Foratom pide la construcción de 10 nuevas centrales nucleares en España hasta 2025

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El presidente del Foro Atómico Europeo (Foratom), Eduardo González, defendió hoy la necesidad de construir diez nuevas centrales en España entre 2008 y 2025, para cubrir, junto a las ya existentes, el incremento previsto del 3 por ciento anual en la demanda eléctrica.

En un desayuno informativo organizado en la sede en Bruselas de Foratom, el también presidente del foro de la Industria Nuclear Española explicó que la idea sería emplazar estas centrales donde ya hay instalaciones, dado que «tienen todos los aspectos técnicos y de opinión pública cubierta».

En la actualidad funcionan ocho centrales nucleares en todo el país -que producen el 20 por ciento de la energía eléctrica- y finalizan su autorización de explotación entre 2009 y 2014: Santa María de Garoña (Burgos), Almaraz I y II (Cáceres), Ascó I y II y Valdellós II (Tarragona), Confrentes (Valencia) y Trillo (Guadalajara).

A juicio de González, la energía nuclear en España es «necesaria» debido a la escasez de recursos propios (se importa un 80 por ciento de la energía primaria consumida), la incertidumbre en el mercado, la insuficiente conexión con la UE, el déficit de la tarifa eléctrica y el incumplimiento de los objetivos del protocolo de Kioto.

En este escenario, aseguró que la construcción de las diez nuevas centrales (que producirían 10.000 megavatios) supondría un apoyo del sector industrial, desarrollaría el sector de la alta tecnología, y mejoraría la balanza pagos, además de ahorrar la emisiones de CO2.

En cuanto a la opinión pública, el presidente de Foratom consideró que «a mayor información, menor rechazo de lo nuclear», y señaló que países como Finlandia, Suecia e Inglaterra han experimentado una evolución hacia posiciones menos radicales, según los últimos eurobarómetros, en paralelo a decisiones favorables a esta energía de sus gobiernos.

En España, donde se expresa una postura similar a la del conjunto de la UE, hay un 23 por ciento de oposición a las nucleares, un 6 por ciento de apoyo, y una mayoría que se sitúa en posiciones críticas intermedias. Por su parte, el director del foro de la Industria nuclear española, Santiago San Antonio, también presente en el encuentro, se refirió al último paquete de energía aprobado por la UE. Afirmó que resulta positivo para la industria nuclear, dado que reconoce su papel a la hora de mejorar la competitividad, apoyar el desarrollo sostenible, combatir el cambio climático y contribuir a la garantía del suministro energético en la UE. Por contra, resaltó que no es la hoja de ruta estratégica para el desarrollo futuro de esta energía, y que debería estimular acciones y coordinar el desarrollo de nuevas inversiones. Para ello, abogó por la creación de un Foro de alto nivel, y por potenciar que en la «cesta energética» se analicen juntas todas las energías con bajas emisiones de gases de efecto invernadero, sin discriminar la nuclear.

En toda Europa hay 150 reactores -de los que 59 se ubican en Francia, 19 en Reino Unido y 17 en Alemania– y hay otros cinco en construcción (dos en Bulgaria, y uno en Francia, Rumanía y Finlandia).

La CNE termina hoy de debatir la propuesta de Industria sobre el RD 436/2004

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La Comisión Nacional de la Energía tenía que haber debatido antes de terminar el 2006, como estaba previsto, la propuesta de la Secretaría General de la Energía del Ministerio de Industria para modificar el Real Decreto 436/2004, sobre las primas a las energías en régimen especial. Sin embargo, con una agenda de trabajo desbordante, ha sido imposible sacar una conclusión sobre el asunto antes de la reunión extraordinaria de hoy.El Consejo de Administración de la Comisión Nacional de la Energía celebra hoy, en sesión extraordinaria, la segunda parte de su debate sobre la propuesta de Industria de modificar el Real Decreto 436/2004, que fija las primas a la producción de energía eléctrica en régimen especial. El pasado jueves comenzó el debate a puerta cerrada de los consejeros, en el que no estuvieron presentes ni los servicios técnicos ni los servicios jurídicos de la Comisión.

La Comisión deberá autorizar, rechazar o presentar, si se da el caso, las propuestas de mejora a la revisión presentada por Industria, que limitan la rentabilidad mínima de las inversiones en el sector eólico, reduciéndolas a una horquilla entre el 5 y el 9%. Una medida muy impopular, a la que se han negado las asociaciones que engloban a los productores de energía en régimen especial, los sindicatos y las asociaciones de ecologistas.

