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Iniciativas de los ciudadanos europeos piden a Bruselas subir el precio del combustible fósil y gravar el queroseno en aviación

Europa Press.- La Comisión Europea registrará varias Iniciativas Ciudadanas, entre ellas 2 que le piden subir el precio de los combustibles fósiles para combatir el cambio climático e imponer un impuesto al queroseno del sector de la aviación. El Ejecutivo comunitario sólo analizará el fondo de las peticiones una vez que sus organizadores las respalden con el millón de firmas necesarias de ciudadanos de al menos 7 países diferentes, para lo que tendrán un año de plazo.

La primera iniciativa persigue la introducción de «un aumento constante del precio de los combustibles fósiles» para reducir la contaminación y su «restitución equitativa cada mes a los ciudadanos en forma de dividendo». Los organizadores alegan que científicos y economistas están de acuerdo en que «funciona gravar de forma creciente la contaminación y redistribuir los beneficios». La segunda iniciativa ciudadana pide «poner fin a la exoneración fiscal al carburante de la aviación en Europa». Los organizadores denuncian que el sector aéreo se beneficia de ventajas fiscales pese a ser «uno de las mayores fuentes de emisiones de gas efecto invernadero» y donde más rápido crecen.

Bruselas apremia a España y otros países a enviar sus planes de control de la contaminación atmosférica

Europa Press.- La Comisión Europea ha pedido a España y otros 14 países de la Unión Europea que entreguen sus programas nacionales de control de la contaminación atmosférica, que las capitales debían haber remitido a las autoridades europeas como muy tarde el pasado 1 de abril, según explicaron fuentes comunitarias.

Además de España, el Ejecutivo comunitario todavía no tiene los programas de Francia, Alemania, Polonia, Bulgaria, Chipre, República Checa, Grecia, Hungría, Lituania, Malta, Rumanía, Eslovaquia, Eslovenia y Luxemburgo. Sí que los han entregado, por contra, Austria, Irlanda, Países Bajos, Croacia, Letonia, Portugal, Dinamarca, Italia, Suecia, Bélgica, Reino Unido, Estonia y Finlandia. En cualquier caso, sólo estos últimos tres países cumplieron el compromiso de enviar sus documentos antes del 1 de abril, según consta en el directorio de la Comisión Europea.

De hecho, el Ejecutivo comunitario es el encargado de examinar la coherencia de los programas nacionales con las normas europeas, incluida la trayectoria de reducción de emisiones desde 2020 a 2030. Los Estados miembros tendrán que actualizar sus programas nacionales como mínimo cada 4 años. En ellos, los países deben valorar en qué medida las fuentes de emisiones nacionales pueden tener un impacto sobre la calidad del aire en su territorio y en el de Estados miembros vecinos, además de valorar la necesidad de reducir dichas emisiones para cumplir los objetivos de calidad del aire.

Los programas de cada socio comunitario también tienen que priorizar las medidas de reducción de las emisiones de carbono al adoptar medidas para cumplir sus compromisos nacionales de reducción de las partículas finas y garantizar la coherencia con otros planes y programas pertinentes establecidos en virtud de requisitos indicados en la legislación nacional o comunitaria. La asociación europea de organizaciones medioambientales European Environmental Bureau (EEB) ha tildado de «sorprendente» el retraso de los países «en algo así de importante». «Cada día de retraso en atajar la contaminación atmosférica significa que más gente sufre las consecuencias en su salud», ha advertido la responsable de Calidad del Aire de EEB, Margherita Tolotto.

Bélgica propone crear un impuesto europeo sobre el sector de la aviación para reducir sus emisiones

Europa Press.- Bélgica ha propuesto al resto de países de la Unión Europea la creación de un impuesto europeo que grave el sector de la aviación, ya sea a través de la venta de billetes o sobre el consumo de combustible, con el objetivo de que la industria aérea reduzca sus emisiones contaminantes y contribuya a cumplir con los objetivos climáticos de bloque comunitario en el marco del Acuerdo de París.

El gobierno de Bélgica defiende que son necesarios «esfuerzos adicionales» para atajar el «continuado crecimiento de las emisiones» de gases invernadero de este sector y para evitar que otros sectores tengan que compensar este incremento. «Un elemento importante de estos esfuerzos sería una tarifa justa y correcta al transporte aéreo», señala el documento, que añade a continuación que «en actualidad no están gravados ni el queroseno ni los billetes de avión a través del IVA».

