Todo vale contra las empresas eléctricas

La situación y polémica política en torno al Real Decreto Ley de detracción de derechos de emisión parece que sigue cultivando un caldo de cultivo electrizante, contra el sector eléctrico y, lo que es peor, contra la propia racionalidad. Así, cualquier argumento es bueno para atacar a las eléctricas. La simplificación de los papeles e informaciones llega hasta el paroxismo. Vean titulares que serían impropios de cualquier sociedad avanzada, como los que aparecieron ayer. Mecanismo: las empresas que, intrínsecamente, se dedican a ganar dinero para sus accionistas, hacen lo que sea para ganar más en situaciones extremas, como el aumento de demanda electrica por la ola de frío. Son culpables y su pecado es, nefando.

Por ejemplo, cuando ayer el precio del MW alcanza los 30 Euros/MW, se difunde como un ejemplo casi de usura. De nada sirve, saber como funciona un mercado (si es que se sabe), de nada sirve un ejercicio de equilibrio y objetividad, el fuerte pico de demanda fruto de la ola de frío (esto es como si se criticase a nuestras empresas de telecomunicaciones porque ingresan mucho de los SMS de felicitación del nuevo año, porque tienen que transmitir millones en unas pocas horas). Hablando en serio, lo que habrá que asegurar desde la propia Comisión Nacional de Energía es que funciona bien el mercado y no hay anomalías o comportamientos antimercado de sus operadores. Que sólo hay demanda, aunque mucha. Porque bajan las temperaturas y esto siempre ha sido así (no por los derechos de emisión que se internalizan en una alambicada interpretación interesada). Afortunada o desafortunadamente y no, demagógicamente.

De nada sirve, anticipar los efectos de la eliminación de los incentivos de garantía de potencia (una medida regulatoria de hace dos meses prácticamente) a determinadas centrales que ahora entran como y cuando las demás. Y reconocer como la ausencia de un mecanismo de estas características incidirá en la subida de precios de la energía en situaciones punta. El hecho es satanizar a las empresas, volviendo a un rancio izquierdismo demagógico (que ya no existe en Europa en los partidos socialdemócratas) como es el hecho de denunciar que cuando tienen que poner en marcha las centrales más caras, el precio de la energía tiene que subir, basculando el peso de la ‘culpabilidad’ en las propias empresas. ¿Qué es lo que quieren que pase, lo contrario? ¿En qué cabeza cabe? Como lo hace en todo mercado, como lo hace en toda Europa en su crudo invierno, sólo que no se esparce una campaña mediática en ese entorno para condicionar a la opinión política parlamentaria a las puertas de la votación de mañana. Y, así tenemos lo que tenemos en la propia visión que tiene Clos sobre las empresas, como pudimos apreciar en Buenafuente.

Vean el ejemplo contrario. Una empresa a la que no se sataniza, debe ser porque no tiene accionistas (que sí que los tiene, vean como sube en la Bolsa como todo el mundo sabe y ve, incluso fondos de inversión), Red Eléctrica, brazo armado de la intervención de Industria. Por eso, si se le tramita una elevación en la retribución y si se le anticipa su subida desde la tarifa ciudadana. Como recoge un cierto ‘mantra’ de garante del sistema, pues que se convierta en un monopolio (todo aquel que conozca la teoría económica del monopolio, sabe que es más caro). Y este monopolio, es de libro, pretende fijar su retribución. E Industria, y por ende, los consumidores es precio aceptante. No es un mercado, es ella misma.

Si es que, realmente el problema de los precios energéticos es como los consumidores no tienen señales de los precios para definir su consumo (más en realidad, tienen señales en sentido contrario) y las medidas políticas desde el Ministerio de Industria sobre la tarifa, están ‘cebando la bomba’. La solución, como la eliminación de la garantía de potencia o la detracción de derechos de emisión, no harán sino alimentar este mecanismo perverso de hacer que la demanda crezca sin freno. Y todo se instalará en un permanente ejercicio de escándalo y de retorcer su composición. Hoy, el problema en España, es el regulador y sus regulaciones, y su incapacidad gestora para haber abordado que las tarifas recogiesen los costes de generación, distribución y transporte en un modelo liberalizado y se eliminasen del debate político. Este Ministerio, simplemente ha ahondado y acrecentado el problema, por el temor atávico a las subidas de la energía en términos electorales.

