Gran Canaria, Fuerteventura y Lanzarote contarán con un sistema eléctrico interconectado en 2020

De esta manera, declaró que en la actualidad se está trabajando en una regulación singular para todos los regímenes extrapeninsulares e insulares -Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla-.

«No sólo hablamos de energía eólica, hablamos del conjunto del sector eléctrico porque las especifidades que hay en los sistemas extrapeninsulares fundamentalmente vienen dadas porque son sistemas eléctricos independientes», dijo en declaraciones a los medios.

En este sentido, recordó que en Canarias la única interconexión es la que existente entre Fuerteventura y Lanzarote. «Es verdad -agregó- que en la planificación prevista para 2020 tenemos previsto con Red Eléctrica que haya una interconexión entre Gran Canaria y Lanzarote y Fuerteventura para que queden interconectadas al menos tres islas«.

Respecto al estado de las conversaciones para llegar a esta regulación singular, apuntó que la última reunión tuvo lugar en diciembre entre la Secretaría de Estado de Energía y el Gobierno canario «y a lo largo de las próximas semanas y meses se van a acelerar -las negociaciones-, aunque no sólo con Canarias, sino también con Ceuta, Melilla y las Islas Baleares«.

El Gobierno canario contrata a Endesa su electricidad, con 2 años sin subidas

El Gobierno canario ha adjudicado a Endesa el suministro de electricidad a todas sus oficinas e instalaciones, mediante un contrato que le «blinda» de posibles subidas en las tarifas durante los dos próximos años, según ha anunciado la Consejería de Economía y Hacienda.

El contrato tiene un coste de 3,1 millones de euros en cada uno de sus dos años de vigencia e incorpora los diversos puntos de consumo de la administración autonómica que hasta ahora permanecían con contratación independiente.

«Además de futuras subidas de precios, esta adjudicación evitará el sobrecoste del 20% de penalización que aplican las compañías en la factura eléctrica al incluirse todos los suministros de la comunidad autónoma dentro del mercado liberalizado«, asegura la Consejería, en un comunicado.

El director general de Patrimonio y Contratación del Gobierno canario, Abel Morales, explica que la decisión de centralizar todo el suministro eléctrico en un solo contrato cumple el objetivo de que las compañías «vean a la comunidad autónoma como un gran cliente y no como un gran número de pequeños consumidores, logrando con ello condiciones más ventajosas para la administración«.

La Comunidad de Madrid facilita la instalación de algo más de 350 proyectos de energías renovables

Este plan de ayudas se puso en marcha hace un año, a través del convenio de colaboración suscrito con la Asociación de Empresarios de Fontanería, Saneamiento, Gas, Calefacción, Climatización, Mantenimiento, Electricidad y Afines de Madrid (Asefosam).

Según ha informado el Gobierno autonómico, el desarrollo de este plan tiene como objetivo reducir el uso de combustibles fósiles, favoreciendo así el ahorro de energía y dinero y la reducción de las emisiones de CO2 a la atmósfera.

A dicho plan se han podido acoger las instalaciones realizadas tanto en comunidades de propietarios como en fincas de propiedad particular, comunidades de bienes y empresas o edificios del sector terciario.

La Junta de Castilla y León tratará el próximo lunes en el Ministerio de Industria la situación de Garoña

En declaraciones a los medios de comunicación durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, celebrado este jueves en las Cortes regionales al coincidir con el Pleno, De Santiago-Juárez ha apuntado que, por un lado, Villanueva mantendrá este encuentro en el Ministerio y, por otro, el presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, acudirá también a la capital de España para participar en una «reunión» sobre automoción, de la que se aportará más información próximamente.

En cambio, el portavoz ha dado detalles sobre el encuentro en el que participará Villanueva y ha recalcado que la Junta reiterará su postura con respecto a ambas problemáticas. En el caso de la central nuclear burgalesa ha recalcado que el Gobierno de Castilla y León no ha variado su posición ya que, ha aseverado, defendió la continuidad de la planta «en tiempos difíciles, incluso después del accidente nuclear de Japón».

