Los sindicatos y las patronales de las estaciones de servicio AEVECAR y CEEES debatirán mañana en el Servicio Interconfederal de Mediación y Arbitraje (SIMA) la última propuesta hecha por el mediador, para intentar lograr un acuerdo que evite una nueva huelga en el sector de las gasolineras.

Las dos patronales presentarán al Ministerio de Industria también mañana la lista con las gasolineras que consideran deben incluirse en los servicios mínimos de los paros convocados para los últimos días de enero y varios de febrero y marzo.

La semana pasada el mediador del Ministerio de Trabajo entregó a FIA-UGT y FITEQA-CCOO y a las patronales una nueva propuesta que incluye incrementos salariales del IPC más 0,6 puntos los tres primeros años, del IPC más el 0,5 por ciento en 2009 y una reducción de la jornada laboral a 1.780 horas anuales en ese último año. Sobre la remuneración de los festivos, el SIMA propone un pago de 30 euros brutos por festivo trabajado durante toda la vigencia del convenio más unos pluses adicionales para los turnos de noche de Nochebuena y Nochevieja, lo que rebaja su anterior oferta (35 euros en 2006, 40 euros en 2007 y 45 euros en 2008). La retribución de los días festivos es el principal escollo de la negociación y la nueva propuesta de los mediadores no ha sido recibida con entusiasmo desde los sindicatos, que la consideran «claramente inferior» a lo hablado hasta ahora.

En la reunión del pasado jueves, los sindicatos y las patronales aproximaron sus posiciones en aspectos como la prolongación de la vigencia del convenio colectivo en un año (hasta 2009). El convenio colectivo que negocian afecta a 41.500 trabajadores de 8.700 gasolineras. Por otro lado, continúan los trámites para fijar los servicios mínimos de los próximos paros, cuya lista definitiva será publicada por el Ministerio de Industria el viernes, día 26, si no se alcanza un acuerdo antes.

En el trámite de audiencia ante Industria del viernes pasado, los sindicatos defendieron que se consideren servicios mínimos los «esenciales» para los ciudadanos (bomberos, ambulancias, emergencias) y pidieron que las gasolineras que estén abiertas únicamente puedan vender carburantes.

Durante la huelga del 7 y 8 de noviembre pasados las estaciones de servicio incluidas en los servicios mínimos funcionaron a pleno rendimiento y las tiendas de conveniencia también desempeñaron su actividad habitual, algo a lo que los sindicatos se oponen.

Los sindicatos también han instado a Industria a que publique los servicios mínimos con antelación suficiente para que los ciudadanos sepan si sus estaciones de servicio más cercanas estarán abiertas. En la anterior huelga, los días 7 y 8 de noviembre pasados, Industria estipuló que el 20 por ciento de las gasolineras permanecieran abiertas, unas 1.800.

FIA-UGT y FITEQA-CCOO han convocado nuevas jornadas de huelga para los días 30 y 31 de enero, 19, 20 y 21 de febrero, y 12, 13, 14 y 15 de marzo.

Al igual que la huelga de noviembre, las nuevas jornadas de paros afectarían a las gasolineras de toda España, excepto a las de Vizcaya y Guipúzcoa y a algunas de la Comunidad de Valencia.

El precio de la electricidad para los hogares españoles es un 13% más bajo que en la media de la Unión Europea. Un porcentaje que cambia si nos referimos a los consumidores industriales, que también pagan menos que la media europea, pero un 4% inferior. La diferencia con el resto de europa no es positiva en todos los casos. En la factura del gas, un español paga un 17% más de la factura media europea (el cuarto precio más alto de la UE), mientras que a la industria el gas le sale, al menos comparativamente hablando, más barato. Un 12% inferior a la media.

Son datos que la Comisión Europea ha ofrecido con motivo de la publicación de su estrategia sobre energía. La cuestión más interesante es que, según la Comisión, esta diferencia se debe a que en España existe una tarifa regulada, que impide la existencia de un mercado libre de la electricidad y que es la responsable del distanciamiento entre los precios europeos y los de España. Algo que, aparentemente, puede parecer positivo para el consumidor en el caso de la electricidad, pero muy negativo para el caso del gas.

La tarifa regulada genera el polémico déficit de tarifa, que es la diferencia entre lo que a las eléctricas les cuesta producir electricidad y lo que los consumidores les pagan por ella. Una cuestión que vuelve loco al consumidor, que generalmente no termina de entender por qué las compañías eléctricas obtienen beneficios si ingresan menos de lo que gastan.

La cuestión es que las eléctricas sí cobran ese dinero de menos, y los consumidores también pagan ese dinero de menos que, aparentemente, les cuesta la factura. Pero las eléctricas lo cobran al final del ejercicio; se lo adelantan los bancos. Los consumidores no lo pagan en un año; lo pagan a lo largo de muchos años, en pequeñas dosis, en sus facturas eléctricas. Aunque no son conscientes de ello.

Los bancos, que son los que adelantan ese dinero a las eléctricas, lo cobran en el largo plazo… con intereses. A cargar en esas pequeñas dosis de las que los consumidores no son conscientes cuando pagan sus facturas mes a mes.

Pero volviendo al tema principal, el de la tarifa regulada… Además de generar un innecesario déficit que sale más caro a la larga que pagado de una vez, la tarifa da incentiva poco al consumidor a cambiar de compañía, ya que todas ofrecen los mismos precios. De esa forma, hablar de un mercado liberalizado no es más que una ilusión, ya que, en la práctica, no se comporta como tal.

Otros datos de la Comisión Europea se refieren al origen de la energía consumida en España. De la producción nacional, que actualmente alcanza sólo el 15% de lo que consumen los españoles, el 50% es de origen nuclear, un 28% lo generan las energías renovables y el carbón proporciona otro 20%.

De la energía que España importa del exterior, el petróleo y el gas natural son las fuentes más importantes, con un 49% y un 18%. De ahí que el país sea especialmente vulnerable a las oscilaciones en los precios de estas materias primas.

Desde 1990, España ha aumentado el consumo energético un 66%. El transporte se come un 40% del total, frente a la media europea del 31%. La industria representa el 33%, el comercio el 12%, y los hogares, un 15%.