Además, Bélgica cree que un futuro impuesto a la aviación debería valorar los costes externos, a través del principio de que «el que contamina, paga» y serviría para «restaurar una competencia justa con otros modos de transporte«. El documento también subraya que crearía incentivos para que aerolíneas y fabricantes inviertan en las medidas adecuadas para transitar hacia una economía neutral desde el punto de vista climático y podría provocar que se utilizasen fondos públicos para impulsar esta transición e invertir en formas de transporte alternativas.

La propuesta belga es similar a otra iniciativa presentada por Países Bajos a los ministros de Finanzas de la Unión Europea (Ecofin) a mediados de febrero. Un informe elaborado recientemente por la Agencia Europea de Medio Ambiente (EEA), la Agencia Europea de Seguridad Aérea (EASA) y Eurocontrol apunta que las emisiones de dióxido de carbono (CO2) se incrementarán un 21% hasta 2040 en comparación con los niveles registrados en 2017 en el escenario base, hasta las 198 millones de toneladas.

En el escenario más negativo (un mayor tráfico aéreo), las emisiones de CO2 llegarían a las 262 millones de toneladas (un 60% más), mientras que en el escenario menos nocivo (menor tráfico aéreo), se recortarían hasta las 134 millones de toneladas (un 18% menos). Según el estudio, la aviación fue responsable del 3,6% de las emisiones de la Unión Europea en 2016 y representó el 13,4% de todas las emisiones del sector europeo del transporte.

Barcelona espera «trabajar mejor» la movilidad sostenible promocionando el transporte eléctrico en las próximas ediciones del Mobile World Congress (MWC)

Europa Press.- La teniente de alcalde de Movilidad de Barcelona, Janet Sanz, espera que la movilidad sostenible sea un elemento a trabajar mejor en próximas ediciones del Mobile World Congress (MWC) y apela al compromiso de los promotores: «Nosotros podemos promover o instar, pero depende de los organizadores y forma parte de su compromiso con la ciudad».

Sanz ha asegurado que las consecuencias del congreso en el aire se notó en esos días, en los que además hubo más contaminación en la ciudad a causa de un anticiclón: «Tantos coches no sostenibles han impactado sobre la contaminación». La edil ha reconocido que no ha hablado con la GSMA, pero quieren trabajar con los promotores para poner en marcha «medidas más innovadoras que promocionen el transporte eléctrico o el uso de la bicicleta».

Abogados ambientales piden el fin del carbón en 2025 «como muy tarde» para cumplir con el Acuerdo de París

Europa Press.- El Instituto de Derecho y Medio Ambiente (IIDMA) espera que el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) establezca el 2025 como fecha final para el carbón en España para que el país pueda alcanzar los estándares de la Organización Mundial de la Salud (OMS) sobre calidad del aire y cumplir con el Acuerdo de París contra el cambio climático.

La OMS estima que la contaminación del aire provoca 7 millones de muertes prematuras al año y que el 90% de la población mundial respira aire con una calidad por debajo de los estándares recomendados en sus Guías de Calidad del Aire (GCA). La directora de IIDMA, Ana Barreira, recuerda que es «imperativo» que España siga los estándares de la OMS sobre la calidad del aire, trasladándolos a la normativa ambiental ya que la contaminación es actualmente un problema de salud pública y afecta al derecho a la vida y el derecho a la salud.

Precisamente, una de las fuentes principales de la contaminación en España son las emisiones de las centrales de carbón por lo que la organización subraya que debe ser una «prioridad política» poner fin a la producción de energía mediante este combustible, como muy tarde en 2025. «La salud pública debe ser un criterio fundamental para la elaboración de los Planes de Energía y Clima, así como de la futura Ley de Cambio Climático», ha concluido.

Las organizaciones ecologistas plantean al Gobierno 13 nuevos impuestos y modificar gravámenes como el IVA, IRPF, sucesiones, hidrocarburos o sociedades

Europa Press.- Las organizaciones ecologistas Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción, Greenpeace, SEO/BirdLife y WWF elaboraron una propuesta de fiscalidad ambiental por la que plantean al Gobierno la creación de 13 nuevos impuestos y modificaciones en gravámenes como el IVA, el IRPF, sucesiones, hidrocarburos o sociedades.

