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El Tribunal Supremo da la razón a las gasolineras automáticas al no exigirles la contratación de personal

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Europa Press. – El Tribunal Supremo se pone del lado de las estaciones de servicio automáticas al desestimar los recursos presentados por Islas Baleares y la Asociación de Estaciones de Servicio de Baleares (Aesba), en la que exigían que este tipo de gasolineras contasen con personal para poder operar.

Estas entidades recurrieron la sentencia que emitió el Tribunal Superior de Justicia de las Islas Baleares en la que se anulaba el artículo que obligaba a todas las estaciones a contar con personal. Por consiguiente, se eliminaban las gasolineras automáticas, que abrían la competencia en el sector de la venta de carburantes en las Islas.

En este sentido, la comunidad autónoma de Baleares y Aesba argumentaron que se desatendía al consumidor. Pero, de esta manera, no se percataron que los intereses de los consumidores resultaban perjudicados con la eliminación de este tipo de estaciones, ya que se perdía un modelo de negocio que aportaba competencia al sector y disminuía los precios en las Islas , Baleares, que según el geoportal del Ministerio para la Transición Ecológica son los más altos de España.

«El proceso judicial ha finalizado, después de dos años, con lo que parecía imposible: ganar a la Administración, a las estaciones tradicionales y consolidar la libertad de mercado y la libre competencia en el sector de la venta de carburantes en toda España», ha manifestado el presidente de la Asociación Nacional de Estaciones de Servicio Automáticas (Aesae), Manuel Jiménez Perona.

Del mismo modo, la patronal de las estaciones automáticas (Aesae) considera que las trabas seguirán, pero cada vez serán más difíciles de justificar, puesto que la sociedad empieza a ver el beneficio de la competencia en este sector, donde, según la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), el consumidor puede ahorrar unos 300 euros al año pudiendo elegir dónde repostar.

La OCU alerta de que un coche con etiqueta Eco o Cero puede contaminar más que un vehículo de gasolina

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Europa Press.- Mientras la Unión Europea se fija el objetivo de reducir un 30% las emisiones contaminantes de camiones a partir de 2030, la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha advertido de que hay vehículos que pese a no contar con el distintivo de la Dirección General de Tráfico (DGT) Eco o Cero emisiones contaminan menos que otros con la etiqueta.

OCU denuncia que para la concesión de la etiqueta solo se tiene en cuenta la tecnología que usan los automóviles y no el impacto real de las emisiones que producen. Así, la organización considera que el actual sistema de concesión de etiquetas es «injusto» porque los nuevos motores de gasolina de vehículos de pequeña potencia contaminan «igual o menos» que muchos coches híbridos no enchufables de alta potencia. Y también porque incluso contaminan menos que los híbridos enchufables de gran cilindrada, cuando estos agotan su batería, pasados unos 40 kilómetros.

Además, destaca que ocurre lo mismo con los modelos de gas licuado de petróleo (GLP) o gas natural comprimido (GNC). «Una vez en la carretera no existe forma de comprobar si están usando estos combustibles o están funcionando con gasolina y, por tanto, su impacto es el mismo, o más elevado, en función de la cilindrada«, señala. No obstante, para OCU el sistema de etiquetas ambientales supone un «avance» puesto que, como ventaja, contribuyen a impulsar la compra de automóviles con motores «más limpios», como los eléctricos o los híbridos.

Por otro lado, la organización de defensa del consumidor pone de manifiesto que un coche eléctrico cuesta de media 2.000 euros más que un híbrido enchufable, 10.000 euros más que un híbrido no enchufable y hasta 12.500 euros más que un modelo de gasolina. «Aunque se aprobaron unas ayudas a la compra de coches eléctricos e híbridos enchufables, no siempre están disponibles, y con frecuencia se agotan rápidamente», añade. En definitiva, OCU considera que debe revisarse el sistema de concesión de etiquetas medioambientales para que puedan cumplir su objetivo, «que no es otro que clasificar a los vehículos de acuerdo con su impacto ambiental real».

