Nos dan las «grapes»

La situación existente al hilo de la publicación del caso de la subestación del polígono Ca Na Lloreta de Alcudia en Palma de Mallorca, prolongada hace hoy más de un año en su tramitación por las administraciones pertinentes, pone de manifiesto tres cuestiones, a cual más peliaguda, y que cada una requiere su propia atención y análisis por separado.

La primera es la situación propiamente dicha que genera la ley 17/2007 como herramienta para forzar el monopolio en las redes de transporte bajo una definición técnica de las redes y no funcional. Sobre todo, porque una definición de las redes de estas características puede afectar al servicio que reciben los ciudadanos y al correcto funcionamiento de la ordenación del sistema de transporte y distribución. Hay que recordar que esta involución hacia un modelo TSO con transportista único y definición técnica de las redes (integrando y unificando todo el transporte y la operación de red en el caso de Red Eléctrica) se tramitó por la puerta de atrás, aprovechando la transposición de varias directivas que estaban pendientes de incorporar al ordenamiento jurídico español que era el objeto de esta Ley. Sobre este propósito inicial, colado de rondón en trámite parlamentario por el anterior equipo energético y del que nada decía la Unión Europea, más bien al contrario, como se ha venido demostrando con posterioridad, es sobre el que vienen estos lodos.

Unido a esto, se articula un mecanismo de excepcionalidad para determinar la titularidad de determinados tramos en los que las distribuidoras pueden solicitar al Ministerio de Industria, que éstos tengan la consideración de distribución y no de transporte. Son aquellos de 220 kV y menores, sobre los que faltaba poner “criterio”.

La segunda tiene que ver con un compromiso expresado por el propio Presidente del Gobierno en lo que se refiere a la agilidad para facilitar los trámites de los proyectos de inversión de la iniciativa privada, en la conciencia que la actuación de la Administración estaba prolongando y demorando la puesta en marcha de determinadas inversiones, debido a su propio funcionamiento. Hay que recordar que la ley 17/2007 es de junio de 2007 y estamos a finales de 2008. Es decir 18 meses y como el primer día, con la CNE pensándose los criterios que tendría que aplicar. Esto sucede porque además existe un cierto desdén hacia la iniciativa privada por parte de los gestores públicos, en un momento en que lo privado y lo empresarial, recibe los coletazos ideológicos de su displicencia.

La tercera tiene que ver con la impotencia que preside todo el proceso, para quienes lo inician (es decir los promotores de este Polígono Industrial) y, al mismo tiempo para el mismo Ministerio de Industria. La Comisión Nacional de Energía, ha pasado más de un mes desde que fue reconvenida desde la Secretaría General de Energía en duros términos. Y la cosa, sigue igual, sin que sepa que haya criterios fijados, ni tampoco que se hayan resuelto los casos concretos que hay planteados y que el Ministerio asegura que son “decenas”. Un verdadero despropósito.

La verdad es que hay que comprender que sea difícil que la CNE se ocupe de estos temas, con el impresionante trabajo al que está sujeta, además de las tribulaciones de su inminente cambio. Desde los casos de la función 14 en los que ya se inhibe directamente tras la resolución del Tribunal Europeo de Justicia, defendiendo la protorregulación en la sombra de REE, la elaboración de informes incendiarios sobre la subida de tarifas para justificar cambios en el modelo (y no aplicarlo), los enfrentamientos sordos con el Ministerio de Industria, la elección de vehículos, parkings, el cambio de mobiliario, o la adquisición de edificios, entre otras cosas de mayor urgencia y menester.

Como se suele decir, y más en estas fechas prenavideñas. Llegaremos al 31 de diciembre así. ¿Nos dan las uvas?