El año del aterrizaje forzoso

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Es el momento en que se están multiplicando los análisis relativos al primer año de la acción de gobierno del segundo ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero tras las elecciones del 9 de marzo de 2008. Corresponde, por tanto, hacer también un análisis de lo que ha sido este primer año en el ámbito energético del nuevo equipo del Ministerio de Industria, con Miguel Sebastián y Pedro Marín a la cabeza de este departamento del Ejecutivo. El nombramiento de Miguel Sebastián como Ministro de Industria, Turismo y Comercio concitó, en un primer momento, ríos de tinta en los medios de comunicación en la medida que su papel en la Oficina Económica del Presidente y su relación directa con Zapatero le daban una capacidad potencial de lateralización al Vicepresidente Pedro Solbes que ofrecía enormes suspicacias. Parece que el tiempo ha dibujado una relación mucho más estable de lo que parecía en un primer momento, todo ello unido al deterioro o los ciclos por los que ha pasado la relación Zapatero-Sebastián fruto de algunas declaraciones en concreto.

En todo caso, antes de hacer este análisis, es necesario dibujar correctamente lo que es el escenario que fue el punto de partida, en la medida que este primer momento ha condicionado y condicionará en el futuro notablemente su gestión. Se cerraba en ese momento la pintoresca etapa de Joan Clos en el Ministerio de Industria (en posición dolce far niente), con Ignasi Nieto como Secretario General de Energía (intrépido, temerario y autoritario). Un extravagante tributo a determinados sectores del socialismo catalán que configuraron el equipo energético, si lo unimos al papelón de Maite Costa como Presidenta de la CNE.

En conjunto, una etapa de fuertes tribulaciones, justificaciones genitales en muchos casos, de un enfrentamiento abierto con el sector, desarrollo regulatorio atroz fuertemente desequilibrado, iniciativas muy precipitadas y espasmódicas, judicialización del sector, arbitrariedad e inseguridad regulatoria, deterioro del modelo de mercado y liberalización, sumisión a REE irrogada en regulador in péctore (a la que sólo le faltaban las autoliquidaciones de sus activos) y derroche del déficit tarifario “a todo trapo” en momentos en que la crisis económica no azotaba a la economía española y era posible buscar una transición, modelo latino, por plazos, dosificada, menos dolorosa, pero el problema es que no había convicción para realizarla.

Por tanto, si hacen la lista de los asuntos que tiene hoy en cartera el actual equipo Ministerial, casi se puede ver el paralelismo con todas las trapisondas heredadas del anterior equipo energético y que es necesario arreglar, con un comportamiento que se mezclaba con lo que Enric Juliana califica de “pensamiento mágico” (capacidad que atribuye a determinados miembros de la clase política catalana actual de pensar que con sólo desear algo se puede conseguir, como un Estatuto de Autonomía sin mácula). Así, por ejemplo, lo primero que tuvo que arreglar este equipo fue el disparate de la regulación de los mecanismos retributivos de la energía fotovoltaica (que se había desbocado por una política de incentivos insoportable y descontrolada, fruto de una mala regulación). En todo caso, ahora en este sector cunde la impresión de que ha habido un exceso de frenada.

Segunda cuestión de gran calado en este año: la negociación para resolver el sangrante y lacerante problema del déficit tarifario que hace daño a consumidores, empresas y al país en su conjunto y que fue cebado con la política de tarifa baja con precios altos de la energía y las materias primas incomprensiblemente seguida en la etapa anterior. Un proceso que parece que está llevando más tiempo del previsto inicialmente (un exceso de optimismo ha hecho apreciar un acuerdo final inminente en varios momentos), en el que el Ministerio de Industria dibujó una regla de tercios (consumidores, Administración y empresas), sobre la que después han existido injerencias desde Moncloa y de determinados sectores involucionistas y retroprogresivos del sector energético. Todo ello ha ido retrasando este proceso. En todo caso, el fracaso de la CNE en la subasta del déficit tarifario, mitad por la situación financiera del país y mitad por la incapacidad para gestionar los avales públicos de este activo, nos ha llevado al aterrizaje forzoso.

Traca final: la aplicación del modelo ISO en las redes, tanto gasista como eléctrica, recientemente conocida, con la intención de abordar uno de los temas más espinosos del sector energético español. Una medida que ha desbordado a Red Eléctrica de España y a su procedimiento para tenerlo todo atado y bien atado, de forma que el propio Ministro de Industria, Miguel Sebastián deja en evidencia a su presidente actual Luis Atienza en su pretensión de que no va haber cambios en REE. A lo mejor es que está releyendo “El Gatopardo”, pero es evidente que la cúpula directiva de REE no pasa por sus mejores horas tras la publicación de esta noticia.

En todo caso, podemos resumir que este equipo energético ha tenido un comportamiento mucho más cauteloso que el equipo anterior, además de tener que resolver los follones almacenados (muchos van a ir estallando en breve). Algo que es necesario y de agradecer para el sector energético y para la economía española, necesitada de volver a los métodos.

Un reality show a cuenta de la energía nuclear

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Se le atribuye al Premio Nóbel de Literatura español, Camilo José Cela, la frase “el que resiste, gana”. Y no sabemos si será así, pero puede parecer que estamos ante un nuevo capítulo del esperpento episódico que existe ante la energía nuclear en España, los intentos cada vez más denodados por abrir este debate y los sucesivos mandobles que se dan para cerrarlos.