Así, reclaman al Gobierno una «profunda» reforma fiscal que integre los criterios de ecofiscalidad y plantean una treintena de medidas fiscales para contribuir a la transición ecológica y alcanzar un modelo socioeconómico acorde a los límites del planeta. El documento Propuestas de fiscalidad ambiental: avanzando hacia un mundo más justo y sostenible ha sido presentado por las organizaciones, que quieren que la fiscalidad incentive o penalice las distintas actividades y conductas así como las decisiones de los agentes económicos en base a su impacto ambiental.

En concreto, consideran que con su propuesta la fiscalidad española se acercará a los países del entorno, ya que España está en el puesto 25 de los 28 Estados de la Unión Europea en cuanto a la fiscalidad ambiental dirigida a orientar el comportamiento de los agentes económicos y contribuir a la protección del medio ambiente. Además, quieren que, a diferencia del régimen actual, la recaudación que se obtenga con la nueva ecofiscalidad sea finalista y se destine «íntegramente» a facilitar la transición ecológica y alcanzar un modelo socioeconómico acorde a los límites del planeta.

En su propuesta abogan por reformar el IVA, el IRPF, el Impuesto de Sociedades para que primen actividades más sostenibles; las tasas sobre hidrocarburos para penalizar los combustibles más contaminantes; gravar la generación de CO2, disuadir de la producción de energía nuclear; crear nuevos impuestos como el del vertido e incineración de residuos, que grave el impacto ambiental que provoca la generación de purines o las emisiones de metano, son algunas de las medidas que piden los grupos ecologistas. También se incluyen reformas ecológicas en impuestos municipales como el IBI o la tasa de residuos.

También apuestan por modificar el impuesto de matriculación de vehículos para gravar los más contaminantes; reformar el impuesto de la electricidad; el canon de uso de los bienes de dominio público hidráulico; y crear nuevos impuestos para la energía nuclear. Otras de sus propuestas pasan por crear impuestos para el esquí alpino, a las aguas minerales embotelladas, a la minería, a los hoteles, a la construcción, a los bienes inmueble, al carbono, a los vertidos y la incineración, a la caza y al cambio de los usos de suelo. Las ONG consideran que la «urgencia ambiental» actual hace que esta reforma fiscal sea una necesidad «urgente» en todas las Administraciones.

El PP apuesta por modernizar el parque automovilístico con un plan renove e insta a no perjudicar al diesel

Europa Press.- El PP reclama al Gobierno incentivar el reemplazo de vehículos de más de 10 años por otros de bajas emisiones, pero exige evitar cualquier discriminación que perjudique a los nuevos vehículos diésel, que en su opinión son menos contaminantes que otros.

Así, los populares han llevado al Congreso una proposición en la que piden al Ejecutivo «que no se restrinja ninguna tecnología, de modo directo o indirecto, especialmente las relacionadas con el diésel, ni se genere incertidumbre innecesaria en la ciudadanía». En esta iniciativa, que firma su portavoz de Industria en el Congreso, Tristana Moraleja, el PP defiende que los nuevos motores diesel producen menos emisiones contaminantes y, en términos de emisiones de CO2, son más eficientes que vehículos propulsados por otros combustibles. Por ello, opta por una renovación del parque de vehículos que incentive la compra de vehículos más eficientes, para lo cual reclaman reducir la tributación en la compra.

Infraestructuras de recarga de energía

Asimismo, piden que el plan permita un «desarrollo efectivo» de las infraestructuras de recarga de energías de cero y baja emisiones, y que preste especial atención a los territorios extrapeninsulares e insulares, así como a las grandes ciudades. La proposición no de ley también reclama la ejecución de la agenda sectorial de la industria de la automoción, que contempla el desarrollo de las tecnologías de propulsión bajas en emisiones y vehículos propulsados con energías alternativas.

La Fundación Española del Corazón reconoce que los nuevos vehículos diesel disminuyen en gran medida sus emisiones de gases contaminantes

Europa Press.- Los datos son contundentes: el 93% de la población española respira un aire que excede los límites considerados como peligrosos para la salud, según ha asegurado el vicepresidente de la Fundación Española del Corazón, José Luis Palma, durante la jornada Impacto de la calidad del aire en la salud cardiovascular.

