El Gobierno español quiere que sea el Tribunal de Justicia de la UE el que dirima la discrepancia que mantiene con Bruselas sobre el concepto de seguridad de abastecimiento, al que España se aferra para defender los requisitos impuestos por la CNE a la opa de E.ON sobre Endesa. Así lo indicó hoy el vicepresidente segundo y ministro de Economía y Hacienda, Pedro Solbes, tras conocer que la Comisión Europea unificará mañana en un solo expediente sancionador sus dos decisiones de declarar «ilegales» tanto el primer conjunto de medidas de la CNE (18 de las 19) como las modificadas por el Ministerio de Industria posteriormente y que E.ON aceptó.

Solbes recordó que, según el artículo 21 del Reglamento comunitario sobre concentraciones -el que establece la competencia exclusiva de Bruselas en las fusiones de dimensión comunitaria-, los países miembros pueden condicionar una operación si es para proteger intereses distintos a la competencia y si las medidas son necesarias y proporcionadas, además de compatibles con la legislación de la UE. Los únicos intereses considerados legítimos por la Comisión son la seguridad pública, la pluralidad de los medios y las reglas prudenciales.

En rueda de prensa en una pausa de la reunión del Ecofin (ministros de Finanzas de la UE), Solbes explicó que la tesis del Gobierno es que las medidas de la CNE «venían a garantizar la seguridad del suministro», frente a la Comisión, que considera que «prácticamente ninguna de esas medidas es útil» para acogerse a la citada excepción de la seguridad pública. «Eso nos plantea la duda», agregó el vicepresidente, de cuáles son los elementos de que disponen los Estados miembros para defender la seguridad pública o si realmente esa excepción «no existe».

Solbes reseñó que «lo que queremos dirimir ante el Tribunal de Justicia es si existe o no esa disposición y cuál es su contenido». No obstante, la decisión que planea tomar mañana la Comisión está todavía lejos de la denuncia ante la corte europea, ya que sólo enviará a Madrid una carta de emplazamiento complementaria a la que envió en octubre por el primer paquete de medidas y que supuso la apertura del procedimiento. El segundo paso del procedimiento, que Bruselas puede adoptar en cualquier momento, consiste en el envío de un «dictamen motivado», a lo que seguiría la denuncia ante el Tribunal de Justicia si persiste la supuesta infracción de la legislación europea.

Por otra parte, respecto al informe que esta tarde presentará el Ejecutivo de la UE sobre las causas del apagón que el pasado noviembre afectó a varios países europeos y que en parte culpa a E.ON del suceso, Solbes consideró que «es uno de esos ejemplos importantes» sobre la cuestión de la seguridad de abastecimiento.

Por último, sobre los rumores de que Gas Natural planea retirar su opa sobre Endesa, competidora a la de E.ON, el vicepresidente reseñó que seguir adelante con la operación «es una decisión de una empresa privada que corresponde a su Consejo de Administración».

El director del Instituto de Estudios Económicos, Juan Iranzo, exigió hoy al Gobierno que resuelva a corto plazo el «problema energético» existente en España «por el alto porcentaje de dependencia exterior, un 81 por ciento, y por la alta emisión de dióxido de carbono». Iranzo abogó por un mayor fomento de las políticas de desarrollo y uso de energías tanto renovables como nucleares.

En este sentido, el responsable de esta entidad económica, quien mantuvo una reunión de trabajo con responsables de la Confederación Empresarial de la Provincia de Alicante (COEPA), mostró su rechazo al cierre de plantas nucleares, como la de Zorita, y destacó la importancia de estudiar nuevas centrales.
Además defendió la idea de «mantener emplazamientos nucleares, como es el caso de Valdecaballeros, de cara al futuro».

A lo largo de su intervención, Iranzo advirtió de que «la enorme dependencia energética de España» de recursos procedentes de otros países «no garantizará el suministro en todo momento».

En materia hídrica instó a las Administraciones «a resolver el problema del agua», al tiempo que se mostró sorprendido «que en pleno siglo XXI el agua sea un cuello de botella». Para ello, puso como ejemplo el trasvase Tajo-Segura, que consideró imprescindible para el desarrollo de la provincia de Alicante.

Respecto de los términos económicos, Iranzo expuso que actualmente «existe un escenario favorable» para el crecimiento de la economía española, que, según agregó, «seguirá creciendo», si bien «a un menor ritmo» que el registrado durante el pasado año. «Será del orden del 3,3 por ciento, con una creación prevista de empleos de unos 450.000 puestos de trabajo», apuntó.

El director del Instituto de Estudios Económicos justificó este crecimiento «por la subida de los tipos de interés, que ha significado un encarecimiento de la servidumbre hipotecaria».

En cuanto al sector de la construcción y los precios de la vivienda, Iranzo manifestó que aumentar la oferta de viviendas de alquiler «no se resuelve ni con oficinas públicas ni sancionando las viviendas vacías». A su juicio, la solución radica en agilizar los procesos judiciales de desahucio. En líneas generales, consideró que la economía mundial registra «una de sus épocas de mayor esplendor», principalmente «por la aparición de nuevos actores como China o India, países que no sólo son exportadores, sino también importadores».

Sobre los tipos de interés, argumentó que «difícilmente se verán tipos por encima del 4 por ciento». «Me atrevo a decir que en los próximos meses pueden mantenerse por la fuerza del euro sobre el dólar y el estancamiento del precio del petróleo», agregó el economista.