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José María Marín Quemada, presidente de la CNMC, considera «un error» dividir el organismo regulador al enfrentar un «mundo poliédrico»

EFE.– El presidente de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), José María Marín Quemada, ha recalcado en el Senado que dividir este organismo supervisor sería «un error» porque vivimos en un «mundo poliédrico» y las respuestas necesarias no son sectoriales. Durante su comparecencia en la Comisión de Economía, Industria y Competitividad de la Cámara Alta, Marín ha vuelto a reclamar competencias para la CNMC en sectores como la energía o las telecomunicaciones.

«Es público que no soy partidario de la división de la CNMC», ha explicado Marín, quien ha pedido a los senadores que «se lo piensen dos veces» antes de respaldar esa opción. Marín ha apuntado que dividir el organismo cuando hay una situación de tensión con el Gobierno «es muy poco meritorio«. Según Marín, para que la CNMC «ponga todo su potencial al servicio de los ciudadanos, es imprescindible que disponga de los recursos, las competencias y la independencia necesarias».

Como ejemplo, el presidente de la CNMC ha dicho que este organismo trabaja «con una mano atada a la espalda» en el sector energético porque es la única autoridad independiente de Europa que carece de las competencias sobre peajes fijadas en las directivas europeas. Marín expresó su «sorpresa» por la pretensión del Gobierno de «fijar esas competencias» en el Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital, cuando es probable que se abra un procedimiento de infracción contra España por este motivo ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

El presidente de la CNMC recordó que el organismo recurrió ante el Tribunal Supremo el real decreto que concedía esas competencias a Energía, recurso que se admitió a trámite en diciembre del año pasado. El nuevo ministro de Economía, Román Escolano, ha manifestado en varias ocasiones su intención de reactivar el proyecto de ley de racionalización y reordenación de los organismos supervisores de los mercados. La reforma supondrá la división de la CNMC en dos organismos, uno para la competencia y otro para los mercados.

El Gobierno asigna derechos de emisión de gases de efecto invernadero a 17 instalaciones hasta 2020

Europa Press / EFE.- El Consejo de Ministros ha aprobado la asignación de derechos de emisión de gases de efecto invernadero hasta 2020 por un total de 1,3 millones de derechos de emisión a 17 instalaciones afectadas por el sistema europeo de comercio de derechos de emisión (ETS).

El sistema europeo de comercio de derechos de emisión (ETS) es la principal herramienta de la Unión Europea para fomentar la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero en la industria y sector de generación eléctrica, y afecta a más de 11.000 instalaciones. En el acuerdo han participado los Ministerios de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente; de Economía, Industria y Competitividad; y de Energía. De estas 17 instalaciones, que constituyen el quinto grupo de nuevos entrantes del período 2013-2020, 9 corresponden a ampliaciones de instalaciones existentes y otras 8 a nuevas instalaciones.

La cuantía acordada asciende a 1,3 millones de derechos de emisión otorgados, que se tomarán de la reserva constituida para nuevos entrantes del periodo 2013-2020 común a todas las instalaciones de Europa. La disponibilidad actual de derechos en la reserva es de 335,9 millones. El cálculo de las asignaciones se ha realizado aplicando la metodología de asignación establecida en la Decisión 2011/278/UE, así como las guías interpretativas elaboradas por Bruselas.

Asimismo, se siguió el procedimiento establecido en el artículo 19 de la Ley 1/2005, de 9 de marzo, por la que se regula el régimen del comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero. Este procedimiento incluye la consulta a la Comisión de Coordinación de Políticas de Cambio Climático, el trámite de información pública, la aprobación de las asignaciones preliminares por parte de la Comisión Europea y la elevación al Consejo de Ministros.

Energía aumenta en 72 millones las ayudas a las grandes industrias para compensar sus costes de reducción de emisiones

Europa Press.- El Ministerio de Energía aportará 78 millones de euros al Ministerio de Economía para que lance una nueva convocatoria de ayudas a las grandes empresas industriales destinada a compensar los costes indirectos de la reducción en la emisión de dióxido de carbono (CO2), lo que supone un importe superior en 72 millones de euros respecto a los 6 millones que venían otorgándose hasta ahora, alcanzando niveles más próximos a los de los países de nuestro entorno.