De Santiago-Juárez ha insistido en que la Junta considera «una grave frivolidad» que la empresa titular de la central no solicitase la renovación de la actividad y ni siquiera accediese a ampliar el plazo existente para dicho trámite.

Así, ha incidido en que el Gobierno no entiende ni considera correcta la actuación de la empresa, con la que, ha añadido, se han mantenido contactos en las últimas semanas en los que se ha dejado claro el «disgusto» de la Junta de Castilla y León con sus acciones. De hecho, ha apostillado que se han sentido «engañados» después de defender la continuidad de la central «en todo momento».

Del mismo modo, ha recordado que el Consejo de Seguridad Nuclear decretó en sus informes que Garoña es una central «segura» y que «muchas instituciones defendían su continuidad» unos años después de que el ex presidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero diera pasos para el cierre de las instalaciones en lo que De Santiago-Juárez ha vuelto a definir como «frivolidad».

Por otro lado, ha apuntado que espera que en la reunión del próximo lunes se pueda conocer el resultado de las conversaciones entre el Gobierno de España y la empresa Nuclenor y comprobar si se pone en marcha definitivamente el plan de cierre de las instalaciones. Una vez se concrete este término, ha abogado por abordar la flexibilización del denominado ‘Plan Garoña’.

La Junta de Castilla y León tratará el próximo lunes en el Ministerio de Industria la situación de Garoña

En declaraciones a los medios de comunicación durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, celebrado este jueves en las Cortes regionales al coincidir con el Pleno, De Santiago-Juárez ha apuntado que, por un lado, Villanueva mantendrá este encuentro en el Ministerio y, por otro, el presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, acudirá también a la capital de España para participar en una «reunión» sobre automoción, de la que se aportará más información próximamente.

En cambio, el portavoz ha dado detalles sobre el encuentro en el que participará Villanueva y ha recalcado que la Junta reiterará su postura con respecto a ambas problemáticas. En el caso de la central nuclear burgalesa ha recalcado que el Gobierno de Castilla y León no ha variado su posición ya que, ha aseverado, defendió la continuidad de la planta «en tiempos difíciles, incluso después del accidente nuclear de Japón».

De Santiago-Juárez ha insistido en que la Junta considera «una grave frivolidad» que la empresa titular de la central no solicitase la renovación de la actividad y ni siquiera accediese a ampliar el plazo existente para dicho trámite.

Así, ha incidido en que el Gobierno no entiende ni considera correcta la actuación de la empresa, con la que, ha añadido, se han mantenido contactos en las últimas semanas en los que se ha dejado claro el «disgusto» de la Junta de Castilla y León con sus acciones. De hecho, ha apostillado que se han sentido «engañados» después de defender la continuidad de la central «en todo momento».

Del mismo modo, ha recordado que el Consejo de Seguridad Nuclear decretó en sus informes que Garoña es una central «segura» y que «muchas instituciones defendían su continuidad» unos años después de que el ex presidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero diera pasos para el cierre de las instalaciones en lo que De Santiago-Juárez ha vuelto a definir como «frivolidad».

Por otro lado, ha apuntado que espera que en la reunión del próximo lunes se pueda conocer el resultado de las conversaciones entre el Gobierno de España y la empresa Nuclenor y comprobar si se pone en marcha definitivamente el plan de cierre de las instalaciones. Una vez se concrete este término, ha abogado por abordar la flexibilización del denominado ‘Plan Garoña’.

Cantabria estudia fórmulas legales para prohibir el ‘fracking’ para la obtención de gas en la región

Así lo ha anunciado en rueda de prensa el presidente de Cantabria, Ignacio Diego, quien ha explicado que en el Consejo de Gobierno celebrado este jueves se llegó al acuerdo de rechazar el uso del fracking en la comunidad autónoma, tanto en su vertiente de investigación como en la propia de extracción de gas no convencional.

En este mismo foro, el jefe del Ejecutivo regional «dio instrucciones» a las consejerías con competencias en la materia -la de Medio Ambiente Ordenación del Territorio y Urbanismo; la de Industria, y la de Presidencia y Justicia- para estudiar acciones para prohibir el uso de esta técnica.