Reducir emisiones de los camiones                                                                                

Por su parte, las instituciones de la Unión Europea han alcanzado un acuerdo para fijar un objetivo de reducción de emisiones contaminantes de nuevos camiones del 30% a partir de 2030, con una meta intermedia del 15% en 2025, en comparación con los niveles registrados en 2019. Es la primera vez que la Unión Europea se marca un objetivo de recorte de emisiones de dióxido de carbono (CO2) para este tipo de vehículos. Además, se trata de una meta vinculante, de forma que los fabricantes de camiones que la incumplan tendrán que hacer frente a una sanción financiera, señaló el Consejo de la Unión Europea.

El acuerdo también incluye un refuerzo de los incentivos para impulsar la fabricación de vehículos pesados con bajas emisiones o emisiones cero. Sin embargo, los autobuses y autocares quedan excluidos de este mecanismo porque ya existe un sistema distinto de incentivos para estos vehículos. La ministra de Medio Ambiente de Rumanía, Gratiela Leocadia Gavrilescu, que este semestre ostenta la presidencia de la Unión Europea, ha destacado que el acuerdo cierra una «brecha» en la legislación medioambiental europea y garantiza que el sector de vehículos pesados «empieza a poner de su parte» para cumplir con los objetivos climáticos del bloque comunitario.

«Los nuevos objetivos e incentivos ayudarán a atajar las emisiones y a conseguir ahorros de combustible para los operadores de transporte y un aire limpio para todos los europeos. Para la industria europea, es una oportunidad para abrazar la innovación hacia una movilidad de emisiones cero y fortalecer su liderazgo global en vehículos limpios», subrayó el comisario de Energía y Acción Climática, Miguel Arias Cañete.

Las emisiones de vehículos pesados como camiones, autobuses y autocares representan el 6% de las emisiones totales de CO2 del bloque comunitario y el 27% de las emisiones del sector del transporte. El acuerdo alcanzado por los negociadores del Parlamento Europeo y del Consejo de la Unión Europea todavía debe adoptarse formalmente por ambas instituciones antes de entrar en vigor.

El precio de la electricidad en enero fue un 24% más caro que hace un año, según la OCU

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Europa Press.– El precio de la energía eléctrica en el mes de enero es un 24% más elevado que en el mismo mes de 2018, debido a que los precios se han mantenido casi invariables respecto al mes de diciembre, a diferencia de lo ocurrido en años anteriores, cuando en enero bajaba el precio de la electricidad, según el análisis de la OCU.

La organización de consumidores señala que los precios de la energía tienen un componente cíclico y durante los primeros meses de cada año se suelen producir bajadas de precios gracias a la climatología. Sin embargo, esto no se ha producido en enero de 2019. Los precios en el mercado mayorista (OMIE) se han mantenido en 61,99 euros por MW, muy similar a los 61,81 euros con los que se cerraron diciembre. Esto supone una fuerte subida (+24%) si se comparan con los 50 euros por MW de hace un año.

Esta subida del precio de la energía ha tenido efectos en la factura eléctrica que pagan los consumidores, que se ha incrementado en un 6,5% en enero respecto a la de 2018. Así, un hogar con un consumo medio de 3.900 kWh y 4,4 KW de potencia pagará este mes de media 74,37 euros frente a los 69,85 euros de 2018. Aquellos que cuentan con calefacción por acumuladores eléctricos y por lo tanto concentran elevados consumos en estos meses y ese horario, notarán una fuerte subida en su tarifa respecto al 2018. Como ejemplo, un hogar con acumuladores que durante enero haya consumido 3.000 kWh habrá sufrido una subida en su factura de 51 euros.

Para OCU, la razón de ese fuerte y mantenido incremento hay que encontrarla en los derechos de emisión de CO2, cuyo precio se ha elevado fuertemente desde mediados del 2018, provocando que ese mayor coste se traslade al precio con el que ofertan su energía las tecnologías más contaminantes que son las que marcan el precio de la electricidad en gran parte de las horas.

La amortización de un sistema de placas fotovoltaicas para autoconsumo se reducirá a 10 años con las medidas del Gobierno

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Europa Press.– El periodo de amortización de la instalación de un sistema de placas fotovoltaicas se reducirá a unos 8-10 años, frente a los actuales 15-18 años, con la eliminación por el Gobierno de las trabas al autoconsumo y el reconocimiento de esta figura como derecho de los consumidores, según la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU).

