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El Gobierno aprueba nuevas medidas de seguridad en la investigación y explotación de hidrocarburos en el medio marino

Europa Press.– El Gobierno ha aprobado el Real Decreto que completa la transposición al ordenamiento español de la Directiva Offshore sobre la seguridad de las operaciones relativas al petróleo y al gas mar adentro, que desarrolla el Real Decreto-ley 16/2017, por el que se establecen disposiciones de seguridad en la investigación y explotación de hidrocarburos en el medio marino.

El nuevo texto completa la trasposición de la Directiva en dos aspectos. En primer lugar, en lo relativo a permisos de investigación y concesiones de explotación mar adentro, estableciendo los requisitos para el otorgamiento y la transmisión de permisos de investigación y concesiones de explotación en el medio marino y fijando las condiciones para la designación del operador en medio marino. En segundo lugar, en lo que se refiere a la autorización de trabajos mar adentro con el procedimiento para remisión de los Informes sobre los Riesgos de Accidentes Graves.

También sobre el contenido y la finalidad que ha de tener el plan interno de emergencia que los operadores y/o propietarios deben elaborar; sus obligaciones en relación a la figura del verificador independiente; el contenido del plan externo de emergencia y el órgano encargado de su elaboración así como la creación de un sitio web para la publicación de criterios de evaluación, plan de inspecciones, publicación de informes anuales, así como las disposiciones relativas a la Autoridad Competente para la Seguridad en las Operaciones Marinas.

PP y PSOE convalidan en el Congreso por la vía rápida las nuevas normas para buscar hidrocarburos en el mar

Europa Press.- PP y PSOE han asegurado en el Congreso la convalidación del decreto ley para establecer normas adicionales de seguridad en la búsqueda y explotación de hidrocarburos en el mar: gracias a la mayoría que estas dos formaciones gozan en la Cámara Baja, no será tramitado como proyecto de ley, por lo que no se podrán incluir enmiendas. Precisamente, el resto de partidos habían solicitado su tramitación parlamentaria para poder realizar aportaciones al mismo vía enmiendas.

Durante su defensa del decreto ley, el ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital, Álvaro Nadal, argumentó que el Gobierno se ha limitado a trasponer esta directiva, de carácter «técnico», y de «escasa o nula aplicación en España». «Actúa cuando se tienen al menos 6 yacimientos submarinos. Nosotros tenemos poquísimos», indicó. En todo caso, señaló que se limita a cuestiones de seguridad y permite «trabajar con los mejores estándares mundiales, los del Mar del Norte», para terminar asegurando que «no tiene nada que ver con la exploración en el medio marino, ni con temas relacionados con la explotación o almacenamiento».

A pesar de manifestar que no considera «coherente iniciar nuevas explotaciones si se quieren evitar los efectos del cambio climático», y recordando que otros países están «trabajando en la progresiva retirada de estas actividades», la portavoz energética socialista, Pilar Lucio, ha defendido la «necesaria e ineludible» trasposición de la directiva europea. En todo caso, ha justificado esta posición avanzando que llevarán al Congreso una proposición de ley para prohibir las actividades con hidrocarburos en el medio marino, pues cree necesario dar «más pasos» ya que «las perforaciones no son seguras».

Por su parte, su homólogo popular, Guillermo Mariscal, animó al resto de formaciones, contrarias a la convalidación, a «justificar» por qué se posicionan «a favor del expediente sancionador» que se derivaría por parte de Bruselas en caso de no trasponer la directiva comunitaria y ha defendido la necesidad de conocer los recursos energéticos en su territorio y aumentar la necesidad.

El resto de partidos proponía la tramitación como proyecto de ley para «ir más allá» a través de enmiendas ya que han cuestionado la apuesta por las explotaciones de hidrocarburos ante la lucha contra el cambio climático y la consecuente reducción de emisiones. «No resulta coherente buscar o explorar nuevos yacimientos cuando se quiere evitar el cambio climático», ha argumentado el diputado de Unidos Podemos, Juan López Uralde (Equo), que recordó el reciente veto del Ejecutivo a una proposición de ley del Parlamento balear, impulsada con el voto unánime de todas las formaciones, PP incluido, para prohibir las prospecciones petrolíferas.

