Y las tarifas lololailo, lailo

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Forma parte de lo tradicional de estas fechas, como los villancicos, la lotería de Navidad o la del niño. En primer lugar, la presentación de las subidas de precios, tasas y tarifas de los servicios de transporte, postales y un largo etcétera (esto es una redundancia criticable) a principios de año. Fundamentalmente se trata de subidas que tienen la consideración de lo que se denomina precios públicos y están determinados por una autoridad competente, estatal, autonómica o local. También, es el momento en que se producen las modificaciones en las tarifas de los impuestos y tributos, estatales y locales. Son subidas que tienen una consideración de política, y si no, pueden comprobar primero el escándalo y luego el espectáculo que ha tenido lugar en Salamanca.

Por eso, en el caso de las tarifas eléctricas, que es el precio por el suministro energético, como es la venta de carburantes, tiene algo de extravagante, esta consideración de precio público, de precio intervenible. Y como esta naturaleza o costumbre perdura a través de los tiempos; que el Estado mantenga la potestad de fijar las tarifas eléctricas y las considere una fórmula actual procedente de figuras franquistas como la Junta Superior de Precios.

Si atendemos a lo que recogen los medios de comunicación, lo primero que hay que señalar es como las tarifas eléctricas en nuestro país, han subido menos que la mayor parte que los transportes públicos de cualquier ciudad española. Menos que el gas, menos que los servicios postales o menos que el bono bus. Y, como todo el mundo sabe, la no subida de las tarifas eléctricas a lo que son sus costes, sigue generando un importante y abultado déficit tarifario. Sigue generando deuda para generaciones futuras. Sigue generando sus correspondientes intereses. De forma que este año, la tarifa ya cuenta con un 6% de devolución de déficit pasados (es decir nuestra factura ya contiene un ingrediente financiero del pasado en un peso que empieza a ser muy relevante). Al final de esta legislatura nos encontramos con una herencia de 14.000 millones de euros, regalo de los Reyes Magos a los consumidores futuros y a nuestros tiernos infantes.

En el caso de las tarifas eléctricas, tal y como se puede apreciar en esta campaña de principio de año, hay una indiferenciación peligrosa. En los titulares se presenta una mezcla informativa interesada: hay medios que dicen que la electricidad sube un 4% y que está por encima de la inflación, hay medios que destacan que sube y, por tanto, contribuye al estado de escándalo de esta época del año. O que sube por encima de la cifra ‘recomendada’ por el gobierno del 2% (que es la deflación operada en la tarifa del IRPF y sus retenciones, siguiendo con una analogía no basada en un precio, sino en un impuesto). Cuando se entrevista a consumidores, a las sufridas ‘almas de casa’, aparecen escandalizadas por lo cara que está la vida y se incluye en este mismo saco la leche, la luz, el teléfono, los cafés y sus propinas.

Y también podemos apreciar una falta de explicaciones preocupantes. O mejor dicho una falta exasperante de preocupación por explicar bien lo que está pasando alrededor del consumo de energía en nuestro país y sus consecuencias teóricas sobre los precio, en una sociedad que ha decidido vivir en el limbo. Ni una sola referencia a que el barril de petróleo se ha situado en 100 euros y que gran parte de nuestro suministro energético (inclusive de la generación eléctrica) tiene que ver con el petróleo. Y muy poca información a la ciudadanía de que las tarifas están subvencionando el presente para castigar el futuro. Tarifas que provocan como todos los expertos, ecologistas y economistas unidos, que los consumidores hagan un uso ineficiente de la energía, por el mero hecho de que no tienen el incentivo de la realidad. Aunque se aludiera al carácter latino de nuestra forma de vivir para justificarlo, sería algo. Una especie de ‘carpe diem’ que se ha apodera de nuestra clase política en vísperas de elecciones, una unidad edificante.

Ahora, unido al electoralismo que nos invade, se une el temor reverencial a un fenómeno tristemente de moda, indómito y con un efecto devastador: la inflación que corroe las economías domésticas y la situación económica en general, con evidentes riesgos electorales. Este gobierno ha desperdiciado los mejores momentos en la situación de la inflación para haber realizado ajustes y ha permitido que este déficit crezca de forma incontrolada. Por otra parte, la situación internacional del crédito y las propias dudas que suscita la falta de seguridad jurídica y de estabilidad regulatoria se han precipitado para poder financiar el déficit tarifario de nuestro país, para seguir logrando quien nos preste. Y los costes de su financiación parece que se van a encarecer y mucho, vean el fracaso de la subasta del déficit ¡ex ante!.

Por eso, como en el retrato costumbrista de nuestra época, para todos los no agraciados por la tradicional lotería navideña, es la época de la salud. Y con las tarifas eléctricas, lololailo, lailo y mirar para otro lado. O sacar reales decretos ley y alterar la seguridad jurídica.

Gas e hidrocarburos se asoman a su espiral

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Si el año pasado en el ámbito del sector eléctrico recogíamos la conclusión de que 2007 había sido el año de la inseguridad jurídica, podemos hacer un repaso por los acontecimientos que, en el ámbito del sector del petróleo y el gas, han tenido lugar. Quizá el sector petrolero es el que mantiene actualmente una relación más estable con la regulación, lo que hace que este aspecto, el regulatorio en 2007, al menos en lo que se refiere a la administración estatal, no refleje grandes impactos.

En este sentido, el sector de los hidrocarburos se ha visto afectado fundamentalmente por una coyuntura de salto en los precios del petróleo, algo que tiene su continuidad en estos primeros días de 2008, alcanzando el récord y la cifra mágica de 100 dólares el barril. Una cifra nada tranquilizadora teniendo en cuenta la volatilidad de este sector, los riesgos geoestratégicos a los que está sometido y la situación de muchos de los países productores.

Esto no quiere decir que no hayan existido determinados movimientos en torno a las empresas de este sector en el año 2007: por una parte Cepsa y Repsol venden su participación en CLH, y Repsol a final de año es menos argentina, al vender parte de su filial YPF al millonario argentino Eskenazi con el plácet del gobierno del país andino. La situación en América Latina ha introducido incertudimbre en la petrolera, además de la evolución de sus resultados.

Por otra parte, tras su paso por el Consejo de la Comisión Nacional de Energía, queda pendiente la formulación final de la regulación de los incentivos a la comercialización de los biocarburantes. Una regulación que en su paso por la CNE ha revisado en profundidad estos mecanismos, fijando porcentajes mínimos separados para biodiesel y bioetanol y un porcentaje conjunto total para lograr los objetivos de consumo de biocombustibles. La propuesta inicial de Industria establecía un porcentaje semejante para bioetanol y biodiésel, con una penalización muy superior en caso de incumplimiento en el caso del bioetanol. Expertos y CNE han señalado que esta regulación, no contemplaba, en primer lugar, las dudas que siembran los propios informes recientemente aparecidos que cuestionan la eficiencia ambiental y económica de los biocarburantes, el parque de vehículos español cada vez más dieselizado, la estructura de la industria del refino de nuestro país y las transformaciones a realizar en el sector de la distribución de hidrocarburos.