800 euros menos a amortizar

La organización destaca que estas medidas, incluidas en el decreto con medidas urgentes para combatir el precio de la electricidad aprobado por el Ejecutivo, suponen «un gran avance» para que aquellos consumidores que lo desean puedan optar por esta modalidad de abastecimiento de energía que «tiene grandes ventajas para los consumidores y el medio ambiente». Según OCU, hasta ahora «los excesivos costes de legalización, cuyo precio medio alcanzaba los 800 euros, «alargaban de forma injusta» la amortización de estos sistemas entre 15 y 18 años.

La organización estima que un sistema con un solo panel fotovoltaico puede suponer un ahorro de entre 80 y 110 euros al año en la factura eléctrica de los hogares. Así, considera que las medidas aprobadas, la simplificación de los tramites y, en especial, el derecho al autoconsumo compartido, supondrán «un gran impulso» a esta forma de producción de energía, «equiparado a los consumidores españoles con los europeos, garantizando a los consumidores el acceso a una alternativa energética más barata y respetuosa con el medioambiente».

El PP, los consumidores de OCU y el sindicato UGT critican el bono social “provisional” e “insuficiente” que propone Ribera

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Europa Press.- Mientras la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) considera que las medidas aprobadas por el Gobierno en materia de bono social energético «van en la buena dirección, pero se quedan cortas o muy cortas», ya que no llegan a todas las familias que realmente lo necesitan, el PP critica que, ante «una de las facturas eléctricas más grandes de la historia», la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, proponga una ampliación del bono social eléctrico como una solución «provisional«.

«Nos parece sorprendente que nos encontremos ante un decreto de ley provisional. Ante las enormes dificultades que pasan los españoles, con una factura eléctrica tan elevada, la solución que plantea el Gobierno es una solución provisional», ha apuntado el portavoz adjunto de los populares en el Congreso, Guillermo Mariscal, que ha criticado que Ribera no negociara con la oposición esta medida, a diferencia de su predecesor, Álvaro Nadal, que en su bono social estableció la figura de consumidor «extremadamente vulnerable«.

Por otro lado, el diputado popular cuestionó otras de las medidas aprobadas, como la suspensión del impuesto a la generación eléctrica del 7% a las compañías eléctricas o la eliminación del gestor de carga para facilitar la movilidad sostenible, pues el PP ya había presentado iniciativas en este sentido recientemente. «No hace falta que siga inventando cuando las soluciones ya están encima de la mesa», ha aseverado Mariscal, antes de ironizar que el Gobierno, «al no tener programa, se está fijando en los pasos que el PP había establecido previamente».

Por ello, ha recomendado a la titular de Transición Ecológica que «no hace falta que tenga trabajando a los servicios jurídicos del Ministerio» y que «se aproveche» de las iniciativas que ha presentado el Grupo Parlamentario Popular. En todo caso, Mariscal ha instado al Gobierno a poner en marcha medidas para ejecutar los 50 millones de euros con los que cuenta en los Presupuestos de 2018, «de los que aún no ha movido ni un euro», para favorecer el uso de la movilidad sostenible, más los 16 millones que hay en las cuentas del Ministerio de Economía para esta cuestión.

Medidas “insuficientes” para la OCU

Por su parte, OCU cree que «el efecto de las medidas para mejorar la situación de las familias en precario es muy limitado». Así, valora que se modifiquen los límites de renta para acceder al bono social, «ya de por sí muy exiguos, pero en una cuantía insuficiente para llegar a todos aquellos que lo necesitan». Por otra parte, OCU considera de «forma positiva» la mayor facilidad de acceso al bono social dada a las familias monoparentales y las que tienen entre sus miembros dependientes de grado 2 y 3 pero ve «muy escaso» el incremento de los límites de consumo para el bono social y subraya que deberían desaparecer.

Respecto a la ampliación hasta final de año del plazo para que los antiguos beneficiarios del bono social se acojan al nuevo bono social, ve «un fracaso» que hasta la fecha solo 650.000 hogares se haya acogido al nuevo modelo, cuando en teoría alrededor de 1.800.000 hogares reunirían los requisitos para acceder al bono social. OCU pide un sistema automatizado de activación del bono social, ya que muchas familias en situación vulnerable desconocen su existencia.