Energía considera que, debido a la política energética y medioambiental de la Unión Europea se centra en la lucha contra el cambio climático, a través de la utilización de tecnologías limpias que elevan los costes energéticos frente a terceros países, las empresas han tenido que elevar los costes en esta materia frente a terceros países. Esta situación, según el Gobierno, supone que las industrias comunitarias tengan que competir con las de otros países en donde las empresas no tienen que afrontar los costes derivados de los compromisos medioambientales que las radicadas en los países europeos sí tienen que afrontar, por lo que están expuestas a un mayor riesgo de deslocalización.

Para hacer frente a esta situación, la Comisión Europea ha autorizado un mecanismo de ayudas que permite compensar a las industrias pertenecientes a los sectores más expuestos, por los costes imputables a las emisiones de gases de efecto invernadero repercutidos en los precios de la electricidad. Por ello, Energía aportará 78 millones de euros al Ministerio de Economía para que tramite ahora la convocatoria de ayudas. Según el Gobierno, las ayudas por compensación de costes de CO2 permitirán mejorar la competitividad de las empresas industriales.

Entre el resto de medidas de Energía orientadas a mejorar la competitividad de los precios energéticos están el lanzamiento de diversas líneas de ayudas para mejorar la eficiencia energética de las empresas o el mantener, por quinto año consecutivo, la parte regulada de la factura. Todas estas medidas, según el Gobierno, también evitarán la deslocalización de la industria a otros países donde el coste energético es menor, lo que podría incidir negativamente en el crecimiento económico y en la creación de empleo. El Ministerio también ha anunciado que está impulsando medidas fiscales en aras de mejorar la competitividad del tejido empresarial español a medida que la recuperación económica lo permita.

El sector papelero exige una energía más barata para ser más competitivo

Europa Press. – «Unos precios más competitivos de la energía en el sector del papel». Este ha sido uno de los aspectos más reivindicados por la patronal del papel, y que se ha hecho eco la ‘Agenda Sectorial de la Industria del Papel’, que tiene como misión abordar las medidas necesarias para impulsar la competitividad del sector. 

El sector del papel en España registró un volumen de negocio superior a los 33.000 millones de euros en 2017, lo que representa el 3% del Producto Interior Bruto (PIB) del España, mientras que las 12.800 empresas dedicadas a esta industria emplean a 220.000 personas de forma directa y 660.000 indirectamente, un factor que ha llevado al Ministerio de Economía, Industria y Competitividad a presentar la citada ‘Agenda Sectorial de la Industria del Papel’.

Se trata de la segunda gran agenda del Ministerio, después de la dedicada al automóvil. Se ha elaborado junto a la Asociación Española de Fabricantes de Pasta, Papel y Cartón (Aspapel), cuyo presidente, Enrique Isidro aprovechó para «reivindicar» el papel «vertebrador» de esta industria y la «igualdad de condiciones» respecto al resto de países europeos.

Uno de los grandes productores europeos y la segunda que más recicla

Por su parte, la secretaria general de Industria y de la pyme, Begoña Cristeto, en representación de la parte pública firmante de la agenda, destacó que, con 71 fábricas de papel y 10 de celulosa, la industria papelera española es «uno de los grandes productores europeos» de estos materiales.

Entre las medidas más importantes de la agenda, divididas en un primer bloque de innovación, otro de sostenibilidad, uno destinado a la dimensión empresarial y un último dedicado a la internacionalización, están la reinversión de la facturación, que actualmente es del 8%, la descarbonización de la industria en un 80% para el año 2050 o continuar con el progreso en el reciclaje del papel, que en España es del 79%, la segunda economía europea que más recicla.

Entre los retos del sector, Cristeto apuntó a «la imparable digitalización de las plantas» para competir en el mercado global, a la mejora de la eficiencia energética y a la reducción del consumo de recursos, poniendo en práctica los conceptos de la economía circular.

La secretaria general también dijo que desde el Ministerio de Economía ya se está trabajando para contribuir de forma «eficaz» en la aplicación de las medidas recogidas en la agenda para que la industria papelera «siga escalando en competitividad», sobre todo al desempeñar un «importante papel» en la generación de empleo y riqueza del país.