En torno a esta cuestión, se está produciendo un efecto propio de las atracciones de las ferias: por un lado, los partidarios de abrir el debate nuclear que cogen impulso, inercia, fuerza, posiciones, fruto principalmente de la realidad económica, y, por otro lado, cada cierto tiempo en el desarrollo de esta partida de mus, sus detractores, que tiran del freno y ponen la marcha atrás (por cierto, de forma cada vez más abrupta). Esto es lo que sucedió, o lo que se escenificó a principios de esta semana, con la tromba de declaraciones de varios ministros del Gobierno contra la energía nuclear y que pudimos conocer a través de los medios de comunicación de manera práctica y sorprendentemente alineada y orquestada. Otras veces ha coincidido con la desaparición de un maletín “nuclear” en Móstoles o con el aireamiento forzadamente exagerado y continuado de incidencias en alguna instalación concreta.

Tres son las lecturas que se pueden hacer del hecho de que se haya producido esta “catarata” de declaraciones de Miguel Sebastián (desafiante, excluyente…) , Elena Espinosa y Cristina Garmendia a modo casi de corifeo. La primera es que el gobierno precisa una respuesta cada vez más rocosa y, a la vez, correosa para esquivar la cuestión del debate nuclear en nuestro país. En otros momentos, estos movimientos se dosificaban en una sola cartera o responsable político. Segunda lectura: parece que esta postura, cada vez más ideologizada, proviene de instancias más altas de quienes son sus almuecines directos, por tanto se puede situar a Moncloa detrás de esta táctica de achique de espacios en torno a esta cuestión. Tercero, que puede no ser casual, ahora que se deslizan en los medios de comunicación quinielas respecto al cambio de gobierno con ministros cuestionados por razones de una índole u otra, que sea necesario dentro del meritoriaje de la continuidad que se incluya algún servicio de estas características. Todo el mundo, además, sabe que en el seno del PSOE (y también dentro del Ejecutivo) hay partidarios de reabrir el debate nuclear y por ello es mejor no citar nombres porque, como se suele decir, hasta ahí podemos leer.

Son momentos en los que ninguna declaración es inocente o, mejor dicho, todas persiguen una cierta finalidad. Estamos al borde de tener que decidir sobre la central de Garoña y se ha dado a conocer también que Almaraz es una de las centrales más eficientes de Europa. Pero las declaraciones ministeriales parece que quieren condicionar si cabe más este “pseudodebate” sobre si abrir el debate.

En España no hay debates en profundidad sobre la realidad social y económica dado que se han preferido situar en temas susceptibles de ideologización. Pero es que hay veces que no se pueden elegir los mismos: la Memoria Histórica, la Educación para la Ciudadanía o la nueva legislación sobre el aborto van a dar paso, si la crisis no remite, a cuestiones de este tipo o la necesidad de reformar el mercado de trabajo. La realidad impone el hecho de trabajar en serio. Hay otros que los impone la realidad económica, pero el procedimiento de la avestruz o de la evitación continuada no puede ser la solución. Obviamente, un gobierno o un país que tiene miedo de abrir debates evidencia una inseguridad o un ejercicio autoritario de las repuestas del país.

Lo que sí parece que es obvio es que el Gobierno, el Presidente, el Ministro, los Ministros tienen derecho por posiciones ideológicas o por lo que sea a mostrarse en contra de la energía nuclear. Pero también tienen la obligación de explicar a esa masa informe que es la ciudadanía sobre cómo va a ser el mix de generación futura en España, cuál puede ser su coste para los ciudadanos, cómo se van a afrontar (en serio) los costes de la reducción de emisiones de carbono, cuáles son las consecuencias de la dependencia energética final derivada de elegir determinadas fuentes de energía.

En todo caso, no es de recibo asistir a una partida de mus con cartas marcadas, a un “tour de force” parcelado convenientemente, porque se convierte en un “falso debate” y se convierte en un reality-show. Y, lo que es peor, no damos soluciones de futuro a la sociedad más allá de las consignas.

Un reality show a cuenta de la energía nuclear

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Se le atribuye al Premio Nóbel de Literatura español, Camilo José Cela, la frase “el que resiste, gana”. Y no sabemos si será así, pero puede parecer que estamos ante un nuevo capítulo del esperpento episódico que existe ante la energía nuclear en España, los intentos cada vez más denodados por abrir este debate y los sucesivos mandobles que se dan para cerrarlos.

En torno a esta cuestión, se está produciendo un efecto propio de las atracciones de las ferias: por un lado, los partidarios de abrir el debate nuclear que cogen impulso, inercia, fuerza, posiciones, fruto principalmente de la realidad económica, y, por otro lado, cada cierto tiempo en el desarrollo de esta partida de mus, sus detractores, que tiran del freno y ponen la marcha atrás (por cierto, de forma cada vez más abrupta). Esto es lo que sucedió, o lo que se escenificó a principios de esta semana, con la tromba de declaraciones de varios ministros del Gobierno contra la energía nuclear y que pudimos conocer a través de los medios de comunicación de manera práctica y sorprendentemente alineada y orquestada. Otras veces ha coincidido con la desaparición de un maletín “nuclear” en Móstoles o con el aireamiento forzadamente exagerado y continuado de incidencias en alguna instalación concreta.

Tres son las lecturas que se pueden hacer del hecho de que se haya producido esta “catarata” de declaraciones de Miguel Sebastián (desafiante, excluyente…) , Elena Espinosa y Cristina Garmendia a modo casi de corifeo. La primera es que el gobierno precisa una respuesta cada vez más rocosa y, a la vez, correosa para esquivar la cuestión del debate nuclear en nuestro país. En otros momentos, estos movimientos se dosificaban en una sola cartera o responsable político. Segunda lectura: parece que esta postura, cada vez más ideologizada, proviene de instancias más altas de quienes son sus almuecines directos, por tanto se puede situar a Moncloa detrás de esta táctica de achique de espacios en torno a esta cuestión. Tercero, que puede no ser casual, ahora que se deslizan en los medios de comunicación quinielas respecto al cambio de gobierno con ministros cuestionados por razones de una índole u otra, que sea necesario dentro del meritoriaje de la continuidad que se incluya algún servicio de estas características. Todo el mundo, además, sabe que en el seno del PSOE (y también dentro del Ejecutivo) hay partidarios de reabrir el debate nuclear y por ello es mejor no citar nombres porque, como se suele decir, hasta ahí podemos leer.

