La salida del director de regulación de la Comisión Nacional de Energía (anunciada hace días en el diario Cinco Días) parece que no ha suscitado a primera vista ninguna polémica apreciable, pasando desapercibida a los ojos de la opinión pública.

Vayamos por partes. Quizá esto ha sido así, en primer lugar, porque el puesto que ocupa actualmente José Manuel Revuelta no tiene la repercusión mediática que tendría la cercanía a la Presidencia del Gobierno, caso de Taguas, responsable en aquel momento de la Oficina Económica del Presidente. En segundo lugar, porque el destino de Taguas, toda vez que ya se atisbaban los primeros problemas para el sector inmobiliario parece más llamativo que la empresa a la que volverá Revuelta, en este caso, Endesa. Un sector que en estos momentos no está en el ojo del huracán, y en todo caso, Endesa, ya lo estuvo en su momento, y que parece que ahora el movimiento va por otros barrios.

El caso es que tenemos que recordar que el sector eléctrico es un sector fuertemente regulado. De hecho del conjunto de actividades que desarrolla el sector eléctrico se denominan actividades reguladas al transporte y a la distribución. Es decir a lo que tiene relación con la utilización de redes para el transporte de la electricidad hasta el consumidor (en el caso de que no exista un comercializador de por medio, situación que actualmente no es muy frecuente).

Por otra parte, porque las otras actividades liberalizadas que son la generación de electricidad y la comercialización de electricidad, mantienen una macrorregulación que pende sobre el conjunto del sistema. La denominada tarifa regulada, herramienta que sirve en estos momentos para contener los precios de la electricidad y trasladarlos al futuro en forma de déficit tarifario. El hecho, es que nos situamos en un momento crucial en el cual deben desaparecer las tarifas reguladas y las denominadas tarifas de ultimo recurso no deben suponer una construcción falseada de las antiguas tarifas reguladas para seguir instrumentando lo que en realidad son unas tarifas políticas. Es en este momento y situación, en el que Revuelta llega a Endesa procedente de la Dirección de Regulación de la Comisión Nacional de Energía.

Pero no sólo eso, la regulación en el sector eléctrico afecta, en estos momentos, a las tomas de decisiones sobre operaciones corporativas (función 14 en cuestionamiento) o función 15 (relativa a la competencia). También en el funcionamiento de las subastas virtuales de capacidad o en las subastas de déficit tarifario, en la que además intervienen operadores financieros. Del mismo modo, la forma en que se articula el acceso, la retribución de las distintas tecnologías o incluso las renovables tienen que ver con la regulación de este sector.

Por ello, y solamente por ello, ya sería muy importante, el transvase de un directivo de esta importancia de la Comisión Nacional de Energía a una empresa regulada. Además, en ocasiones ha dado la impresión (y así se ha percibido en el sector) que en la etapa de Maite Costa, la Dirección de Regulación se ha interpuesto sobre la propia estructura del organismo en el análisis de cada una de las decisiones en las que la CNE tenía que tomar posición. ¿Qué quiere decirse? Que la Dirección de Regulación ha ido desplazando a las Direcciones Eléctrica, Petróleo y Gas en las decisiones más polémicas y relevantes para elaborar los informes desde esa plataforma. De hecho, a esto se ha añadido la sombra inevitable sobre la actividad de esta Dirección y su vinculación con las esferas políticas (y consecuentemente arrojando dudas sobre la independencia de la actuación del regulador). En concreto, la buena relación que mantienen el Director de Regulación y el anterior Secretario General de Energía, Ignasi Nieto, cuestión que es conocida, reconocida, pública y notoria.

En consecuencia, cabe señalarse que en este caso la vinculación entre regulación y actividades es mucho más directa e intensa, incluso que en el caso del propio Taguas, dónde las vinculaciones podrían ser más o menos ciertas, pero diluidas en su papel de “Consultor Económico”.

En este sentido, aquí no pasa esto, y por ello, cabe efectuar un llamamiento para que se examine la salida del futuro ex Director de Regulación de la CNE desde el punto de vista de las incompatibilidades desde la Oficina de Conflicto de Intereses del Ministerio de Administraciones Públicas, con la mayor atención y transparencia, en aras a dar las mayores garantías al sector y confianza en la actuación institucional. No puede pasar desapercibido un movimiento de estas características y sería especialmente ‘sano’ para la confianza en nuestras instituciones, un régimen de ortodoxia y de confianza.

El consejo de Administración de la Comisión Nacional de Energía se reúne hoy para abordar su posición respecto de la denominada función 14 y su aplicación respecto de la operación de compra de Unión Fenosa por parte de Gas Natural. Esta decisión ha sido ya pospuesta una vez en el seno del Consejo, a la vista de la necesidad de seguir confrontando los efectos de la sentencia del tribunal europeo a la reforma que realizó el gobierno en su momento, de cara a la entrada de E.On en liza en Endesa.

Según ya se ha podido saber a través de los medios de comunicación, parece que la propuesta que tratará el Consejo es que no se aplicará la función 14 al caso de la operación Gas Natural, ni siquiera en su formulación previa (anterior a la entonces deseada disciplina española propuesta anti E.ON).

Por otra parte, ayer El Confidencial señalaba que existían “presiones insistentes” desde el entorno de Florentino Pérez (ACS) para que el Consejo de Administración del organismo resolviera la operación sin necesidad de aplicar esta función, paso previo en la tramitación habitual de estas operaciones.

Por otra parte, ayer el rotativo económico El Economista, recogía que la Comisión Nacional de Energía abogaba por que la empresa resultante de la operación tuviese un menor peso en el mercado del gas (aprovisionamiento y comercialización), lo que podría significar que se pudiera instrumentar condiciones que supusieran la venta de determinadas redes como serían las de Madrid y Galicia. Según esta información la cuota conjunta de mercado de la resultante puede ser muy elevada y, particularmente, en varias Comunidades Autónomas, lo que ha levantado las alarmas en lo que se refiere al ámbito de la competencia.

Una CNE, friendly

En todo caso, de los primeros pasos de esta operación, lo que parece claro es que la CNE seguirá siendo un organismo “friendly” con los intereses de ACS, en la medida que ha modificado sus posiciones y criterios anteriores concernientes al ejercicio de los derechos políticos en las Juntas Generales de Iberdrola, empresa en la que participa simultáneamente en el sector energético. En todo caso, es curioso como opera de forma maniquea la ley del péndulo en la aplicación de la función 14 del organismo, por una parte de pasar a ser un ‘fidelato’ que se estira y amplía hasta extremos inaprensibles (última formulación, ahora derogada por el Tribunal Europeo), hasta diluir cualquier observancia sobre el efecto en las actividades reguladas y en la inversión de operaciones que tienen que ver con dos operadores españoles y cuyas desinversiones y capacidad financiera tendrían que estar verificadas por los reguladores independientes.

La no existencia de la función 14 evidentemente entraña una serie de beneficios para la operación y su agilidad: el primero, el posible aborto de recursos posteriores que pudieran entorpecer la misma. En segundo, permitir mayores grados de libertad de cara a la cobertura de los requisitos financieros para la atención a lo que se denominan actividades reguladas, verdadero sentido de la función 14. Eso es una cuestión que se dilucidaría solamente a través de la función 15 (que valora cómo afecta la operación a la competencia) y cuyo papel realmente está en manos de la Comisión Nacional de Competencia. El informe de la CNE, en este caso, servirá para que este órgano fije su posición definitiva.

La avería que la semana pasada tuvo lugar en Madrid en una subestación de distribución de Iberdrola y que afectó a más de 40.000 usuarios, familias, usuarios domésticos, comerciantes, negocios, empresas, la Maternidad de O’Donell y hasta RTVE es una cuestión grave, que merece que se les preste atención de forma detenida y específica.

Una avería que tuvo una duración de más de 12 horas y que volverá a repetir la inclusión en el paisaje urbano de los generadores eléctricos por la ciudad, además de sumir a todos estos agentes en el proceloso y nunca satisfactorio mundo de las reclamaciones y recuperación de los daños sufridos. Por tanto, no puede pasar desapercibido un incidente de estas características, por otra parte, anunciados ya por muchos expertos que alertan sobre la situación de las redes en nuestro país, verdadero talón de Aquiles del sistema eléctrico.

Y, en primer lugar, porque empiezan a suceder episodios (especialmente en grandes ciudades españolas), que con cierta frecuencia afectan a la actividad de distribución eléctrica, verdadero ‘patito feo’ de la regulación energética española y cuya delicada situación requiere de soluciones por parte de la Administración y de los órganos de regulación energética. En segundo lugar, porque es necesario ser conscientes de la necesidad de que el suministro y la distribución en nuestro país deben ser coherentes con el desarrollo de nuestro país.