El Estado aflora un 3,15% del accionariado de Abengoa, que vende un 25% de Atlantica a Algonquin

EFE.– Abengoa ha vendido un 25% de su filial estadounidense Atlantica Yield a la canadiense Algonquin Power&Utilities por 607 millones de dólares (unos 492 millones de euros) mientras se ha hecho público que la Secretaría de Estado de Comercio, incluida en el Ministerio de Economía, mantiene una participación del 3,152% en Abengoa, que la coloca como el segundo accionista de la compañía, tras el Santander, que cuenta con un 4,975%, según consta en los registros de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

El organismo dependiente del Ministerio de Economía posee, a través de dos fondos, 5.687 millones de acciones de Abengoa, compañía que consiguió a finales de 2016 cerrar un acuerdo de reestructuración de su deuda con el que evitó llegar al concurso de acreedores. Hasta aflorar esa participación de la Secretaría de Estado de Comercio, el Santander se mantenía como el único de accionista de referencia de la compañía, tras la salida de la mayoría de los bancos (Bankia, Credit Agricole, Caixabank y Banco Sabadell) después de haber reestructurado su deuda.

El Santander, que también se deshizo de parte de su participación, cuenta con el 4,975% del capital, en su mayoría procedente de la que tenía el Banco Popular, la entidad que adquirió por un euro en junio pasado tras considerar el Banco Central Europeo que el Popular era «inviable». El Banco Popular se había convertido en mayo del año pasado en el principal accionista de Abengoa, después de que Credit Agricole redujera su participación y que Banco Santander, Caixabank y Banco Sabadell se desprendieran total o parcialmente de sus acciones.

Abengoa completó en marzo de 2017 el proceso de reestructuración de su deuda con una nueva estructura societaria en la que los antiguos accionistas vieron diluida su participación hasta el 5%, mientras que los acreedores y nuevos financiadores se quedaron con el 95% restante. El grupo de ingeniería y energía presentó el pasado febrero sus resultados de 2017, en que obtuvo un beneficio neto de 4.278 millones de euros, frente a las pérdidas de 7.629 millones que registró en 2016.

Venta de Atlantica a Algonquin

Por otro lado, Abengoa comunicó a la CNMV que se han cumplido todas las condiciones a las que el acuerdo con Algonquin, alcanzado el pasado 1 de noviembre, estaba sujeto, con lo que la operación podría cerrarse a finales de esta semana. Entre las condiciones para cerrar la transacción estaba la obtención del visto bueno de los organismos reguladores y los acreedores de la sociedad. El valor de la operación es de 607 millones de dólares, siendo el repago de la deuda de 510 millones de dólares (413,7 millones de euros), conforme a los contratos de financiación, ha precisado Abengoa.

La participación total de Abengoa en Atlantica era de un 41,5% y, según el acuerdo de venta del 25%, Algonquin también adquiere una opción de compra, en las mismas condiciones, sobre su 16,5% restante. Esta opción, sujeta a la autorización del Departamento de Energía de Estados Unidos, puede ser ejecutada por Algonquin este mes. El acuerdo para la venta fue cerrado a un precio de 24,25 dólares por acción (20,9 euros), sujeto a ciertas deducciones relacionadas con algunas obligaciones recogidas en el contrato y con los costes de la transacción.

Asimismo, las partes acordaron también un mecanismo según el cual Abengoa podrá beneficiarse del 30% de los primeros 2 dólares (1,7 euros) en los que se revalorice la acción de Atlantica Yield, hasta un máximo de 0,60 dólares (0,52 euros) por título. Esta suma se devengará en el primer aniversario de la fecha de cierre de la transacción. La plusvalía, calculada en unos 96 millones de euros cuando se llegó al acuerdo, se hará efectiva cuando se cierre la operación.

Por otro lado, Abengoa y Algonquin suscribieron un acuerdo de intenciones (memorandum of understanding MOU) para constituir una sociedad cuyo objeto será el desarrollo internacional y la construcción de infraestructuras de energía y agua, que se denominará Abengoa-Algonquin Global Energy Solutions (AAGES). La constitución de la nueva compañía se hará efectiva ahora y supondrá nuevas oportunidades para Abengoa, pues dispondrá de derechos exclusivos para desarrollar tanto la ingeniería y construcción como la operación y mantenimiento de todos los proyectos que desarrolle AAGES, así como un derecho preferente para proyectos llave en mano que desarrolle Algonquin.