En el campo de lo regulatorio, la Secretaria General de Energía sigue cosechando ‘éxitos’. Algo que parece que no suele digerir bien y que le espolea. Ayer el Consejo de Administración de la CNE de acuerdo con el informe que habían elaborado los servicios técnicos, le modificó de forma muy sustancial la propuesta que remitió en materia de biocombustibles, de forma la fórmula de ponderar el bioetanol y biodiesel para el cumplimiento de los objetivos en materia de biocombustibles y biocarburantes, se establece a partir de una cifra base de partida semejante y el objetivo se puede cumplir indistintamente con cualquiera por cualquiera de las dos vías. Además, nada de la penalización duplicada que preveía la propuesta inicial o de la fijación de porcentajes semejantes máximos de objetivos para los dos tipos de biocombustibles.

Por otra parte, también le devolvió para que volviese a elaborar con rango de Real Decreto (hasta ahora tenía rango de Orden Ministerial lo que permitía eludir varios criterios y filtros de legalidad) en materia de la retribución de los activos de transporte de gas natural, concretamente los que entren en funcionamiento el próximo año. Le pidió rigor y método, además.

Claro, como corolario, está la vía alternativa: como el Consejo de Administración de la Comisión Nacional de Energía le da calabazas o el paso natural por la Comisión Delegada del Gobierno puede resultar crítico, para esto está el Real Decreto Ley. Que es más fácil y alimenticio. Una manera de violentar la trayectoria habitual que debe tener el desarrollo legislativo, de utilizar las mayorías y la negociación parlamentaria para intereses espurios, eludir los mecanismos institucionales del Estado. También por ello, estamos acostumbrados a que desde Industria lo resuelva a su manera. Cuando recibe una normativa con una fuerte crítica, incluso por que se envía sin memoria económica o criticando hasta el fondo su metodología, la reacción es el ‘cumplo y miento’, se ajusta cinco puntos básicos su propuesta inicial y que se publique directamente en el BOE la normativa devuelta a los corrales. Una manera de siempre sentir ese ‘poder’ de tener la última palabra y no atender a más voluntad, recomendación o rigor, que la del regulador principal que hizo la normal y quiere campar por sus anchas.

Por eso, la recomendación, el relato y la advertencia que hacía ayer Xavier Albistur, de plena legalidad, debe ser leída con atención por todo el arco parlamentario en relación a este Real Decreto Ley: “Pero lo ha hecho de tapadillo al elegir el método ya consolidado del RDL, en un viernes de puente, por procedimiento de urgencia en su aprobación y tramitación y legislando para la próxima legislatura. No ha sido visto por la Comisión Delegada. Se ha eludido el control y refrendo parlamentario en su tramitación, hurtando el debate político. No hay posibilidad de alegaciones o enmiendas. No hay criterios contrastados de agentes económicos y sociales. No hay informe del órgano regulador de la Comisión Nacional de la Energía. Se opta por esperar al último minuto para tramitarlo primero por sorpresa y después convalidarlo con carácter de urgencia, eludiendo el necesario debate parlamentario.”

Por todo eso, por el propio procedimiento, el Parlamento debe solicitar que esta normativa se devuelva al Ministerio de Industria. En primer lugar porque no se trata de una normativa urgente, porque no es medioambiental, porque es contraproducente, porque produce inseguridad jurídica, porque se salta la legalidad y a las instituciones del Estado en su proceder normal. Este Real Decreto Ley no es nada de eso. Igual que sta devolución la tiene que exigir también el propio Ministerio de Economía, que debe estar atónito a lo que está pasando. El Parlamento tiene derecho a recibir una normativa equilibrada, informada, solvente, avalada por las instituciones y los mecanismos que establece el Estado de Derecho. No un Real Decreto Ley.

Solamente la situación derivada de los rechazos anunciados y los motivos de los mismos, deben inducir al gobierno a retirarla de este RDL en un ejercicio de responsabilidad política y a los partidos políticos a dejarlo en observación, sin picar, ni caer en la trampa. Para no dar la sensación de ser un país que se resiste a aceptar y gestionar la realidad energética, que vive mirando hacia otro lado y prefiere adaptarla a una visión insegura juridicamente, intervenirla y manosearla. Para dar respetabilidad al Parlamento y a su función. Para no ser cómplice de una muy posible sentencia desestimatoria, por el mal uso de la medida, de consecuencias incalculables política y económicamente. Para ser una democracia occidental, con respeto a los sectores económicos y a los consumidores. Para no cavar más la fosa de la regulación del sector energético abierta este ultimo año.