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Cañete habla abiertamente de un 30% de renovables para 2030: “Apenas supondría 1.600 millones de inversión adicional al 27% planteado”

Redacción / Agencias.- El comisario europeo de Energía y Acción por el Clima, Miguel Arias Cañete, aseguró que el compromiso de la Unión Europea con la descarbonización del mercado energético es «firme» y ve factible ampliar al 30% el objetivo de energía generada por fuentes renovables en la Unión Europea para 2030, que actualmente es del 27%, dada la importante reducción de costes del desarrollo de las renovables en los últimos años, especialmente en tecnologías como la fotovoltaica, la eólica y eólica marina.

Arias Cañete, durante la inauguración del Congreso Nacional de Energías Renovables, ha subrayado que, respecto a las previsiones que había cuando se fijó el objetivo de que en 2030 la energía renovable supusiera el 27% del total en Europa, los descensos en los costes de las renovables arrojan nuevas cifras. En este sentido, explicó que el ahorro hasta 2030 será de 2.900 millones de euros, así como de 6.900 millones el que habrá de 2030 a 2050, respecto a los cálculos iniciales. Además, desveló que con un objetivo del 30% de energías renovables sólo se generarían unos costes adicionales de inversión de 1.600 millones de euros con respecto al del 27%, muy inferiores a los que había cuando se fijó.

En este sentido, Cañete indicó que la Comisión Europea ha facilitado documentación con esos datos para convencer al Consejo Europeo, formada por los representantes de los Gobiernos de cada país, de que es factible considerar porcentajes de renovables superiores al 27%, dada la citada reducción de costes. Por ello, añadió que desde la Comisión Europea se ve «con buenos ojos el incremento del objetivo de ambición a la vista de los nuevos datos» que «hacen más fácil, en términos de coste-eficiencia, asumir objetivos más ambiciosos».

Por otro lado, el comisario de Energía explicó que organizar la descarbonización, consistente en reducir las emisiones de CO2 entre un 80% y un 95% para 2050 a nivel europeo, es «un desafío gigantesco» que pretende realizarse en tres décadas. Asimismo Cañete recalcó el «compromiso» de España con esta política comunitaria y quiso desmentir una afirmación común: «No es verdad, como se dice a menudo, que nuestros sistemas energéticos estén en una encrucijada; están completamente encaminados hacia las energías renovables».

En cuanto a los planes nacionales integrados de Energía y Clima que los países tienen que enviar a Bruselas, Cañete ha indicado que si se producen retrasos, espera que sean los menores posibles, pues los borradores que se envíen tendrán que ser analizados por la Comisión Europea. También se ha referido a las interconexiones energéticas, que ha reconocido que condicionan el desarrollo de las renovables, y aseveró que su construcción «es una prioridad política de primera magnitud para la Comisión Europea» ya que si no es así está en riesgo la descarbonización. Así, valoró el respaldo dado por el presidente de Francia, Emmanuel Macron, al desarrollo de las interconexiones energéticas en Europa, ya que sin ellas “no habrá Unión Energética”.

Además, Cañete también destacó el impulso «decisivo» que se dio a las interconexiones en 2015 con la celebración de la Cumbre de Madrid, en la que España, Portugal, Francia y la Unión Europea acordaron avanzar su desarrollo, pero consideró que alcanzar los objetivos del 15% de interconexión en 2030 va a «requerir de un nuevo impulso político». Por ello, señaló la necesidad de una nueva cumbre para relanzar los proyectos actualmente en marcha, como el de la interconexión por el Golfo de Vizcaya, cuya tramitación y financiación ya está en la recta final. «Creo que un impulso político adicional sería fundamental para rematar este proceso hasta que España alcance el nivel de interconexión necesario», apuntó.

Por su parte, el presidente de la Asociación de Productores de Energías Renovables (APPA), José Miguel Villarig, ha expresado su preocupación por la evolución en el futuro de las subastas de renovables; por la fiscalidad en España, «excesiva y recaudatoria, que no es congruente con los objetivos europeos», por lo que pidió una fiscalidad «bajo el principio de que el que contamina paga» ya que cree que la actual fiscalidad no incentiva las renovables; y por la posibilidad de que se reduzca la rentabilidad razonable del parque instalado en la próxima revisión que se haga.

Villarig señaló en su intervención que España ha sido «modelo de integración de las renovables en el sistema eléctrico» a nivel europeo. No obstante, también reivindicó que «debemos conseguir que las renovables no sean consideradas un subapartado» dentro de las políticas de desarrollo sostenible. Asimismo, Villarig criticó la «falta de rigor de algunos de los últimos Gobiernos de nuestro país» en materia de gestión de la política de energías renovables. Desde APPA, afirmó su presidente, están «preocupados por la continua improvisación del Ministerio de Energía».