Es, por esto, una cuestión que incumbe especialmente a los órganos de regulación, de forma que se puedan extraer conclusiones sobre lo ocurrido y de sus responsabilidades cercanas y remotas, como ya reclamamos en su momento en el caso del apagón más grave de la historia reciente, el ocurrido en Barcelona, en julio de 2007, aunque en ningún caso sería comparable su magnitud. Del mismo modo, que hace más de un año, era necesario aclarar las circunstancias y responsabilidades, en que había sucedido el apagón que afectó a más de 350.000 personas en Barcelona. En ese sentido, la Comisión Nacional de Energía (CNE) extrajo conclusiones bastante claras que luego fueron “promediadas” (es un eufemismo) por los juegos de los equilibrios políticos en el ámbito del gobierno de la Generalitat.

Algo que no es probable que suceda en este caso a la vista de que sólo afecta en exclusiva a la distribuidora (el incidente se produce en instalaciones en propiedad exclusiva de Iberdrola) y a la propia posición que ya ha anunciado el gobierno de la Comunidad de Madrid, anunciando la máxima severidad y rigor en lo que se refiere a este incidente. Lo que si es evidente, es que habrá que estar atentos a la actuación inspectora y a la investigación. Por lo pronto, lo que cabe es restablecer cuanto antes la normalidad y el suministro a los ciudadanos, y en segundo lugar, la credibilidad en el funcionamiento de las instituciones para evitar que episodios así se vuelvan a reproducir.

El mismo día que se conocía que el Ministerio de Industria se reafirmaba en su posición expresada por el propio ministro, de no revisar las tarifas hasta enero, se conocía también que la Comisión Nacional de la Energía (CNE) no tiene contemplado realizar una propuesta al Ministerio de Industria sobre subidas del precio de la luz para el cuarto trimestre. Si se hubiese decidido a aplicarla, la entrada en vigor se produciría el 1 de octubre.

Recordemos, que conforme al nuevo mecanismo, que comenzó a aplicarse en la revisión de julio, la CNE podrá elaborar un informe con una propuesta de revisión tarifaria, que servirá a Industria para diseñar una eventual orden ministerial con las modificaciones en los precios regulados.

Si hacemos un poco de memoría, la anterior revisión la que dio lugar a la denominada “tarifa social”, el organismo presidido por María Teresa Costa propuso una subida media del 11,3% para el tercer trimestre, hasta los 66,14 euros por kilovatio hora (kWh), al entender que este precio cubriría los costes totales del sistema y no generaría déficit tarifario adicional. Es decir era una propuesta para evitar que hubiese un aumento de los precios por encima del IPC.

Industria aplicó finalmente una subida media del 5,6%, que se sumó a la del 3,3% aplicada el 1 de enero del presente año. La orden ministerial vino acompañada de novedades polémicas como la introducción de la “tarifa social” o la nueva tarifa nocturna de discriminación horaria, en la propia polémica por la eliminación de la tarifa nocturna.

Por otro lado, el mismo día, el consejo de administración de la CNE aprobó un informe en el que se aprecia que el precio del mercado mayorista de la electricidad aumentó en los seis primeros meses del año 6,273 céntimos de euro por kWh, o un 16%, con respecto a la previsión de precio incluida en la tarifa integral. Así se recoge en el boletín mensual de indicadores eléctricos y económicos del regulador energético, en el que se aprecia que la demanda de electricidad aumentó un 2,81% en julio en términos interanuales, 0,48 puntos menos que en 2007.

Consecuencia o corolario: la subida de tarifas es una cuestión que no interesa a nadie. El Ministerio de Industria que percibe la propia debilidad del ejecutivo, como se ha podido comprobar en la última sesión del Parlamento, no va a afrontar este proceso que por momentos se torna en más delicado. En ese contexto, no parece propio invocar a una subida de tarifas. Por otra parte, la CNE actúa con docilidad, tampoco va a poner al Ministerio de Industria en el disparadero de hacerle un informe adicional que cuente las “verdades del barquero” y refleje que si al final se subió a mitad de año un 5,6 % la tarifa y los precios han subido hasta un 16 %, quiere decirse que sería necesario continuar subiendo la tarifa para no generar déficit tarifario adicional (déficit por tanto que si se está generando). Es tiempo de gestionar la renovación del organismo y el que esté libre de pecado que tire la primera piedra.

La legislatura es joven (aunque parece que hace una eternidad que comenzó), el petróleo da algún síntoma de moderación, el déficit corre…