En lo que respecta al nuevo bono social térmico, OCU no está de acuerdo en la financiación del mismo, que correrá a cargo del Estado y no de las empresas que comercializan la energía, ya que ve «injusto que sean los contribuyentes quienes hagan frente a los costes de esta tarifa y no las empresas que se benefician de un negocio regulado«. Finalmente, la asociación aplaude la eliminación del impuesto al sol, «que sin duda va a favorecer el desarrollo del autoconsumo en España y lo convertirá en una alternativa para muchos ciudadanos», así como la prohibición de la comercialización puerta a puerta de los servicios de gas y electricidad.

«Insuficientes» para la pobreza energética

Por otro lado, UGT ha denunciado que el paquete de medidas aprobado es «insuficiente» al considerar que siguen excluyendo a personas y familias en situación de pobreza y que «no pueden permitirse el mantenimiento adecuado de su vivienda». En concreto, el sindicato critica que el bono social solo se amplíe a familias monoparentales y que la prohibición de cortes de luz solo incluya a las familias con menores de 16 años o dependientes de grado 2 y 3, dejando fuera a las de grado 1.

Además, ha manifestado su disconformidad con la iniciativa de crear un nuevo bono social, el térmico, que se aplicará automáticamente al tener el bono social eléctrico, por «crear una mayor confusión». UGT prefería que se ampliase en vez de crear una nueva figura. Por todo ello, el sindicato considera fundamental una Estrategia Nacional contra la pobreza energética, donde se introduzcan medidas estructurales que permitan una actuación integrada para erradicar y prevenir situaciones de pobreza energética.

ATA pide reducir el IVA

Por su parte, el presidente de la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA), Lorenzo Amor, ha señalado que apoyan las medidas adoptadas para abaratar el recibo eléctrico aunque ha afirmado que «no es suficiente» y ha pedido reducir el IVA de la luz. En este sentido, Amor ha señalado que valoran todo aquello que signifique aliviar los costes energéticos que están sufriendo familias, autónomos y empresas».

No obstante, indicó que «la luz es un bien de primera necesidad y tiene que tener un IVA acorde a un bien de primera necesidad». «En estos momentos las empresas y los autónomos están sufriendo unos incrementos en el coste energético que van directamente a las cuentas de resultados», añade. A juicio del presidente de ATA, «no puede ser que España sea uno de los países donde los costes de producción se vean duramente castigados por los costes energéticos», por lo que «es evidente que hay que trabajar por reducir esos costes para ser competitivo».

Facua asegura que suspender el impuesto a la generación bajará la luz «poco más de lo que cuesta un café»

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Europa Press.- Facua ha advertido que la medida anunciada por el Gobierno de suspender el impuesto del 7% a la generación eléctrica bajará la luz «poco más de lo que cuesta un café«. En este sentido, su portavoz, Rubén Sánchez, calificó de «bochornoso» que la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, «haya anunciado con tanta grandilocuencia una medida que venían reclamando las propias compañías eléctricas desde que se creó el impuesto por el Gobierno de Rajoy«.

Asimismo, Facua subraya que en septiembre la factura de un consumidor medio se ha encarecido un 3,4%, unos 2,74 euros, por lo que el incremento interanual es del 15,4%. Por ello, la asociación considera «una tomadura de pelo» que el Gobierno haya afirmado que su medida va a «aliviar la factura eléctrica a los consumidores«. Hay que recordar que Facua entregó sus propuestas sobre el suministro eléctrico al secretario de Estado de Energía, José Domínguez. La asociación pide la bajada del IVA al 4%, desde el 21% actual, lo que, según sus cálculos, ahorraría al usuario medio casi 130 euros anuales. Asimismo, propone crear una tarifa regulada para todas las familias que no superen los 10 kW de potencia contratada.

«Sólo beneficiará a la industria»

Por su parte, la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) exige una «revisión completa» del sistema eléctrico para reducir la factura de la luz, ya que considera que la suspensión del impuesto del 7% a la generación eléctrica «sólo beneficia a la industria y no supondrá una rebaja en el precio de la energía para los consumidores«. En este sentido, la organización afirma que es necesaria esta revisión completa del sistema, «en la que los diferentes agentes que participan en él reciban una remuneración razonable, pero también en el que los consumidores tengan unas tarifas accesibles para todos los hogares».