Blanco (PSOE) garantiza que la “ambición” del Parlamento Europeo presionará para conseguir un objetivo de renovables del 35% para 2030

Redacción / Agencias.- El diputado del Parlamento Europeo y ponente de la nueva directiva de renovables, José Blanco, ha adelantado que se está «a punto» de alcanzar un compromiso que va a garantizar que el Parlamento Europeo respalde la defensa de un objetivo del 35% de renovables para el horizonte de 2030 en las negociaciones con el Consejo Europeo y la Comisión Europea.

En su participación en el Congreso Nacional de Energías Renovables organizado por APPA, Blanco consideró que los objetivos para 2030 de la Comisión Europea son «poco ambiciosos» y alejan a Europa del reto de la descarbonización para 2050. Por ello, el eurodiputado afirmó que se debe «ir más allá» del objetivo del 27% de cuota de renovables planteado por la Comisión Europea. Asimismo, defendió que los objetivos sean vinculantes para los países miembros y que los estados se comprometan con el desarrollo de las renovables, ya que en el caso de no ser así tendría «un impacto negativo, reduciendo la seguridad y la confianza de los inversores», para lo que también reclamó que no se hagan revisiones de derechos otorgados.

Pagos de capacidad en cuestión

Además, señaló que la necesidad de tecnologías de respaldo “no puede” representar «una excusa para subvencionar a las fuentes de generación contaminante a través de pagos por capacidad». Respecto al autoconsumo, Blanco subrayó que para su fomento es necesario empezar «por quitar las trabas burocráticas y los pagos de tasas» para la energía que no utiliza las redes. Finalmente, aseguró que la Unión Europea debe servir de «ejemplo y liderar el sector» ya que hay un interés que prevalece sobre otros, «el interés del futuro de nuestro planeta, de nuestra vida y nuestra salud», apuntó.

Acciona aboga por un plan ordenado de cierre de centrales para dar cabida a la nueva potencia de energías renovables

Redacción / Agencias.- Así lo explicitó el consejero delegado de Acciona Energía, Rafael Mateo, dentro de las cinco propuestas que presentó para elaborar la Ley de Cambio Climático y Transición Energética. Con su planteamiento coincidieron responsables de compañías energéticas del sector de las renovables como Ence, Saeta Yield y Viesgo, que reclamaron un pacto de Estado que garantice seguridad jurídica a las inversiones y que haya una transición energética planificada, en la que las renovables tendrán que desplazar a otras fuentes de energía.

Rafael Mateo ha explicado que en España hay una capacidad disponible cuatro veces superior a la punta de demanda, que está en unos 40.000 megavatios (MW), por lo que cree que «hay que hacer un plan ordenado de retirada de capacidad». En este sentido ha añadido que en esta transición «hay que atreverse a abandonar parte de los muebles viejos» y habrá que «hacer hueco» a las renovables que se incorporan al sistema eliminando la «energía sucia y subvencionada». Para el consejero delegado de Acciona, en estos momentos está habiendo más «una acumulación que una transición» energética, al tiempo que ha criticado la organización de subastas de renovables en España por su falta de planificación.

Por todo ello, Mateo presentó 5 elementos que debería contener a su juicio la Ley de Transición Energética: en primer lugar ha reclamado objetivos vinculantes y por sectores, no solo para el sector eléctrico. También reivindica poner precio al carbón porque “contaminar no puede salir gratis”, por lo que reclama fijar un precio disuasorio. Asimismo, pide poner fecha al plan ordenado de retirada de capacidad que se plasme en un calendario. Por último, ha pedido aligerar la factura de la luz y que se alcance una legislación armonizada con Europa.

En cuanto a las interconexiones, ha indicado que son inversiones cuantiosas que «hay que optimizar», pues hasta el momento lo que se hace con ellas es importar energía nuclear de Francia a España, que es más barata para el consumidor pero que «deja fuera de juego» mucha potencia instalada en España. Asimismo, destacó que las interconexiones ya habrían alcanzado el objetivo del 10% si se estableciera sobre la capacidad utilizada en puntas de demanda y no sobre la potencia instalada.

Por su parte, el vicepresidente y consejero delegado de ENCE Energía y Celulosa, Ignacio Colmenares, ha criticado el «cortoplacismo» en la planificación y ha pedido más inversiones en plantas de biomasa, que podrían reemplazar al carbón en un primer momento y a más largo plazo a la nuclear «sin caer en manos del gas», que ha recordado es «caro» y viene de países inestables políticamente. Colmenares ha expresado sus dudas sobre las últimas subastas de renovables y sobre que haya capacidad para financiar tanta renovable simultáneamente. En este sentido, auguró que en el caso de la biomasa no cree que de lo adjudicado en las últimas subastas vaya a funcionar más del 50% en la fecha fijada, al finalizar 2019.