Son momentos en los que ninguna declaración es inocente o, mejor dicho, todas persiguen una cierta finalidad. Estamos al borde de tener que decidir sobre la central de Garoña y se ha dado a conocer también que Almaraz es una de las centrales más eficientes de Europa. Pero las declaraciones ministeriales parece que quieren condicionar si cabe más este “pseudodebate” sobre si abrir el debate.

En España no hay debates en profundidad sobre la realidad social y económica dado que se han preferido situar en temas susceptibles de ideologización. Pero es que hay veces que no se pueden elegir los mismos: la Memoria Histórica, la Educación para la Ciudadanía o la nueva legislación sobre el aborto van a dar paso, si la crisis no remite, a cuestiones de este tipo o la necesidad de reformar el mercado de trabajo. La realidad impone el hecho de trabajar en serio. Hay otros que los impone la realidad económica, pero el procedimiento de la avestruz o de la evitación continuada no puede ser la solución. Obviamente, un gobierno o un país que tiene miedo de abrir debates evidencia una inseguridad o un ejercicio autoritario de las repuestas del país.

Lo que sí parece que es obvio es que el Gobierno, el Presidente, el Ministro, los Ministros tienen derecho por posiciones ideológicas o por lo que sea a mostrarse en contra de la energía nuclear. Pero también tienen la obligación de explicar a esa masa informe que es la ciudadanía sobre cómo va a ser el mix de generación futura en España, cuál puede ser su coste para los ciudadanos, cómo se van a afrontar (en serio) los costes de la reducción de emisiones de carbono, cuáles son las consecuencias de la dependencia energética final derivada de elegir determinadas fuentes de energía.

En todo caso, no es de recibo asistir a una partida de mus con cartas marcadas, a un “tour de force” parcelado convenientemente, porque se convierte en un “falso debate” y se convierte en un reality-show. Y, lo que es peor, no damos soluciones de futuro a la sociedad más allá de las consignas.

Una amenaza creciente

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La llegada de los últimos inviernos ha coincidido con el enfriamiento de las relaciones entre Rusia y su vecino ucraniano, alcanzando este año su punto álgido en dichas relaciones, con los consiguientes cortes de gas que han paralizado las vidas del este continental: paros en la producción industrial, vecinos haciendo acopio de leña y protestas en las calles. Por desgracia, este no es el único caso de controversia que el Ejecutivo ruso ha vivido en los últimos meses con respecto al ámbito energético. El conflicto con Georgia del pasado verano volvió a poner de manifiesto la fragilidad de las economías europeas, dependientes del flujo energético proveniente de los Urales.

Ante este panorama, es de suponer que los Estados europeos ya habrían adoptado medidas urgentes y de gran calado para evitar, en la medida de lo posible, estar condicionados por los vaivenes de las complicadas relaciones transfronterizas que Moscú mantiene con los países de la órbita soviética. Sin embargo, año tras año, la realidad nos dice todo lo contrario: según se recoge en la décima edición del Observatorio Europeo de los Mercados de Energía, la amenaza del desabastecimiento que se torna en realidad de forma esporádica podría ser un hecho permanente de no acometerse las obras en infraestructuras que tanta falta hacen en el continente.

El gas no es, ni mucho menos, el único nubarrón que se cierne sobre el mercado energético europeo. Las redes eléctricas requieren de una intervención inmediata y conjunta de los operadores presentes en cada país; las centrales existentes claman por modernizarse; y, visto que resultan insuficientes dado el paulatino incremento del consumo, nuevas centrales se convierten en indispensables para el crecimiento económico y demográfico.

Vista la realidad y los numerosos actores que la protagonizan, ¿cómo garantizar el suministro? ¿Qué medidas deben fomentar las Administraciones estatales y supranacionales para que no sean los ciudadanos quienes paguen por una mala planificación en este campo? En primer lugar, Europa debe incrementar sus capacidades de almacenamiento de gas: en 2007, ésta aumentó en aproximadamente un 7% hasta situarse en casi 80 bcm (miles de millones de metros cúbicos). Las predicciones apuntan hacia un incremento de la capacidad de almacenamiento adicional en más de 59 bcm dentro de seis años. En España están en marcha proyectos para incrementar la capacidad de almacenamiento tanto en tanques de GNL como en almacenamientos subterráneos con el objetivo de acercarnos del aproximadamente 11% actual a la media europea del 16% de capacidad de almacenamiento en relación al consumo anual.

Por otra parte, se hace indispensable desarrollar una mayor fluidez dentro del mercado europeo, con vistas a permitir una puesta en común más eficiente de los recursos entre los diferentes países. Cimentándose en una sólida política energética común, por supuesto. No olvidemos que el germen de la Unión Europea hay que buscarlo en la CECA y en Euratom, organismos nacidos para facilitar las relaciones económicas entorno a las materias primas necesarias para la producción industrial y el consumo energético particular.

Y por último, el asunto de mayor actualidad, el referido a las fuentes de suministro. Europa, que no puede permitirse volver a vivir un incidente de esta envergadura, debe incrementar la diversificación de fuentes, basándose principalmente en la importación de mayores volúmenes de gas natural licuado (GNL). Aunque las importaciones representan actualmente tan sólo el 7% del consumo europeo de gas, se estima que el GNL podría representar entre el 15% y el 18% del suministro de gas europeo dentro de una década, una tendencia creciente de la que España ha demostrado su buen funcionamiento. Actualmente existen en España seis plantas de regasificación, algunas con proyectos para incrementar su capacidad, y se va a construir una séptima.