La alianza permitirá acelerar la construcción y venta de activos concesionales de Abengoa a Atlantica Yield, lo que supone, según la firma española, un paso más en su plan de desinversiones. El presidente de Abengoa, Gonzalo Urquijo, ha afirmado que la culminación del acuerdo de compraventa de Atlantica, además de permitir reducir la deuda y crear AAGES, supone un hito dentro del desarrollo del plan de viabilidad de la compañía.

Los barrios de Madrid sufren diferencias de temperatura de hasta 8 grados por las islas de calor urbanas, según estudio

Europa Press.- Los barrios de Madrid sufren diferencias de temperatura de hasta 8 grados centígrados por la presencia de las llamadas islas de calor urbanas, según se desprende de un estudio elaborado por un grupo de investigadores de la Universidad Politécnica de Madrid (UPM). El proyecto, pionero en España y denominado MODIFICA (Modelo predictivo-edificios-isla de calor urbana), tiene como objetivo analizar la isla de calor de Madrid y conocer su influencia en el comportamiento térmico y energético de las viviendas del municipio.

Este fenómeno se produce por un aumento de las temperaturas en el centro de las ciudades respecto a la periferia. Se debe a la acumulación de radiación solar en forma de calor en los materiales presentes en las distintas superficies que conforman el espacio urbano y al calor provocado por la actividad humana. Este calor acumulado no es disipado debido en parte a la barrera que forman las partículas que se encuentran en suspensión en el aire, así como a la ausencia de ventilación en la trama urbana, lo que resulta en una elevación de temperaturas en los centros urbanos.

Para realizar el estudio, los investigadores de la UPM registraron, a lo largo de un año, las temperaturas que se producen en un total de 20 puntos repartidos por Madrid. Estos datos han permitido observar que la isla de calor varía a lo largo de los días del año y, sobretodo, a lo largo de las horas. Así se ha podido constatar que, durante las noches, pueden existir diferencias de temperatura entre distintos puntos de la ciudad de hasta 8 grados a la misma hora.

Por otro lado, se ha comprobado la existencia de una isla de frescor durante las horas centrales del día, y que se traduce en un centro urbano más fresco que la periferia. Las temperaturas más altas se registraron en San Diego, Embajadores y Chopera, mientras que las más bajas se detectaron en Aravaca, Los Cármenes y Horcajo. Cabe destacar el efecto termoregulador del Parque del Retiro, y que genera importantes diferencias de temperatura en tan sólo unos cientos de metros.

«Estas diferencias de temperatura registradas en la ciudad agravan la situación de aquellos hogares madrileños que sufren una situación de pobreza energética», señalan, a lo que añaden que esta familias se ven afectadas por este deterioro de las condiciones de habitabilidad en sus viviendas, «lo que hace que enfrenten graves consecuencias para su salud, entre las cuales se encuentra un incremento de la mortalidad de los grupos de riesgo». Los resultados del estudio muestran que en barrios como San Diego, Numancia o Almendrales hay una «importante» presencia de población vulnerable que habita las zonas más cálidas de la ciudad. «La detección y delimitación de estas áreas resulta fundamental para establecer prioridades en la rehabilitación de barrios de la ciudad», apuntan.

Además del registro de temperaturas en el espacio urbano, se han realizado mediciones en el interior de viviendas gracias a la colaboración de alumnos y personal de la UPM, y se analizó por primera vez en España los niveles de sobrecalentamiento sufridos por un numeroso parque de viviendas durante el periodo estival. A lo largo del mes de julio de 2016, un 30% de las viviendas evaluadas se encontraban sobrecalentadas durante más de un 40% de las horas. Más reveladores resultan los resultados del análisis durante las olas de calor que se produjeron a lo largo del verano de 2016. En aquellos días las viviendas evaluadas llegaron a estar sobrecalentadas un 70% de las horas.

El proyecto MODIFICA estudió además el tejido urbano de Madrid mediante diferentes indicadores urbanísticos y su posterior estudio estadístico. De esta forma, se ha clasificado la ciudad en 11 tipologías edificatorias residenciales, de las cuales, se han escogido las 8 más representativas para ser evaluadas ante las distintas intensidades de la isla de calor. El análisis energético muestra que en todas las tipologías se produce un incremento de la demanda de refrigeración, con porcentajes que alcanzan hasta el 45%, y una disminución en la demanda de calefacción con valores que llegan hasta el 30% respecto a las zonas con menor intensidad de isla de calor.

