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Industria defiende que ha enviado al Supremo toda la documentación solicitada sobre el nuevo modelo retributivo a las renovables

Redacción / Agencias.- El Ministerio de Industria, Energía y Turismo asegura que ha enviado al Tribunal Supremo toda la información requerida sobre el nuevo sistema de primas a renovables. En concreto, Industria señala que el pasado mes de marzo remitió «toda la documentación requerida por el Tribunal Supremo en el proceso abierto por la modificación de la retribución a las energías renovables», que consta de 1.700 documentos, 150.000 folios y 20 GB de información.

De esta manera, Industria responde a la petición formulada recientemente por la Asociación de Empresas de Energías Renovables (APPA) en la que solicitaba al Supremo que investigara si los retrasos en la aportación de documentación podrían ser constitutivos de un delito de desobediencia. La asociación renovable señaló entonces que Industria aún no había aportado la totalidad de la documentación que le había sido requerida en marzo. Este conflicto se enmarca en la demanda presentada por APPA contra la normativa aprobada el pasado año, que supuso el cambio en la retribución de las energías renovables, que pasaba de primas a la producción a una rentabilidad razonable a lo largo de la vida útil de la planta.

Con posterioridad, el Tribunal Supremo requirió nueva información que el Ministerio de Industria le facilitó el día 12 de junio de 2015. Toda la información, señala Industria, «es el resultado de más de un año de trabajo de veinte profesionales del Instituto para la Diversificación y Ahorro de Energía (IDAE) con amplia experiencia, especialistas en cada una de las tecnologías y con un amplio expertise técnico adquirido del propio desarrollo y explotación de instalaciones renovables».

Industria también explica que, para la elaboración del diseño del nuevo régimen retributivo de las energías renovables, encomendó al IDAE llevar a cabo los análisis técnicos de detalle sobre los costes de producción de las distintas tecnologías renovables, basándose en su propia experiencia acumulada y su «conocimiento profundo» del sector, así como en fuentes públicas, información de asociaciones, operadores, fabricantes, fuentes oficiales y análisis de expertos independientes. De manera específica, continúa Industria, el IDAE llevó a cabo un estudio en profundidad de los distintos costes de inversión y de operación y mantenimiento de todas las tecnologías de generación renovable, conforme a estándares y analizando distintas hipótesis y escenarios para una empresa eficiente y bien gestionada.

«Como resultado del estudio que ha durado más de 12 meses», indica, «se han obtenido más 1.400 estándares de instalaciones tipo para recoger la amplia casuística del sector renovable, formado por más de 65.000 instalaciones». Industria sostiene además que los estándares de renovables se han elaborado «exclusivamente» por los servicios del Ministerio en colaboración con el IDAE, que «contrató a dos consultoras externas para contrastar los datos, como es habitual para este tipo de trabajos«, y para «comprobar la metodología y disponer del posible apoyo judicial en caso de que se produjeran conflictos». «Por consiguiente, no se ha encargado a ninguna empresa externa la elaboración de los mismos«, añade Industria

En el proceso de diseño de los estándares de inversión sobre los que se aplicaría esta rentabilidad, el Gobierno anunció la contratación de dos consultoras independientes, aunque finalmente rescindió el contrato de una de ellas y la otra presentó el informe después de aprobarse la normativa. Esta cuestión supone, para el sector, una prueba de que el Gobierno diseñó la retribución sin criterios objetivos, mientras que el Ejecutivo defiende que el organismo encargado de elaborar los estándares era el Instituto para la Diversificación y el Ahorro de la Energía (IDAE), dependiente del Ministerio de Industria.

APPA impulsa la cooperación entre las energías marinas renovables y el sector naval

Europa Press.- APPA Marina, sección de la Asociación de Empresas de Energías Renovables (APPA), aspira a dar un nuevo impulso al sector de las energías marinas, que agrupa tecnologías como la eólica offshore, las olas y las corrientes, e impulsar su cooperación con el sector naval. En concreto, presentó una iniciativa conjunta del sector público y privado que se plasmará en un documento estratégico y que marcará la hoja de ruta de las energías marinas en España a 2020.

Asimismo, desde APPA Marina resaltaron la Blue Energy de la Comisión Europea, que tiene por objetivo el desarrollo e instalación de plantas de energías marinas en la Unión Europea. Con motivo de su asamblea general ordinaria en Cádiz, APPA Marina aprovechó la ocasión para visitar las instalaciones de Navantia en Puerto Real, donde se está llevando a cabo la construcción de la subestación eléctrica para el parque eólico marino Wikinger (Alemania), que tendrá una capacidad instalada de 350 megavatios (MW).

El sector naval y el de las energías renovables marinas tienen sinergias y características comunes, ya que ambos son industrias de síntesis, destacó el presidente de APPA Marina, Francisco García Lorenzo, que se mostró convencido de que las energías renovables marinas son un sector tecnológico e industrial «con un gran potencial que, además, puede reactivar sectores como el naval, que en España dispone de muchísima experiencia y calidad y que perfectamente podría reorientar su actividad hacia las energías renovables marinas».

APPA denuncia el «acoso y derribo» del Gobierno al autoconsumo con un decreto que deja sin futuro a la fotovoltaica

Redacción / Agencias.- La Asamblea General de APPA Fotovoltaica denunció la política del Gobierno contra la tecnología solar fotovoltaica, que ha llevado a la paralización del sector y aseguró que el último acto de la campaña de «acoso y derribo» contra esta tecnología es el borrador de decreto sobre autoconsumo, que conlleva el cobro de una serie de cargas por utilizar este sistema, lo que «deja sin opciones de futuro a esta tecnología».

Por ello, considera una estrategia «premeditada» toda la política «anti-renovable», y especialmente «anti-fotovoltaica», que el Gobierno y el Ministerio de Industria, Energía y Turismo han llevado a cabo desde su llegada al poder, estrenada con la moratoria renovable. «Desde entonces, toda la reforma emprendida no ha tenido otro fin que paralizar una de las pocas tecnologías de generación eléctrica, la fotovoltaica, que no está en manos de las grandes compañías eléctricas», indicaron desde APPA Fotovoltaica.

La asociación señala que, «como viene siendo habitual», el Ministerio de Industria ha legislado de espaldas al sector, pues el diálogo con el sector fotovoltaico ha sido «nulo». En opinión de los socios de APPA Fotovoltaica, «esto solo beneficia a las grandes eléctricas, que mantendrán por más tiempo sus privilegios al evitar que entren nuevos actores, en este caso los consumidores, en el sector eléctrico«.

Para la sección fotovoltaica de APPA, con esta normativa el Gobierno impedirá el desarrollo del autoconsumo y acaba con «cualquier posibilidad de desarrollo y arruina el futuro de la tecnología fotovoltaica, que ha reducido sus costes un 75% en la última década y actualmente es, en su versión distribuida, más competitiva que cualquier generación con combustibles fósiles». Además, denuncia que el Gobierno en materia de renovables y de fotovoltaica siga «yendo contracorriente». «Es increíble que la fotovoltaica esté creciendo en todo el mundo y que en España esté paralizada. En 2014 se instalaron 40.000 MW en el mercado mundial, 7.000 en Europa y en España únicamente se pusieron en marcha 7 MW», afirmó el presidente de APPA Fotovoltaica, Xabier Albistur.

APPA pide al Supremo actuar contra Industria por «desobediencia» al no aportar la documentación requerida sobre la retribución renovable

Europa Press / EFE.- La Asociación de Empresas de Energías Renovables (APPA) presentó un recurso ante la sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Supremo para que traslade a la Fiscalía General del Estado, por si fuera constitutiva de delito, la conducta del Ministerio de Industria, Energía y Turismo de «incumplir reiteradamente» los plazos de entrega para completar el expediente sobre la retribución a las renovables.

En su recurso, APPA argumenta que pudiera haber indicios suficientes para considerar que Industria haya podido incurrir en un delito de desobediencia a la autoridad. Por ello, pide al Supremo que traslade a la Fiscalía General del Estado esta conducta para que ésta inicie las diligencias pertinentes encaminadas a esclarecer los hechos y, si lo considera oportuno, a asegurar la sanción penal de la posible conducta delictiva en la que hubiera podido incurrir el Ministerio.

Este recurso se enmarca en la demanda presentada por APPA contra la normativa aprobada el pasado año, que supuso el cambio en la retribución de las energías renovables. Como parte de ese proceso, la asociación requirió al Ministerio información sobre la documentación utilizada para sustentar ese cambio retributivo, lo que ya ha necesitó la intervención del Supremo, que en marzo exigió a Industria que aportara toda la documentación para completar el expediente administrativo en el plazo de diez días. APPA considera que esta documentación es «esencial para un efectiva defensa legal» de los recursos presentados.

APPA se suma a los recursos de las eléctricas contra el canon que grava la producción hidráulica

Europa Press / EFE.- La Asociación de Productores de Energías Renovables (APPA) se ha sumado a los recursos presentados por Unesa y las compañías eléctricas en contra del real decreto que desarrolla el canon hidráulico, que grava la producción de energía eléctrica con agua, lanzado por el Gobierno en 2012 para contener el déficit de tarifa eléctrica.

En concreto, la sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Supremo admitió a trámite un recurso de esta asociación de renovables, como ya hizo recientemente con otra denuncia de la Asociación Española de la Industria Eléctrica (Unesa), según se aprecia en el BOE. Además de estos recursos, en los que participan a través de la patronal Unesa compañías como Iberdrola, Endesa, Gas Natural Fenosa, Viesgo o EDP, el Alto Tribunal cursará otra denuncia presentada por Energía de Galicia (Engasa) contra la misma norma, recogida en el real decreto 198/2015, de marzo.

El canon hidráulico consiste en un gravamen del 22% a la producción en instalaciones hidroeléctricas. El decreto denunciado desarrolla el artículo 112 bis del texto refundido de la Ley de Aguas y regula el nuevo canon, aplicado por la «utilización de las aguas continentales para la producción de energía eléctrica». La aplicación de este canon, aprobado en 2012 a través de la Ley de Medidas Fiscales para la Sostenibilidad Energética, no se desarrolló finalmente hasta este año. Permite aliviar en unos 300 millones de euros el déficit de tarifa entre 2013 y 2015. Su aplicación tiene efecto retroactivo desde el 1 de enero de 2013.

Este gravamen forma parte de los impuestos a la actividad eléctrica aprobados en 2012 para reducir el déficit de tarifa en 2.700 millones. Aparte del canon hidráulico, estos impuestos incluyeron una tasa del 7% a la producción de electricidad, un gravamen para la nuclear y céntimos verdes para el gas, el carbón y el fuel. El impuesto hidráulico se aplica con el argumento de que «la calidad de las aguas continentales hace necesaria su protección para salvaguardar uno de los recursos naturales imprescindibles para cualquier actividad humana y necesarios para el desarrollo de la sociedad».

En todo caso, el 2% de lo recaudado será considerado ingreso del organismo de cuenca, al tiempo que el 98% restante se ingresará en el Tesoro y será destinado a través de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) a «actuaciones de protección y mejora del dominio público hidráulico». De los PGE, este 98% pasará al sistema eléctrico, ya que la Ley 15/2012, la misma que impone los nuevos impuestos, establece que las cuentas públicas destinarán a la tarifa eléctrica una cantidad similar a la recaudada a través de los gravámenes.

La plataforma por el autoconsumo energético pide al Gobierno que no imponga un peaje de respaldo

Redacción / Agencias.- La Plataforma para el Impulso de la Generación Distribuida y el Autoconsumo Energético, integrada por AIFOC, ASECE, APPA, FENIE, Sercobe y UNEF, organizaciones que agrupan a la gran mayoría de empresas ligadas a al autoconsumo y que operan en los campos industrial, tecnológico o de instalación, reclamó al Gobierno que promueva el autoconsumo energético mediante «una correcta regulación» y que «elimine barreras» como el peaje de respaldo, contemplado para contribuir a sufragar las redes, ya que «impediría su desarrollo«.

Según señalan, los términos actuales, contenidos en el borrador de 2013, «son muy negativos». Consecuentemente, estas organizaciones piden que el Ministerio de Industria consensué una «adecuada» reglamentación del desarrollo del autoconsumo con los agentes implicados «ya que su implantación sería altamente positiva para la economía española». De hecho, subrayan que el autoconsumo supone beneficios «importantes» como la reducción de pérdidas de energía en las redes de transporte y distribución de electricidad, la disminución de la dependencia energética y de los costes extrapeninsulares, ahorros que a juicio de la plataforma «superan con creces la disminución de ingresos que su introducción eventualmente pudiera provocar en el sistema».

APPA designa nuevo director general a José María González Moya

Europa Press.- La Asociación de Empresas de Energías Renovables (APPA) designó a José María González Moya, hasta el momento director técnico y de las secciones eólica y fotovoltaica de la asociación, nuevo director general en sustitución de Jaume Margarit. González Moya es ingeniero Industrial y cuenta con una sólida formación en las energías renovables y, especialmente, en áreas relacionadas con la gestión técnica y financiera de proyectos.

Antes de su incorporación a APPA hace cinco años, desarrolló su carrera profesional en empresas como Técnicas Reunidas y Gamesa Energía, así como en el sector de la consultoría financiera en procesos de compraventa de activos renovables. En representación de APPA, González Moya participó activamente en sus relaciones con diversas instituciones y organismos así como con las instituciones europeas relacionadas con la energía y asociaciones sectoriales de ámbito europeo como EWEA (eólica) y EPIA (fotovoltaica).

Gesternova critica los requisitos de la Administración que excluyen a las pequeñas comercializadoras de los concursos de licitación pública

«La CNMC (Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia) anima a las pequeñas comercializadoras a participar en los concursos, pero luego resulta imposible hacerlo», aseguró el presidente y fundador de Gesternova, José María González Vélez, al celebrar el décimo aniversario de la empresa. Además, la comercializadora critica los avales que en algunas ocasiones se imponen a las empresas interesadas en el contrato, que «expulsan» a los pequeños comercializadores, y asegura también que los últimos cambios regulatorios relacionados con el sistema de facturación están «ahogando» a este tipo de empresas.

En todo caso, y frente a la tendencia de otras comercializadoras que han tenido que cerrar, Gesternova tiene actualmente una cartera de 14.000 clientes, 2.000 de ellos de perfil doméstico, y presta servicio a empresas como Tecnocom o Imaginarium. Durante el encuentro con la prensa, González Vélez se mostró partidario de una mayor liberalización de la tarifa, de políticas de impulso a las renovables y de una fiscalidad que premie una menor huella de carbono, incluso a través de reducciones en el tipo de IVA.

Gesternova, que aparte de comercializar electricidad representa además a productores de renovables capaces de generar unos 900 gigavatios hora (GWh) al año, lamenta además el frenazo sufrido por las renovables en los últimos años. «Se están poniendo medallas a ver quién nos entierra más hondo y bocabajo», afirmó González Vélez, quien fue además el anterior presidente de la Asociación de Empresas de Energías Renovables (APPA).

Gesternova nació en 2005, a partir de un grupo de promotores renovables, todos miembros de APPA, que constituyeron una comercializadora para adaptarse de esta forma a la obligación de acudir al mercado conforme a la normativa aprobada en 2004. De esta forma, la empresa se convirtió en pionera en ofrecer solo kilovatios verdes a través de las Garantía de Origen. Pese a su apuesta por las renovables, la empresa asegura que la mayor parte de sus clientes contrata el servicio por el precio. «Hemos tenido que luchar contra el tópico que une lo renovable a lo caro», indicó González Vélez.