La Plataforma SOS Tendidos eléctricos pide a Ribera que aplique medidas «obligatorias» para frenar la muerte de aves

Europa Press.- La Plataforma SOS Tendidos Eléctricos ha enviado una carta a la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, en la que le piden su implicación para evitar la muerte de aves por colisión o electrocución y establezca medidas obligatorias con este fin.

Las organizaciones que integran la plataforma recuerdan en su misiva que decenas de miles de aves mueren en España cada año por este problema y que entre las especies afectadas figuran algunas aves amenazadas. Así, lamentan que el Real Decreto 1432/2008, aprobado hace ya diez años, no ha logrado solucionar la mortalidad de las aves por tendidos eléctricos, entre otras cuestiones porque la norma no se aplica en todo el territorio nacional sino solo en las denominadas zonas de protección.

Sin embargo, explican a Ribera que las aves no entienden de límites administrativos y mueren electrocutadas o colisionadas «por toda la geografía española con independencia de que sean zonas protegidas o del grado de protección que ostenten». Además, consideran que los costes para corregir los tendidos eléctricos debe corresponder a las grandes compañías eléctricas, al margen de las subvenciones que se puedan conceder para corregir los tendidos. Por ello, instan a Ribera que modifique el citado Real Decreto para que la corrección de tendidos peligrosos no dependa de la existencia de fondos públicos que financien las adaptaciones de las líneas.

La plataforma estima que como «responsables» de la mortalidad de las aves que provocan con su actividad empresarial son estas empresas las que deben hacer «todo lo necesario» para compatibilizar su negocio con la conservación de la biodiversidad o, en caso contrario, responder por incumplimiento de su obligación legal de mitigar el problema que han generado. Del mismo modo, estiman que las ayudas públicas que ahora se destinan sobre todo a las compañías, deberían focalizarse en la corrección de las líneas eléctricas peligrosas y que son de propiedad particular, que muchas veces no pueden ser costeadas por los pequeños propietarios.

En este contexto, recuerdan también al Ministerio que debe adaptarse a la sentencia 88/2018 del Tribunal Constitucional, que establece que son las comunidades autónomas las competentes para distribuir las ayudas públicas previstas en el Decreto 264/2017. Exponen también a Ribera algunas propuestas para paliar este problema como por ejemplo que las medidas para evitar la colisión no sean voluntarias sino de aplicación obligatoria; que se incluyan medidas correctoras de eficacia comprobada en las autorizaciones y que se elabore un plan estatal para impulsar urgentemente la corrección de los tendidos peligrosos. Finalmente, solicitan una reunión con el departamento responsable del Ministerio para la Transición Ecológica para analizar la cuestión en profundidad.