En el ámbito del sector gasista, 2007 fue el año de Argelia en las relaciones internacionales poniendo en evidencia la ausencia de una diplomacia económica exterior en nuestro país. Las negociaciones con la empresa Sonatrach han dejado a Repsol y Gas Natural fuera del proyecto Gassi Touil. Sonatrach consiguió además, del Ministerio de Industria comercializar libremente en nuestro país, mientras ha estado renegociando los precios de sus actuales contratos de suministro. Y sigue abierta la situación societaria del consorcio Medgaz, dónde la presencia de Gas Natural está sometida a un baile de pasos adelante y hacia atrás

Esto no quiere decir que no hayan existido efectos desde el punto de vista regulatorio, en el sector gasista, más expuesto que el petrolífero a la técnica regulatoria de nuestro país, aunque menos que el eléctrico y las renovables. Por un lado, la retribución de los activos de transporte de gas, fue caballo de batalla a principio y a final de año, en medio del mar de fondo alrededor de una posible y cada vez menos disimulada operación de intentar unir Enagás y Red Eléctrica, como también apuntan los movimientos realizados por la SEPI, aumentando su participación en la primera.

Por otra parte, la figura del swicthing en el sector gasista, aparecida con la reforma de la ley de hidrocarburos, tampoco ha estado exenta de controversia, habiéndose dividido (casi contra el propio concepto legal y económico que vienen a desarrollar) esta actividad en dos: por una parte la actividad gasista, y por el resto el suministro a los grupos de ciclo combinado en otro (empresas eléctricas).

Por su parte, sigue abierto el problema del sector de la distribución del butano, el eslabón más débil de la cadena, con subidas el precio de combustible orientadas a cubrir las elevaciones en el precio de producción, pero que miran hacia otro lado en lo que se refiere a un sector que está viviendo una transformación importante en los hábitos de consumo y en su demanda en nuestro país, y que requiere políticas regulatorias orientadas a su reconversión y actualización. Lo peor es que sus responsables sectoriales lo saben y la Administración no parece muy dispuesta a meterse en ningún fango, de forma que la patata caliente circula por todo Madrid.

Volviendo al principio. Con el petróleo a 100 euros y el gas referenciado al precio del petróleo, con una generación eléctrica cada vez más basada en los ciclos combinados, nuestros consumidores eléctricos viven en su previsión de IPC, ni siquiera en el IPC real. ¿Cómo afectará la teoría de los vasos comunicantes a esta coyuntura?. Todo está relacionado.

El crudo vuelve a los umbrales de su récord histórico pese a experimentar ligeras bajadas

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El precio del petróleo alcanzó la última semana del año los umbrales de su récord histórico, acercándose a la barrera psicológica de los 100 dólares en los mercados de futuros de Nueva York y Londres, pese a las ligeras bajas a última hora del viernes. El encarecimiento anual se sitúa así en torno al 60 por ciento, pues hacia el final del año pasado el barril de crudo se vendía en torno a los 60 dólares.

El temor a que la oferta de crudo sea demasiado ajustada en el futuro se agudizó esta semana al conocerse que las reservas almacenadas de esa materia prima en Estados Unidos descendieron más de lo esperado.

El conflicto armado en la frontera turco-iraquí, una explosión en un oleoducto de Nigeria y el asesinato de la líder opositora paquistaní Benazir Bhutto se conjugaron para formar cóctel de incertidumbres geopolíticas, que atizaron aún más las preocupaciones de los mercados.

El Petróleo Intermedio de Texas (WTI), de referencia en Estados Unidos, terminó la sesión de la Bolsa Mercantil de Nueva York (NYMEX) a 96 dólares por barril, lo que constituye un moderado descenso, ya que los contratos para entrega en febrero retrocedieron 62 centavos respecto a la sesión anterior, pero habían tocado un precio de 97,92 dólares.

El barril de WTI batió su último récord el pasado 21 de noviembre, cuando llegó a venderse a 99,29 dólares, si bien el récord al cierre de una sesión está en los 98,18 dólares, a los que acabó dos días más tarde.

La cotización del crudo Brent, el referente para Europa, cerró también a la baja en el mercado de futuros de Londres, donde el barril para entrega en febrero acabó en los 93,88 dólares, 90 centavos menos que al cierre de la jornada anterior, pero había subido desde los 92,46 dólares del viernes precedente.

Y el precio de la «canasta-OPEP«, un barril calculado en base a once calidades de crudo, subió 2,89 dólares -un 3,3 por ciento- en una semana, hasta situarse el jueves a 90,39 dólares, acortando la distancia que lo separa de su máximo histórico, de 91,91 dólares.

La sostenida subida de los precios del petróleo «está aumentando la presión sobre los gobiernos para reducir subsidios, sobre todo en los países en desarrollo de Asia«, destacó esta semana la consultora especializada PVM en un análisis del mercado energético.

Los expertos destacan que en China, cuyo crecimiento económico y hambre de energía han sido uno de los factores determinantes de la escalada del precio del crudo desde 2003, la tasa de inflación ha aumentado hasta el nivel más alto en los últimos 11 años. En consecuencia, el gobierno ha aumentado los precios de los combustibles y ofrece subsidios a las refinerías para cubrir las pérdidas, pero «persisten escaseces debido a que hay poco incentivo para que las refinerías produzcan más gasolina y diesel».

Así, en un contexto de ajustada relación entre la oferta y la demanda a nivel global, las noticias sobre conflictos que pueden afectar los suministros de crudo tienen de inmediato un fuerte impacto en los precios. La tensión se agudizó esta semana con las noticias cada vez más frecuentes de incursiones del Ejército turco en el norte de Irak para combatir supuestas posiciones del proscrito Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK).

El temor a interrupciones en el flujo de suministros de crudo desde el norte iraquí influyen en la escalada de los precios desde octubre, cuando el Parlamento de Ankara dio luz verde para operaciones transfronterizas del Ejército y con los bombardeos de las zonas del norte iraquí por los aviones de combate turcos.

Sin embargo, de momento no ha habido noticias de que los ataques hayan afectado las importantes ventas petroleras de Irak, como tampoco el brutal asesinato de Bhutto en Pakistán el pasado jueves afecta a ningún suministro de crudo, lo cual no impidió que los «petro-precios» reaccionaran claramente al alza a esta noticia.

Las reacciones son un reflejo del nerviosismo, pero también del ánimo especulador, de los operadores del mercado frente a la evolución futura de las cotizaciones ante un ambiente de incertidumbre geopolítica a nivel mundial.

Así, incluso el accidente ocurrido en la noche del martes al miércoles al explotar un conducto de combustible en las afueras de Lagos, en Nigeria -país miembros de la OPEP y primer productor africano de petróleo- tuvo también su impacto en los precios. A pesar de que el siniestro, en el que murieron al menos 42 personas, fue un accidente y no un atentado, recordó al mundo la precaria situación en la que se encuentra la industria petrolera en el Delta del Níger debido a los frecuentes ataques de grupos guerrilleros de la región.