Diego ha explicado que se buscarán las fórmulas legales adecuadas para evitar que dicha prohibición conlleve un coste económico para el Gobierno de Cantabria debido a que ya hay permisos concedidos -cinco por el anterior Gobierno de España (PSOE) y uno por el bipartito PRC-PSOE.

El presidente de Cantabria ha señalado que «probablemente» se intentará «blindar» esta prohibición a través de una iniciativa parlamentaria, que puede articularse con un decreto o una ley u otra fórmula, que podría llevar una moratoria o bien ser un acuerdo definitivo.

Cantabria estudia fórmulas legales para prohibir el ‘fracking’ para la obtención de gas en la región

Así lo ha anunciado en rueda de prensa el presidente de Cantabria, Ignacio Diego, quien ha explicado que en el Consejo de Gobierno celebrado este jueves se llegó al acuerdo de rechazar el uso del fracking en la comunidad autónoma, tanto en su vertiente de investigación como en la propia de extracción de gas no convencional.

En este mismo foro, el jefe del Ejecutivo regional «dio instrucciones» a las consejerías con competencias en la materia -la de Medio Ambiente Ordenación del Territorio y Urbanismo; la de Industria, y la de Presidencia y Justicia- para estudiar acciones para prohibir el uso de esta técnica.

Diego ha explicado que se buscarán las fórmulas legales adecuadas para evitar que dicha prohibición conlleve un coste económico para el Gobierno de Cantabria debido a que ya hay permisos concedidos -cinco por el anterior Gobierno de España (PSOE) y uno por el bipartito PRC-PSOE.

El presidente de Cantabria ha señalado que «probablemente» se intentará «blindar» esta prohibición a través de una iniciativa parlamentaria, que puede articularse con un decreto o una ley u otra fórmula, que podría llevar una moratoria o bien ser un acuerdo definitivo.

El Principado de Asturias tramita un expediente sancionador a Hidrocantábrico por verter fuel de la Central Térmica de Aboño

Según ha informado el gobierno regional, la actuación tiene lugar tras resolverse el expediente informativo inicial, que fue incoado en la Consejería de Fomento el mismo día del accidente con el fin de conocer las causas y circunstancias del suceso.

En la providencia de inicio del procedimiento sancionador, que ya ha sido notificada a la empresa, se recoge un doble incumplimiento de la Autorización Ambiental Integrada de esta Central Térmica. En concreto, se constata que se incumplió la calidad del vertido fijada en la autorización ambiental integrada, puesto que se vertieron restos de fuel procedentes de un derrame.

Asimismo, se incumplió lo dispuesto en la autorización en lo que se refiere a la obligatoriedad de mantener separadas las redes de aguas pluviales y de aguas de refrigeración. De hecho, el vertido se produjo porque la red de aguas pluviales, que en su funcionamiento normal lleva sus aguas a la estación depuradora de aguas residuales industriales, estaba conectada a través de una arqueta con la conducción de aguas de refrigeración del grupo II de la térmica, según parece de forma accidental y sin conocimiento de los responsables de la empresa.

Por otra parte, la Consejería ya ha requerido también a la empresa la elaboración urgente de un Programa de medidas de recuperación y restauración ambiental, de conformidad con la legislación ambiental que resulta de aplicación, y que deberá basarse en una evaluación exhaustiva del daño ocasionado.

En este sentido y como paso previo al Programa de recuperación ambiental, la Consejería de Fomento, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente ha enviado un requerimiento a Hidrocantábrico en el que le pide información exhaustiva sobre el suceso, necesaria para determinar la significatividad del daño ambiental ocasionado.

Esta memoria, que tiene que ser entregada a la Administración en un plazo máximo de 15 días, deberá incluir contenidos como una descripción del estado básico de la zona afectada, la identificación de los recursos naturales y servicios afectados, los umbrales de toxicidad y la cuantificación del daño. También deberá recoger una evaluación de los daños así como los objetivos y las posibles técnicas de reparación primaria que se deban aplicar.