Asimismo, considera que la medida anunciada no provocará de forma automática una rebaja en el precio de la energía y puede provocar, si no se cuenta con ingresos adicionales, «que haya una subida de las tarifas de acceso en enero de 2019». Al menos, OCU valora «positivamente» el avance que supone que el Ministerio para Transición Ecológica identifique como un problema el sistema de fijación de precio del mercado mayorista y que plantee «la necesidad de revisar el bono social, ampliándolo también a la calefacción».

Sin embargo, la OCU considera que la ausencia de detalles concretos sobre las medidas propuestas genera «serias dudas sobre su utilidad real para el consumidor». Así, pide que se concreten las acciones y propone una combinación de medidas que permitan «una factura más justa», entre las que figuran la retirada o limitación de los conceptos que incrementan artificialmente la factura, así como la asignación de una mejor distribución de los costes entre los diferentes tipos de consumidores y la aplicación de mecanismos para frenar el incremento artificial del precio de la energía en el pool.

La CNMC obliga a las compañías energéticas a diferenciar sus marcas que ofrecen tarifas reguladas de las del mercado libre

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Europa Press / EFE.- La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha aprobado una decisión jurídicamente vinculante por la que obliga a varias sociedades de los principales grupos energéticos integrados presentes en España a que cambien su imagen de marca con el fin de hacerlos más fácilmente identificables para los consumidores, que podrán identificar correctamente en sus facturas qué comercializadora les ofrece el servicio y saber si están en el mercado libre o en el regulado.

Según Competencia, esta medida se centra en las empresas distribuidoras de gas y electricidad de más de 100.000 clientes y comercializadores de referencia o de último recurso, que tendrán que realizar cambios en la información y presentación de su marca respecto a la filial del mismo grupo empresarial que comercializa en el mercado libre. El regulador ha tomado esta decisión después de observar que, en la actualidad, un mismo grupo empresarial puede comercializar el gas y la electricidad a sus clientes a través de dos empresas distintas que facturan distintos precios, a las que se les denomina como comercializadoras de referencia, o de último recurso en el caso del gas.

El cliente de estas comercializadoras paga un precio regulado por su consumo (Precio Voluntario al Pequeño Consumidor (PVPC) en luz y TUR en gas), mientras que si tiene su suministro con una comercializadora del mercado libre, pagará el precio que acuerde con la empresa por la energía consumida. Ante esta situación, el organismo ya emitió varios informes y guías en los que alerta de la confusión que existe entre los consumidores a la hora de identificar quién es su suministrador y si está en el mercado regulado o libre. Según sus datos, 8 de cada 10 hogares es incapaz de distinguir en qué mercado están.

La resolución de la CNMC obligará a las empresas a modificar la denominación social para evitar confusión entre distribuidoras y comercializadoras, para lo que no será suficiente sólo con incorporar los términos «distribuidor» o «comercializador de referencia» o «comercializador de último recurso«. En segundo lugar, tendrán que cambiar el logotipo, de forma que su comparación gráfica, fonética o conceptual no induzca a ningún error, advirtiendo que utilizar los mismos símbolos para las comercializadoras o distribuidoras podría confundir a los clientes. También se obliga a diferenciar claramente las empresas en la información enviada a los clientes.

Las empresas tendrán 3 meses para aportar a la CNMC las medidas que van a realizar para que se valore si se ajustan a los cambios requeridos y 6 meses para ejecutarlas. Los grupos afectados son Iberdrola, Endesa, Viesgo, EDP y CHC, que deberán modificar el nombre de sus filiales. Naturgy, la antigua Gas Natural Fenosa, ya se adelantó a esta resolución al cambiar recientemente su denominación y al diferenciar claramente sus distribuidoras (Unión Fenosa Distribución y Nedgia) y comercializadoras.

Según la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), esta medida está motivada por las denuncias realizadas por la organización en 2016 ante la CNMV al observar que los grupos energéticos no diferenciaban claramente sus actividades en el mercado libre y en el regulado. Para la OCU, se trata de una estrategia de estas compañías para confundir a los clientes con marcas similares «de forma consciente», de forma que se dificulta la entrada de nuevas y menos conocidas comercializadoras y se facilita que los clientes sean traspasados del mercado regulado al libre creyendo que se trata de la misma compañía, cuando, en realidad, se trata de una nueva, con sus propias tarifas y condiciones de contratación.