El año de la inseguridad jurídica

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Casi paralelamente a que el nuevo equipo ministerial sustituyese al de la etapa Montilla, se estaban sentando las bases de lo que sería el año 2007 en el sector energético español. Un año en que se han acelerado o excedido la tendencia a la inestabilidad regulatoria en nuestro país, como paradigma de entender las relaciones entre la Administración y los sectores económicos. Cuestión además certificada por las empresas de análisis y ‘rating’ a nivel nacional e internacional, en todos sus informes, lo que debería ser motivo de sonrojo institucional.

Pocas cuestiones han quedado al margen de este movimiento de fondo que abarca, nada más y nada menos, que desde la demolición del sistema de mercado que establecía la Ley del Sector Eléctrico de 1998 (con la reciente Ley 17 y la aquiesciencia parlamentaria del Partido Popular, siendo casi lo único que pacta con este gobierno: las medidas para desliberalizar el sector energético) y la conversión de Red Eléctrica en transportista monopolista único. En ese mismo paso, comenzó el año con el largo proceso negociador en torno a las renovables, y sobre todo con un sector tan importante para nuestro país como el eólico, a partir de la necesidad de acabar con el R.D. 436/2004, suplantándolo con el R.D. 661/2007. Un proceso que dejaba en sus jirones la seguridad jurídica que definía el decreto anterior. De todas formas, tampoco las cosas iban a durar mucho en este sector de las energías renovables, por mucho que estuviese el propio presidente del Gobierno lanzando mensajes políticos muy evidentes en esta materia y en la lucha contra el cambio climático: el caso de la industria fotovoltaica empezaría ya en agosto en tener los primeros estertores y vía correcciones de errores aparecieron los primeros avisos en el Boletín Oficial del Estado modificando los períodos máximos para el cómputo de los objetivos de instalación que se establecían en el Plan de Energías Renovables (referencia a efectos de retribución de las mismas). Todo ello abocó a que ahora mismo se esté negociando un decreto para esta tecnología, desbordados por la realidad y acuciados por la falta de previsión.

Por otra parte, se continuó con el proceso de petrificación de las tarifas, con claros ánimos electoralistas (responsabilidad política, es como se llama ahora), pero no para todos por igual. En paralelo, el mercado liberalizado en el sector eléctrico continuó retrocediendo. Se eliminó la garantía de potencia como mecanismo que permitía contar con potencia disponible y para ahorrar unos dinerillos al déficit tarifario. En paralelo, no se ha implantado el sistema que lo sustituye, generando una situación de inseguridad jurídica (¡y de suministro!): si los agentes económicos actúan en función de lo regulado disminuye esa disponibilidad y existen riesgos de apagón por generación. Si se producen esos apagones por generación, desde las instancias oficiales se les sataniza, se les amedrenta, y se interpreta que es un ‘pulso’, no consecuencia de sus propios actos. En paralelo, las intentonas (y los logros) para lograr que el operador de sistema aumente su retribución y pueda aspirar a ‘ser más grande’ están encima de la mesa. El Ministerio de Industria, convertido en ‘el gran retribuidor’, que premia a los buenos, castiga a los malos. Desde el mes de enero de 2007 a diciembre, la evolución en Bolsa de las empresas eléctricas y de redes ha estado principalmente sujeta a decisiones de retribución del regulador, más que a ninguna otra cosa. ¿Es eso seguridad jurídica?

Por otra parte, el ‘invento’ del déficit tarifario ‘ex ante’, dudoso en la medida que orilla la necesidad de que las tarifas eléctricas recojan los costes, tecnología regulatoria española cien por cien, no logró que los mercados financieros confiasen en el nuevo mecanismo de las subastas operado por la Comisión Nacional de Energía y tutelado por el Ministerio de Industria, con un nulo apoyo desde las instancias económicas del Estado.

Finalmente, acabamos el año con el sector en pie de guerra con la promulgación de forma sorpresiva, de forma premeditada y alevosa de un Real Decreto Ley para instrumentar la detracción de la tarifa de los derechos de emisión asignados por el Ministerio de Medio Ambiente en el Plan Nacional de Asignaciones. Detracción además que se realiza sin ningún criterio, es decir, ‘a pachas’, contamine una instalación o no contamine, tenga derechos o no tenga. También, qué casualidad, con la abstención del Partido Popular, en otra medida de intervencionismo desproporcionado. También de forma subrepticia, a finales de julio, Industria aprueba la nueva regulación de los grandes consumidores (gestión de la demanda).

Si contamos con el enfrentamiento abierto con la Comisión Europea por estos asuntos y por la actuación de nuestro gobierno en la OPA de E.ON, no es éste balance edificante, eso es cierto. Sobre todo, porque más que cualquier cosa, los sectores económicos y los agentes privados precisan estabilidad regulatoria y seguridad jurídica. Un concepto que es un bien en sí mismo y cuyo contrario tiene su reflejo en la ausencia de inversión y en la desincentivación de los agentes económicos, algo que caracterizaba a nuestra economía y que está empezando a enseñar sus resultados fruto de esta política. La paradoja sería un regulador que no tuviera a quién regular.

Podría quedar la duda de si es un problema de carencia o de maldad. Carencia, es decir de insuficiencia de conocimientos regulatorios integrados, articulados con una perspectiva de mercado en lo técnico y en lo económico, de visión de comportamiento de los agentes económicos, de madurez para la relación entre la Administración y las empresas, de capacidad para valorar los efectos de la regulación, de rigor para realizar los informes previos y simulaciones necesarias antes de enarbolar el Boletín Oficial del Estado, en lugar de operar como los ‘perros de Pavlov’ regulatorios mediante la instantaneidad de la relación causa-efecto. Maldad, en el sentido de necesidad de intervencionismo, de satisfacción de necesidades de poder, de establecimiento de retos y de relaciones por ‘hormonas’ de voluntad expresa de acabar con el mercado, de introducir mecanismos estatales o paraestatales para el control de la actividad de los agentes económicos mediante una voluntad planificadora impropia de una economía occidental, europea y avanzada, introduciendo a los agentes empresariales en un sucursalismo sin precedentes o de entender la regulación como un sistema de control de rentas, más que de fijación de reglas del juego claras y predecibles no sujetas a la arbitrariedad.

A lo mejor es que son las dos cosas.

El petróleo vivió una semana de volatilidad antes del receso navideño

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Los precios internacionales del petróleo vivieron una semana de volatilidad en víspera del receso navideño debido al descenso de las reservas de crudo almacenado en Estados Unidos y otros datos económicos emitidos en ese país, el principal consumidor energético del planeta.

La noticia clave fue el miércoles la publicación del nivel de reservas de crudo de EEUU, que se encuentran un 8,7 por ciento por debajo de lo registrado en la misma fecha del año pasado, o sea, el nivel más bajo desde febrero de 2005. Las reservas disminuyeron en 7,6 millones de barriles durante la última semana, situándose en los 296,9 millones, una caída muy por encima de las expectativas.