Ha añadido que las interconexiones «no son una condición necesaria» para el desarrollo de las renovables y ha apostado por otras fórmulas, como el almacenamiento y la gestión de la demanda. Por eso, cree que los recursos no tienen que ir a hacer gasoductos, sino a impulsar el almacenamiento y las redes inteligentes, al tiempo que reclama un pacto de estado a largo plazo sobre la energía en España que aborde el sector del transporte y ponga precio al COS.

Al respecto, el presidente de Saeta Yield, José Luis Martínez Dalmau, considera que lo hecho en España en materia renovable en los últimos años ha sido un «paradigma de cómo no se deben hacer las cosas», especialmente en lo que atañe a las subastas de nueva potencia renovable, y cree que en España se ha jugado con la seguridad jurídica «y eso tiene un coste tremebundo». Por ello, ante el reto “brutal” que supone la descarbonización de la economía, Martínez Dalmau realizó unas peticiones muy concretas a los encargados de diseñar las líneas maestras de la transición energética: “sentido común, planificación, prudencia y seguridad jurídica”.

Finalmente, el director general de Regulación y Relaciones Institucionales de Viesgo, Francisco Rodríguez, también cree que en España hay una «exuberancia de capacidad» mientras desde el Gobierno se está tratando de hacer cambios normativos para dificultar el cierre de centrales, como el anunciado por el Gobierno y que se aprobará próximamente para impedir el cierre de plantas térmicas. Asimismo, Rodríguez ha añadido que las interconexiones «no pueden convertirse en un mantra y apoyarlas sin ningún tipo de control», y ha apostado por un mayor respaldo al desarrollo del almacenamiento, tecnología que considera que hará factible la transición 100% renovable y que se adapta «mucho mejor al perfil de las renovables».

La patronal renovable APPA pide en la Ley de Transición Energética una fiscalidad que penalice a las tecnologías más contaminantes

Europa Press / EFE.– Mientras el Grupo Español para el Crecimiento Verde propone un decálogo para la futura Ley de Cambio Climático y Transición Energética, la Asociación de Empresas de Energías Renovables (APPA) considera necesario que la futura legislación introduzca una fiscalidad que penalice las tecnologías más contaminantes y beneficie a la generación renovable. La patronal considera que, hasta el momento, la fiscalidad energética recae en mayor parte sobre las tecnologías renovables «con una finalidad recaudatoria y no dirigida a favorecer la transición energética».

Esta petición está recogida en la contribución que presentó APPA a la consulta pública de la futura Ley de Cambio Climático y Transición Energética. «Las externalidades de las energías han de ser tenidas en cuenta, hasta ahora no se han dado señales de precio ni fiscales que reflejen cuál es el impacto real de las tecnologías contaminantes más perjudiciales para el medioambiente», indicó el director general de APPA Renovables, José María González Moya, quien subrayó que «si se hubiera establecido una fiscalidad que recogiese el principio de que quien contamina, paga, el desarrollo de las renovables habría sido una consecuencia directa de los propios mercados».

Por otra parte, APPA considera que la normativa debe establecer un marco regulatorio «estable y predecible» que permita acometer la transición energética y pide que se contemple un escenario de protección para las inversiones en renovables «para que no se repitan errores del pasado y los cambios legislativos retroactivos». En este sentido, la entidad considera que «se deben abordar los sectores difusos», estableciendo metas vinculantes, ambiciosas y alcanzables en climatización y transporte, «para que no se vuelquen todos los objetivos en el sector eléctrico», pues consideran que los esfuerzos deben ser distribuidos «de forma proporcional» entre los diferentes sectores económicos «para no perjudicar a ninguno«.

Por ello, APPA ha solicitado una planificación energética vinculante que contemple la entrada de nueva generación renovable y un calendario de cierre de centrales que sea compatible con los objetivos de reducción de emisiones. La asociación también ha resaltado la necesidad de que la futura ley produzca una armonización territorial y de las administraciones públicas «que evite la doble imposición y que existan diferentes situaciones según las distintas comunidades autónomas». La consulta previa de la Ley tiene el objetivo de que la preparación de esta norma recoja el mayor número de propuestas de los diferentes sectores de la sociedad para la elaboración de la legislación.