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) pone en marcha una nueva compra colectiva de biomasa para promocionar el ahorro

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Europa Press.- La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) pondrá en marcha, en el periodo de invierno, una nueva compra colectiva de biomasa para promocionar el ahorro y las energías renovables. En las campañas anteriores, más de 8.000 consumidores fueron partícipes de la iniciativa, obteniendo un ahorro de hasta el 25%, que puede suponer hasta 150 euros.

En este sentido, una vivienda que gaste anualmente 650 euros en calefacción usando gasóleo podrá ahorrarse 225 euros cada año si emplea pellets, un tipo de biomasa, y si utiliza calefacción eléctrica el ahorro sería aún mayor. A estos ahorros, se les suma el beneficio añadido desde el punto de vista medioambiental. OCU ha asegurado que las emisiones evitadas en un año empleando pellets como combustible en un hogar medio equivalen a plantar 13 árboles.

La OCU celebra que la CNMC estudie obligar a las compañías eléctricas a usar marcas diferentes en sus actividades

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Europa Press.- La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) inició un procedimiento jurídicamente vinculante que, si se resuelve de forma favorable, supondrá que las compañías energéticas verticalmente integradas tendrán que diferenciar las marcas comerciales que cada grupo empresarial tiene en el sector, según la OCU.

Este procedimiento se inicia a raíz de la denuncia presentada por OCU ante la CNMC en 2016, acompañada de un informe que acreditaba que, en contra de la legislación vigente, las compañías energéticas de gas y electricidad estaban utilizando marcas, logos, web e incluso teléfonos de atención al cliente idénticos, independientemente de que se tratara de la distribuidora, de la comercializadora en el mercado regulado o de la comercializadora en el marcado libre. OCU recuerda que, en la actualidad, cada grupo empresarial (Endesa, Iberdrola, Gas Natural, EDP y Viesgo) tiene al menos 3 compañías que se relacionan con el consumidor y todas utilizan marcas, logos, prácticamente idénticos. Eso sí, la distribuidora gasista de Gas Natural ya pasó a llamarse Nedgia.

Confusión para el consumidor doméstico

A juicio de la OCU, esta «confusión interesada» provoca grandes problemas en el sector: por un lado, una barrera de entrada para nuevos comercializadores en el mercado libre que compiten contra marcas consolidadas y herederas de la actividad de la distribución; por otro lado, «más grave aún», la confusión de los usuarios que son expulsados del mercado regulado al mercado libre sin su conocimiento, ya que la filial en el mercado libre puede fácilmente atraer a los clientes del mercado regulado que no perciben el cambio de compañía ante la similitud de nombres y marcas.

OCU recuerda que la normativa del sector eléctrico califica como grave esta infracción y establece sanciones que van de 600.000 euros a 6 millones de euros, por lo que pide a la CNMC que, con este procedimiento, además de obligar a una clara separación de marcas y logos entre ellas, se estudie la aplicación de las sanciones que desincentiven nuevas prácticas perjudiciales para los consumidores.

La OCU se persona en los expedientes de la CNMC a Endesa y Gas Natural por supuestas alteraciones del pool

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Europa Press.– La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha solicitado su personación en los expedientes abiertos por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) a Endesa y Gas Natural, con el objetivo de que en los mismos se acredite de forma adecuada el perjuicio que, en su opinión, se generó a los consumidores.

El pasado 18 de diciembre, la CNMC anunció la apertura de un expediente sancionador a Endesa y otro a Gas Natural Fenosa por la alteración indebida de los precios mayoristas de la electricidad, que llegó a alcanzar los 90 euros MWh y que tuvo como consecuencia una fuerte subida del precio de la electricidad para los usuarios durante diciembre de 2016 y enero de 2017.

Según recuerda la OCU, el efecto de esta subida afectó directamente tanto a los consumidores acogidos al Precio Voluntario al Pequeño Consumidor (PVPC) como al resto de consumidores en el mercado libre, ya que ambos contratos y sus renovaciones tienen muy en cuenta las señales de precios de este mercado mayorista. La OCU ya pidió en enero la apertura del expediente al entender que la escalada de precios del mercado mayorista no se podía explicar por un funcionamiento normal del mercado, y que solo unas alteraciones artificiales de las condiciones del pool podían justificar ese elevado incremento de los precios, precisamente lo que ahora señala la CNMC en los expedientes.