El objetivo de este encuentro, que se ha celebrado en la Casa del Corazón, sede de la Sociedad Española de Cardiología (SEC) y la FEC, ha sido analizar la situación de la contaminación ambiental en España y en Europa. Para ello, han participado expertos en el área de las enfermedades cardiovasculares y respiratorias, así como responsables en definir y aplicar políticas de salud y medioambientales. Según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) expuestos por el vicepresidente de la FEC durante su intervención, la contaminación del aire es responsable de alrededor de 7 millones de muertes al año en el mundo, de las que 2,5 millones corresponden a enfermedades del corazón (25%) y 1,4 millones a ictus (24%).

Palma recuerda que el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, se refiere a la contaminación del aire como el «nuevo tabaco», poniendo en evidencia que la contaminación ambiental se ha convertido en «uno de los principales retos de salud pública a nivel mundial». En la misma línea, ha recordado que los productos contaminantes de mayor impacto medioambiental son las partículas de la materia en suspensión, tanto sólidas como líquidas. Las más peligrosas son las que miden 2,5 milimicras o menos; el ozono; el monóxido de carbono (CO); el dióxido de nitrógeno (NO2); el dióxido de azufre (SO2) y los compuestos orgánicos volátiles (COV).

«Todas estas sustancias vician el aire, haciéndolo insalubre y peligroso. Su paso a la sangre, a través de la barrera alveolar, favorece el desarrollo de cardiopatía isquémica, insuficiencia cardiaca, arritmias graves que pueden generar en parada cardiocirculatoria, ictus, tromboembolismo pulmonar y sistémico, trombosis venosa profunda y arterioesclerosis acelerada», ha indicado Palma. Asimismo, ha recordado que «la enfermedad coronaria y el ictus representan el 80% de todas las muertes debidas a la contaminación ambiental». «La salud cardiovascular y respiratoria de la población será mejor cuantos más bajos sean los niveles de contaminación del aire», ha zanjado.

El millonario gasto en Sanidad

Sobre el impacto económico total de la contaminación ambiental, en 2013 se estimó que los costes relacionados con la salud a causa de la contaminación ambiental en la Unión Europea oscilaban entre los 300.000 y los 940.000 millones de euros al año, incluyendo gastos sanitarios directos e indirectos pero también los derivados que inciden en la economía nacional y mundial.

En este contexto, ha citado los datos de un estudio realizado en Vancouver (una ciudad tres veces menos contaminada que París), que demostraron que la exposición de las embarazadas a la contaminación del tráfico aumenta en torno a un 25% el riesgo de que sus hijos padezcan graves enfermedades respiratorias antes de cumplir los 6 años de edad. Junto con las embarazadas, el experto ha apuntado que los pacientes más susceptibles a la contaminación del aire son los de bajo estatus socio-económico, edad avanzada, obesidad, diabetes mellitus tipo 2, hipertensión, enfermedad arterial coronaria o fumadores.

Aunque la «mayoría» de actividades desarrolladas en las sociedades contemporáneas generan productos contaminantes, como las económicas, industriales, comerciales, agrícolas y ganaderas, Palma ha identificado al tráfico rodado como «uno de los principales responsables del deterioro de la calidad del aire en las ciudades». Así, ha explicado que, de acuerdo con estudios españoles, su contribución oscila entre un 70% y un 80% en la contaminación por partículas en suspensión de menos de 2,5 micras (PM 2,5), compuesto que tiene un «impacto directo» sobre la salud de la población y que, en la actualidad, supone «el mejor indicador de la contaminación urbana».

Para luchar contra esta «lacra», ha apostado por tomar una serie de medidas de planificación urbana que luchen contra la contaminación ambiental, como el diseño óptimo de carriles para bicicletas, promover los coches eléctricos e híbridos, fomentar el transporte público, una nueva legislación para la construcción de edificios, o iniciativas para reducir la emisión de combustible y otros gases tóxicos.

Otro de los puntos sobre los que ha incidido es el conocido como dieselgate. «Los nuevos diésel emiten, en comparación con los antiguos, un 84% menos de dióxido de nitrógeno y un 90% menos de PM 2,5″, ha afirmado Palma. Además, ha añadido que los nuevos catalizadores de reducción selectiva disminuyen en más de un 99% la emisión de estas partículas. Como propuesta, ha reclamado que se impulse el aditivo AdBlue como mezcla en los diésel, ya que «reduce la emisión de dióxido de nitrógeno en más de un 90%».