Además, se concluye que las plantas superiores son las que más demanda de calefacción y refrigeración necesitan, mientas que las plantas medias son las más favorecidas, siendo las que menos demandan en calefacción y refrigeración. MODIFICA está financiado por el Ministerio de Economía dentro del Programa Estatal de Investigación, Desarrollo e Innovación Orientada a los Retos de la Sociedad, en el marco del Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2013-2016. Ha contado, a su vez, con la colaboración de la Subdirección General de Energía y Cambio Climático del Ayuntamiento de Madrid.

Ciudadanos propone dar más competencias a los reguladores en su nueva ley para restar control político a las tarifas energéticas

Europa Press.- Ciudadanos cree que la próxima reordenación de los organismos reguladores y supervisores que prepara el Ministerio de Economía, Industria y Competitividad es una oportunidad para dotarles de un mayor poder como, por ejemplo, que se le devuelva a la comisión oportuna la competencia de fijar las tarifas de la luz.

Así lo ha manifestado el portavoz económico de la formación naranja en el Congreso, Toni Roldán, que recuerda que la disgregación de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) que contempla el anteproyecto de ley en el que trabaja el Gobierno, ya se acordó en el acuerdo entre PP y Cs para la investidura de Mariano Rajoy. La potestad de fijar tarifas de electricidad y gas fue una de las competencias que el Gobierno pasó a asumir en la creación de la CNMC; precisamente por esta cuestión la Comisión Europea mantiene abierto un procedimiento de infracción del que podría derivarse una sanción.

Roldán reconoce que en el pacto no se incluyó la devolución de competencias pero cree que tendría sentido hacerlo con la creación de una autoridad independiente para supervisar y controlar los mercados regulados, como sí refleja el acuerdo. «Creo que está claro que tiene que ser un organismo independiente. Hasta ahora, el Ministerio de Energía ha tenido el control. No es parte del acuerdo, pero es parte de las funciones que debería tener un regulador independiente», manifiesta el diputado barcelonés.

En este sentido, Roldán reconoce las dificultades que encuentran en el PP para poner en marcha los acuerdos alcanzados. «Ya sabemos que les cuesta poner en marcha reformas», asevera Roldán, que también atribuye esta situación a las limitaciones que se encuentran en la aritmética parlamentaria. «Lo que falta básicamente para que el Gobierno apruebe su proyecto y lo remita a las Cortes es que el PSOE se sume», asegura, considerando que el partido que ahora dirige Pedro Sánchez «tiene mucho más interés en señalar que están en la izquierda que en llegar a acuerdos sensatos en reformas«. «Parece que no ha dado demasiado feedback«, apostilla.

Según el anteproyecto elaborado por el Gobierno, la reestructuración de los reguladores y supervisores dará como fruto dos organismos a raíz de la división de la CNMC, además de otros dos: uno dedicado a la supervisión de seguros y planes de pensiones, y otro para la protección de inversores y de usuarios de servicios financieros. Asimismo, también está previsto y acordado entre PP y Cs, el establecimiento de un nuevo sistema de nombramientos, con el fin de evitar una «politización» que, considera Roldán, «tiene un coste gigantesco para la economía».

«Lo importante es encontrar un sistema en el que en vez de elegir a dedo unos políticos, tengas un procedimiento de hearing (audiencia) en el que haya un grupo de personas que hagan una preselección y que después se aprueben con mayoría suficiente», explica. Roldán cree que una mayoría clara aseguraría «un filtro clarísimo y despolitización». «De esta manera no tienes a un amigo del ministro arreglando precios de un sector, o a uno poniendo unas multas muy bajas porque, en realidad, está capturado por las grandes empresas del país.

Sin embargo, desde el inicio del segundo Gobierno de Rajoy se han producido renovaciones de cargos e incluso nuevos nombramientos sin un procedimiento así. Concretamente, el del presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Santiago Albella, su vicepresidenta, Ana María Martínez-Pina, y, recientemente, tres consejeros de la CNMC: María Ortiz, Pilar Canedo y Mariano Bacigalupo. Roldán escuda esos nombramientos, elegidos a la vieja usanza a través de pactos políticos, en la ausencia de la esperada norma y en la necesidad por cubrir tales plazas. «Eran plazas que tenían que llenarse desde hace meses, y está bien que se llenen y que funcionen con normalidad las instituciones», justifica.