Un decálogo para la Ley

La descarbonización de la economía española en el horizonte de 2050 o la mejora de la eficiencia de los sistemas de transporte son algunas de las propuestas que el Grupo Español para el Crecimiento Verde (GECV) ha presentado en su decálogo para la Ley de Cambio Climático y Transición Energética. Así, las empresas que componen la entidad han reclamado la creación de un órgano de la Administración que se encargue de coordinar todo el proceso de elaboración de esta Ley.

Además, el GECV ha solicitado un reequilibrio del marco fiscal basado en el principio de quien contamina, paga, que promueva la acción climática de forma eficiente al mínimo coste y que contribuya, a través de la recaudación, a financiar el cumplimiento de los objetivos propuestos. En este sentido, el grupo ha solicitado que se aplique «un gravamen relacionado directamente con el nivel de emisiones de dióxido de carbono», para así asegurar «un reparto equilibrado del esfuerzo en materia de mitigación de manera viable y proporcionada».

De igual forma, considera indispensable la mejora de la eficiencia de los sistemas de transporte, el fomento del uso de vehículos menos contaminantes con un aumento de la electrificación del los vehículos, con energía de origen renovable y un mayor uso de combustibles alternativos de bajas emisiones. Asimismo, «la Ley deberá incorporar la creciente concienciación de los mercados financieros internacionales sobre riesgos asociados al cambio climático por su impacto sobre los estados financieros» y por la necesidad de «mayor transparencia y dinamismo» en este ámbito.

En sus propuestas el GECV también ha subrayado que la transición energética requiere de «un marco estable y predecible» para la inversión privada, «necesario para incentivar el esfuerzo inversor para el proceso de descarbonización«. Por ello la entidad se presenta como interlocutor de referencia del sector empresarial con las administraciones públicas, así como con las asociaciones empresariales y profesionales, ya que «las oportunidades económicas y de inversión deben pasar por la participación de los agentes implicados, para generar alianzas público-privadas».

La Plataforma para el Impulso del Autoconsumo Energético pide eliminar las cargas impositivas sobre el autoconsumo sin vertido a red

Europa Press / EFE.- La Plataforma para el Impulso del Autoconsumo Energético ha propuesto al Ministerio de Energía y a los grupos políticos desvincular el autoconsumo sin vertido a red del decreto de autoconsumo, lo que implicaría no aplicar cargos sobre la energía autoconsumida, reducir los trámites de legalización y facilitar la ejecución de este tipo de instalaciones desde el punto de vista técnico.

La asociación integrada por AIFOC, APPA Renovables, la Federación Nacional de Empresarios de Instalaciones Eléctricas (Fenie), la Asociación Nacional de Fabricantes de Bienes de Equipo (Sercobe) y la Unión Española Fotovoltaica (UNEF) propone que esta modificación mantenga los criterios de exigencia en materia de seguridad industrial y se tramitaría bajo las condiciones reguladas por el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, competencia de las comunidades autónomas.

La plataforma también propone que, aunque se desvincule a estas instalaciones de las condiciones técnicas y económicas establecidas en el decreto 900/2015, se las incluya en el Registro Administrativo de Instalaciones de Autoconsumo, siendo éste gestionado por las diferentes comunidades autónomas. Según la plataforma, el registro es «una mera comunicación que dota de transparencia al desarrollo de estas instalaciones» y además «permite al Ministerio y a las comunidades autónomas cuantificar la producción renovable en autoconsumo».

Con esta propuesta, la plataforma pretende avanzar hacia un sistema energético en el que los usuarios finales sean actores principales en las medidas de ahorro y eficiencia energética de España. Asimismo, ha reiterado su objetivo de que se reconozca el derecho a autoconsumir energía eléctrica sin ningún tipo de cargo, que se eliminen los cargos a los sistemas de almacenamiento, se simplifique la tramitación administrativa y se adapte el régimen sancionador al «verdadero impacto» del autoconsumo en el sector eléctrico.

Greenpeace asegura que la electricidad más barata en 2030 será la de origen renovable

Europa Press.– Greenpeace ha publicado un estudio en el que asegura que las fuentes renovables serán la forma «más barata de generación eléctrica» en todos los países del G20 para el año 2030. Además, la organización ecologista ha advertido a gobiernos y empresas que la energía no renovable, «además de perjudicial para el planeta, dejará de ser competitiva».

El estudio, titulado Comparativa de los costes de producción eléctrica renovable, nuclear y fósil en los países del G20, calcula cómo serán los costes de generación de electricidad en todos los países del G-20 desde 2015 al 2030. Según sus conclusiones, los parques eólicos generarán la electricidad más barata en gran parte de Europa, América del Sur, Estados Unidos, China y Australia. El informe, que fue encargado por Greenpeace a la universidad finlandesa TheFinnish Lappeenranta University of Technology, asegura que en 2030 la energía solar será «tan económica o incluso más que la eólica».