Tras una semana de varias bajadas, el barril de petróleo de Texas (WTI) se encareció el viernes un 2,5 por ciento, para situarse nuevamente por encima de la marca de los 93 dólares por barril, con una cotización final de 93,31 dólares. Según los analistas, esa última subida se debió a los datos de consumo privado, divulgados en EEUU y que sugieren que la demanda de combustibles podría mantenerse elevada.

El precio del petróleo WTI terminó la semana en unos niveles que no alcanzaba desde el pasado día 12 y modificaba así la tendencia, en general bajista, que ha mostrado en las últimas semanas. El aumento coincidió con las subidas registradas en la Bolsa de Wall Street y la difusión de datos que indicaron que el consumo privado en EEUU subió en noviembre por encima de lo que se esperaba.

Los datos infundieron cierto optimismo a los inversores y también en los mercados petroleros, después de que las perspectivas de crecimiento de la economía estadounidense aparezcan más sombrías en los últimos meses, debido a la crisis crediticia y en el sector de la vivienda, entre otros factores.

Algunos analistas mencionaron también que en estos días previos a las festividades navideñas desciende el volumen de contratación en la Bolsa neoyorquina, lo que suele influir a veces en oscilaciones más acusadas de los precios.

El fuerte encarecimiento del petróleo y de los combustibles ocurre al final de una semana en la que predominó un ambiente de volatilidad y el precio del crudo lograba a duras penas mantenerse en torno a 91 dólares.

Por su parte, en el mercado europeo el petróleo del Mar del Norte (Brent), vivió una semana similar a la del WTI, con un cierre el viernes en 92,46 dólares, un 1,7 por ciento más que el día anterior. En sus cinco días de cotización el Brent no experimentó una tendencia clara, con bajadas lunes, martes y jueves, y subidas miércoles y viernes, lo que demuestra la sensibilidad e inestabilidad del mercado ante las informaciones que llegan y afectan al sector.

También protagonizó la semana la IV cumbre de Petrocaribe, inaugurada el viernes en Cuba, en presencia del presidente de Venezuela, Hugo Chávez. El líder venezolano informó de que el volumen financiado del suministro de crudo y derivados en el marco de Petrocaribe, organismo que integran 16 países de la región, asciende a 1.166 millones de dólares y afirmó que en 2010 llegará a 4.566 millones.

Mientras, el crudo de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) tuvo una semana tranquila, con apenas volatilidad al oscilar el precio de su cesta de 12 tipos de crudo entre los 87,28 y los 87,50 dólares por barril.

El contubernio

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La aprobación del Real Decreto Ley que articula la devolución de los derechos de emisión de CO2, ha dejado muchos cadáveres en el camino. El más importante el de la credibilidad del sistema económico y político, esta vez con la complicidad de los grupos parlamentarios en un ejercicio de aval político a una medida que se puede atisbar de duda legalidad jurídica. Se apunta a una especie de concepción de la política que supone que es más fuerte que la legalidad y la racionalidad económica, con muy poco respeto a la primera premisa de cualquier acto, que cosas son legales y cuáles no.

Deja nuevamente una gran sombra de duda con el Partido Popular, la carencia trágica de una oposición con convicciones, ¡ay!, en la medida que ha resultado plenamente efectiva la estrategia de amedrentamiento por parte del Partido Socialista y sus medios colaterales. El temor a sentirse asociado con las empresas y con la subida de tarifas y el hecho de hallarse sumido en el cálculo electoral continuado ha hecho el resto, llevándolo a las cuerdas. Es preciso señalar que desde las instancias públicas de Industria y políticas del PSOE se ha trasladado el siguiente mensaje: si no se detraen los derechos de emisión y ustedes no están de acuerdo con esta medida (porque no sabemos que hacer con la tarifa ante las elecciones y estamos embalsando costes por falta de capacidad política), es que se está al lado de las malvadas empresas, que no se dejan expropiar así como así y dado que, como estamos en uso del BOE, tenemos todo el poder para hacerlo a toda costa. Ante esa retórica, el Partido Popular se pliega. Todo ello en un país en en que todavía no ha entendido el papel de las empresas en un sistema económico empresarial, son objeto de suspicacia y mala conciencia. No deben ser eficientes, ni rentables, no deben tener reglas del juego claras y bien definidas. Mejor era apañar el reparto de rentas en el despacho del Secretario General de Energía de turno y ¡todos contentos!. El problema es que entran en juego los mercados financieros, las empresas, los accionistas, la legalidad necesaria, el entorno de la Unión Europea. Qué tiempos aquellos. Qué añoranzas para los intervencionistas.

Una consecuencia clara es que los actuales responsables del Partido Popular (los económicos y el resto) no tienen muy claro el modelo económico y de mercado que aprobaron en su momento para el sector eléctrico y probablemente el que quieren para toda la economía española. Algo muy parecido y paralelo, a lo que ocurrió en la ley 17/2007, en la que el Partido Popular votó a favor de una ley que supone dinamitar la liberalización que el mismo aprobó y crear un monopolio pseudopúblico que es Red Eléctrica. La amnesia política y la falta de referentes y modelos, tan acuciante hoy, vulgariza la acción política hasta límites insospechados, con consecuencias graves para la economía y la sociedad.

Si el Partido Popular por ser timorato, por sus temores electorales o por que no tiene arrestos para resistir con convicción el debate político, no es capaz de defender el ordenamiento del sistema jurídico y el funcionamiento del sistema económico ante un asalto de estas características, es que no hay alternativa, es que no hay diferencias, es que no tenemos nada y que tenemos la gestión del país en manos de los equipos electorales de Génova y Ferraz y tenemos que dejarnos de esperar nada bueno. Además, la aprobación por casi todos los grupos parlamentarios de que posteriormente se tramitará por proyecto de ley, a sabiendas de que no hay calendario en lo que queda de legislatura es una tomadura de pelo para los propios electores de cada partido. Qué bochorno.

También puede tratarse de una solidaridad mal entendida entre los partidos políticos: nosotros (por el PP) aprobamos una reforma laboral por este procedimiento (declarado inconstitucional), hay que comprender que todo gobierno tiene su momento de hacer de su capa un sayo y no vamos a estropearles la fiesta a tres meses de las elecciones. Un día por ti, otro día por mí. Así, el PSOE ha logrado hacerle cómplice de una medida señalada como ilegal, en una obviedad jurisprudencial, es decir, si el Tribunal Constitucional acaba con ello. ¿Qué hemos hecho para merecer esto?

Los efectos cerebrales y mentales del crecimiento de los últimos años y la abundancia de pasta en las arcas públicas ofrece como consecuencia esta relajación en la gestión económica y en el rigor de la política. No estamos en momentos económicos de hacer tonterías y de esta tontería, seguramente una tontería ilegal, son responsables todos, por consentimiento, por asentimiento, por dejación, por dejarse llevar o por indolencia. Desde el Ministerio de Economía al Partido Popular. Y es lamentable que, con advertencia clara, tenga que resolverse en instancias judiciales, con demoras y consecuencias con retardo insospechadas.