Los vehículos analizados por el Ministerio de Industria superan de forma generalizada los límites de emisiones en conducción real

Europa Press.- El Ministerio de Economía, Industria y Competitividad ha realizado pruebas de emisiones de óxidos de nitrógeno (NOx) en 17 vehículos de diferentes marcas cuyos resultados muestran que de forma generalizada se superan los límites en condiciones de conducción real, pero no cuando se realiza el test en un laboratorio y conforme a los criterios de homologación.

El informe con los resultados del estudio parte de las pruebas realizadas en 17 coches de las marcas Seat, Ford, Nissan, Volvo y Ssangyong en las instalaciones de Idiada Automotive Technology, que actúa como servicio técnico oficial designado por la Autoridad de Homologación de Vehículos en España. Los coches han sido sometidos a pruebas de Tipo I, realizadas en un laboratorio y conforme a las características de masa, fricción y aerodinámica propias del vehículo. Además, se han realizado otras pruebas, entre ellas con conducción real.

El Gobierno concluye que los 17 vehículos ensayados cumplen con los valores límite para emisiones en la prueba Tipo I, conocida como de homologación, si bien, «en el resto de pruebas, generalmente, los vehículos ensayados presentan niveles de emisiones de NOx superiores a los valores límite». El País, que adelanta el informe elaborado, indica que el estudio tenía como objeto buscar dispositivos fraudulentos para enmascarar las emisiones, como los conocidos de Volkswagen. Entre las conclusiones, se indica que los modelos «no dan muestra de disponer del dispositivo de desactivación prohibido».

Industria reclamó a las empresas responsables de los vehículos Nissan Juke/Qashqai 1.5 (Euro6) y Sangyong Tívoli 1.6 (Euro 6) explicaran el comportamiento altamente emisor de sus vehículos, a lo que respondieron que, «en determinados rangos de temperatura ambiente, el sistema de recirculación de gases de escape quedaba parcial o totalmente desactivado con el fin de no producir daños en el motor y que se pusiera en peligro la seguridad en la conducción». Este caso está reconocido como aceptable en las normativas anteriormente mencionadas, reconoce Industria.

En las conclusiones, el informe indica que los ensayos de homologación, actualmente aplicables, se basan en ensayos de laboratorio en condiciones de prueba muy controladas, lo que implica «cierta discrepancia de los valores de emisiones obtenidos con los que se obtendrán en conducción real». Esta discrepancia, señala, se verá solventada mediante la aplicación del nuevo procedimiento de ensayo cuyo objetivo es, precisamente, la evaluación de las «emisiones en conducción real».

Críticas de OCU y Facua

Por su parte, la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) y Facua han criticado al Ministerio por actuar con «opacidad» y «silenciar» el informe con los resultados de las pruebas sobre las emisiones de NOx de los vehículos. La OCU asegura que «el Gobierno silencia un informe que aporta indicios de más manipulaciones de emisiones de coches diésel» y critica al Ejecutivo por no haber actuado «con la diligencia debida ante el mayúsculo escándalo de las emisiones de gases contaminantes».

En enero, la OCU ya criticó que el Ministerio no hubiera hecho públicas todavía las investigaciones que llevaba realizando ya desde diciembre del año 2015. Tras conocerse que todos los vehículos analizados con motores diésel homologados por España superan los límites de óxidos de nitrógeno fijados por la normativa europea en pruebas de conducción real, la OCU considera «fundamental que las administraciones defiendan los intereses de los consumidores por encima de los de la industria».

Por su parte, Facua califica de «indignante» que el Gobierno «silencie un informe que aporta nuevos indicios de manipulaciones de motores de vehículos diésel para pasar los controles de emisiones de dióxidos de nitrógeno y les permite incumplir los máximos fijados por la ley cuando están en carretera». El hecho de que el Ministerio de Economía e Industria no haya dado difusión al contenido del informe es, a juicio de Facua, «una nueva muestra del sometimiento del Gobierno a los intereses del sector del automóvil».

