En espera de novedades

Ayer el Ministerio de Industria hizo pública su propuesta de subida de tarifas eléctricas para el primer trimestre del año. Una subida que rondaría el 3,5 %, paso previo. En paralelo, trascendió desde distintos medios de comunicación que las conversaciones con las empresas eléctricas para resolver el problema del déficit tarifario iban por buen camino. En todo caso, como ya era conocido, Industria reiteró que cualquier subida tarifaria se aprobaría, condicionada a este acuerdo (dentro de lo que se ha podido conocer de las propias fuentes sectoriales se califica que el clima de negociación es bueno). También Industria señalaba cómo las primas a las energías renovables podrían ir finalmente a los Presupuestos Generales del Estado para aligerar la tarifa eléctrica.

Es por tanto un paso nuevo, y que cabría calificar como previsible en la sucesión de hechos que están produciéndose en el proceso de liberalización, resolución del déficit tarifario y puesta al día de las tarifas eléctricas. Proceso que, por una parte, se ha visto perjudicado por la coyuntura económica actual, que ha evitado la promulgación de medidas impopulares como sería la subida de los precios de la electricidad (no así en otros tipos de energía, también masivamente utilizadas por los ciudadanos). La electricidad es el último parapeto de la intervención de la política en los precios, lo que ha configurado que sea difícil de desmontar.

En estos momentos, el acuerdo y la liberalización de las tarifas se puede beneficiar de las estimaciones de precio de la electricidad futuras, que recogen los efectos de la reducción de la demanda y de la evolución de los combustibles fósiles. Algo que puede ayudar en el corto plazo a sacar la tarifa eléctrica de la controversia política.

Ahora la Comisión Nacional de Energía tiene que realizar su informe no vinculante sobre esta subida que propone Industria. Tendremos que ver si esta vez, el organismo rema hacia culminar el modelo de liberalización responsable o se coloca nuevamente en el ojo del huracán. Lo que sí parece es que el informe referido a la liberalización y configuración de las tarifas y comercialización de último recurso en el mercado de la electricidad ha sido resuelto con mayor ortodoxia.

Al mismo tiempo, no paran de salir informes sobre el déficit tarifario y la tarifa eléctrica, que tratan de hacer reinterpretaciones del mercado en un ejercicio de pie quebrado sobre el proceso de liberalización y el modelo de mercado, incorporando las sofisticaciones regulatorias tendentes a la “eficiencia del mercado”, vinculándose a otras posiciones ideológicas en materia de costes y precios, entre otras intromisiones dogmáticas que salpimentan los medios de comunicación y los ámbitos especializados. En próximos días, haremos en nuestro medio un resumen de las principales tendencias y posiciones de estos informes, aunque razonablemente la senda que traza la legislación europea y las propuestas en materia de comercialización y tarifa de último recurso elaboradas por la CNE conforman un panorama para completar este proceso. Lo que queda es acción política, ejecutiva y regulatoria partiendo de ello.

Mientras tanto, seguimos en compás de espera, en espera de novedades y de soluciones.

Semana negra para el precio del petróleo

El petróleo sufrió una semana negra en los mercados internacionales al bajar su precio al nivel más bajo en cuatro años, empujado por las malas noticias macroeconómicas, no sólo en Estados Unidos sino también en la Unión Europea.

La semana comenzó con una fuerte bajada después de que la OPEP -que controla un 40 por ciento de las exportaciones mundiales- decidiera el sábado en El Cairo aplazar hasta mediados de diciembre una posible reducción de su oferta petrolera.

El precio de todos los crudos cayó al inicio de la semana en torno del 10 por ciento, rompiendo en el caso del Petróleo de Texas (WIT) y el del Mar del Norte (Brent) por primera vez en tres años la barrera de los 50 dólares por barril (159 litros).

Pero la senda bajista no cedió allí. Al informarse el lunes de que la economía de EEUU ya se encuentra en recesión desde diciembre de 2007, el crudo volvió a ceder otro 4 por ciento.

El jueves la UE anunció que la zona euro también se encuentra técnicamente en recesión, con dos trimestres consecutivos de contracción del 0,2 por ciento del Producto Interior Bruto (PIB).

Y en EEUU, las autoridades anunciaron el viernes que el mercado laboral ha sufrido un golpe histórico al destruirse más de 533.000 puestos de trabajo sólo en el mes de noviembre. Los problemas de la economía más grande del mundo tendrán consecuencias negativas para el consumo energético en ese país, al igual que el de sus principales socios comerciales, la UE, Japón y China, advierten los analistas.

Entre lunes y viernes de esta semana, el precio del «oro negro» bajó un increíble 24 por ciento, la caída más fuerte desde la invasión estadounidense en Irak en marzo de 2003. Y la cosa no parece parar aquí. El jueves, los analistas del banco estadounidense Merrill Lynch vaticinaron que el precio del crudo podría caer más todavía, hasta 25 dólares por barril.

El WTI, referencial en EEEUU, empezó la semana a un precio de 54,62 dólares por barril, cayó el lunes hasta 49,28 dólares, de allí bajó el martes a 46,96 dólares, el jueves a 43,67 y el viernes a 40,81 dólares por barril, su nivel más bajo desde diciembre de 2004.

El Brent, referente para Europa, comenzó la semana a 53,00 dólares, tras la decisión de no recortar la producción de la OPEP bajó hasta 47,97 dólares y cayó también en picado a partir del martes para cerrar la semana a 39,74 dólares por barril.

Por su parte, el precio del crudo de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), se calculó sólo hasta el miércoles debido a un festivo musulmán que mantuvo cerrada la central del cártel en Viena el viernes.

El precio cayó de los 45,26 dólares del lunes hasta 40,75 dólares el miércoles, aunque está claro cuando vuelva a abrir la sede del grupo el martes próximo, el precio de la cesta OPEP sufrirá una de sus mayores caídas en la historia.

Eso sí, ante el abaratamiento del crudo, la OPEP ha reaccionado ya con dos acuerdos para limitar su oferta en unos dos millones de barriles diarios. Además, los ministros del cártel tienen previsto pactar un eventual tercer recorte en una reunión extraordinaria que tendrá lugar el próximo día 17 en Orán (Argelia).

Mientras tanto, la Agencia Internacional de la Energía (AIE) rebajó esta semana sus previsiones para la demanda global de crudo para el período 2008-2013, y vaticinó un crecimiento anual de apenas un 1,2 por ciento, un 25 por ciento inferior al 1,6 por ciento que había pronosticado previamente.

Y los expertos de Merrill Lynch no prevén un repunte del precio del petróleo hasta mediados del año próximo.

Panorama abierto en las operaciones societarias del sector energético

Las dilaciones surgidas en el proceso de negociación de la financiación de la empresa rusa en Repsol a través de la adquisición de la participación accionarial de Sacyr (con la posible reducción del importe conseguido en la rondas de financiación y su petición de ampliación del plazo de amortización de los préstamos a siete años) empiezan a abrir nuevos escenarios y especulaciones. La tramoya relativa a la operación Repsol-Lukoil, a cuenta del control que la compañía rusa puede tener sobre la compañía española, las cuestiones revisitadas sobre la privatización realizada en su momento (algo que tampoco tiene sentido), las especulaciones sobre una operación a tres bandas integrando Repsol-Gas Natural y Unión Fenosa, reduciendo el peso de la empresa rusa o, incluso, la búsqueda de alguna alternativa entre empresas de países árabes o la participación de fondos soberanos. En todo caso, faltaría que se procurase construir un modelo de mayor coherencia en el plano internacional sobre las operaciones trasnacionales, con un principio básico de bilateralidad, como poco.

En segundo lugar, la maraña en torno a la situación financiera de Sacyr Vallermoso ha encontrado un cierto balón de oxígeno con la urgida venta de Itínere, lo que, en todo caso, no cierra los movimientos en torno a la compañía petroquímica. Más bien, parece que la apertura de la Caja de Pandora de la propiedad de Repsol no tiene vuelta atrás por mucho que su responsable haya puesto su permanencia en la compañía, condicionada al lanzamiento de una OPA por el total de la compañía en caso de que el accionista entrante sea Lukoil. Parece que esto ha servido a que un movimiento, cada vez más organizado afortunadamente, el de los pequeños accionistas, señale los agujeros de la regulación española en esta materia, y unidos a ese movimiento, el propio Antonio Brufau haya condicionado su continuidad y la entrada de Lukoil al lanzamiento de una OPA.

Relacionados, pero separados, ha empezado un cruce de declaraciones entre ACS e Iberdrola a cuenta del interés de la compañía que preside Florentino Pérez para “consolidar” su posición en Iberdrola. A lo que la propia compañía que preside Ignacio Sánchez Galán ha contestado señalando la situación financiera del grupo de construcción y servicios, recomendándole que se concentre en el negocio de la construcción, junto a la situación de los mercados de”secado” crediticio. A favor de las tesis del grupo que preside Florentino Pérez está la situación de los mercados bursátiles, que abarata el coste de cualquier operación de adquisición, gracias a la venta de Unión Fenosa a un buen precio y en un buen momento. Quiere decirse que la situación en el panorama energético español sigue muy revuelta y que las “corrientes de fondo” siguen su propio transcurso, lo que promete nuevas emociones. Lo que parece es que ya no van a ser sorpresas.

En paralelo, en la cocina de la Comisión Nacional de Competencia (CNC) está la última operación “formalizada”, la compra de Unión Fenosa por Gas Natural, en la que lo último que se conoce es que el ICO participará en el proceso de financiación. También se han publicado algunas cuestiones relativas a los efectos competitivos de la misma, en el mercado los mercados gasistas de aprovisionamiento y comercialización, así como en el sector eléctrico. Las informaciones que se conocen es que su dictamen no se va a demorar mucho.

Y, también muy reciente, parece que el matrimonio Enel-Acciona en Endesa tiene visos de que esté negociando sus capitulaciones, algo que está previsto en los pactos parasociales, pero que también promete que en breve plazo nos ofrecerá noticias, afectando a la configuración del sector en su conjunto, desde Endesa, Acciona Energía y también a Eufer, la filial española conjunta de Enel y Unión Fenosa en energías renovables.

En todo caso, el escenario es muy abierto y con muchas posibilidades y alternativas en lo que suceda finalmente en las operaciones societarias y en la configuración del sector energético español.

Desenredando la maraña del déficit tarifario

El denominado déficit tarifario nació en el año 2000 y se produce cuando el coste del suministro eléctrico supera lo que se recauda mediante las tarifas de la luz fijadas por el Gobierno que pagan los consumidores.

El desfase en las cuentas del sistema eléctrico lo asumen en primera instancia cinco eléctricas (Endesa, Iberdrola, Unión Fenosa, HC Energía y Viesgo -propiedad de E.ON-), pero en realidad es una deuda que pagan los consumidores a plazos durante varios años mediante las tarifas.

Para que las empresas puedan recibir este dinero en efectivo (en principio es un derecho de cobro) ceden la deuda a los bancos, que son quienes la recuperan al cabo del tiempo con los correspondientes intereses.

Tras años de subidas de tarifas insuficientes la fotografía final es la siguiente: la deuda acumulada asciende a 16.493 millones, de los que 12.990 no están pagados y, de estos últimos, 7.950 millones todavía no se han colocado entre los bancos por la crisis financiera.

Fuentes empresariales reconocen que la deuda pendiente de asumir es «un problemón», ya que esta cifra figura en sus balances, lo que deteriora sus ratios financieros, su imagen crediticia y les dificulta aún más la obtención de financiación en un momento de restricción del crédito.

Aunque nunca estuvieron conformes con el sistema del déficit, durante los años en que el acceso al crédito era fácil las empresas no le dieron demasiada importancia.

Sin embargo, ahora lo perciben como un peligro. «Es un cordero que se ha convertido en un lobo», resume una fuente empresarial.

El sistema resulta perverso para el consumidor, ya que al trasladar el pago en el tiempo no percibe cuánto cuesta realmente la electricidad y tiende a despilfarrarla.

Por último, el Gobierno debe resolver este problema antes de culminar la liberalización total del sector.

Lo más sencillo sería aplicar una subida de tarifas que evite que la deuda aumente (un 30 por ciento, según los cálculos de la Comisión Nacional de Energía (CNE) y pagar las cantidades pendientes en los próximos 14 años.

No obstante, las empresas son conscientes de que ningún gobierno aceptará subir un 30 por ciento la luz a 25 millones de ciudadanos.

Descartada esta salida, el escenario más plausible pasaría por acordar incrementos de la tarifa que no superarían el 8 o el 10 por ciento anual durante un periodo de tres años y sacar conceptos que actualmente se pagan mediante la tarifa para alcanzar una situación de equilibrio al final de la legislatura.

Para consensuar los detalles está prevista una reunión conjunta entre las empresas, la patronal Unesa y el Gobierno.

Las empresas quieren que tras el periodo transitorio las tarifas reguladas (tarifas de último recurso) recojan todos los costes y se reserven únicamente para los consumidores domésticos.

En contrapartida están dispuestas a implantar alguna compensación o bono social para los consumidores pequeños y hacer concesiones para abaratar el suministro a ciertas industrias.

Además, reclaman una bajada del IVA al 7 por ciento y la supresión del impuesto especial de la electricidad, lo que reduciría en unos 3.400 millones la factura del conjunto del sistema eléctrico, que asciende a 29.000 millones al año.

Por su parte el Gobierno podría utilizar en la negociación las cantidades correspondientes a los derechos de emisión de CO2 e incluso reclamar a las empresas parte de los viejos Costes de Transición a la Competencia, señalan algunas fuentes.

Existen otros asuntos como las primas de las renovables o la compensación a la producción extrapeninsular que podrían pagarse, al menos en parte, mediante los Presupuestos Generales del Estado (PGE), algo que parece improbable por las reticencias de Economía a cargar más gastos en el presupuesto.

Lo que sí parece estar descartado es acometer reformas en el mercado mayorista eléctrico o implantar mecanismos para reducir la retribución de tecnologías como la hidroeléctrica y la nuclear, tal como han apuntado algunos miembros de la CNE.

Nos dan las «grapes»

La situación existente al hilo de la publicación del caso de la subestación del polígono Ca Na Lloreta de Alcudia en Palma de Mallorca, prolongada hace hoy más de un año en su tramitación por las administraciones pertinentes, pone de manifiesto tres cuestiones, a cual más peliaguda, y que cada una requiere su propia atención y análisis por separado.

La primera es la situación propiamente dicha que genera la ley 17/2007 como herramienta para forzar el monopolio en las redes de transporte bajo una definición técnica de las redes y no funcional. Sobre todo, porque una definición de las redes de estas características puede afectar al servicio que reciben los ciudadanos y al correcto funcionamiento de la ordenación del sistema de transporte y distribución. Hay que recordar que esta involución hacia un modelo TSO con transportista único y definición técnica de las redes (integrando y unificando todo el transporte y la operación de red en el caso de Red Eléctrica) se tramitó por la puerta de atrás, aprovechando la transposición de varias directivas que estaban pendientes de incorporar al ordenamiento jurídico español que era el objeto de esta Ley. Sobre este propósito inicial, colado de rondón en trámite parlamentario por el anterior equipo energético y del que nada decía la Unión Europea, más bien al contrario, como se ha venido demostrando con posterioridad, es sobre el que vienen estos lodos.

Unido a esto, se articula un mecanismo de excepcionalidad para determinar la titularidad de determinados tramos en los que las distribuidoras pueden solicitar al Ministerio de Industria, que éstos tengan la consideración de distribución y no de transporte. Son aquellos de 220 kV y menores, sobre los que faltaba poner “criterio”.

La segunda tiene que ver con un compromiso expresado por el propio Presidente del Gobierno en lo que se refiere a la agilidad para facilitar los trámites de los proyectos de inversión de la iniciativa privada, en la conciencia que la actuación de la Administración estaba prolongando y demorando la puesta en marcha de determinadas inversiones, debido a su propio funcionamiento. Hay que recordar que la ley 17/2007 es de junio de 2007 y estamos a finales de 2008. Es decir 18 meses y como el primer día, con la CNE pensándose los criterios que tendría que aplicar. Esto sucede porque además existe un cierto desdén hacia la iniciativa privada por parte de los gestores públicos, en un momento en que lo privado y lo empresarial, recibe los coletazos ideológicos de su displicencia.

La tercera tiene que ver con la impotencia que preside todo el proceso, para quienes lo inician (es decir los promotores de este Polígono Industrial) y, al mismo tiempo para el mismo Ministerio de Industria. La Comisión Nacional de Energía, ha pasado más de un mes desde que fue reconvenida desde la Secretaría General de Energía en duros términos. Y la cosa, sigue igual, sin que sepa que haya criterios fijados, ni tampoco que se hayan resuelto los casos concretos que hay planteados y que el Ministerio asegura que son “decenas”. Un verdadero despropósito.

La verdad es que hay que comprender que sea difícil que la CNE se ocupe de estos temas, con el impresionante trabajo al que está sujeta, además de las tribulaciones de su inminente cambio. Desde los casos de la función 14 en los que ya se inhibe directamente tras la resolución del Tribunal Europeo de Justicia, defendiendo la protorregulación en la sombra de REE, la elaboración de informes incendiarios sobre la subida de tarifas para justificar cambios en el modelo (y no aplicarlo), los enfrentamientos sordos con el Ministerio de Industria, la elección de vehículos, parkings, el cambio de mobiliario, o la adquisición de edificios, entre otras cosas de mayor urgencia y menester.

Como se suele decir, y más en estas fechas prenavideñas. Llegaremos al 31 de diciembre así. ¿Nos dan las uvas?

El crudo termina a la baja mientras que la OPEP aplaza un nuevo recorte en la producción

El precio del petróleo terminó la semana a la baja después de que varios ministros de la OPEP dejaran claro que en la reunión en El Cairo que no se aprobará ningún recorte y cualquier decisión se adoptará en diciembre en Oran (Argelia).

La tendencia bajista esta semana se había revertido con un ligero repunte ante la reunión ministerial en la capital egipcia y las expectativas de una rebaja de los suministros para defender el precio del crudo.

La caída de la demanda derivada de la ralentización económica internacional ha tenido un duro impacto en el valor del crudo, que ha perdido casi 100 dólares desde sus máximos de 147 dólares el pasado julio, entre un 60 y un 65 por ciento, dependiendo del tipo de petróleo.

La OPEP, que controla cerca del 40 por ciento de la producción mundial de crudo, considera que el nivel actual de las reservas almacenadas de petróleo en las naciones industrializadas es demasiado alto, al cubrir 55 días consecutivos de demanda.

En esta línea se expresó el secretario general de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), Abdalá Salem El-Badri, al asegurar que el mercado «tiene un exceso de suministro».

Así, está claro que se pretende aplicar un recorte sobre el bombeo del grupo, pero este paso se aplazará hasta el próximo 17 de diciembre en la ciudad argelina de Orán. Esa reunión, y no la de El Cairo, es la que única que tiene convocada formalmente la OPEP.

La decisión de la OPEP en sus dos últimas reuniones en septiembre y octubre de reducir su oferta en dos millones de barriles diarios no ha evitado que la caída del crudo se acentuara este mes, con periodos en los que el Brent y el Texas estuvieron por debajo de los 50 dólares.

En Nueva York, el crudo Texas terminó la semana a 54,43 dólares por barril, lo que significa que en el mes de noviembre los futuros de esa materia prima se han abaratado prácticamente un 20 por ciento pese a los recortes aplicados por la OPEP.

En Londres, el crudo Brent bajó el viernes 36 centavos hasta los 53,49 dólares al cierre de la semana en el International Exchange Futures (ICE).

Mientras, el valor del crudo de la OPEP, subió el jueves hasta los 47,38 dólares por barril, un 4,2 por ciento más que el valor de la jornada anterior.

La decisión de la OPEP de esperar a diciembre para recortar la producción también la respaldó el ministro del Petróleo de Arabia Saudí, Alí al Naimi, que representa los intereses del mayor productor mundial de crudo y es la voz con más peso dentro de la organización. «Ya hemos hecho dos reducciones grandes y vamos a esperar y ver el impacto en los mercados», agregó el ministro saudí. «Haremos todo lo que sea necesario para recuperar el precio», recalcó.

Dejando de lado el influjo de las decisiones de la OPEP en la cotización del crudo, otro hecho que se dejó sentir en los mercados de crudo esta semana fue el recorte de los tipos de interés en China, lo que impulsó al alza los precios por un tiempo esta semana.

Ese recorte era el cuarto desde mediados de septiembre para tratar de hacer frente a la crisis financiera global, pero en este caso la rebaja fue de 1,08 puntos porcentuales, el mayor en una década.

Por el lado de las datos negativos, la demanda de crudo en EEUU, el mayor consumidor mundial, sigue deteriorándose, como demuestran los datos oficiales de una caída en más de dos millones de barriles en septiembre en comparación con el año pasado, el nivel mensual más bajo en una década.

También se conocieron otros datos adversos de la mayor economía del planeta, como que el gasto de los consumidores en EEUU tuvo en el tercer trimestre su mayor reducción en 28 años y la tasa de actividad económica se contrajo a un 0,5 por ciento anual.

120 industrias acumulan el 36% de las emisiones de gases de efecto invernadero

Más de un tercio de esta contaminación es producida por pocas industrias, especialmente del sector eléctrico, que sigue siendo el sector que más margen tiene para mejorar su eficiencia energética y continúa con instalaciones altamente contaminantes como las centrales de generación eléctrica que se alimentan de carbón. Mientras, el Gobierno se cruza de brazos y confía en que la profundización de la crisis le permita cumplir con Kioto.

Las emisiones de gases de invernadero en dióxido de carbono (CO2) equivalente en España han aumentado un 52,3% entre 1990 y 2007. No hay una relación mecánica entre el crecimiento económico y el aumento de las emisiones, como demuestra la experiencia internacional e, incluso, la española. En el caso de España, las altas tasas de crecimiento registradas responden a las políticas de promover el transporte privado, la especulación urbanística, el modelo de urbanismo disperso y el desarrollismo a ultranza. Es posible crecer y satisfacer las necesidades de la población con una disminución de las emisiones, como demuestran numerosas experiencias internacionales, y hoy es una necesidad para frenar el cambio climático, además de una obligación en el marco del Protocolo de Kioto y nuestros compromisos en el seno de la Unión Europea.

Los mayores aumentos se han producido en Andalucía, Canarias, País Valenciano, Murcia, La Rioja, Baleares, Extremadura, Navarra y Madrid. Las regiones donde menos han aumentado las emisiones son Asturias, Castilla y León, Galicia y Aragón, todas ellas con centrales termoeléctricas de carbón, por lo que puede afirmarse que el descenso se acentuará en 2008, a causa de la crisis económica y el mayor precio del CO2. Los mayores porcentajes respecto al total corresponden a Andalucía, Cataluña y Castilla y León.

Un hecho poco conocido es que sólo 120 instalaciones emitieron en 2007 el 36% de los gases de efecto invernadero en España, y 43 instalaciones, de mayor a menor emisión, emitieron el 26% de los gases de efecto invernadero (GEI) en 2007. Los diez campeones emitieron el 13,2% del total.

Las centrales termoeléctricas de carbón son responsables del 15,7% de las emisiones totales de España en 2007. Ese mismo año funcionaron muchas horas, en parte debido a que el precio de la tonelada de CO2 fue de apenas unos céntimos de euro, pero el panorama ha cambiado sustancialmente en 2008, debido tanto al mayor precio del CO2 como a la duplicación del precio del carbón importado, lo que beneficia fundamentalmente a las centrales eléctricas de ciclo combinado, de gas natural importado. El carbón recibe importantes ayudas públicas directas e indirectas, y apenas genera 8.000 empleos, más otros 2.500 en las centrales termoeléctricas, frente a los más de 200.000 empleos en el sector de las energías renovables.

El sector eléctrico es el más importante desde el punto de vista de las emisiones, y es también donde se pueden alcanzar mayores reducciones en la contaminación de la manera menos traumática, aligerando la presión sobre otros sectores industriales, por varias razones: la baja elasticidad precio/demanda de electricidad, la escasa repercusión de la competencia mundial, la variedad de productos sustitutivos y la posibilidad de repercutir el coste del CO2 al consumidor con menores efectos adversos, tras muchos años de reducción real del precio del kWh.

El sector eléctrico puede realizar grandes reducciones de las emisiones a un precio razonable, y existen alternativas claras y viables ya en el mercado, como la energía eólica en la actualidad y la solar termoeléctrica en unos pocos años, además de la cogeneración y el aumento de la eficiencia. La internalización de costes que supone la Directiva de Comercio de Emisiones ha hecho aflorar las ventajas competitivas de la eólica y otras energías renovables, que además tienen otras muchas sinergias, como mayor generación de empleo, reducción del déficit comercial y desarrollo tecnológico. El precio medio de la electricidad se ha reducido un 40% en términos constantes en la última década, lo que deja un margen para actuaciones encaminadas a reducir las emisiones, más si se tiene en cuenta que han desaparecido otras partidas, como las destinadas a la moratoria nuclear. Las centrales de carbón emiten por kWh entre 2,5 y 3 veces más CO2 que las centrales de ciclo combinado de gas natural. La emisión de la energía eólica es prácticamente nula. Una cuestión destacable es el estancamiento de la cogeneración, a causa de las medidas adoptadas en los últimos años.

Otros sectores contaminantes

Por su parte, las industrias ligadas a la construcción, como el cemento, las cales y ladrillos, son responsables de un porcentaje significativo de las emisiones contaminantes. El panorama ha cambiado sustancialmente en 2008 con la crisis inmobiliaria, que va a prolongarse varios años, y difícilmente regresará a las cifras de 2007.

El refino del petróleo es otro sector intensivo en emisiones. Los vehículos eléctricos, que empezarán a comercializarse a partir de 2010, pueden contribuir a la reducción de las emisiones ocasionadas por derivados del petróleo, como la gasolina y el gasóleo.

La contaminación tiene responsables claros, además del Gobierno, cuya única acción para cumplir el Protocolo de Kioto se reduce en la práctica a esperar que la crisis económica reduzca las emisiones, algo que ya sucedió en el pasado.

Teoría del marco

Teléfono rojo. Volamos hacia Moscú. Sucede que, en medio de toda la actividad incesante desatada a raíz de la operación de adquisición del casi 30 % de Repsol por parte de Lukoil, se ha publicado el libro de memorias de Juan Negrín, en las que se asocia uno de esos mitos, que es el del “oro de Moscu”. Evidentemente la asociación de ideas no es especialmente positiva con la pretensión de la petrolera rusa, con la forma en que se ha producido su aparición en el tablero energético sectorial español, con una fuerte reacción contraria y con el trasfondo de las consecuencias y repercusiones de la operación para Sacyr Vallehermoso, ya sea para bien o para mal. Sobre todo porque la arborescencia de los implicados y cercanos en la operación da vértigo, desde la perspectiva de los propios intereses de los mismos, y el número de nombres se multiplica por momentos.

Además habría que reflexionar que una operación así, de producirse en el marco intraeuropeo intervendrían múltples instancias, desde los órganos de regulación nacionales al Tribunal de Justicia, pasando por la Comisión Europea. En cambio, en esta operación con una empresa extracomunitaria, con límites difusos en comportamientos públicos y privados, se puede entrar hasta la cocina y colocarse en el mismo punto de penalty con una facilidad pasmosa. Algo, evidentemente, no cuadra y no es simétrico, mientras que, aparentemente, se desvanecen las opciones de la operación.

Duelo al sol. Otro de los “marcos” en que nos hemos situado es la existencia de situaciones anómalas o irregulares en el caso de las instalaciones de energía solar fotovoltaica y el programa de inspecciones desplegado por la Comisión Nacional de Energía. Difundido con poco “mimo”, parece que un número importante de las instalaciones investigadas, cuya situación administrativa presenta algún tipo de irregularidad (inclusive, en algún caso extremo, que se encuentra en fases muy iniciales de su instalación). El hecho es que su difusión mediática, previa a la aprobación del informe del organismo y al propio trámite de audiciencia parece que empieza a desatar dudas procesales importantes (difusión pública antes del trámite de audiencia a los interesados). Sobre todo, porque además de que los problemas aparecidos tienen que ver, en gran medida, con la tramitación en las Comunidades Autóomas.

Segundo, porque gran parte de los problemas están causados por lo que es la regulación de la economía de incentivos generada por el modelo apocalíptico del R.D. 661/2007 que puso a todos los agentes contra las cuerdas y, seguramente, las incidencias se concentraran en aquellas instalaciones urgidas en cada momento por sus respectivos cambios regulatorios y retributivos. En todo caso, sería sano para todos que estos temas se tratasen en un modelo de inspección seria, garantista, dedicada a aplicar el ordenamiento jurídico de forma rigurosa y menos dedicada a los focos y a la exclusiva, señalando además el papel de las administraciones intervinientes en cada una de sus posibles incidencias. ¿Puede ser que la inspección de 30 huertos solares, puestos en funcionamiento al borde de la nueva regulación, tenga el mismo poder mediático que Bretton Woods -3?

El agotamiento del marco. Quizá podríamos señalar que un ejemplo paradigmático de lo contrario, en materia de marco informativo, ha sido el de la energía nuclear. Habiendo asistido durante este verano a un importante conjunto de informaciones tratadas en forma de escándalo sobre la energía nuclear, y extenuados todos con la contínua pérdida de maletines con material radiactivo, cada vez que se intentaba reabrir el debate nuclear, la propuesta de llevar la vida útil de las centrales nucleares a 2030 y la repotenciación con nuevas tecnologías de generación nuclear, ha pillado sin munición y sin argumentos sólidos a los contrarios a esta tecnología. Parece que en este sentido también ha habido una repotenciación argumental, que podríamos decir muy inteligente.

La deuda interna o el déficit tarifario en la trastienda. Una parte que tiene que ver con el denso contexto que tiene lugar en el sector energético, es la necesidad de resolver el problema del déficit tarifario (cuestión que hoy ya, después de mucho tiempo, no necesita explicación didáctica, pero si solución). Tuvimos noticia de las reuniones del Ministro de Industria con los responsables de las empresas eléctricas, alguna escaramuza (infructuosa) para ‘drenar’ las primas de las renovables al Presupuesto y algún globo sonda sobre las pretensiones de renuncia que se conocían en las inmediaciones oficiales. Lo que está claro es que el déficit es el trasfondo de toda la realidad energética española actual, argumento y trama que pone a los personajes en situación. Sigue la espera y la tensión.

El barril de crudo cae por debajo de 50 dólares por primera vez en 42 meses

La sima en la que se han precipitado las cotizaciones del petróleo en las últimas semanas tocó esta semana un nuevo fondo, con los petróleos de referencia en Europa y en Estados Unidos por debajo de 50 dólares/barril por primera vez desde principios de 2005.

Las malas noticias sobre la marcha de la economía mundial siguieron dando sobresaltos a los mercados petroleros, en los que al miedo a la reducción de la demanda se unió la incertidumbre sobre el futuro de la industria automovilística en Estados Unidos. Respecto al primer factor, la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) revisó de nuevo a la baja sus cálculos de crecimiento de consumo de crudo.

El cartel petrolero con sede en Viena indicó en su informe mensual publicado el lunes que en 2009 la demanda de crudo crecerá prácticamente sólo en Oriente Medio y Asia.

Así, la OPEP estima que la demanda mundial de crudo aumentará el próximo año únicamente un 0,57% frente a la 2008, y se situará en los 86,68 millones de barriles por día (mbd), cuando hace un mes contaba con un consumo medio de 87,21 mbd en 2009.

La Agencia Internacional de la Energía (AIE) ya había advertido la semana anterior que el consumo de crudo en los países industrializados disminuirá un 2,7% este año a 47,8 millones de barriles diarios, y volverá a caer un 1,6% en 2009 hasta 47,1 millones.

El proceso de recesión que afrontan en paralelo las mayores economías del planeta, EEUU, la UE y Japón, es la causa de este claro retroceso en las necesidades de «oro negro».

Para añadir más tensión al mercado, el Congreso de Estados Unidos rechazó el jueves la petición de ayuda económica formulada por los grandes productores de vehículos: Ford, General Motors y Chrysler.

Los productores tendrán que presentar un plan de viabilidad para convencer al Congreso de que aporte los 25.000 millones de dólares que reclaman para sortear la crisis. Las dudas sobre cómo afectarán los problemas de este sector al consumo de carburantes ha añadido más presión a las cotizaciones del crudo. De hecho, la decisión del Congreso en Washington coincidió con una espectacular bajada del 7 por ciento en los mercados de Londres y Nueva York.

Tanto el Brent europeo como el Texas de referencia en EEUU cayeron por debajo del nivel psicológico de 50 dólares, una marca inédita desde hace tres años y medio y que supone que el precio se ha depreciado ya un 66 por ciento desde su récord de 147 dólares en julio.

Así las cosas, al final de la semana los precios experimentaron un ligero repunte pero sin volver a salvar el listón de los 50 dólares por barril.

En el International Exchange Futures (ICE) de Londres, el barril de Brent se pagó a 49,19 dólares al cierre de la sesión del viernes, 5 dólares menos que al final de la pasada semana. Por su parte, el Petróleo Intermedio de Texas (WTI) marcó un precio de 49,93 dólares, 7 menos que al cierre del viernes anterior.

Ahora, el mercado espera a las señales que pueda enviar la OPEP en su reunión del próximo día 29 de noviembre en El Cairo. Una consulta que se espera sirva más para intercambiar ideas que para tomar decisiones que refuercen el recorte de 1,5 millones de barriles diarios aprobado el pasado 24 de octubre.

El 17 de diciembre, los 13 socios del grupo se reunirán de nuevo en Argelia, y esta vez sí se espera que se den pasos en forma de recortes para intentar detener el continuo desplome de los precios.

A ese respecto, el ministro de Energía argelino y presidente en ejercicio de la OPEP, Chakib Jelil, anunció que en la reunión argelina su organización «debe adoptar una decisión de peso para estabilizar el mercado». Jelil agregó que el cartel ha perdido 700.000 millones de dólares a consecuencia de la crisis financiera internacional y la bajada de los precios del crudo.

Algo se mueve en la energía nuclear

Parece que la cuestión de la energía nuclear empieza a moverse después de muchos vaivenes y de muchos movimientos hiperbólicos (incluso en alguna ocasión por exagerados en su enfoque y sus efectos). La Prospectiva 2030, un documento elaborado a caballo entre los equipos ministeriales (el anterior y el actual), abordará el hecho de la prolongación hasta el total y repotenciación de las centrales nucleares españolas para aumentar su participación en el mix energético. Ya empieza a difundirse en los medios de comunicación cual será la posición de este documento, una especie de plan director del sector energético español para el horizonte del 2030.

Y es que el difícil equilibrio entre dependencia energética, precio de la energía y seguridad de suministro parece que va a converger finalmente sobre la lógica económica: un modelo desarrollado sobre la base de aumentar la aportación de los ciclos combinados, conlleva más importaciones de terceros países e indiciación a combustibles fósiles, con el consiguiente efecto sobre la “factura final”. Otra cosa, es que el objetivo es un modelo energético diversificado en el que cada tecnología tiene papeles diferentes, como energía de base y punta. Sebastián un hombre con visión en términos de progreso tecnológico (y también con ascendencia con el Presidente del Gobierno) parece que ha tenido que ver en el giro final de la propuesta.

Tal y como se conoce, la propuesta parece conseguir una cierta “cuadratura del círculo” en la cuestión nuclear, gracias también a las nuevas tecnologías atómicas. En primer lugar, cumplir con los compromisos del programa electoral socialista: por la parte negativa, agotar la vida útil de las instalaciones y no instalar más reactores nucleares. En la parte positiva, se conseguiría gracias a las nuevas tecnologías y a la inversión, aumentar su peso en la generación eléctrica, conseguir un mix energético más barato en el medio plazo y actuar para la mejora de las emisiones de gases efecto invernadero.

Ello sigue también lo que han expresado casi unánimemente desde organizaciones empresariales y sindicales, incluyendo algún reproche por la falta de valentía política de administraciones anteriores. No se ha librado de ese reproche ni la administración popular anterior (responsable del cierre de la central de Zorita), ni Felipe González, quien ahora mantiene una posición a favor de esta tecnología, pero a quien se le hace responsable de la moratoria nuclear (una medida económica no ideológica, recordemos, a la vista de las incorrectas previsiones de crecimiento de demanda).

Cabe, en este caso esperar, que este avance sea más certero y definitivo que en ocasiones anteriores, que se acaben por resolver la cuestión de la gestión de los residuos y que no aparezcan nuevos episodios que distraigan la atención del debate, que como aseguramos en este medio, era una cuestión que no estaba cerrada con una declaración política o mediática, más o menos formal.

Crucemos los dedos.