Canarias demanda seguir teniendo la última palabra para autorizar proyectos de generación eléctrica

El Ejecutivo canario demanda así que el informe de compatibilidad que introduce el proyecto de ley, a través del cual será el Ministerio de Industria, Energía y Turismo el que decidirá qué empresas se instalarán en las islas, sea eliminado, porque «vacía» las competencias autonómicas, según explica en un comunicado.

La consejera del área, Francisca Luengo, tiene previsto entrevistarse en Madrid con los responsables del Ministerio de Industria para argumentar las enmiendas que propone Canarias.

En general, las modificaciones al proyecto de ley que sugiere giran en torno a cuatro objetivos: la garantía del suministro, participación y competencias de las comunidades autónomas, retribución económica y fomento de las energías renovables.

Sobre la garantía del suministro, el Ejecutivo canario solicita que se supriman o modifiquen los límites para impulsar nuevos proyectos de generación a las empresas que ya tienen una cuota superior al 40% -en el caso de las islas, Endesa-, porque considera que existe la posibilidad de que no entren otras en el mercado.

En este sentido, advierte de que, además de quedar paralizadas las inversiones, se podrían dar situaciones de «riesgo del suministro» que son «innecesarias», dado que la producción de energía ya está liberalizada.

En relación a la participación de las comunidades autónomas, Canarias propone desplegar mecanismos de colaboración interinstitucional como, por ejemplo, que en el desarrollo reglamentario de la propia ley sea oída la autonomía.

Siete son las enmiendas propuestas en esta línea, que persiguen asegurar el respeto de las competencias normativas y ejecutivas de Canarias, precisa el Gobierno autonómico.

Respecto a la retribución económica, se plantea una enmienda que busca corregir una situación que, «de partida, es injusta».

El Ejecutivo canario propone utilizar como referencia para pagar la producción de energía eléctrica a las empresas un coste medio adecuado a la realidad energética del archipiélago y no como en el modelo ahora vigente, que toma como referencia el precio de generación eléctrica en la península.

En cuanto al fomento de las renovables, el Ejecutivo canario propone una enmienda para que las energías de régimen especial sigan teniendo prioridad frente a las del ordinario, de modo que en la ley quede fijada «la apuesta clara por las renovables».

Sobre la titularidad de los bombeos, que el Ministerio quiere transferir obligatoriamente desde sus actuales propietarios a Red Eléctrica, el informe de las enmiendas de Canarias mantiene el criterio de la comisión técnica, consistente en que le era indiferente la titularidad de los mismos.

Por último, el documento entregado en el Ministerio incluye mejoras técnicas, como establecer el propio objeto de la ley o definir qué se entiende por sistemas eléctricos insulares y extrapeninsulares.

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