No estaría de más mencionar aquí un más que deseable cambio de mentalidad de los usuarios, que deberían tomar conciencia de la necesidad de reducir su consumo energético en la medida de lo posible. Instalar dispositivos como los contadores inteligentes puede ahorrar cantidades considerables de energía y emisiones de CO2, llegando a suponer entre el 25 y el 50% de los objetivos de la Unión Europea para 2020. Aunque este es un tema que bien merece otro artículo.

Una vez mencionadas todas las reformas a acometer en los próximos años, llega la hora de pedir presupuesto: las obras necesarias en infraestructuras energéticas están valoradas en aproximadamente un billón de euros. Un millón de millones que no podían necesitarse en un momento más delicado, dada la coyuntura económica reinante. Con el sistema financiero tambaleándose y los créditos concedidos con cuentagotas, corresponde a los Estados el deber de priorizar las obras necesarias para salir de la crisis con la seguridad de que las infraestructuras que se hayan desarrollado van a contribuir a otorgar seguridad en un campo tan indispensable como el energético.

Plasmar iniciativas sobre un papel es sencillo; la dificultad radica en convertirlas en una realidad. Sin embargo, me atrevería a apostar que, de estudiarse con detenimiento las positivas repercusiones que estas inversiones acarrearían, los Estados fomentarían estas infraestructuras sin demora. Ojala no me equivoque.

Una amenaza creciente

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La llegada de los últimos inviernos ha coincidido con el enfriamiento de las relaciones entre Rusia y su vecino ucraniano, alcanzando este año su punto álgido en dichas relaciones, con los consiguientes cortes de gas que han paralizado las vidas del este continental: paros en la producción industrial, vecinos haciendo acopio de leña y protestas en las calles. Por desgracia, este no es el único caso de controversia que el Ejecutivo ruso ha vivido en los últimos meses con respecto al ámbito energético. El conflicto con Georgia del pasado verano volvió a poner de manifiesto la fragilidad de las economías europeas, dependientes del flujo energético proveniente de los Urales.

Ante este panorama, es de suponer que los Estados europeos ya habrían adoptado medidas urgentes y de gran calado para evitar, en la medida de lo posible, estar condicionados por los vaivenes de las complicadas relaciones transfronterizas que Moscú mantiene con los países de la órbita soviética. Sin embargo, año tras año, la realidad nos dice todo lo contrario: según se recoge en la décima edición del Observatorio Europeo de los Mercados de Energía, la amenaza del desabastecimiento que se torna en realidad de forma esporádica podría ser un hecho permanente de no acometerse las obras en infraestructuras que tanta falta hacen en el continente.

El gas no es, ni mucho menos, el único nubarrón que se cierne sobre el mercado energético europeo. Las redes eléctricas requieren de una intervención inmediata y conjunta de los operadores presentes en cada país; las centrales existentes claman por modernizarse; y, visto que resultan insuficientes dado el paulatino incremento del consumo, nuevas centrales se convierten en indispensables para el crecimiento económico y demográfico.

Vista la realidad y los numerosos actores que la protagonizan, ¿cómo garantizar el suministro? ¿Qué medidas deben fomentar las Administraciones estatales y supranacionales para que no sean los ciudadanos quienes paguen por una mala planificación en este campo? En primer lugar, Europa debe incrementar sus capacidades de almacenamiento de gas: en 2007, ésta aumentó en aproximadamente un 7% hasta situarse en casi 80 bcm (miles de millones de metros cúbicos). Las predicciones apuntan hacia un incremento de la capacidad de almacenamiento adicional en más de 59 bcm dentro de seis años. En España están en marcha proyectos para incrementar la capacidad de almacenamiento tanto en tanques de GNL como en almacenamientos subterráneos con el objetivo de acercarnos del aproximadamente 11% actual a la media europea del 16% de capacidad de almacenamiento en relación al consumo anual.

Por otra parte, se hace indispensable desarrollar una mayor fluidez dentro del mercado europeo, con vistas a permitir una puesta en común más eficiente de los recursos entre los diferentes países. Cimentándose en una sólida política energética común, por supuesto. No olvidemos que el germen de la Unión Europea hay que buscarlo en la CECA y en Euratom, organismos nacidos para facilitar las relaciones económicas entorno a las materias primas necesarias para la producción industrial y el consumo energético particular.

Y por último, el asunto de mayor actualidad, el referido a las fuentes de suministro. Europa, que no puede permitirse volver a vivir un incidente de esta envergadura, debe incrementar la diversificación de fuentes, basándose principalmente en la importación de mayores volúmenes de gas natural licuado (GNL). Aunque las importaciones representan actualmente tan sólo el 7% del consumo europeo de gas, se estima que el GNL podría representar entre el 15% y el 18% del suministro de gas europeo dentro de una década, una tendencia creciente de la que España ha demostrado su buen funcionamiento. Actualmente existen en España seis plantas de regasificación, algunas con proyectos para incrementar su capacidad, y se va a construir una séptima.

No estaría de más mencionar aquí un más que deseable cambio de mentalidad de los usuarios, que deberían tomar conciencia de la necesidad de reducir su consumo energético en la medida de lo posible. Instalar dispositivos como los contadores inteligentes puede ahorrar cantidades considerables de energía y emisiones de CO2, llegando a suponer entre el 25 y el 50% de los objetivos de la Unión Europea para 2020. Aunque este es un tema que bien merece otro artículo.