Si a nadie, ni al Presidente del Gobierno, al Ministro de Industria, al Secretario General de Energía y a la oposición no les importa judicializar un sector, aumentar su inseguridad jurídica y que se multipliquen las voces entre las principales firmas internaciones de rating señalan y avisan de esta situación en nuestro país y en los mercados financieros, es que no se ha entendido nada. Que todos necesitan más formación que dos horas en una tarde.

En este momento, los argumentos políticos se han hecho con todo, devorando los principios más elementales de legalidad. Sólo ha funcionado el contubernio y la complicidad de los calendarios electorales y su capacidad de hacer piña, para hacer lo que sea.

La gestión del país ha caído en manos del juego ventajista político momentáneo y de las encuestas. El mantenimiento en el poder o su consecución es un fin, no gestionar la realidad y mejorar nuestra sociedad, nuestra economía. ¿Quién será el responsable ante el nuevo ciclo económico de solucionar esto, de imprimir seriedad, rigor y confianza? ¿Quién tiene credibilidad? ¿Quién va a acabar con esa calamidad política que consiste en entender que políticos, empresas y mercados, son bandos diferentes y no que todos están en el mismo? Cuando se actúa de manera tan unilateral, a sangre y fuego, nada puede terminar bien. Para nadie. Lo de ayer fue votocracia.

Feliz Navidad.

La picana del decretazo Nieto

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– Un Real Decreto Ley insostenible e injustificable. Las voces que, en los medios de comunicación han señalado la ilegalidad o inconstitucionalidad del decretazo para la detracción de derechos de emisión son casi apabullantes. De hecho, la forma en que se recoge en los medios incluso los más afines a la medida es defensiva (tal y como se puede ser afín a una medida así, casi por vinculación friki). Por tanto, señores, pueden estar convencidos convencidos que si se aprueba algo así, se someterá posteriormente al escrutinio del ordenamiento jurídico, sólo que, además, con todas las advertencias a sabiendas de ello por todas las voces autorizadas y expertos. Por ello, la urgencia con la que se presenta (no la real) es directamente proporcional a la premeditación. Incluso en el caso de que se tramitara por la vía de proyecto de ley, el hecho sería que se tendría que tratar por el Congreso con las Cámaras disueltas o en periodo de vacaciones legislativas. Todo ello, en el irritante supuesto justificativo de que es urgente y se realiza por cuestiones «de seguridad nacional», camuflando razones de oportunidad política (aunque todo el mundo se ha dado cuenta) algo que se contradice hasta en su exposición de motivos. Por tanto, lo más razonable es la retirada del Real Decreto Ley o la devolución por parte de las Cortes, para que en la próxima legislatura se trate con el rango legislativo que corresponda.

– La falsa relación entre los derechos de emisión y el precio de la energía. A veces parece que la repetición de un argumento es lo que le da consistencia o verosimilutd. Todo parte de un argumento falso y es que el precio de la energía en el mercado mayorista recoge el precio de los derechos de emisión. Según dicen, que lo ‘internalizan’ en sus ofertas, lo que significa que cada central o grupo de generación eleva el precio en razón de los derechos de emisión recibidos en el Plan Nacional de Asignaciones, del mismo modo a como han recibido asignaciones en todos los países europeos que siguen la Directiva Marco de Comercio de emisiones. Cuando dicen que lo internalizan, quiere decir, en el caso por ejemplo de las nucleares o de la hidráulica que se lo imaginan. Figura esotérica dentro de los sistemas de cálculo de coste empresarial. Lo que sí parece es que la energía depende de la oferta y de la demanda y que el uso de los derechos de emisión, debería haber sido otro: el fomentar la inversión en energías limpias.

– La falsa relación entre el Plan Nacional de Asignaciones y la reducción de emisiones. Como se puede ver a la luz de los resultados de la economía española. Igual que el déficit tarifario no hace nada más que subir y subir (con y sin derechos de emisión detraídos). De hecho somos el país, que más alejados estamos en nuestros objetivos de reducción de emisiones. A lo mejor es que uno de los criterios de administración de estos derechos es no hacer política medioambiental realmente. A lo mejor es que eso de repartir los derechos a escote o a pachas, como propone este Real Decreto y la actuación de esta Secretaria General de Energía, hace poco en la reducción de derechos de emisión. En realidad, se trata de una política medioambiental vacía en el sector energético, porque ya se procuró hacer una distribución de derechos ‘poco medioambientalista’ para evitar gestionar el cambio hacia un modelo más limpio de generación eléctrica (y sus implicaciones económicas para cercanos, propios y extraños.

– La falsa relación entre política medioambiental y actuación regulatoria en materia energética del gobierno. Como ya se ha podido comprobar (y se puede comprobar) en el tratamiento displicente hacia las energías limpias, en la detracción de derechos de emisión o en la definición y asignación de derechos en el Plan Nacional de Asignaciones. Más asignaciones para los más contaminantes. Tanto es así, que además, de ser el país de la Unión Europea más alejados de los objetivos de reducción de emisiones, somos el país que peor trata a tecnologías más limpias como los ciclos combinados frente al carbón (lo dicen expertos y universidades internacionales). Por tanto, un gobierno poco medioambientalista en todo caso.

– La falsedad que encierra afirmar que este Real Decreto Ley protege al consumidor. Y, finalmente, este es el gran argumento taumatúrgico. El que justifica el control de precios y sisar como sea de la factura eléctrica. Evitar al consumidor el trance de tener que afrontar que la energía cuesta más. Hacerlo inconsciente. Como todos los consumidores asumen que el pollo cuesta más o los langostinos, y les ofrecen la vía del conejo o abstenerse de dar propinas. En la energía, no. O al menos la que se transporta por cables, porque las gasolinas siguen subiendo. La electricidad sube menos que la inflación, con lo cual, en términos reales, baja. Todos nosotros ajenos a la realidad energética exterior en un país con una dependencia enorme. Por tanto, la solución, aboquemos al consumidor a que consuma mucho hoy, mareado por una sensación de barato y que lo paguemos en el futuro, con sus intereses y todo. Y, en paralelo, violentar con mecanismos toscos creando procedimientos para reducirles la factura, con una campaña mediática paralela de política de control de rentas, culpabilización empresarial e intervencionismo en el sector, buscando acabar con el funcionamiento del mercado eléctrico. En realidad, el problema es la falta de capacidad política para abordar una política responsable y estratégica para el sector energético, sin aparcar debates como el nuclear, sin lacerar el mercado y haciendo consciente a todos los actores de un mercado liberalizado, es decir trasladando los costes para hacer eficiente el sistema y el consumo.