Extremadura traslada al Gobierno su «no conformidad» con siete puntos de la propuesta de la DIA negativa para la Refinería Balboa

El Gobierno de Extremadura ha trasladado al Gobierno central un documento en el que manifiesta su «no conformidad» con siete puntos de la propuesta ministerial de Declaración de Impacto Ambiental (DIA) negativa para la Refinería Balboa.

Los siete puntos aluden a la modificación del proyecto para lograr ‘vertido cero’; a la generación de residuos peligrosos; a la generación de olores; a la afección de la Vía de la Plata; a la eficiencia energética; al impacto socioeconómico; y a los efectos transfronterizos.

«La conclusión final de este informe -que fue remitido el pasado lunes al Gobierno central- es que consideramos que ninguno de estos siete puntos justifican la inviabilidad ambiental de este proyecto empresarial«, ha añadido Echávarri en rueda de prensa, quien ha apuntado que también solicitan al Ejecutivo central que «se tengan en cuenta estas discrepancias a la hora de aprobar la DIA definitiva».

El consejero ha explicado que el documento remitido este lunes al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente es «eminentemente técnico», y en él se analizan los siete puntos de la propuesta que afectan a Extremadura y, «sobre éstos, son los que exclusivamente» se va a pronunciar el Gobierno de Extremadura.

Dicho documento de alegaciones ha estado elaborado conjuntamente por las direcciones generales de Medio Ambiente, Patrimonio Cultural, Incentivos Agroindustriales y Ordenación Industrial y Comercio del Ejecutivo extremeño.

«Se trata en suma de expresar nuestra no conformidad con la Declaración de Impacto Ambiental negativa en todo aquello que afecta exclusivamente a Extremadura», ha reiterado.

Preguntado el consejero por la confianza que tiene en que las alegaciones presentadas por el Gobierno de Extremadura pudieran cambiar el sentido final de la DIA, en base a la propuesta negativa, Echávarri ha indicado que la «confianza es la que hay».

«La confianza es que, lo he dicho muy claramente, los siete puntos estos, que dice el ministerio que afectan a Extremadura, técnicamente no hay ningún impedimento medioambiental para que prosperen», ha dicho.

En este punto, ha recordado el «grueso de alegaciones muy importante» que son las que «afectan a Andalucía» y ha dicho que esta comunidad tiene «su importancia» en la decisión final, al tiempo que ha destacado el carácter «técnico» de dicha decisión.

Respecto al primero de los siete puntos, denominado por la consejería modificación del proyecto para lograr ‘vertido cero’, Echávarri ha indicado que «aunque no queda garantizada la consecución del vertido cero durante la actividad de la refinería», el Gobierno de Extremadura considera que «se podría haber evaluado el impacto ambiental de un nuevo vertido de aguas residuales, mejorado respecto al proyecto inicial y con una planta de tratamiento de efluentes líquidos con el objetivo de minimizar el vertido de aguas residuales y maximizar la reutilización de las mismas».

Sobre la generación de residuos peligrosos, el responsable autonómico ha indicado que «en contra de lo que afirma la propuesta de Declaración Integral de la DIA, no queda evidenciado un incumplimiento del objetivo de minimización de generación de residuos».

«Consideramos que genera los residuos peligrosos habituales en este tipo de instalaciones y que se ha apostado por unas instalaciones para su eliminación que responden al principio de proximidad», ha añadido.

En el tercer de los puntos, el concerniente a la generación de olores, los técnicos concluyen que el ministerio «podría haber solicitado al promotor del proyecto que completase su estudio de generación de olores».

Pero en cualquier caso, indica Echávarri, y dada las características de la planta, «se puede esperar que esta afección sea la mínima dentro de lo habitual para este tipo de instalaciones».

En cuanto a la afección a la Vía de la Plata, la Dirección General de Patrimonio Cultura del Gobierno de Extremadura ya presentó en su momento, ha recordado, las «alegaciones oportunas» a este respecto.

«Se estima que el proyecto de la refinería tendría un efecto negativo pero asumible, si se contemplan entre las inversiones del proyecto ciertas medidas correctoras», ha sostenido durante su intervención.

