La Comisión Europea extenderá el proceso de infracción a España por el caso E.ON por las nuevas medidas de la Comisión Nacional de Energía.

La Comisión Europea tratará mañana en su reunión semanal la propuesta de la responsable de Competencia, Neelie Kroes, para extender el proceso de infracción abierto a España por las condiciones de la CNE a la opa de E.ON sobre Endesa a las medidas modificadas por el Ministerio de Industria.

Fuentes de la Comisión Europea indicaron que la intención de Kroes es enviar al Gobierno español una carta de emplazamiento (el primer paso del procedimiento de infracción comunitario) complementaria a la que le envió en octubre por el primer paquete de medidas y que supuso la apertura del procedimiento. De esta manera, Bruselas unificará en un solo expediente sus dos decisiones de declarar «ilegales» tanto el primer conjunto de medidas establecidas por la CNE (18 de las 19) como varias de las que adoptó Industria posteriormente, que rebajaban considerablemente las exigencias a E.ON y que fueron aceptadas por el grupo alemán.

A pesar de que las autoridades españolas han dejado ya claro que no están dispuestas a retirar las medidas que Bruselas considera incompatibles con la legislación comunitaria, la Comisión no va a avanzar por el momento en este proceso sancionador, aunque puede hacerlo en el futuro, recalcaron las fuentes.

El expediente que tramita la autoridad europea de competencia contra España persigue una infracción del artículo 21 del Reglamento de concentraciones de la UE, según el cual las fusiones de dimensión comunitaria -como la de E.ON y Endesa– son competencia exclusiva de la Comisión, que es la única que puede imponerles condiciones.

Las exigencias que suscitan más preocupación al Ejecutivo comunitario son: la obligación de mantener la marca Endesa durante cinco años; no vender en ese plazo los activos eléctricos fuera de la España peninsular; utilizar sólo carbón de producción nacional, y no adoptar decisiones estratégicas que puedan afectar a la seguridad del suministro contrarias al ordenamiento legal español.

Las autoridades españolas creen que el problema es de interpretación del derecho comunitario e insisten en que esas condiciones son clave para garantizar la seguridad del aprovisionamiento. Madrid ya tiene abierto otro procedimiento de infracción en Bruselas por el caso E.ON, en el ámbito de Mercado Interior, por la ampliación de las competencias de la CNE que le permitió pronunciarse sobre la opa e imponerle condiciones.

La semana pasada, el Ejecutivo comunitario presentó una denuncia ante el Tribunal de Justicia de la UE por este motivo, el último paso del procedimiento, pues considera que determinadas disposiciones del decreto que extendió las funciones del regulador energético español constituyen «restricciones injustificadas» de la libre circulación de capitales y del derecho de establecimiento.