La llegada de los últimos inviernos ha coincidido con el enfriamiento de las relaciones entre Rusia y su vecino ucraniano, alcanzando este año su punto álgido en dichas relaciones, con los consiguientes cortes de gas que han paralizado las vidas del este continental: paros en la producción industrial, vecinos haciendo acopio de leña y protestas en las calles. Por desgracia, este no es el único caso de controversia que el Ejecutivo ruso ha vivido en los últimos meses con respecto al ámbito energético. El conflicto con Georgia del pasado verano volvió a poner de manifiesto la fragilidad de las economías europeas, dependientes del flujo energético proveniente de los Urales.

Ante este panorama, es de suponer que los Estados europeos ya habrían adoptado medidas urgentes y de gran calado para evitar, en la medida de lo posible, estar condicionados por los vaivenes de las complicadas relaciones transfronterizas que Moscú mantiene con los países de la órbita soviética. Sin embargo, año tras año, la realidad nos dice todo lo contrario: según se recoge en la décima edición del Observatorio Europeo de los Mercados de Energía, la amenaza del desabastecimiento que se torna en realidad de forma esporádica podría ser un hecho permanente de no acometerse las obras en infraestructuras que tanta falta hacen en el continente.

El gas no es, ni mucho menos, el único nubarrón que se cierne sobre el mercado energético europeo. Las redes eléctricas requieren de una intervención inmediata y conjunta de los operadores presentes en cada país; las centrales existentes claman por modernizarse; y, visto que resultan insuficientes dado el paulatino incremento del consumo, nuevas centrales se convierten en indispensables para el crecimiento económico y demográfico.

Vista la realidad y los numerosos actores que la protagonizan, ¿cómo garantizar el suministro? ¿Qué medidas deben fomentar las Administraciones estatales y supranacionales para que no sean los ciudadanos quienes paguen por una mala planificación en este campo? En primer lugar, Europa debe incrementar sus capacidades de almacenamiento de gas: en 2007, ésta aumentó en aproximadamente un 7% hasta situarse en casi 80 bcm (miles de millones de metros cúbicos). Las predicciones apuntan hacia un incremento de la capacidad de almacenamiento adicional en más de 59 bcm dentro de seis años. En España están en marcha proyectos para incrementar la capacidad de almacenamiento tanto en tanques de GNL como en almacenamientos subterráneos con el objetivo de acercarnos del aproximadamente 11% actual a la media europea del 16% de capacidad de almacenamiento en relación al consumo anual.

Por otra parte, se hace indispensable desarrollar una mayor fluidez dentro del mercado europeo, con vistas a permitir una puesta en común más eficiente de los recursos entre los diferentes países. Cimentándose en una sólida política energética común, por supuesto. No olvidemos que el germen de la Unión Europea hay que buscarlo en la CECA y en Euratom, organismos nacidos para facilitar las relaciones económicas entorno a las materias primas necesarias para la producción industrial y el consumo energético particular.

Y por último, el asunto de mayor actualidad, el referido a las fuentes de suministro. Europa, que no puede permitirse volver a vivir un incidente de esta envergadura, debe incrementar la diversificación de fuentes, basándose principalmente en la importación de mayores volúmenes de gas natural licuado (GNL). Aunque las importaciones representan actualmente tan sólo el 7% del consumo europeo de gas, se estima que el GNL podría representar entre el 15% y el 18% del suministro de gas europeo dentro de una década, una tendencia creciente de la que España ha demostrado su buen funcionamiento. Actualmente existen en España seis plantas de regasificación, algunas con proyectos para incrementar su capacidad, y se va a construir una séptima.

No estaría de más mencionar aquí un más que deseable cambio de mentalidad de los usuarios, que deberían tomar conciencia de la necesidad de reducir su consumo energético en la medida de lo posible. Instalar dispositivos como los contadores inteligentes puede ahorrar cantidades considerables de energía y emisiones de CO2, llegando a suponer entre el 25 y el 50% de los objetivos de la Unión Europea para 2020. Aunque este es un tema que bien merece otro artículo.

Una vez mencionadas todas las reformas a acometer en los próximos años, llega la hora de pedir presupuesto: las obras necesarias en infraestructuras energéticas están valoradas en aproximadamente un billón de euros. Un millón de millones que no podían necesitarse en un momento más delicado, dada la coyuntura económica reinante. Con el sistema financiero tambaleándose y los créditos concedidos con cuentagotas, corresponde a los Estados el deber de priorizar las obras necesarias para salir de la crisis con la seguridad de que las infraestructuras que se hayan desarrollado van a contribuir a otorgar seguridad en un campo tan indispensable como el energético.

Plasmar iniciativas sobre un papel es sencillo; la dificultad radica en convertirlas en una realidad. Sin embargo, me atrevería a apostar que, de estudiarse con detenimiento las positivas repercusiones que estas inversiones acarrearían, los Estados fomentarían estas infraestructuras sin demora. Ojala no me equivoque.