La Asociación Ibérica del Gas Natural para la Movilidad reivindica el gas para garantizar la calidad del aire en España

Europa Press.- La Asociación Ibérica del Gas Natural para la Movilidad (GASNAM), defendió la utilización del gas natural para «garantizar» la calidad del aire en España al tiempo que se ha desvelado que el nuevo plan Movea del Ministerio Economía, Industria y Competitividad, destinará 2,08 millones de euros a los vehículos de gas natural. En el marco del V Congreso GASNAM, se han expuesto los nuevos proyectos nacionales y europeos en España y Portugal sobre movilidad terrestre y marina con gas natural.

El vicepresidente terrestre de GASNAM, José Luis Pérez Soto, y el jefe de área de Vehículos de la Dirección General de Tráfico han presentado varias ponencias sobre el respaldo administrativo, la infraestructura, el transporte y la movilidad con gas natural. En este marco, el jefe del Área de Automoción de la Subdirección General de Políticas Sectoriales Industriales del Ministerio de Economía, Industria y Competitividad, Juan Alberto Ortigosa, ha presentado un borrador del nuevo plan MOVEA, que prevé aumentar la cifra destinada a gas natural respecto al presupuesto del año pasado.

Durante el congreso se han expuesto varios casos de éxito, como el uso de gas natural en una flota de camiones; la movilidad urbana con este gas; un proyecto europeo de corredor de transporte eficiente con gas natural, así como su uso en varios proyectos ferroviarios. En cuanto a los proyectos marinos, se ha subrayado las posibles aplicaciones del gas natural para la propulsión de buques o distintos proyectos para el uso de gas natural licuado como combustible. Finalmente, la directora de Salud Pública y Medio Ambiente de la OMS, María Neira, expuso cómo la energía que se usa en movilidad tiene cada vez un mayor impacto en la salud.

La industria de componentes eólicos expresa su preocupación al Ministerio de Economía ante la subasta de renovables de Álvaro Nadal

Redacción.- Las principales compañías del sector de los componentes eólicos, una industria con 180 plantas productivas a lo largo del territorio nacional, han enviado una carta a la Secretaría General de Industria, competencia adscrita desde noviembre al Ministerio de Economía, para expresar su preocupación y solicitar su mediación ante el nuevo Ministerio de Energía, que planea realizar durante este primer trimestre de 2017 una subasta de 3.000 megavatios (MW) de energías renovables sin cupos, bajo el principio de la neutralidad tecnológica.

El objeto de la misiva, a la que ha tenido acceso Energía Diario y firmada por los principales exponentes de la industria de componentes eólicos, es solicitar una reunión con la Secretaría general de Industria en la que poder expresar la “profunda” preocupación que les generan las características de la subasta que ha avanzado Energía. En este sentido, consideran que no se están atendiendo los intereses de una industria tan importante como la que representa a nivel nacional la relacionada con la tecnología eólica, volviendo a dar actividad dentro del país a un sector obligado a volcarse en los mercados exteriores desde la moratoria decretada en 2012, que paralizó la concesión de incentivos a la instalación de nuevas instalaciones renovables.

Si bien fuentes de la administración consultadas evidenciaron su malestar de que la preocupación de la industria de componentes eólicos se haya canalizado a través del departamento dirigido por Luis de Guindos y no del Ministerio de Energía, las principales asociaciones del sector renovable han lamentado que el nuevo equipo de Energía esté volviendo a incurrir en los mismos “errores” de sus predecesores al no dialogar con el sector. Una denuncia cuyo origen se remonta a los inicios de la dupla formada por José Manuel Soria y Alberto Nadal; también se lamenta que desde el Gobierno no se adopte una postura integral, que contemple la eólica como industria y no sólo valorando los costes que se añaden al sistema eléctrico.

Energía se encuentra actualmente elaborando la orden ministerial que establezca los detalles de la subasta de renovables. Hasta el momento, lo único que concretó el departamento dirigido por Álvaro Nadal es que la subasta consistirá en un “mecanismo competitivo y tecnológicamente neutral”, es decir sin cupos preestablecidos por fuentes. Asimismo, se garantiza que “se incorporan aquellos proyectos más eficientes y que supongan un menor coste para el consumidor”. En consecuencia, el temor de la industria renovable española es que se adjudiquen los proyectos que presenten las ofertas más agresivas de reducción del incentivo subastado, lo que podría provenir, por ejemplo, de proyectos que utilicen los paneles solares de fabricación china.