Respecto a la eficiencia energética, el consejero extremeño ha indicado que en los datos que incluye la propuesta de DIA negativa «no queda suficientemente evidenciado que la Refinería Balboa y sus infraestructuras asociadas conlleven un incremento del consumo energético, que resulte incompatible con las obligaciones derivadas de la política de fomento del ahorro y eficiencia energética».

Sobre el impacto socioeconómico, en lo que respecta a la afección sobre el entorno de la refinería y, en particular, a los cultivos agrícolas, Echávarri ha apuntado que los datos aportados señalan que «no se prevé que los cultivos agrícolas vayan a ser afectados por las emisiones de concentración en la atmósfera».

En cuanto a su impacto sobre el empleo de la zona, el consejero ha considerado que «habría resultado preciso» requerir al empresario una actualización de estos datos, porque cree «razonable» que, análisis realizados en 2007, «no se corresponden con la coyuntura socioeconómica» actual.

Y, finalmente, sobre los efectos transfornterizos, el responsable autonómico ha puesto de relevancia que Portugal ha manifestado su «inquietud» por el «posible impacto» que pudiera tener el proyecto, en concreto sobre las aguas del río Guadiana y el embalse de Alqueva, debido a un «hipotético vertido de efluentes procedentes de la refinería».

En esta línea, el consejero ha explicado que, de llevarse a cabo las actuaciones indicadas por los técnicos en el punto 1 (Modificación del proyecto para lograr vertido cero), los posibles riesgos de vertidos que afecten a territorio portugués quedarían «solventados».

Preguntado sobre los plazos que podría tener la DIA definitiva, el consejero ha explicado que, una vez recibidas las alegaciones del Gobierno de Extremadura, se abre un plazo de 30 días en que se crea un grupo mixto de trabajo conformado por miembros de la Dirección General de Medio Ambiente y del propio ministerio para estudiar si con las observaciones que ha hecho Extremadura «se puede considerar cambiar la DIA» o «no».

Una vez transcurrido este periodo de 30 días, el ministerio dictará la resolución definitiva que tendrá que ser remitida al Ministerio de Industria y a la Dirección General de Medio Ambiente.

«En ese momento, la comunidad autónoma, independientemente de lo que diga la DIA, si es positiva o negativa, abre un procedimiento para la tramitación de esa autorización ambiental integrada», ha apuntado.

Así ha explicado que la Dirección de Medio Ambiente debe abrir un periodo de audiencia para todas las personas y entidades que se han interesado por este proyecto, y que el consejero estimó en unas 8.000 entre personas físicas y entidades.

Completado este proceso, la Dirección General emite una propuesta de resolución de esa autorización ambiental integrada que debe «obligatoriamente», porque es «vinculante», «al incorporar la DIA ser en el sentido que diga la DIA».

Canarias buscará la sostenibilidad y eficiencia de hospitales y colegios mediante un proyecto del IDAE

En un comunicado, el Ejecutivo regional explicó que Luengo ha subrayado que «esta medida, en la línea de actuaciones de esta Viceconsejería, no supondrá coste alguno para el Gobierno de Canarias, pues será financiada por el Banco Europeo de Inversiones».

«Es una buena medida porque, además de generar economía y trabajo –los proyectos serán ejecutados por empresas locales– se reducirá el coste de la factura eléctrica de estos centros y al mismo tiempo serán eficientes energéticamente», dijo.

Por último, insistió en que el principio básico de la sostenibilidad está en el ahorro energético, mientras concluyó que este tipo de iniciativas dan pasos a favor de las políticas que defiende su área.

Soria no ve justificada la alarma en Canarias tras la supresión de las primas a las plantas renovables

Minutos antes de comenzar en Santa Cruz de Tenerife una junta de la directiva insular del PP de carácter extraordinario, José Manuel Soria quiso dejar claro que «quien quiera montar un huerto fotovoltaico, una planta termosolar o un parque eólico en España no va a tener ningún tipo de impedimento» a pesar de la decisión del Consejo de Ministros. Es más, aseguró que el Ministerio de Industria y Energía «está recibiendo peticiones por parte de algunas empresas que quieren desarrollar este tipo de energías sin ningún tipo de ayuda, subsidio o prima».