Por ello, la responsable de energía de la organización ecologista, Raquel Montón, ha declarado que cualquier país que siga invirtiendo en plantas de carbón y energía nuclear «echará a perder su dinero en una tecnología que no será competitiva». Asimismo, Montón reclama al G-20 que mande «una señal clara» al resto del mundo para dar «el salto a las energías limpias». Para la responsable ecologista, «no es solo necesario para el clima, sino también para sus economías». Según Naciones Unidas, en 2016 se invirtió en energías renovables el doble que en fuentes convencionales de energía.

Frente a las cifras del estudio de Greenpeace, la Asociación de Empresas de Energías Renovables (APPA) calculó que las desviaciones en las estimaciones del precio de la electricidad en el mercado, a partir de las cuales se fija la retribución regulada de estas tecnologías, pueden provocar pérdidas de 1.238 millones al sector en seis años. Según los datos de APPA, el sector de las renovables ha dejado de ingresar 930 millones en el periodo comprendido entre 2014 y 2016, si bien de este importe la legislación solo reconoce 356 millones.

APPA advierte al Gobierno de que la subasta de renovables de julio puede provocar «una burbuja de instalaciones»

Europa Press.- La Asociación de Empresas de Energías Renovables (APPA) ha considerado que la próxima subasta verde, que se celebrará en julio, es una muestra más de «la precipitación y falta de planificación» en el sector energético y ha afirmado que puede provocar «una burbuja de instalaciones».

La patronal señala que la nueva subasta producirá una acumulación de potencia renovable a instalar, con 6.000 megavatios (MW) en solo dos años y medio, «potencia que podría ampliarse sin límite si el coste para el sistema es inferior al que el Gobierno establecerá en la cláusula de confidencialidad de la convocatoria de la subasta». Para APPA, estos 6.000 MW nuevos, que tendrán que instalarse antes de 2020, suponen «una carga excesiva» para un sector que ha estado 5 años «paralizado por decreto» y encarecerán la ejecución de los proyectos.

Además, considera que el hecho de que el Gobierno desconociera a comienzos de año la capacidad renovable que iba a subastar «constata la improvisación y falta de planificación en la incorporación de energías renovables al sistema eléctrico peninsular«. Así, el presidente de APPA, José Miguel Villarig, cree que el que se adjudiquen «3.000, 6.000 o 10.000 MW al máximo descuento no es motivo de celebración». «Cuando estos proyectos estén instalados, estén vertiendo electricidad limpia a nuestro mix y su rentabilidad permita mantener industria y generar empleo de calidad y estable, entonces hablaremos de éxito«, concluyó.

La nueva subasta renovable, acogida de forma desigual, mantiene el criterio de desempate entre eólica y fotovoltaica

Europa Press / EFE.- La nueva subasta de 3.000 megavatios (MW) de potencia renovable, anunciada por el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha sido acogida de forma desigual en el sector, pues mientras la industria eólica cree que es una buena noticia, a las asociaciones de fotovoltaica les suscita dudas. La subasta mantendrá los criterios de desempate en función de las horas de producción establecidos en la puja celebrada este mes, según consta en el borrador y en la memoria económica del decreto.

Este criterio de desempate recibió críticas de las asociaciones fotovoltaicas de referencia, UNEF y Anpier, que ven en su aplicación un trato de favor a la eólica y que destacan la capacidad de la solar para competir en igualdad de condiciones. La segunda de estas asociaciones denunció la subasta de mayo ante el Tribunal Supremo precisamente por encontrarla discriminatoria. En el borrador del real decreto, Energía señala que el procedimiento de la subasta celebrada en mayo, en la que la eólica se llevó el 99% de la potencia ofrecida, ha sido «muy satisfactorio», por lo que serán de aplicación las reglas anteriores, incluidas en la orden ministerial ETU/315/2017 y en la resolución del 10 de abril que desarrolló su contenido.

En estas disposiciones se indica que, en caso de empate, ha de tomarse el proyecto que genere más megavatios hora por cada megavatio instalado, conforme al número de horas de funcionamiento. Además, se establecen unos porcentajes máximos de abaratamiento de las ofertas diferentes en función de cada tecnología. «Lo que pedimos es que la definición final de la subasta permita a todos los agentes del mercado ejercer su competitividad», indicó el director general de UNEF, José Donoso, tras conocerse el contenido del borrador del decreto.

Conforme a las reglas de la subasta, para cada tramo de oferta se calcula la retribución a la inversión y el cociente entre dicha retribución y el número de horas estándares de funcionamiento de la instalación. Como las horas estándares fijadas para la eólica son superiores a las de la fotovoltaica, esta tecnología gana opciones para la adjudicación. El borrador del real decreto limita como novedad el alcance de la subasta a estas dos tecnologías. En concreto, indica que será de aplicación a instalaciones de los subgrupos b.1.1. y b.2, que corresponden a la fotovoltaica y a la eólica, respectivamente.

Como en la anterior ocasión, la convocatoria se limita a los territorios peninsulares y, para garantizar el cumplimiento de los objetivos de renovables de España ante la Unión Europea para 2020, excluye instalaciones cuya construcción suponga el cierre o la reducción de potencia de otra de la misma tecnología e instalaciones constituidas por equipos principales que no sean nuevos o que hayan tenido uso previo.

En la memoria, Energía repite los cálculos utilizados para la anterior subasta y confía en que el coste para el sistema de los nuevos proyectos sea «nulo». Este coste nulo se produce para el consumidor en los escenarios medios de precios de la electricidad tomados como referencia por el Gobierno. Si se produjese un abaratamiento en el pool con respecto a la previsión, a partir de 2019 las instalaciones podrían recuperar la diferencia a modo de coste regulado del sistema.

Energía señala que, tomando como hipótesis que la rebaja obtenida en la subasta es de 0% y que la potencia adjudicada por tecnología se distribuyera a partes iguales entre fotovoltaica y eólica, el coste máximo para el sistema ascendería a 123 millones de euros anuales a partir de 2019. En todo caso, asegura que, «a la vista del resultado de la subasta anterior, es de esperar que el coste sea muy inferior a 123 millones de euros o incluso nulo como sucedió en dicha subasta».

Diversa acogida en el sector

La Asociación Empresarial Eólica (AEE), que representa a más del 90% del sector en España, considera la nueva subasta de hasta 3.000 megavatios de capacidad una «buena noticia para todo el sector» de las renovables.Según la asociación, con esa nueva potencia España se acercará al objetivo europeo de que en 2020 las energías renovables supongan el 20% del consumo, lo que unido a la futura Ley de Cambio Climático, constituye un paso más dentro del proceso de transición energética.

La Unión Española Fotovoltaica (UNEF), que representa a empresas que suponen aproximadamente más del 85% del sector en España, también ve positivo que se convoque una nueva subasta, aunque cree que hay que reformar su diseño para que sea «verdaderamente competitiva» y para abaratar los precios al consumidor. Por eso, esta asociación, que recurrió ante el Supremo la normativa de la anterior, reclama una reducción en el suelo del descuento máximo y un modelo en el que cada agente interesado oferte un precio por kilovatio hora para que el más competitivo reciba la remuneración ofertada.

La Asociación Nacional de Productores Fotovoltaicos, Anpier, que agrupa a 5.000 socios que son pequeños productores e inversores, ha dicho que esta nueva subasta es «más de lo mismo». Su presidente, Miguel Ángel Martínez-Aroca, vaticina que si la subasta se celebra con las mismas reglas que la anterior, como está previsto en el decreto del Gobierno, «de nuevo arrasará la eólica«, en la que ha recordado «dominan» las grandes eléctricas.

Por su parte, el director general de la Asociación de Productores de Energías Renovables (APPA), José María González Moya, ha expresado su sorpresa por el anuncio de una nueva subasta renovable, más cuando apenas se acaba de celebrar la anterior, también de 3.000 MW. González Moya, cuya organización agrupa a empresas y entidades de todo tipo de energías limpias, ha manifestado que esta nueva convocatoria «es otra improvisación» del Gobierno.

Ha reiterado que es necesaria una planificación a largo plazo de las subastas, ya que las empresas y los inversores necesitan conocer cuando se convocarán para organizar sus inversiones, y ha criticado que en esta nueva subasta se vuelva a «enfrentar» a las diferentes tecnologías. Por eso, González Moya demanda que las subastas vuelvan a tener cupos por tecnologías (solar, eólica y otras) y ha afirmado que el mecanismo de adjudicación «sigue perjudicando a la energía fotovoltaica», que sólo logró un megavatio en la anterior convocatoria por el sistema para deshacer los empates en las ofertas, que era el mayor número de horas de funcionamiento.

Extremadura pide oportunidad para fotovoltaica

Por su parte, el consejero extremeño de Economía e Infraestructuras, José Luis Navarro, ha asegurado que la nueva subasta de energías renovables será satisfactoria para Extremadura si la energía fotovoltaica tiene posibilidades reales y aseguró que «estaremos muy pendientes de que esta vez no perjudique a Extremadura«. Además, ha recordado que con la anterior subasta se hicieron muchas esperanzas porque conocían que había muchas empresas extremeñas interesadas en presentarse pero, por la “preferencia” que se daba a la energía eólica, «no entraron los proyectos extremeños». El consejero ha aseverado que desde la Junta han insistido a todos los niveles en la necesidad de una nueva subasta y «afortunadamente parece que esta petición ha sido recibida».

Por último, se ha referido también a la posibilidad de que una de las empresas adjudicatarias de la anterior subasta de energías renovables pudiera construir un parque eólico en el norte de Extremadura para cumplir los compromisos adquiridos en la subasta. En este sentido, se limitó a señalar que «es prematuro decirlo» porque las empresas tienen 6 meses para concretar los proyectos con los que van a cumplir sus compromisos.

El sector eólico prevé inversiones de más de 3.000 millones y 30.000 empleos por los proyectos adjudicados en la subasta

Europa Press.- Mientras APPA denuncia que la neutralidad tecnológica de la subasta renovable «era falsa y deja fuera a otras tecnologías necesarias», desde el sector eólico prevén que la instalaciones de los proyectos adjudicados en la subasta, que se saldó con la adjudicación de 2.979 megavatios (MW) a esta tecnología, representen unas inversiones superiores a los 3.000 millones de euros, así como la creación de más de 30.000 empleos (directos e indirectos) en el periodo de instalación.

En este sentido, la Asociación Empresarial Eólica (AEE), que representa al 90% del sector eólico español, asegura que el resultado de la subasta «da esperanza al sector en España, tras varios años de letargo«. Así, subraya que el resultado de la subasta muestra que la eólica es en la actualidad «la tecnología que puede lograr un mayor cumplimiento de los objetivos para 2020 a un menor coste para el sistema«. No obstante, AEE reclama una planificación energética para los próximos años que tenga en cuenta las necesidades energéticas y de descarbonización del país a largo plazo y garantice un mix equilibrado entre las diferentes tecnologías.

Para ello, considera necesario un calendario de subastas que, «más allá incluso de los objetivos europeos a 2020», tenga en cuenta tanto los compromisos internacionales en materia medioambiental (el Acuerdo de París y los objetivos climáticos para 2030) como los hitos necesarios de cara a una ordenada transición energética. Además, señala que la eficacia real de la subasta se conocerá en diciembre de 2019, cuando todos los proyectos adjudicados estén funcionando y contribuyendo a cumplir los objetivos europeos para 2020.

Así, la AEE confía en que todos los actores implicados en el proceso, como los promotores, fabricantes, entidades financieras y administraciones, «pondrán todo de su parte para ello». La patronal recuerda también que el hecho de que los parques adjudicados en la subasta vayan a instalarse sin incentivos «no quiere decir que los que se construyeron en el pasado no los necesiten», por lo que pide que se respeten los incentivos hasta el final de su vida útil regulatoria, lo que pasa «necesariamente» por no modificar la rentabilidad razonable de los proyectos cada 6 años.

La neutralidad tecnológica era «falsa»

Por su parte, la Asociación de Empresas de Energías Renovables (APPA) considera que el resultado de la subasta de renovables, con la práctica totalidad de los proyectos adjudicados a la eólica, constata que su neutralidad tecnológica «era falsa y deja fuera a otras tecnologías necesarias». Al respecto, la asociación considera que la fotovoltaica «ha visto bloqueado» su desarrollo, al igual que ocurrió en la subasta anterior en la que ni siguiera se contemplaba esta tecnología.

Además, denuncia que el Ministerio de Energía «juega con la incertidumbre», dado que se han subastado solo 3.000 megavatios (MW) de los 8.500 que el Gobierno considera necesarios, en vez de planificar un escenario previsible de desarrollo y transición energética. Así, APPA espera que, en las nuevas subastas, se corrijan «los defectos denunciados por el sector renovable» y tengan cabida otras tecnologías limpias que, sin subastas específicas, «están condenadas a la parálisis indefinida». «Tecnologías necesarias como la biomasa o la minihidráulica, sufren una moratoria encubierta al considerar solo el coste y no la gestionabilidad o la seguridad de suministro», añade.

La eólica, el 99,3% subastado

De los 3.000 MW que se ponían en juego, la subasta adjudicó 2.979 megavatios (MW), el 99,3% del total, a la eólica, al ser la tecnología que más energía produce por unidad de potencia instalada; 1 MW a la fotovoltaica, el 0,03%; y 20 MW al resto de tecnologías, el 0,66%, según indicó el Ministerio de Energía. El gabinete dirigido por Álvaro Nadal destacó que la subasta, en la que se adjudicó el máximo previsto, se saldó con el máximo descuento posible, «lo que supone la introducción de energía renovable en el sistema eléctrico sin necesidad de primas que supongan un coste para el consumidor».

Las solicitudes presentadas superaron en más de tres veces la potencia adjudicada, “confirmando así el interés de los inversores por el sector de las renovables en España”, añadió el Ministerio, que subrayó que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), como entidad supervisora de la subasta, validó sus resultados y confirmó que el proceso «ha sido objetivo, transparente y no discriminatorio y que la subasta se ha desarrollado de forma competitiva, lo que ha permitido adjudicar aquellas instalaciones más eficientes y al menor coste para el consumidor».

Esta nueva potencia renovable, que deberá estar en funcionamiento antes de 2020, contribuirá a mejorar la competencia en el mercado eléctrico y reducir la dependencia energética del exterior y supone un paso decisivo para conseguir un 20% de renovables en el 2020, añade Energía. España se encuentra actualmente por encima de la senda prevista de penetración de renovables, al alcanzar en 2015 un 17,3%, por encima del 13.8% previsto para ese año. El Grupo Forestalia, Gas Natural Fenosa, Endesa y Gamesa fueron los grandes vencedores de la subasta al adjudicarse más de 2.600 megavatios (MW).

40 organizaciones lanzan la Alianza por el Autoconsumo para reclamar la producción propia de energía renovable sin barreras ni tasas

Europa Press.- Más de 40 organizaciones han presentado el manifiesto Con el autoconsumo ganamos todos en el que reclaman el derecho de los ciudadanos a producir su propia energía con un marco estable y sin peajes. Por ello han constituido la Alianza por el Autoconsumo, que está integrada por asociaciones de consumidores, sindicatos, asociaciones ecologistas y empresariales para reclamar al Gobierno «un marco regulatorio estable, que impida cualquier medida retroactiva, y en el que no se impongan barreras técnicas, administrativas ni económicas».

Compuesta por la Asociación de Empresas de Energías Renovables (APPA), la Unión Española Fotovoltaica (UNEF) y la Asociación Nacional de Productores de Energía Fotovoltaica (Anpier), así como por los sindicatos UGT-FICA y Comisiones Obreras (CC.OO), la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), la Asociación General de Consumidores (ASGECO) y la Confederación de Consumidores y Usuarios (CECU); y las asociaciones ecologistas Amigos de la Tierra, WWF España o Greenpeace, entre otros, la Alianza reclama una regulación que permita «garantizar el desarrollo del autoconsumo y su reconocimiento como un derecho ciudadano». El objetivo es “que la sociedad disfrute de los beneficios ambientales, económicos y sociales de esta forma de generación distributiva», indicaron.

Asimismo, la Alianza reclama que se reconozca el derecho a autoconsumir energía eléctrica «sin ningún tipo de cargo o peaje sobre la energía consumida; que se habilite la posibilidad de que varios consumidores compartan instalación de autoconsumo; que se adopte el régimen sancionador en función del verdadero impacto del autoconsumo en el sistema eléctrico y que se defina una tramitación administrativa simplificada y adecuada a las características de las instalaciones». Además, subraya que el autoconsumo permitiría una generación limpia y distribuida, implicando a la ciudadanía en el cambio de modelo energético y haciendo a particulares, administraciones y empresas «más conscientes de su propio consumo energético».

En ese contexto, aseguran que las tecnologías para la generación de electricidad con energía renovable han avanzado hasta permitir a cada individuo, comunidad o empresa abastecerse con su propia energía limpia facilitando el ejercicio del derecho ciudadano a participar activamente en el mundo de la energía. Las organizaciones destacan que la Directiva 2009/28/CE establece la necesidad de promover un cambio en el modelo energético, que no termina en los objetivos para 2020, sino que continuará con el conocido como Paquete de invierno y la propuesta de revisión de la Directiva Europea de Renovables. Así, consideran que España debe favorecer la integración de energías renovables en el sistema energético durante las tres próximas décadas para alcanzar los objetivos actuales y futuros.

Por otro lado, subrayan los «claros» beneficios ambientales de esta fórmula porque se emitirían emisiones de gases de efecto invernadero y se mejoraría la calidad del aire, al tiempo que se evitarían las pérdidas del sistema que se producen entre la instalación de generación y el punto de consumo. A nivel económico, España depende de las importaciones energéticas en un 70%, más de 20 puntos por encima de la media de la Unión Europea por lo que la Alianza por el Autoconsumo estima que esto contribuiría a reducir la importación de combustibles fósiles y rebaja el precio de la electricidad y la factura de la luz ya que se generaría competencia en el sistema eléctrico.