Por parte de Ciudadanos, Melisa Rodríguez ha criticado la «dejadez» del Gobierno para trasponer una directiva que debía estar incorporada en el ordenamiento jurídico español en julio de 2015, y ha reclamado que la nueva Autoridad Competente para la Seguridad de las Operaciones Marinas goce de una independencia real, y no dependa del Ministerio. «Si no, no garantizamos que sus informes sean independientes», ha esgrimido.

Otro de los elementos cuestionados por la oposición ha sido la inclusión, no recogida en la directiva, de las aguas interiores. «¿Qué quieren hacer? ¿Ampararse en la directiva para prospectar en la Bahía de Cádiz, o en la Manga del Mar Menor?», se ha preguntado Enric Bataller, de Compromís, considerando que la directiva que se traspone debería estar «derogada» por «su posicionamiento favorable al fracking«. También lo recordó la diputada del PNV, Idoia Sagastizabal, que subrayó la competencia autonómica de estas aguas, incluidas en algunos casos en estatutos de autonomías.

Los operadores de explotaciones de hidrocarburos en el mar tienen 6 meses para implantar la nueva normativa de seguridad

Europa Press.- Los titulares y operadores de explotaciones de hidrocarburos en el mar dispondrán de 6 meses para cumplir con las disposiciones del real decreto-ley aprobado en el Consejo de Ministros y aún pendiente de ser convalidado en el Congreso desde su fecha de publicación en el BOE, pudiendo enfrentarse a multas de hasta 30 millones de euros si incumplen la nueva normativa.

Los operadores deberán cumplir con una serie de obligaciones para reducir los riesgos y garantizar la seguridad en el diseño y las actividades de investigación y explotación de hidrocarburos en el mar. Entre estas obligaciones, figura la elaboración de un informe sobre riesgos de accidentes graves, actualizado para cada una de las instalaciones, en el que se contará con la participación de los trabajadores. Asimismo, los operadores o propietarios elaborarán planes internos de emergencia que incluirán un análisis de la eficacia de la respuesta ante derrames de hidrocarburos y reflejarán las medidas dirigidas a prevenir el agravamiento o a limitar las consecuencias de un accidente.

La norma recoge la creación de la Autoridad Competente para la Seguridad en las Operaciones Marinas en materia de hidrocarburos (ACSOM), cuya función esencial será garantizar que la explotación de hidrocarburos se realiza con la máxima seguridad, y que contará con amplios poderes para prohibir los trabajos si las medidas propuestas por el operador en lo relativo a la seguridad de las instalaciones o de las operaciones se consideran insuficientes, así como para oponerse al otorgamiento de un permiso de investigación o de una concesión de explotación si considera que el solicitante no cuenta con capacidad técnica y económica suficiente.

Los operadores en medio marino y los propietarios deberán proporcionar a ACSOM los medios logísticos necesarios para desarrollar sus funciones y deberán elaborar una política corporativa de prevención de accidentes graves y aplicarla en todas sus operaciones en el medio marítimo, incluyendo mecanismos de seguimiento apropiados para garantizar su eficacia. Por otra parte, el texto exige que un tercero independiente al operador verifique todos los elementos críticos para la seguridad del operador, quien deberá responder al dictamen de este verificador independiente y ponerlo a disposición de ACSOM. Asimismo, la Administración General del Estado elaborará un plan de emergencia externo en el que se especificará las obligaciones financieras de los titulares.

Otro de los requerimientos que se exige a los operadores y a los propietarios es que someterán periódicamente a prueba su grado de preparación para responder de forma eficaz en caso de accidente grave y participarán en ejercicios y simulaciones de situaciones de emergencia, con el fin de evaluar su competencia. Por último, se establece la publicación de informes e información sobre el desarrollo de estas actividades que estarán públicamente disponibles, en línea con las políticas de transparencia del Gobierno.

Este real decreto-ley traspone la directiva 2013/30/UE del 12 de junio de 2013 sobre la seguridad de las operaciones relativas al petróleo y al gas mar adentro, que debería haberse aplicado al ordenamiento interno antes de julio de 2015. Según explica el texto, su aprobación urgente trata de cerrar los procedimientos de infracción abiertos por la demora y evitar así la imposición de sanciones económicas a España. Desde su convalidación, y en un máximo de tres meses, el Ministerio de Energía aprobará un real decreto que desarrolle lo dispuesto en este real decreto-ley, que entrará en vigor el día de su publicación en el BOE.

En el caso de que los operadores y titulares de las explotaciones de hidrocarburos en el mar incumplan las obligaciones dispuestas en la norma, el texto establece una serie de sanciones económicas que deberán afrontar en función de factores como el peligro resultante para la salud de las personas, la seguridad de las cosas y el medio ambiente, la importancia del daño causado, el grado de participación y el beneficio obtenido, la intencionalidad en la comisión de la infracción y la reiteración de la infracción.

De esta manera, se establecen multas de hasta 600.000 euros en el caso de infracciones leves, de hasta seis millones de euros para infracciones graves y de hasta 30 millones cuando se produzcan infracciones muy graves de la norma. Además, cuando a consecuencia de la infracción el operador obtenga un beneficio cuantificable, la sanción económica podrá alcanzar hasta el doble de este beneficio obtenido, incluso si se superan los límites máximos establecidos. Una infracción muy grave podrá conllevar la extinción de los permisos y concesiones.

El Gobierno establece normas adicionales para la seguridad de las explotaciones de hidrocarburos en el mar

Europa Press.- El Consejo de Ministros ha aprobado un real decreto-ley con el objetivo de garantizar la seguridad del diseño y de las actividades de investigación y exploración de hidrocarburos en el medio marino. En concreto, el real-decreto ley, por el que se traspone la directiva 2013/30/UE sobre la seguridad de las operaciones relativas al petróleo y al gas mar adentro, establece una batería de obligaciones a los operadores para la reducción sistemática de los riesgos.

Entre estas obligaciones figuran la elaboración de un informe sobre riesgos de accidentes graves actualizado en el que se contará con los trabajadores. Asimismo, se exige que un tercero independiente al operador verifique todos los elementos críticos para la seguridad del operador. Asimismo, la norma recoge la creación de la Autoridad Competente para la Seguridad en las Operaciones Marinas en materia de hidrocarburos (ACSOM), cuya función esencial será garantizar que la explotación de hidrocarburos se realiza con la máxima seguridad. Entre sus funciones, destaca las de supervisión, inspección, cooperación en investigaciones, instrucción de expedientes sancionadores.

Este real decreto-ley dota a la ACSOM de amplios poderes para poder cumplir su función con eficacia y así podrá paralizar o prohibir los trabajos si las medidas propuestas por el operador en lo relativo a la seguridad de las instalaciones o de las operaciones se consideran insuficientes, según indicó el Ministerio de Energía. La ACSOM también puede oponerse al otorgamiento de un permiso de investigación o de una concesión de explotación si considera que el solicitante no cuenta con capacidad técnica y económica suficiente.

El Ministerio de Fomento, en cooperación con todos los agentes y administraciones implicados, elaborará un plan externo de emergencia que abarcará el conjunto de instalaciones en medio marino, donde se especificará el cometido y las obligaciones financieras de los concesionarios y los operadores. Además, se organizarán periódicamente ejercicios y simulaciones de situaciones de emergencia. Por último, se establece la publicación de informes e información sobre estas actividades que estarán públicamente disponibles, en línea con las políticas de transparencia del Gobierno.