El Gobierno establece normas adicionales para la seguridad de las explotaciones de hidrocarburos en el mar

Europa Press.- El Consejo de Ministros ha aprobado un real decreto-ley con el objetivo de garantizar la seguridad del diseño y de las actividades de investigación y exploración de hidrocarburos en el medio marino. En concreto, el real-decreto ley, por el que se traspone la directiva 2013/30/UE sobre la seguridad de las operaciones relativas al petróleo y al gas mar adentro, establece una batería de obligaciones a los operadores para la reducción sistemática de los riesgos.

Entre estas obligaciones figuran la elaboración de un informe sobre riesgos de accidentes graves actualizado en el que se contará con los trabajadores. Asimismo, se exige que un tercero independiente al operador verifique todos los elementos críticos para la seguridad del operador. Asimismo, la norma recoge la creación de la Autoridad Competente para la Seguridad en las Operaciones Marinas en materia de hidrocarburos (ACSOM), cuya función esencial será garantizar que la explotación de hidrocarburos se realiza con la máxima seguridad. Entre sus funciones, destaca las de supervisión, inspección, cooperación en investigaciones, instrucción de expedientes sancionadores.

Este real decreto-ley dota a la ACSOM de amplios poderes para poder cumplir su función con eficacia y así podrá paralizar o prohibir los trabajos si las medidas propuestas por el operador en lo relativo a la seguridad de las instalaciones o de las operaciones se consideran insuficientes, según indicó el Ministerio de Energía. La ACSOM también puede oponerse al otorgamiento de un permiso de investigación o de una concesión de explotación si considera que el solicitante no cuenta con capacidad técnica y económica suficiente.

El Ministerio de Fomento, en cooperación con todos los agentes y administraciones implicados, elaborará un plan externo de emergencia que abarcará el conjunto de instalaciones en medio marino, donde se especificará el cometido y las obligaciones financieras de los concesionarios y los operadores. Además, se organizarán periódicamente ejercicios y simulaciones de situaciones de emergencia. Por último, se establece la publicación de informes e información sobre estas actividades que estarán públicamente disponibles, en línea con las políticas de transparencia del Gobierno.