No es probable que la revisión presentada por Industria reciba el visto bueno y podría tener que verse modificado en una parte o en su totalidad, según ha podido saber Energía Diario de fuentes de la Comisión.

Hay una serie de puntos sobre los que tendrán que decidir los consejeros. Cuestiones polémicas, sobre todo la referente a la retroactividad que introduce la propuesta. Un apartado que afecta directamente a la seguridad jurídica y a la confianza de los inversores a la hora de embarcarse en un proyecto financiero.

Si bien la retroactividad es un asunto grave además de polémico, no es menos polémica la reducción de las primas e incentivos para que las empresas titulares de las instalaciones de generación acudan al mercado.

Otro punto que llama la atención es la aparente incongruencia del Ministerio de Industria, al proponer una modificación del Real Decreto que ataca directamente, o así lo aseguran las patronales, al Plan de Energías Renovables trazado por los organismos dependientes del Ejecutivo.

La Comisión Europea extenderá el proceso de infracción a España por el caso E.ON por las nuevas medidas de la Comisión Nacional de Energía.

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La Comisión Europea tratará mañana en su reunión semanal la propuesta de la responsable de Competencia, Neelie Kroes, para extender el proceso de infracción abierto a España por las condiciones de la CNE a la opa de E.ON sobre Endesa a las medidas modificadas por el Ministerio de Industria.

Fuentes de la Comisión Europea indicaron que la intención de Kroes es enviar al Gobierno español una carta de emplazamiento (el primer paso del procedimiento de infracción comunitario) complementaria a la que le envió en octubre por el primer paquete de medidas y que supuso la apertura del procedimiento. De esta manera, Bruselas unificará en un solo expediente sus dos decisiones de declarar «ilegales» tanto el primer conjunto de medidas establecidas por la CNE (18 de las 19) como varias de las que adoptó Industria posteriormente, que rebajaban considerablemente las exigencias a E.ON y que fueron aceptadas por el grupo alemán.

A pesar de que las autoridades españolas han dejado ya claro que no están dispuestas a retirar las medidas que Bruselas considera incompatibles con la legislación comunitaria, la Comisión no va a avanzar por el momento en este proceso sancionador, aunque puede hacerlo en el futuro, recalcaron las fuentes.

El expediente que tramita la autoridad europea de competencia contra España persigue una infracción del artículo 21 del Reglamento de concentraciones de la UE, según el cual las fusiones de dimensión comunitaria -como la de E.ON y Endesa– son competencia exclusiva de la Comisión, que es la única que puede imponerles condiciones.

Las exigencias que suscitan más preocupación al Ejecutivo comunitario son: la obligación de mantener la marca Endesa durante cinco años; no vender en ese plazo los activos eléctricos fuera de la España peninsular; utilizar sólo carbón de producción nacional, y no adoptar decisiones estratégicas que puedan afectar a la seguridad del suministro contrarias al ordenamiento legal español.

Las autoridades españolas creen que el problema es de interpretación del derecho comunitario e insisten en que esas condiciones son clave para garantizar la seguridad del aprovisionamiento. Madrid ya tiene abierto otro procedimiento de infracción en Bruselas por el caso E.ON, en el ámbito de Mercado Interior, por la ampliación de las competencias de la CNE que le permitió pronunciarse sobre la opa e imponerle condiciones.

La semana pasada, el Ejecutivo comunitario presentó una denuncia ante el Tribunal de Justicia de la UE por este motivo, el último paso del procedimiento, pues considera que determinadas disposiciones del decreto que extendió las funciones del regulador energético español constituyen «restricciones injustificadas» de la libre circulación de capitales y del derecho de establecimiento.

La energía anquilosada

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Puede parecer una contradicción ‘in terminis’, pero no lo es. La ‘energía’
puede estar anquilosada, petrificada, en un estado de inacción que le
impida avanzar hacia un lugar concreto, es decir, lo contrario a su
naturaleza. Resulta difícil recordar un momento de nuestra historia como el actual en que pudiéramos identificar un comportamiento similar de la
Administración del Estado en el sector de energía. Una situación
caracterizada por la ausencia de los requerimientos de los mercados, del
marco que rigen las decisiones económicas en materia de inversión, de la
necesaria estabilidad regulatoria, y de sus mecanismos de funcionamiento de los distintos agentes.

Así, esta semana pasada nos enteramos de que el ‘déficit tarifario’ del
año 2006 se conocerá alrededor del mes de junio, según comunicación del Secretario General de Energía y del Secretario de Estado de Economía, Ignasi Nieto y David Vegara, respectivamente, que de forma reiterada muestran una interesante sintonía. Esto quiere decir que las empresas no podrán determinar sus ingresos correspondientes al ejercicio 2006 en los tres primeros meses del año, tal y como exige la ley, y tal y como esperan los mercados para evaluar los comportamientos empresariales. Por tanto, estamos ante una nueva fórmula de prolongación de incertidumbre.

Haciendo un poco de historia, y en la misma línea, el año pasado ni
siquiera se elaboró el decreto o la orden ministerial para la titulización
del déficit tarifario. Así, fueron las propias compañías eléctricas las
que elaboraron junto con las entidades financieras los contratos que rigen esta operación financiera. A esto se le llama laissez faire.

Uno de los argumentos para aplazar el resultado del déficit tarifario del
2006 es la necesidad de calcular el importe de los derechos de emisión de los gases invernadero para detraerlos de la tarifa total. Pero resulta que en Energía ahora están indecisos sobre el tratamiento a dar a tales derechos de emisión, fruto del decurso de unos acontecimientos que han hecho aflorar múltiples criterios de imputación. Industria elaboró primero (antes del cambio ministerial) un Real Decreto-Ley, después elaboró una propuesta de Orden Ministerial, diferente a la norma inicial, que claramente quería evitar los resultados de la aplicación (a quien beneficiaba y a quien perjudicaba) del Real Decreto. Finalmente, la Comisión Nacional de Energía le devuelve otras dos propuestas diferentes, una aprobada por el Consejo de Administración y otra que es el voto particular de un consejero.

Otro hecho reciente que termina dibujando a unas autoridades energéticas que más parecen estatuas de sal es el comportamiento errático observado en la fijación de la tarifa 2007, en el que Industria y Economía acabaron bailando un rigodón de propuestas, cifras, porcentajes y métodos (algunas verdaderamente esotéricas, como la tarifa federal), hasta que la decisión final se adoptó por criterios estrictamente políticos. Por cierto, el baile acabó cuando la vicepresidenta política decidió retirar el ponche, desenchufar el tocadiscos y apagar paulatinamente las luces.

Todo esto sin hablar de la creciente incertidumbre imperante entre los
inversores financieros por cuestiones como la nueva regulación del régimen especial (las renovables), que también promete alargarse.

¿Qué es lo que tenemos a cambio?. Tenemos una utilización de los mecanismos regulatorios como si se estuviera haciendo política de
rentas, estamos en la tragedia pequeñita de los intereses más cercanos o más lejanos y, lo que es peor, existe, y cada vez se detecta más, una marcada ausencia de liderazgo e iniciativa, imprescindibles para dar los
pasos necesarios por la gran complejidad del escenario actual.

Además, estamos ajenos a todo el debate existente en la Unión Europea, sobre el futuro del suministro energético, del modelo de regulación, del esquema a seguir en materia de inversión futura en capacidad de generación o de las necesidades de reforma del mercado eléctrico para promover la competencia real y un mercado integrado.

A todos aquellos que, una vez leído esto, consideren que lo mejor que se puede hacer es permanecer atónitos observando la foto del desastre, les proponemos que modifiquen su encuadre. Por eso, que nadie se extrañe si se producen sorpresas con los asuntos que están abiertos: la reforma de las renovables, los procesos judiciales que trufan el sectore energético, el enfrentamiento abierto, sin precedentes y de proporciones formidables (y lo que es peor, sin sentido), con la Unión Europea, el comportamiento de las empresas españolas que se internacionalizan o de las empresas extranjeras que quieren participar en nuestros mercados. Atentos.

El comisario Stavros Dimas pide sólo se fomente el uso de biocarburantes con escaso impacto ambiental

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El comisario europeo de Medioambiente, Stavros Dimas, destacó la importancia de los biocarburantes como alternativa a la gasolina y al diesel, pero advirtió de que sólo se debe fomentar el uso de aquellos que tengan un impacto limitado sobre el entorno.»Es imperativo diferenciar entre los biocarburantes e incentivar aquellos con efectos limitados sobre el medioambiente», dijo Dimas en un conferencia celebrada en Bruselas con motivo de la Semana europea de la energía sostenible.

El comisario dijo que las ayudas al uso de las energías renovables son uno de los elementos básicos de una política efectiva en la lucha contra el cambio climático. Sin embargo, insistió en que no todas las energías renovables son «limpias por naturaleza». «Lo último que quisiera ver es que el uso insostenible de los carburantes fósiles se sustituya por el uso insostenible de la energía renovable», añadió.

Según el comisario, hay biocarburantes que «pueden producir efectos negativos (…) si no se gestionan de manera correcta». En particular, «no sería aceptable» que el aumento del uso de los biocombustibles implicara una mayor deforestación en zonas de las selvas tropicales para llevar a cabo esas plantaciones.

Tampoco sería correcta, añadió el comisario, «la venta de biocarburantes que hayan sido obtenidos a través de un proceso de producción que emita tanto CO2 como se ahorra con su uso». «Por ello, es imperativo que cualquier sistema de apoyo a la producción de esos combustibles desincentive el uso de prácticas de fabricación insostenibles», agregó Dimas.

El comisario pasó revista a las posibles medidas para lograr que las energías renovables cubran el 20% del consumo total en la UE para 2020. Entre otros puntos, se refirió a la necesidad de «fijar obligaciones vinculantes en el área de la energía renovable, única manera de conseguir los resultados propuestos». El comisario abogó además por aumentar la liberalización del mercado de la energía y garantizar unos precios «justos» en ese ámbito.

Gas Natural asumirá los gastos urgentes de los afectados por la explosión de gas en Cornellá que no cubran las aseguradoras

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Gas Natural se hará cargo de todos los gastos urgentes de los vecinos afectados por la explosión de gas que tuvo lugar en Cornellá el pasado viernes y que no queden cubiertos por las aseguradoras y comunidades de propietarios.

Según ha informado la compañía en un comunicado, Gas Natural ha trasladado este compromiso al Ayuntamiento de Cornellà en el transcurso de la reunión que han mantenido representantes del consistorio y de la compañía energética.

El Ayuntamiento de Cornellà ha valorado inicialmente en 6,2 millones de euros los daños ocasionados por la explosión de gas del pasado viernes, que provocó la muerte de una niña de dos años, aunque esa estimación inicial no incluye los gastos colaterales derivados de la explosión de gas ni los costes de la reubicación y realojamiento de las familias afectadas.

El consistorio había pedido a Gas Natural que asuma una parte de estos 6,2 millones de euros, aunque la parte más importante de esta cantidad, como es la correspondiente a la restauración del edificio afectado, correrá a cargo de la compañía aseguradora de la comunidad de propietarios, Mapfre.

La investigación sobre las causas del accidente permanece abierta, aunque Gas Natural descarta, según indica en el comunicado, una fuga en la red de la calle, ya que las pruebas realizadas han certificado su correcto funcionamiento.

Respecto a la finca de Cornellà de Llobregat afectada, situada en el numero 36 de la avenida Porta Diagonal, la compañía ha informado de que las inspecciones estaban vigentes, se efectuaron dentro de los términos establecidos y que no le consta ninguna otra actuación reciente en la finca.

Clos aboga por las energías alternativas para lograr la independencia energética

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El ministro de Industria, Turismo y Comercio, Joan Clos, abogó por favorecer el uso de energías alternativas y por conseguir la «mayor independencia energética» a través de las células fotovoltáicas y la energía solar térmica.

Durante una visita en Málaga a la nueva fábrica de Isofotón, segunda firma europea en energía solar y una de las diez primeras del mundo, Clos explicó a los periodistas que esa será una de sus políticas prioritarias al tratarse de campos donde se tiene la posibilidad de «crecer y avanzar». Clos recorrió el área productiva de la factoría ubicada en el Parque Tecnológico de Andalucía (PTA) y que abarca 14.500 de los 28.000 metros cuadrados que ocupa Isofotón.
Destacó que el Gobierno trabaja por promover los conceptos de la economía del conocimiento con el fin de «acercarse a los promedios europeos en la capacidad de desarrollo, investigación e innovación».

Por otro lado, dijo que España está creciendo en términos económicos «siempre un punto, un punto y medio más que el promedio de la Unión Europea«, y que «ha llegado a los veinte millones de empleos y ha reducido la secular tasa de desempleo».

El titular de Industria expresó que el Parque Tecnológico de Andalucía (PTA) es uno de los parques tecnológicos «más importantes del país» y dijo estar orgulloso de que se haya desarrollado en Málaga.

Isofotón, con 25 años de vida, es líder nacional del sector, genera entre el cuatro y el cinco por ciento de la producción mundial en su sector, exporta el 80 por ciento, trabaja en 60 países y es segunda de Europa tras la alemana Q-Cells.

Clos dice Gobierno seguirá la evolución de la opa a Endesa sin efectuar valoraciones

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El ministro de Industria, Turismo y Comercio, Joan Clos, aseguró que el Gobierno seguirá «atentamente» la evolución de las opas sobre Endesa pero sin realizar ninguna valoración para «no dar pie a ningún mal entendido».

Clos realizó estas declaraciones en una rueda de prensa celebrada en Marbella (Málaga), previa a su conferencia sobre economía y turismo enmarcada en las jornadas de trabajo del Consejo de Ciudadanos creado por el PSOE para las elecciones municipales, en la que los periodistas le preguntaron por el posible abandono de Gas Natural de la puja por Endesa.

El titular de Industria señaló que el Ejecutivo dicta las normas «que rigen este mercado, que en parte está regulado», pero ofrece «absoluta libertad» a las empresas para que, «dentro de sus competencias», lleven a cabo «lo que quieran o puedan hacer con el tema de las fusiones y adquisiciones».

En este sentido, afirmó que desde el Gobierno no querían añadir ningún comentario y apuntó que corresponde a las empresas y a sus juntas directivas tomar las medidas que consideren oportunas.

El próximo 2 de febrero acaba el plazo para que el grupo alemán E.ON y Gas Natural presenten sendas ofertas a sobre cerrado en un proceso de opas en concurrencia.

El PNV pide que los consejeros de la CNE sean elegidos por mayoría absoluta del Congreso para garantizar la pluralidad política

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El Grupo Parlamentario Vasco (PNV) ha presentado una enmienda al proyecto de reforma de la Ley del Sector de Hidrocarburos en la que pide que el presidente y los vocales de la Comisión Nacional de la Energía (CNE) sean elegidos por mayoría absoluta en el Congreso.

La enmienda plantea que los miembros de la CNE sean elegidos entre «personas de reconocida competencia técnica y profesional» para un periodo de seis años, renovable por otros seis. No obstante, la CNE renovará parcialmente sus miembros cada tres años. La renovación afectará alternativamente a cinco o cuatro de sus miembros.

El regulador energético nombrará un vicepresidente entre sus vocales, que ejercerá las funciones que se establezcan reglamentariamente. Según el PNV, es «necesario» que los grupos parlamentarios participen en la designación de los miembros de la CNE.

A juicio del Grupo Vasco, «la fórmula que se sugiere arbitra el mecanismo más indicado y objetivo» para salvaguardar el pluralismo político

Acciona venderá su participación en Endesa si la mayoría del capital apoya la opa de E.ON

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Acciona, principal accionista de Endesa, venderá su participación del 21 por ciento en la eléctrica si la mayoría del capital opta por acudir a la opa del grupo alemán E.ON, según la información remitida a la Comisión de Valores de Estados Unidos (SEC, en sus siglas en inglés).

La constructora ha repetido que no permanecerá como accionista minoritario en Endesa si la eléctrica se convierte en una filial de E.ON.

En la comunicación remitida a la SEC, Acciona explica que su intención inicial es no vender, pero precisa que lo hará si una mayoría del capital opta por vender a E.ON en vez de permanecer en una Endesa independiente con la constructora como accionista de referencia. Acciona recuerda la presentación remitida el pasado jueves a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) con el título «Endesa independiente: una alternativa con más valor«.
En la presentación, la constructora señala que las acciones de Endesa valen 53,9 euros si se tienen en cuenta los múltiplos pagados en otras operaciones realizadas recientemente en el sector energético.

Acciona, asesorada por el banco de inversión Lazard, toma como ejemplos el precio pagado por ACS por su participación en Unión Fenosa, el precio ofrecido por Iberdrola para adquirir Scottish Power y la ecuación de canje prevista en la frustrada fusión entre Endesa e Iberdrola. También tiene en cuenta la compra de Viesgo por Enel, el proyecto de integración de Suez y Electrabel, y la adquisición de Edison por EDF.

El director general de Desarrollo Corporativo de Acciona, Juan Muro-Lara, señaló que el Consejo de Administración de la constructora se plantearía vender su participación en Endesa si E.ON elevara el precio de su opa hasta 58 o 59 euros por acción.