabo en años anteriores. Así lo explicó el secretario de Estado de Energía, Daniel Navia, que indicó que las ayudas que se adjudicarán en la subasta serán “5 veces inferiores a las realizadas en el pasado”.

Aunque Navia ve «posible» que se tengan que remunerar algunas de las inversiones que se adjudiquen en la subasta, que será de hasta 3.000 megavatios, subrayó que habrá una reducción «muy sustancial» de los costes. En cuanto a la subasta, destacó también que «somos totalmente agnósticos con respecto a la tecnología», por lo que indicó que «vamos a dirimir qué tecnología resulta más eficiente para el sistema» en una subasta tecnológicamente neutra. Navia señaló que la subvención a las renovables está «bajando mucho y bajará más» y que se debe buscar ser eficientes, consiguiendo el objetivo de un sistema energético «sostenible al menor coste posible».

Por otro lado, destacó que con 3.000 megavatios «somos muy ambiciosos de partida», ya que, según recordó, supone un incremento del 10% de la potencia renovable instalada hasta ahora, «un paso muy importante» para alcanzar el objetivo del 20% de renovables en 2020. Por último, señaló que la actual situación de costes de las energías renovables podría permitir replantear los objetivos fijados hasta ahora, ya que «son competitivas en costes con las tradicionales«. Asimismo, apuntó que el desarrollo de las interconexiones europeas permitirá también incrementar la aportación de este tipo de fuentes de generación eléctrica.

Navia señaló que España, que actualmente cuenta con un peso renovable del 15,6%, está «en condiciones más que razonables» de cumplir ese objetivo para 2020, ya que cuenta con un «porcentaje superior al de otro países». Asimismo, destacó que hay «un proceso de disrupción» en el sector energético. «Es positivo que lleguemos a una situación en la que sea el mercado el que vaya primando a las tecnologías, que vaya definiendo donde deben realizarse los esfuerzos y es la forma lógica de dirimir esta competición. Dejar jugar al mercado», sentenció.

Las asociaciones renovables piden cambios

Por su parte, las principales asociaciones empresariales del sector de las renovables, que son APPA, la fotovoltaica UNEF, la eólica AEE y la termosolar Protermosolar, así como la Fundación Renovables, coinciden en reclamar a Energía mejoras en el sistema de subastas de renovables. Las asociaciones coinciden en la necesidad de un sistema de subastas adecuado que impulse la transición energética.

El director general de APPA, José María González Moya, aludió a la importancia de «establecer un calendario de subastas con proyectos reales, evitando los errores de la última convocatoria, y de un sistema no marginalista en el que estén todas las tecnologías y no enfrentarlas entre sí». El director general de UNEF, José Donoso, también defendió la necesidad de una senda de transición energética hasta 2050 con integración de renovables. «Para las subastas, recuperar la seguridad jurídica es fundamental», añadió.

El director general de la AEE, Juan Virgilio Márquez, indicó por su parte que «la subasta no es un fin, sino una herramienta que puede y debe servir como primer paso para la transición energética». La puja debe servir para «fomentar la inversión, el desarrollo industrial y potenciar los recursos renovables«, añadió. Para el secretario general de Protermosolar, Luis Crespo, «el Gobierno quiere ahora salvar el parche de los objetivos 2020, pero no plantea un modelo de transición energética», por lo que «es totalmente irresponsable».

Por su parte, el vicepresidente de la Fundación Renovables, Fernando Ferrando, señaló que «el modelo energético debe estar basado en renovables y las subastas son un buen procedimiento para su incorporación y para fijar el precio de forma eficiente y competitiva«. En todo caso, destacó la importancia de contemplar otros elementos además del precio ofertado, como favorecer el cumplimiento de la planificación, su papel en la gestión del sistema, la diversificación de agentes, la cercanía al consumidor y apoyar el cierre de instalaciones no sostenibles.