Una vez mencionadas todas las reformas a acometer en los próximos años, llega la hora de pedir presupuesto: las obras necesarias en infraestructuras energéticas están valoradas en aproximadamente un billón de euros. Un millón de millones que no podían necesitarse en un momento más delicado, dada la coyuntura económica reinante. Con el sistema financiero tambaleándose y los créditos concedidos con cuentagotas, corresponde a los Estados el deber de priorizar las obras necesarias para salir de la crisis con la seguridad de que las infraestructuras que se hayan desarrollado van a contribuir a otorgar seguridad en un campo tan indispensable como el energético.

Plasmar iniciativas sobre un papel es sencillo; la dificultad radica en convertirlas en una realidad. Sin embargo, me atrevería a apostar que, de estudiarse con detenimiento las positivas repercusiones que estas inversiones acarrearían, los Estados fomentarían estas infraestructuras sin demora. Ojala no me equivoque.

Milonga por la calidad institucional y reorganización del sector energético

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Están empezando a proliferar los análisis referidos a los cambios en la titularidad empresarial de las empresas energéticas españolas, quizá porque la globalidad de este fenómeno ha cobrado relevancia singular y se empieza a tener una perspectiva completa de la transformación operada y pendiente. Y, especialmente, en la medida en que nuestro país contaba (y cuenta) con un conjunto de buenas empresas energéticas, eficientes, que, por unos motivos o por otros, han sido colocadas en el punto de mira de estas operaciones empresariales, con resultados o consecuencias que indican que el futuro será, al menos, diferente para el sector.

En los análisis más recientes que podemos leer en los medios de comunicación suelen ser recurrentes varios argumentos. El primero, el riesgo de que las empresas españolas pasen a manos de accionistas foráneos. El segundo es que este cambio de propiedad se está realizando a “golpe de talonario” (en el fondo, como se realizan todos los cambios de propiedad porque cabría preguntase, ¿cómo se puede hacer un cambio de propiedad sin comprar la forma en que se materializa, es decir las acciones de las empresas? Otra cosa es que se haya abaratado el coste de las operaciones por motivos relativos a la inseguridad jurídica y regulatoria en la que vive el sector). El tercero es que alguna de esas empresas, que alguna vez fueron públicas en España y posteriormente privatizadas en nuestro país, ha pasado a estar bajo la órbita de la titularidad pública de otros países. El cuarto, es que la mayor parte de estas operaciones se realizan “sin dinero”, con un fuerte apalancamiento (y que, por tanto, se van pagando a través de sus dividendos, algo que también suele pasar en casi todas las operaciones). El quinto, es la existencia de plusvalías fruto de las compraventas ocurridas (lo cual parece algo pecaminoso), lo que además sirve para inyectar nuevamente “gasolina” a otras operaciones.

En esos análisis y relatos, suelen aparecer las historias, más o menos “truculentas”, de los principales actores que han protagonizado en los últimos años estos distintos episodios, todo ello alimentado por el morbo, como en el caso de la batalla entre Florentino Pérez e Ignacio Sánchez Galán en el caso de Iberdrola. En otros casos, estos análisis tienen que ver con la política estratégica de las empresas: por ello, se cuenta cómo algunas empresas (protagonistas) procedentes del sector de la construcción e inmobiliario buscan en el sector energético diversificar sus inversiones, un sector que tiene la garantía de sus ingresos recurrentes y una tendencia incrementalista más o menos asegurada (algo que no está del todo claro dadas las caídas en demanda tanto de consumidores finales como industriales que estamos conociendo en este principio de 2009).

Lo que parece menos habitual en estas crónicas es el escenario de falta de calidad institucional y regulatoria que podemos describir como caldo de cultivo en el que se han dado todas estas operaciones, con sus legítimos intereses empresariales (nacionales o extranjeros, de constructoras o de cajas de ahorros, cada una en su propia circunstancia dentro de este momento económico financiero). Por ello, y en este caso particular, es especialmente paradójico el exquisito trato que han tenido nuestras autoridades, reguladores y supervisores, apareciendo siempre en un inexplicable segundo plano, cuando han tenido que ver enormente en lo que ha ocurrido en el sector y en cómo se ha producido.

Ha sido obvia (e incluso, desgraciadamente, descuidada) la influencia de las sacristías de la Moncloa (sobre todo en la anterior legislatura) en estas operaciones e incluso con responsabilidad referida a los distintos pares y nones vigentes en el Ministerio de Industria y Secretaría General de Energía. Tanto es así, que se puede afirmar que todo lo que ha venido después tuvo como elemento de disparo, como forma de levantar la liebre en el ojeo, la operación que lanzó Gas Natural sobre Endesa. A partir de ahí, de ubicarnos en la escena en primer plano, lo que se ha desatado en el panorama energético español ha sido una difícil sucesión de secuencias que aún no ha finalizado, como todo el mundo sabe.

También podemos comprobar que, cuando se han querido acelerar estas operaciones desde instancias políticas, se ha hecho todo lo posible para hacerlo. Del mismo modo, cuando se ha querido entorpecer o bloquear una operación, no se ha reparado en modificar ad líbitum la legislación (el oprobio de la función 14 de la CNE ha sido un ejemplo de esto). De todo esto tenemos suficientes y probadas muestras en los sucesivos ejecutivos y conformaciones de la Administración, órganos gubernamentales, organismos de control político y gubernamental. Nadie se ha quedado sin su cuota en parte de la polémica en todo este tortuoso proceso: ni la CNMV, ni la CNE, ni la Oficina Económica del Presidente, ni el Ministerio de Industria o el de Economía.