– Una política energética de riesgo extremo. Definir a lo que está pasando ‘política energética’ es dar coartada a la nada que se nadifica, que decía Sartre. Pero bueno, aceptemos pulpo como animal de compañía. Las ultimas decisiones como la eliminación de la garantía de potencia, sin cerrar un mecanismo que lo sustituya o la eliminación de la seguridad jurídica y la estabilidad regulatoria, está dando al traste con uno de los verdaderos mecanismos que ha hecho que el precio de la energía sea más bajo que en toda Europa: el funcionamiento del mercado y la inversión en generación que ha creado un exceso de capacidad, aceptable para el crecimiento de la demanda. Con esta actuación regulatoria, en contra de todo sentido económico, estamos matando esta gallina de los huevos de oro. Y, por ello, en lugar de abordar seriamente el problema, cada vez que sucede algo que es consecuencia de una ‘pifia’ regulatoria, la política (si se le puede llamar así) es culpabilizar a alguien: a las empresas, a las hidráulicas.

– Salvad al soldado Nieto. Por ello, si el criterio es legitimar todo esto, hacer que cobre vigencia el decretazo Nieto, esto es lo que se provoca. Con el vértigo del fin de la legislatura. La aprobación de un Real Decreto Ley que no es urgente, en tiempo de descuento, in extremis, en ultimo minuto y de penalty injusto. No debe ser plato de gusto, mirar para otro lado y someterse a esta espiral, para salvar al soldado Nieto, que es de los nuestros, y asumir sin crítica esta política de riesgo, de inseguridad jurídica, de posibles apagones de generación, de redes, entre otras cuestiones.

Todo esto es lo que se legitima hoy. Si sale. En todo caso, ya no sale limpio, Industria ya ha perdido muchos pelos en la gatera para sacar adelante esta norma. El escándalo está servido.

20.000 MW fotovoltaicos necesarios

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La I+D+i es crucial para las energías renovables, y gracias a ella estamos dando pasos de gigante en muy poco tiempo. Un buen ejemplo es el de la energía eólica; para los flacos de memoria, conviene recordar que hace 10 años, en 1987, el CIEMAT decía que el techo eólico en España era de 7.500 MW, pero hoy tenemos más del doble de esa potencia eólica instalada y el techo de los parques terrestres, debido a la maduración de la tecnología y la limitación de emplazamientos, ronda los 40.000 MW.

La fotovoltaica no tiene la dependencia de la eólica de los emplazamientos, y, con el mejor índice de irradiación de toda Europa, 20.000 MW, que ahora parecen muy ambiciosos, en realidad son una mínima parte de lo que llegará más adelante, cuando esa apuesta política del Presidente del Gobierno que es ‘España Solar’ sea una realidad.

Pero independientemente de la evolución tecnológica, la razón fundamental por la que tendremos que dotarnos de una potencia del entorno de los 20.000 MW fotovoltaicos en 2020 es, sencillamente, que tendremos que contar con ella para cumplir el compromiso europeo del 20% de renovables, porque el resto de fuentes renovables no podrán aportar toda la energía limpia que será necesaria en esa fecha.

Así se desprende de los requerimientos del mix eléctrico que tendrá España en 2020 según los análisis efectuados por la consultora estratégica Arthur D. Little (ADL). En ellos, se comparan dos escenarios, uno “inmovilista” en el que se continúan las políticas del Plan de Energías Renovables 2005-2010, que suponen un 12% de penetración renovable en el consumo primario de energía, y otro “sostenible”, en el que se alcanza el objetivo europeo del 20%:

La principal diferencia entre los dos escenarios es la aplicación en el “sostenible” de fuertes medidas de eficiencia y ahorro energético –más allá de la actual Estrategia de Ahorro y Eficiencia, E-4–, de modo que el crecimiento de la demanda eléctrica se modere hasta el 2,4% anual. Ello, además, permitiría cumplir otros dos objetivos europeos para 2020: reducir el consumo energético un 20% y las emisiones de CO2 otro 20% (el objetivo más importante de todos) en relación con la tendencia actual.

Una vez establecidos los objetivos de consumo eléctrico, hay que establecer el mix de generación renovable para cada una de los dos escenarios, tal y como se muestra a continuación:

Nótese que en ambos escenarios la aportación de la eólica y la hidráulica, las dos renovables más desarrolladas, es el mismo, y que sólo ampliando la presencia de las demás podremos pasar de un 12% a un 20% de consumo de energía primaria con energías limpias. Y entre las demás renovables en un estadio comercial de desarrollo, la fotovoltaica debe tener un papel preponderante.

La biomasa tiene limitaciones, tanto por la cantidad de recursos energéticos disponibles como por la necesidad de articular unas redes logísticas para su recogida y tratamiento. Especialmente por esta segunda razón, la biomasa eléctrica, una de las grandes esperanzas de las renovables, no consigue despegar. Lamentablemente, su aportación al cómputo renovable total es limitada.

La solar termoeléctrica tiene un potencial enorme, pero está despegando. A pesar de que en España tengamos plantas piloto que lleven décadas funcionando y que respalden la fiabilidad de algunas variantes de la tecnología, sólo tenemos 11 MW comerciales conectados y es ahora cuando está empezando a crearse una industria de fabricación de equipos y componentes. Adjudicarle 8.000 MW en 2020 es toda una apuesta.

Entre las demás, tenemos las marinas, las minieólicas o las geotérmicas, que aún son exclusivamente objeto de proyectos de demostración o de sistemas aislados, y el biogás asociado a la industria de residuos, también con una proyección limitada.

Al final tenemos la fotovoltaica como alternativa sólida. Existe desde hace medio siglo, ha demostrado sobradamente su fiabilidad –los paneles tienen 25 años de garantía y una esperanza de vida que supera los 35 años–, y cuenta con una industria en expansión capaz de alcanzar esos 20.000 MW en 2020 sin problema.

“Apostar por la fotovoltaica es muy caro”, se puede decir. “Pues mire usted, no tanto, porque el descenso de costes del sector fotovoltaico es vertiginoso, y las externalidades positivas de la tecnología compensan con creces este coste”. Según los cálculos de ADL, la diferencia entre el coste explícito del escenario “inmovilista”, que es el actual, y el “sostenible”, que incluye los 20.000 MW fotovoltaicos, es de 4.200 millones de euros en 2020 –unos 2 céntimos de euro por kWh producido–, sin tener en cuenta los ahorros por emisiones de CO2, las importaciones energéticas evitadas ni otros capítulos, como la generación de empleo o el valor exportador de una industria líder mundial.

La Unión Europea ya calculó el efecto que tendría para la economía europea alcanzar los objetivos de 2020 y concluyó que con el barril de crudo a 78 dólares el coste será de 20 euros por ciudadano europeo al año y que, sumando los ahorros en emisiones de CO2, “se cubre casi completamente el coste”. O sea, que de caro, poco o nada.

Sin lugar a dudas, además de cumplir los objetivos de 2020, a España le interesa apostar por la tecnología fotovoltaica y mantener el liderazgo en un sector que va a liderar la revolución energética mundial de los próximos años. El sector fotovoltaico español quiere ayudarle en esa tarea y por eso se ha pronunciado con transparencia y claridad, sin miedos ni complejos, sobre las necesidades del mix energético del futuro y ha puesto encima de la mesa la cifra de 20.000 MW.

Pero para el sector esos 20.000 MW no son un objetivo en sí mismo; son el resultado de reducir el actual crecimiento del 500% anual hasta el 20% anual, y mantenerlo de un modo sostenido hasta 2020. Eso es suficiente para que los costes fotovoltaicos se reduzcan –gracias a la inversión en I+D+i y a la curva de aprendizaje asociada a ese crecimiento–, más de un 5% anual.

Con esta reducción de costes del orden del 5% anual trasladada a los consumidores, el kWh fotovoltaico será más barato que el kWh del segmento residencial antes de 2020, con lo que la tecnología habrá atravesado un umbral de competitividad económica que puede implicar su despliegue masivo. Nosotros esperamos que el punto de corte se sitúe en el entorno de los 20 c€/kWh y que siga descendiendo, con lo que será más barato instalarse un panel en la azotea que pagar el recibo de la luz.

Javier Anta es presidente de la Asociación de la Industria Fotovoltaica (ASIF)

Sonatrach marca el paso del sector gasista español en 2007

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La negociación de los contratos de gas entre Argelia y Gas Natural, el conflicto entre la gasista y Repsol YPF con Sonatrach por la rescisión del contrato de Gassi Touil y la entrada de la empresa argelina en el mercado español han sido los ejes sobre los que ha girado el sector durante el año.

Al mismo tiempo, el consorcio Medgaz ha anunciado el inicio, en el segundo semestre de 2008, de las obras del futuro gasoducto que unirá España y Argelia con una nueva composición accionarial liderada por Sonatrach (36 por ciento) y con la incógnita de si finalmente Gas Natural se incorporará al proyecto. A pesar de que se trata de asuntos distintos, la presencia de la empresa estatal argelina Sonatrach actúa de nexo y añade un componente político que afecta a las relaciones entre España y Argelia y que supera las cuestiones empresariales.

Los movimientos de la empresa argelina en España han ido este año por dos caminos: lograr la autorización de la Comisión Nacional de la Energía (CNE) para elevar del 20 al 36 por ciento su participación en Medgaz y conseguir la licencia que le permitiera comercializar hasta 3 bcm (3.000 millones de metros cúbicos) de gas en España. En ambos casos ha alcanzado sus objetivos a la segunda.

El 6 de marzo el Ministerio de Industria le concedió licencia para comercializar hasta 1 bcm de gas natural al año en el mercado español.
Cinco meses después, el 25 de julio, y tras la visita a Madrid del ministro argelino de Energía, Chakib Jelil, Industria levantó esta limitación aunque con el compromiso por parte de Sonatrach de no vender más de 2 bcm.

En cuanto a su participación en Medgaz, Sonatrach conseguía el 8 de mayo la autorización con duras condiciones de la CNE para elevar del 20 al 36 por ciento su participación, permiso que la empresa estatal argelina recurrió un mes después ante Industria. La solución a este asunto llegó también en julio. Industria decidió estimar parcialmente el recurso de alzada de la empresa argelina y eliminó cinco de las siete condiciones impuestas por la CNE. Ambas decisiones le valieron a Industria críticas desde la oposición que acusó al Gobierno de «dinamitar» el sector.

A la vez, Sonatrach ha mantenido abierto este año otro frente de importancia clave para el mercado español: la negociación con Gas Natural para actualizar el precio del gas que suministra a través de dos contratos por el gasoducto del Magreb.

Argelia aporta en torno al 30 por ciento del gas natural que se consume en España, la mayoría mediante esta infraestructura (24 por ciento) y el resultado de los nuevos contratos podría servir de referencia para las importaciones de esta materia prima que vienen de otros mercados. La renegociación de los contratos ha terminado en un arbitraje internacional entre la compañía estatal argelina y la gasista.

Pero aún quedaba el enfrentamiento más agrio del año. El 3 de septiembre Sonatrach decidía rescindir el contrato firmado con Gas Natural y Repsol YPF en 2004 para desarrollar el proyecto de Gassi Touil, que preveía una inversión total de más de 5.100 millones de euros durante treinta años.

La empresa argelina alegó incumplimientos de las dos empresas en sus obligaciones que habían supuesto retrasos e incrementos de costes muy importantes en el desarrollo del proyecto. La ruptura del contrato provocó las protestas de las empresas adjudicatarias que exigen una compensación por los daños y perjuicios derivados del lucro cesante causado por lo que consideran una «apropiación» del proyecto gasista.

Tras la ruptura, el Gobierno expresó su «malestar» por la decisión y su intención de hacer todo lo que estuviera en su mano para solucionarlo mientras que el Partido Popular atribuyó la decisión de Sonatrach a la «pésima» política exterior del Ejecutivo.

Las partes han llevado el conflicto a un procedimiento de arbitraje internacional, cuya primera vista se celebró el pasado 25 de noviembre, y cuya resolución podría prolongarse varios meses.

Todo vale contra las empresas eléctricas

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La situación y polémica política en torno al Real Decreto Ley de detracción de derechos de emisión parece que sigue cultivando un caldo de cultivo electrizante, contra el sector eléctrico y, lo que es peor, contra la propia racionalidad. Así, cualquier argumento es bueno para atacar a las eléctricas. La simplificación de los papeles e informaciones llega hasta el paroxismo. Vean titulares que serían impropios de cualquier sociedad avanzada, como los que aparecieron ayer. Mecanismo: las empresas que, intrínsecamente, se dedican a ganar dinero para sus accionistas, hacen lo que sea para ganar más en situaciones extremas, como el aumento de demanda electrica por la ola de frío. Son culpables y su pecado es, nefando.

Por ejemplo, cuando ayer el precio del MW alcanza los 30 Euros/MW, se difunde como un ejemplo casi de usura. De nada sirve, saber como funciona un mercado (si es que se sabe), de nada sirve un ejercicio de equilibrio y objetividad, el fuerte pico de demanda fruto de la ola de frío (esto es como si se criticase a nuestras empresas de telecomunicaciones porque ingresan mucho de los SMS de felicitación del nuevo año, porque tienen que transmitir millones en unas pocas horas). Hablando en serio, lo que habrá que asegurar desde la propia Comisión Nacional de Energía es que funciona bien el mercado y no hay anomalías o comportamientos antimercado de sus operadores. Que sólo hay demanda, aunque mucha. Porque bajan las temperaturas y esto siempre ha sido así (no por los derechos de emisión que se internalizan en una alambicada interpretación interesada). Afortunada o desafortunadamente y no, demagógicamente.