Los impuestos medioambientales aumentaron un 3% en 2017, hasta los 21.382 millones de euros, y representan un 8,2% del total

Europa Press.- Los impuestos ambientales ascendieron a 21.382 millones de euros en 2017, lo que supuso un incremento del 3% respecto al año previo, cuando se alcanzaron los 20.754 millones, según las cuentas medioambientales publicadas por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

En relación con los Impuestos sobre los productos, totalizaron 17.886 millones de euros, un 3,5% más que el año anterior. Por su parte, los Otros impuestos sobre la producción se situaron en 1.631 millones, un 3% más. Así, los impuestos de naturaleza ambiental representaron el 45,8% de Impuestos sobre los productos. Por otro lado, los Otros impuestos corrientes con finalidad ambiental supusieron el 42,9% del total y los Impuestos sobre la producción ambientales, el 8%.

Por categorías, los impuestos ambientales se agrupan en tres: Impuestos sobre la energía, que en 2017 representaron el 82,9% del total, Impuestos sobre el transporte, que se correspondieron con el 12,7%, e Impuestos sobre la contaminación y los recursos, los cuales ocuparon el 4,4%. A este respecto, los Impuestos sobre la energía aumentaron un 3,3% en relación a 2016, mientras que los Impuestos sobre la contaminación y los recursos crecieron un 2,6% y los ‘Impuestos sobre el transporte’, un 1,5%.

Los hogares pagan la mitad

Dentro de los impuestos sobre productos, los Impuestos sobre la energía alcanzaron los 17.278 millones de euros, un 3% más que en 2016. Entre los Otros impuestos sobre la producción, los Impuestos sobre la energía fueron los únicos que crecieron, concretamente, un 13,9%. Asimismo, en los Otros impuestos corrientes destacó la bajada del 1,6% de los impuestos sobre transporte. Los hogares españoles pagaron el 51,2% del total de impuestos ambientales en 2017: abonaron el 80,4% de los Impuestos sobre el transporte y el 49,3% de los Impuestos sobre la energía.

Por su parte, los sectores productivos pagaron el 48,8% del total de impuestos ambientales. Por tipo, corresponde al 97,1% de los Impuestos sobre la contaminación y los recursos y al 50,7% de los Impuestos sobre la energía. En la clasificación por ramas de actividad, las que pagaron más impuestos ambientales en 2017 fueron Transporte y almacenamiento, el 15,4% del total, Otros servicios, el 9,9%, e Industria manufacturera, el 8,2%. Por el contrario, las que menos pagaron fueron Construcción, un 0,9%, Industrias extractivas, un 1,1%, y Agricultura un 1,3% del total.

El Gobierno «no dejará solos» ni a automóvil ni a ciudadanos en la transición hacia el coche eléctrico

Europa Press.- La ministra portavoz del Gobierno, Isabel Celaá, asegura que el Gobierno no «dejará solos» ni al sector del automóvil ni a los ciudadanos en el proceso de transición hacia los vehículos eléctricos, que contempla que desde 2040 no se podrán vender en España vehículos con emisiones directas de dióxido de carbono (CO2).

Celaá indicó que el Gobierno tiene la obligación, como política de Estado, de impulsar las energías renovables y de apoyar a la industria de la automoción para llevar a cabo una transición ordenada que sustituya «en plazos razonables» los vehículos de combustión por otros más ecológicos que cumplan con los compromisos del cambio climático. El Gobierno trabaja en el anteproyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética que, entre otros objetivos, contempla que desde 2040 no se pondrán comercializar vehículos de gasolina, diésel, de gas e híbridos, mientras que desde 2050 tampoco podrán circular.

Celaá se mostró confiada en que el Ejecutivo pueda remitir a las Cortes este anteproyecto de ley «antes de que finalice el año», al tiempo que manifestó su deseo de que se consensue un acuerdo con las diferentes fuerzas políticas ante un problema como el cambio climático, «urgente, que no puede esperar», que preocupa «seriamente» a la sociedad ya que el cambio climático es un “asunto de Estado”. Celaá reiteró que el Gobierno «no dejará solos» ni al sector del automóvil ni a los ciudadanos en este proceso hacia los vehículos eléctricos, ya que es consciente de su «vital importancia».

En este sentido, subrayó que desde el Ejecutivo están trabajando «muy activamente» con la industria del motor, que calificó como «ejemplar», al tiempo que expresó su convicción en que ésta favorecerá la movilidad del futuro, lejos de la contaminación actual. «El Gobierno estará a su lado permanentemente. Este proceso de transformación es parte sustancial de la nueva ley de Cambio Climático, que tiene el objetivo de preservar la salud de los ciudadanos y la calidad del aire urbano», añadió Celaá.