Y también, parece que las consecuencias de este tipo de operaciones no han sido medidas. Por ejemplo, la operación recientemente en vías de liquidación para la adquisición de Unión Fenosa por parte de Gas Natural ha acabado por configurar un cuasimonopolio en el aprovisionamiento de gas en nuestro país y de solapamiento de redes de distribución de gas y electricidad que, en nada, van a ayudar al desarrollo de la competencia. Y ello se ha realizado con todos los parabienes (CNE, CNC y Ministerio de Hacienda) y todos los silencios más allá del seguimiento diario de la trama y de los “sucedidos diarios” que ha dado de sí la operación. Incluso, esta operación se lanzó sin hacerla pasar por la función 14, sin análisis del efecto sobre las inversiones en las actividades reguladas.

Podemos señalar, por tanto, cómo una baja calidad institucional puede influir en que las operaciones que se están produciendo en el sector energético español nos lleven adonde no queremos. Más allá de proteccionismos o de la retórica de los campeones nacionales que fue exhibida en momentos puntuales y ocultada en momentos oportunos, también los cánticos a la libertad de mercado y de las empresas en determinadas operaciones fueron blandidos con convicción astuta, momentánea o voluble.

En todo caso, no es momento de lamentarse por lo perdido a lo Boabdil, o buscar culpables en los adquirentes, en su nacionalidad o en sus plusvalías. Si nos vamos a la figura retórica del tango, el argumento suele ser un lamento por una pérdida o por la nostalgia del pasado. Hoy no nos podemos quejar de lo que ha pasado en el sector, fruto de nuestra mala cabeza y de la dejación del funcionamiento institucional, manifiestamente deficiente. Lo demás son milongas.

Milonga por la calidad institucional y reorganización del sector energético

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Están empezando a proliferar los análisis referidos a los cambios en la titularidad empresarial de las empresas energéticas españolas, quizá porque la globalidad de este fenómeno ha cobrado relevancia singular y se empieza a tener una perspectiva completa de la transformación operada y pendiente. Y, especialmente, en la medida en que nuestro país contaba (y cuenta) con un conjunto de buenas empresas energéticas, eficientes, que, por unos motivos o por otros, han sido colocadas en el punto de mira de estas operaciones empresariales, con resultados o consecuencias que indican que el futuro será, al menos, diferente para el sector.

En los análisis más recientes que podemos leer en los medios de comunicación suelen ser recurrentes varios argumentos. El primero, el riesgo de que las empresas españolas pasen a manos de accionistas foráneos. El segundo es que este cambio de propiedad se está realizando a “golpe de talonario” (en el fondo, como se realizan todos los cambios de propiedad porque cabría preguntase, ¿cómo se puede hacer un cambio de propiedad sin comprar la forma en que se materializa, es decir las acciones de las empresas? Otra cosa es que se haya abaratado el coste de las operaciones por motivos relativos a la inseguridad jurídica y regulatoria en la que vive el sector). El tercero es que alguna de esas empresas, que alguna vez fueron públicas en España y posteriormente privatizadas en nuestro país, ha pasado a estar bajo la órbita de la titularidad pública de otros países. El cuarto, es que la mayor parte de estas operaciones se realizan “sin dinero”, con un fuerte apalancamiento (y que, por tanto, se van pagando a través de sus dividendos, algo que también suele pasar en casi todas las operaciones). El quinto, es la existencia de plusvalías fruto de las compraventas ocurridas (lo cual parece algo pecaminoso), lo que además sirve para inyectar nuevamente “gasolina” a otras operaciones.

En esos análisis y relatos, suelen aparecer las historias, más o menos “truculentas”, de los principales actores que han protagonizado en los últimos años estos distintos episodios, todo ello alimentado por el morbo, como en el caso de la batalla entre Florentino Pérez e Ignacio Sánchez Galán en el caso de Iberdrola. En otros casos, estos análisis tienen que ver con la política estratégica de las empresas: por ello, se cuenta cómo algunas empresas (protagonistas) procedentes del sector de la construcción e inmobiliario buscan en el sector energético diversificar sus inversiones, un sector que tiene la garantía de sus ingresos recurrentes y una tendencia incrementalista más o menos asegurada (algo que no está del todo claro dadas las caídas en demanda tanto de consumidores finales como industriales que estamos conociendo en este principio de 2009).

Lo que parece menos habitual en estas crónicas es el escenario de falta de calidad institucional y regulatoria que podemos describir como caldo de cultivo en el que se han dado todas estas operaciones, con sus legítimos intereses empresariales (nacionales o extranjeros, de constructoras o de cajas de ahorros, cada una en su propia circunstancia dentro de este momento económico financiero). Por ello, y en este caso particular, es especialmente paradójico el exquisito trato que han tenido nuestras autoridades, reguladores y supervisores, apareciendo siempre en un inexplicable segundo plano, cuando han tenido que ver enormente en lo que ha ocurrido en el sector y en cómo se ha producido.

Ha sido obvia (e incluso, desgraciadamente, descuidada) la influencia de las sacristías de la Moncloa (sobre todo en la anterior legislatura) en estas operaciones e incluso con responsabilidad referida a los distintos pares y nones vigentes en el Ministerio de Industria y Secretaría General de Energía. Tanto es así, que se puede afirmar que todo lo que ha venido después tuvo como elemento de disparo, como forma de levantar la liebre en el ojeo, la operación que lanzó Gas Natural sobre Endesa. A partir de ahí, de ubicarnos en la escena en primer plano, lo que se ha desatado en el panorama energético español ha sido una difícil sucesión de secuencias que aún no ha finalizado, como todo el mundo sabe.

También podemos comprobar que, cuando se han querido acelerar estas operaciones desde instancias políticas, se ha hecho todo lo posible para hacerlo. Del mismo modo, cuando se ha querido entorpecer o bloquear una operación, no se ha reparado en modificar ad líbitum la legislación (el oprobio de la función 14 de la CNE ha sido un ejemplo de esto). De todo esto tenemos suficientes y probadas muestras en los sucesivos ejecutivos y conformaciones de la Administración, órganos gubernamentales, organismos de control político y gubernamental. Nadie se ha quedado sin su cuota en parte de la polémica en todo este tortuoso proceso: ni la CNMV, ni la CNE, ni la Oficina Económica del Presidente, ni el Ministerio de Industria o el de Economía.

Y también, parece que las consecuencias de este tipo de operaciones no han sido medidas. Por ejemplo, la operación recientemente en vías de liquidación para la adquisición de Unión Fenosa por parte de Gas Natural ha acabado por configurar un cuasimonopolio en el aprovisionamiento de gas en nuestro país y de solapamiento de redes de distribución de gas y electricidad que, en nada, van a ayudar al desarrollo de la competencia. Y ello se ha realizado con todos los parabienes (CNE, CNC y Ministerio de Hacienda) y todos los silencios más allá del seguimiento diario de la trama y de los “sucedidos diarios” que ha dado de sí la operación. Incluso, esta operación se lanzó sin hacerla pasar por la función 14, sin análisis del efecto sobre las inversiones en las actividades reguladas.

Podemos señalar, por tanto, cómo una baja calidad institucional puede influir en que las operaciones que se están produciendo en el sector energético español nos lleven adonde no queremos. Más allá de proteccionismos o de la retórica de los campeones nacionales que fue exhibida en momentos puntuales y ocultada en momentos oportunos, también los cánticos a la libertad de mercado y de las empresas en determinadas operaciones fueron blandidos con convicción astuta, momentánea o voluble.

En todo caso, no es momento de lamentarse por lo perdido a lo Boabdil, o buscar culpables en los adquirentes, en su nacionalidad o en sus plusvalías. Si nos vamos a la figura retórica del tango, el argumento suele ser un lamento por una pérdida o por la nostalgia del pasado. Hoy no nos podemos quejar de lo que ha pasado en el sector, fruto de nuestra mala cabeza y de la dejación del funcionamiento institucional, manifiestamente deficiente. Lo demás son milongas.

El temor a un nuevo recorte de la OPEP impulsa los precios del crudo

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El temor a que la OPEP cierre más aún el grifo para impulsar los precios del petróleo se impuso al final de la semana a los malos datos económicos de EEUU y la zona del euro, lo que hizo repuntar el precio del crudo por encima de los 45 dólares en Nueva York.

El barril de crudo de Texas, referencia en EEUU, se encareció un 4,4 por ciento y cerró la semana a 45,52 dólares el barril, el nivel más alto desde finales de enero.

En Londres, el Brent se apuntó un 2,7 por ciento y se situó en 44,85 dólares, mientras que el crudo de referencia de la Organización de Países Productores de Petróleo (OPEP) se encareció 2,02 dólares -un 4,8 por ciento- y cotizó a 43,79 dólares por barril el jueves.

El secretario general de la OPEP, Abdala Salem El Badri, criticó a la Agencia Internacional de la Energía (AIE) por mostrarse favorable a que este año el barril de petróleo cotizase a 40 dólares, al asegurar que dañaría a la industria del crudo. «Los comentarios de la AIE son confusos y engañosos. Mientras se pide que los precios sigan en los 40 dólares, también se quieren inversiones que no son económicamente viables a esos precios», explicó.

La AIE aseguró que si el barril de crudo se mantuviera este año a unos 40 dólares, el mundo obtendría un billón de dólares como estímulo económico para salir de la crisis por los bajos precios.

El ministro de Energía y Petróleo de Venezuela, Rafael Ramírez, propuso recientemente un recorte del bombeo en la próxima reunión de la OPEP para estabilizar el precio en «al menos 70 dólares«.

Arabia Saudí, el primer productor petrolero del mundo y la voz más influyente en la OPEP, aseguró a finales de 2008 que un precio «justo» para el petróleo serían 75 dólares.

Ante esta situación, el mercado entendió que el mensaje que les lanzaba el grupo es que en su próxima reunión ministerial en Viena el próximo día 15 la OPEP podría cerrar más las espitas.

El descenso en el consumo de crudo por la crisis económica ha favorecido un continuado alza de las reservas en los países industrializados y un abaratamiento del crudo, lo que ha llevado a la OPEP a recortar su oferta en unos 4,2 millones de barriles desde el pasado septiembre.

El mensaje del grupo petrolero pudo más en los mercados que los datos negativos de la economía estadounidense, que destruyó 651.000 puestos de trabajo en febrero y elevó la cifra de desempleo al 8,1 por ciento, un nivel que inédito desde hace 25 años.

Mientras, en el Viejo Continente, el presidente del Banco Central Europeo (BCE), Jean-Claude Trichet, aseguró que la recesión será más dura y más larga de lo esperado. El Eurostat constató que el crecimiento del PIB en la zona del euro cayó un 1,5% en el último trimestre del 2008, debido a un descenso en la demanda interna y las exportaciones.

Por el lado de los anuncios positivos, las autoridades chinas aseguraron que el segundo mayor consumidor de petróleo del mundo, sólo por detrás de EEUU, muestra ya «signos de recuperación» ante la crisis, tales como «un repunte del consumo y la inversión».

El primer ministro, Wen Jiabao, había asegurado el jueves que China lograría crecer un 8% en 2009, el nivel mínimo para seguir creando empleo en el gigante asiático.

El temor a un nuevo recorte de la OPEP impulsa los precios del crudo

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El temor a que la OPEP cierre más aún el grifo para impulsar los precios del petróleo se impuso al final de la semana a los malos datos económicos de EEUU y la zona del euro, lo que hizo repuntar el precio del crudo por encima de los 45 dólares en Nueva York.