De nada sirve, anticipar los efectos de la eliminación de los incentivos de garantía de potencia (una medida regulatoria de hace dos meses prácticamente) a determinadas centrales que ahora entran como y cuando las demás. Y reconocer como la ausencia de un mecanismo de estas características incidirá en la subida de precios de la energía en situaciones punta. El hecho es satanizar a las empresas, volviendo a un rancio izquierdismo demagógico (que ya no existe en Europa en los partidos socialdemócratas) como es el hecho de denunciar que cuando tienen que poner en marcha las centrales más caras, el precio de la energía tiene que subir, basculando el peso de la ‘culpabilidad’ en las propias empresas. ¿Qué es lo que quieren que pase, lo contrario? ¿En qué cabeza cabe? Como lo hace en todo mercado, como lo hace en toda Europa en su crudo invierno, sólo que no se esparce una campaña mediática en ese entorno para condicionar a la opinión política parlamentaria a las puertas de la votación de mañana. Y, así tenemos lo que tenemos en la propia visión que tiene Clos sobre las empresas, como pudimos apreciar en Buenafuente.

Vean el ejemplo contrario. Una empresa a la que no se sataniza, debe ser porque no tiene accionistas (que sí que los tiene, vean como sube en la Bolsa como todo el mundo sabe y ve, incluso fondos de inversión), Red Eléctrica, brazo armado de la intervención de Industria. Por eso, si se le tramita una elevación en la retribución y si se le anticipa su subida desde la tarifa ciudadana. Como recoge un cierto ‘mantra’ de garante del sistema, pues que se convierta en un monopolio (todo aquel que conozca la teoría económica del monopolio, sabe que es más caro). Y este monopolio, es de libro, pretende fijar su retribución. E Industria, y por ende, los consumidores es precio aceptante. No es un mercado, es ella misma.

Si es que, realmente el problema de los precios energéticos es como los consumidores no tienen señales de los precios para definir su consumo (más en realidad, tienen señales en sentido contrario) y las medidas políticas desde el Ministerio de Industria sobre la tarifa, están ‘cebando la bomba’. La solución, como la eliminación de la garantía de potencia o la detracción de derechos de emisión, no harán sino alimentar este mecanismo perverso de hacer que la demanda crezca sin freno. Y todo se instalará en un permanente ejercicio de escándalo y de retorcer su composición. Hoy, el problema en España, es el regulador y sus regulaciones, y su incapacidad gestora para haber abordado que las tarifas recogiesen los costes de generación, distribución y transporte en un modelo liberalizado y se eliminasen del debate político. Este Ministerio, simplemente ha ahondado y acrecentado el problema, por el temor atávico a las subidas de la energía en términos electorales.

En el campo de lo regulatorio, la Secretaria General de Energía sigue cosechando ‘éxitos’. Algo que parece que no suele digerir bien y que le espolea. Ayer el Consejo de Administración de la CNE de acuerdo con el informe que habían elaborado los servicios técnicos, le modificó de forma muy sustancial la propuesta que remitió en materia de biocombustibles, de forma la fórmula de ponderar el bioetanol y biodiesel para el cumplimiento de los objetivos en materia de biocombustibles y biocarburantes, se establece a partir de una cifra base de partida semejante y el objetivo se puede cumplir indistintamente con cualquiera por cualquiera de las dos vías. Además, nada de la penalización duplicada que preveía la propuesta inicial o de la fijación de porcentajes semejantes máximos de objetivos para los dos tipos de biocombustibles.

Por otra parte, también le devolvió para que volviese a elaborar con rango de Real Decreto (hasta ahora tenía rango de Orden Ministerial lo que permitía eludir varios criterios y filtros de legalidad) en materia de la retribución de los activos de transporte de gas natural, concretamente los que entren en funcionamiento el próximo año. Le pidió rigor y método, además.

Claro, como corolario, está la vía alternativa: como el Consejo de Administración de la Comisión Nacional de Energía le da calabazas o el paso natural por la Comisión Delegada del Gobierno puede resultar crítico, para esto está el Real Decreto Ley. Que es más fácil y alimenticio. Una manera de violentar la trayectoria habitual que debe tener el desarrollo legislativo, de utilizar las mayorías y la negociación parlamentaria para intereses espurios, eludir los mecanismos institucionales del Estado. También por ello, estamos acostumbrados a que desde Industria lo resuelva a su manera. Cuando recibe una normativa con una fuerte crítica, incluso por que se envía sin memoria económica o criticando hasta el fondo su metodología, la reacción es el ‘cumplo y miento’, se ajusta cinco puntos básicos su propuesta inicial y que se publique directamente en el BOE la normativa devuelta a los corrales. Una manera de siempre sentir ese ‘poder’ de tener la última palabra y no atender a más voluntad, recomendación o rigor, que la del regulador principal que hizo la normal y quiere campar por sus anchas.

Por eso, la recomendación, el relato y la advertencia que hacía ayer Xavier Albistur, de plena legalidad, debe ser leída con atención por todo el arco parlamentario en relación a este Real Decreto Ley: “Pero lo ha hecho de tapadillo al elegir el método ya consolidado del RDL, en un viernes de puente, por procedimiento de urgencia en su aprobación y tramitación y legislando para la próxima legislatura. No ha sido visto por la Comisión Delegada. Se ha eludido el control y refrendo parlamentario en su tramitación, hurtando el debate político. No hay posibilidad de alegaciones o enmiendas. No hay criterios contrastados de agentes económicos y sociales. No hay informe del órgano regulador de la Comisión Nacional de la Energía. Se opta por esperar al último minuto para tramitarlo primero por sorpresa y después convalidarlo con carácter de urgencia, eludiendo el necesario debate parlamentario.”

Por todo eso, por el propio procedimiento, el Parlamento debe solicitar que esta normativa se devuelva al Ministerio de Industria. En primer lugar porque no se trata de una normativa urgente, porque no es medioambiental, porque es contraproducente, porque produce inseguridad jurídica, porque se salta la legalidad y a las instituciones del Estado en su proceder normal. Este Real Decreto Ley no es nada de eso. Igual que sta devolución la tiene que exigir también el propio Ministerio de Economía, que debe estar atónito a lo que está pasando. El Parlamento tiene derecho a recibir una normativa equilibrada, informada, solvente, avalada por las instituciones y los mecanismos que establece el Estado de Derecho. No un Real Decreto Ley.

Solamente la situación derivada de los rechazos anunciados y los motivos de los mismos, deben inducir al gobierno a retirarla de este RDL en un ejercicio de responsabilidad política y a los partidos políticos a dejarlo en observación, sin picar, ni caer en la trampa. Para no dar la sensación de ser un país que se resiste a aceptar y gestionar la realidad energética, que vive mirando hacia otro lado y prefiere adaptarla a una visión insegura juridicamente, intervenirla y manosearla. Para dar respetabilidad al Parlamento y a su función. Para no ser cómplice de una muy posible sentencia desestimatoria, por el mal uso de la medida, de consecuencias incalculables política y económicamente. Para ser una democracia occidental, con respeto a los sectores económicos y a los consumidores. Para no cavar más la fosa de la regulación del sector energético abierta este ultimo año.