Además, Celaá apuntó que la industria automovilística ya estaba haciendo cambios, aunque señaló que el marco temporal que baraja el Gobierno es 2040 para dejar de vender coches que emitan CO2 y 2050 para vetar su circulación, en línea con lo que hacen los países en los que están las matrices de los fabricantes de coches. «Son periodos temporales muy largos y muy razonables para que la empresa automovilística se haya reconvertido, aunque, al mismo tiempo, habrá las ayudas que se acuerden entre la industria automovilística y el Gobierno», finalizó.

Las dudas de los ciudadanos

Por su parte, el director General de Tráfico, Pere Navarro, asegura que los ciudadanos le trasladan que «no saben qué coche comprar en estos momentos», en referencia al borrador de la Ley de Cambio Climático que fija 2040 como fecha límite para comprar un vehículo diesel, gasolina o híbrido. «El que se quiera comprar un coche hoy en día tiene un escenario de confusión. La gente no sabe qué coche comprarse en estos momentos y con este escenario», señaló Navarro.

Se afean las formas ministeriales

Por otro lado, las asociaciones que han participado en la reunión con el Ministerio de Industria, junto con el de Transición Ecológica, han valorado de forma positiva dicho encuentro, aunque han criticado las formas del Ejecutivo a la hora de anunciar sus planes de prohibir la venta de modelos con emisiones directas de dióxido de carbono (CO2) desde 2040. Así, la directora general de Faconauto, Marta Blázquez, indicó que el encuentro ha sido positivo ya que el Gobierno se ha comprometido a trabajar con el sector para dar forma al borrador de la Ley de Cambio Climático y Transición Energética.

«Si no estamos todos, no tiene sentido. La hoja de ruta tiene que englobar a todo el sector, eso lo tiene claro el Gobierno», aseguró Blázquez, al tiempo que subrayó que le ha trasladado la preocupación de los empresarios del sector por los recientes anuncios y por la incertidumbre generada. Además, comunicó a los representantes de la Administración que las prioridades son el compromiso de inversiones públicas, ante lo que se han mostrado favorables, así como la puesta en marcha de medidas de rejuvenecimiento del parque, el excluir a los híbridos en un primer momento del veto a la matriculación de 2040 y también el garantizar la unidad de mercado.

Por su parte, la directora general de Ganvam, Ana Sánchez, destacó la voluntad de «mantener espacios de diálogo que permitan a todo el sector trabajar de manera coordinada y con un objetivo común, el futuro de la movilidad en nuestro país». «Todo ello nos va a permitir posicionar a España como uno de los países de referencia en movilidad cero y de bajas emisiones», añadió.

Desde Ganvam señalaron que durante la reunión se acordó seguir trabajando sobre el Acuerdo Estratégico para una Movilidad Sostenible y Eficiente del sector de la Automoción y que también sirvió para fijar las medidas que se llevarán a cabo para conseguir los objetivos planteados en el borrador del Anteproyecto de Ley. Sánchez aseguró que la ministra trasladó a los representantes de Ganvam, Faconauto y Aniacam su voluntad de fomentar y mantener espacios de diálogo con toda la cadena de valor del sector de la automoción.

Por su parte, fuentes del Ministerio de Industria explicaron que el encuentro fue «bien», con una cadena de valor alineada con el Gobierno, al tiempo que señalaron que sirvió como una reunión para seguir trabajando. Este encuentro fue convocado por parte del departamento de Industria con el fin de dar «certidumbre» al sector del automóvil español, después de que se conociera la intención del Gobierno de prohibir la venta de vehículos de gasolina, diésel, de gas e híbridos desde 2040.

La reunión, según dichas fuentes, contó con la presencia de representantes de Aniacam, Ganvam y Faconauto, mientras que señalaron que desde UGT, CC.OO. y Sernauto se excusaron por no poder asistir alegando «problemas de agenda». No obstante, desde la asociación de fabricantes Anfac aseguraron que no acudirían a esta, alegando que necesitaban más tiempo que 24 horas para analizar y reflexionar sobre los temas de importancia que afectan al sector del automóvil, aunque se mostraron dispuestos a trabajar con el Ejecutivo en favor del sector.