El barril de crudo de Texas, referencia en EEUU, se encareció un 4,4 por ciento y cerró la semana a 45,52 dólares el barril, el nivel más alto desde finales de enero.

En Londres, el Brent se apuntó un 2,7 por ciento y se situó en 44,85 dólares, mientras que el crudo de referencia de la Organización de Países Productores de Petróleo (OPEP) se encareció 2,02 dólares -un 4,8 por ciento- y cotizó a 43,79 dólares por barril el jueves.

El secretario general de la OPEP, Abdala Salem El Badri, criticó a la Agencia Internacional de la Energía (AIE) por mostrarse favorable a que este año el barril de petróleo cotizase a 40 dólares, al asegurar que dañaría a la industria del crudo. «Los comentarios de la AIE son confusos y engañosos. Mientras se pide que los precios sigan en los 40 dólares, también se quieren inversiones que no son económicamente viables a esos precios», explicó.

La AIE aseguró que si el barril de crudo se mantuviera este año a unos 40 dólares, el mundo obtendría un billón de dólares como estímulo económico para salir de la crisis por los bajos precios.

El ministro de Energía y Petróleo de Venezuela, Rafael Ramírez, propuso recientemente un recorte del bombeo en la próxima reunión de la OPEP para estabilizar el precio en «al menos 70 dólares«.

Arabia Saudí, el primer productor petrolero del mundo y la voz más influyente en la OPEP, aseguró a finales de 2008 que un precio «justo» para el petróleo serían 75 dólares.

Ante esta situación, el mercado entendió que el mensaje que les lanzaba el grupo es que en su próxima reunión ministerial en Viena el próximo día 15 la OPEP podría cerrar más las espitas.

El descenso en el consumo de crudo por la crisis económica ha favorecido un continuado alza de las reservas en los países industrializados y un abaratamiento del crudo, lo que ha llevado a la OPEP a recortar su oferta en unos 4,2 millones de barriles desde el pasado septiembre.

El mensaje del grupo petrolero pudo más en los mercados que los datos negativos de la economía estadounidense, que destruyó 651.000 puestos de trabajo en febrero y elevó la cifra de desempleo al 8,1 por ciento, un nivel que inédito desde hace 25 años.

Mientras, en el Viejo Continente, el presidente del Banco Central Europeo (BCE), Jean-Claude Trichet, aseguró que la recesión será más dura y más larga de lo esperado. El Eurostat constató que el crecimiento del PIB en la zona del euro cayó un 1,5% en el último trimestre del 2008, debido a un descenso en la demanda interna y las exportaciones.

Por el lado de los anuncios positivos, las autoridades chinas aseguraron que el segundo mayor consumidor de petróleo del mundo, sólo por detrás de EEUU, muestra ya «signos de recuperación» ante la crisis, tales como «un repunte del consumo y la inversión».

El primer ministro, Wen Jiabao, había asegurado el jueves que China lograría crecer un 8% en 2009, el nivel mínimo para seguir creando empleo en el gigante asiático.

No news, good news

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Uno de los adagios propios de la prensa norteamericana es el que afirma “No news, good news”, es decir, es buena noticia que no haya noticias. La semana pasada el Ministro de Industria, Miguel Sebastián, aseveró que no iba a subir la luz en lo que restaba de año y que los precios del gas bajarían. Cuestión previa: razonablemente, es una “buena noticia” que los precios de la energía se moderen y bajen, tanto para los consumidores como para el conjunto de la economía española, especialmente intensiva en el uso de la energía.

La segunda cuestión previa es que parece que los efectos de la crisis se están dejando notar en la demanda de electricidad, junto a la bajada de los precios del gas y del petróleo, lo que da un respiro (un fuerte respiro) y bastante oxígeno a los precios de la energía. En todo caso, todas estas cuestiones tienen un carácter más o menos coyuntural, con independencia de lo que dure la coyuntura y las razones estructurales que explican la misma.

Quiere decirse, por tanto, que esta situación es variable en el tiempo y, con más o menos probabilidad, puede modificarse. La evolución de los precios de la electricidad, consecuente en el mercado mayorista, tiene una fuerte caída con respecto a lo que se estaba registrando el año pasado. Por tanto, puede ser que ese déficit oculto de la tarifa de este año se pueda amortiguar y que acabemos un año limpio de polvo y paja en la liquidación de la factura eléctrica. Sería una buena noticia.

Pero esto tiene sus matices. El aviso o la noticia de que no habrá subidas de la electricidad puede ser prematuro en la medida que todavía hay mucho período del año pendiente y, si bien esto se puede asegurar para ésta y seguramente la siguiente revisión trimestral de la tarifa, puede ser que el medio plazo no permita hacer aseveraciones tan firmes como esta. Recordemos lo que se dice en los anuncios de determinados productos financieros: “rentabilidades pasadas no aseguran rentabilidades futuras”. Algo parecido puede pasar en los precios de la electricidad.

Es lógico que desde el punto de vista de la política y del gobierno del país exista un cierto nivel de ansiedad respecto de ofrecer buenas noticias a esa masa ingente de ciudadanos sometidos continuamente a procesos electorales y demoscopias, pero también es cierto que el mejor trabajo que queda pendiente de realizar en el ámbito de los precios de la electricidad es conseguir la comprensión pública y social de que los precios de la electricidad se vinculan a condiciones de oferta y demanda y su correlación se saca del debate político y de la controversia partidista. Probablemente este sea el mejor momento.

En ese sentido, la mejor noticia para los precios es que no haya noticia. En el largo plazo, que se actúe para bajar el precio de la energía con un mix que reduzca la dependencia exterior, garantice el suministro y sea eficiente. La mejor noticia para todos es que se trabaje activamente en este proceso de conocimiento económico de la sociedad española.