El ministro Soria entendió que el Ejecutivo canario «está perfectamente legitimado para defender sus intereses», pero incidió en que el Gobierno de España «tiene que defender el interés general». «Si el Gobierno que preside Paulino Rivero quiere defender un interés particular, está en su perfecto derecho», agregó.

Ahora bien, quiso señalar que el artículo 3, párrafo 3, del Real Decreto que limita las preasignaciones en materia de energías renovables prevé que puede haber excepciones a este Decreto. De hecho, una de las que está estudiando el Ministerio de Industria y Energía hace referencia a Canarias porque, tal y como indicó José Manuel Soria, es «el único lugar de España que tiene seis sistemas eléctricos distintos».

Además, recordó que en Canarias, por el número de horas de sol y por la intensidad del viento, la producción de energía con este tipo de fuentes es desde el punto de vista del coste más barato que hacerlo con energías convencionales.

«Por tanto, en Canarias se da una situación distinta que requiere un trato diferente no porque haya un trato de favor o de privilegio, sino porque existe una situación del sistema eléctrico que nada tiene que ver con el de la Península«, insistió el ministro, quien informó, además, de que la Dirección General de Política Energética y Minas ya está trabajando en introducir en el Real Decreto una excepcionalidad para Canarias.

Canarias demandará una situación singular en las islas para las renovables

Por su parte, la consejera de Empleo, Industria y Comercio del Gobierno de Canarias, Margarita Ramos, informó que el Ejecutivo canario demandará al Ministerio de Industria, Energía y Turismo el reconocimiento de una situación singular en las islas para la producción de energías renovables, tras la suspensión temporal de primas a estas instalaciones.

«Hemos decidido convocar de manera urgente al Comité de Expertos de Energía para que contribuya a elaborar una propuesta de la Comunidad que dé respuesta al impacto negativo que tiene para Canarias la aplicación generalizada del Real Decreto Ley por el que suprimen los incentivos a la incorporación de energías renovables al sistema eléctrico y a la producción con renovables», dijo.

En este sentido, Ramos anunció que el Gobierno de Canarias demandará al Ejecutivo central y al Ministerio de Industria el reconocimiento de una situación singular para las islas, así como una retribución singularizada de las energías renovables en el archipiélago.

Aquí, la consejera aseguró que producir con renovables en Canarias es más barato que hacerlo con energía convencional. «Producir con energía convencional –dijo– supone una retribución de 20 céntimos por kilowatio hora (KW/h), hacerlo con energía fotovoltaica supone una retribución de 14 céntimos por KW/h y hacerlo con energía eólica supone solo una retribución de 7 céntimos por KW/h».

Ramos entendió que si el objetivo es contribuir a disminuir el déficit tarifario con estas medidas, en las islas ocurre todo lo contrario, ya que existe un sobrecoste que pagan todos los consumidores por producir energía convencional.

«De lo que se trata es de poner cifras, datos y números objetivos que pongan sobre la mesa que en Canarias lo más competitivo es producir con renovables«, matizó.

Además, hizo especial hincapié en que el Real Decreto ya produjo incertidumbre y desconfianza en múltiples proyectos de inversión energética en las islas que ya están en marcha o que iban a iniciarse.

De esta manera, señaló que es «urgente» que el Gobierno de Canarias entre en contacto con el Ministerio y con los órganos correspondientes para que esta situación se remonte y cambie «lo antes posible».

«No podemos perder este tren. Producir con renovables teniendo agua, viento y sol es más competitivo. Podemos ser líderes en generación con energías de origen renovable», concluyó.

Soria reactivará decreto de prospecciones en cuanto oiga organismos canarios

Soria también expresó su intención de «reactivar» el Real Decreto sobre las prospecciones petrolíferas en las cercanías de Lanzarote y Fuerteventura una vez haya finalizado el período de audiencia con algunas instituciones de las islas.

El ministro dijo que, en cuanto finalice este período, el Ministerio tiene «la voluntad y la idea» de reactivar este proyecto.

Añadió Soria además que el Real Decreto en cuestión «lo dejó preparado un ministro socialista», en alusión a José Montilla, pero no pudo llevarlo al Consejo de Ministros por la negativa del anterior presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero.