La reforma energética está avanzando con evidentes dificultades y falta de seguridad en los resultados perseguidos. Entendemos que existen problemas derivados de errores importantes en el planteamiento de esta reforma que, por otro lado, consideramos totalmente necesaria, pero que difícilmente alcanzará los objetivos perseguidos de eliminar el déficit de tarifa y de mejorar la eficiencia y economía en el uso de la energía.

1. ERRORES EN QUE SE APOYA LA REFORMA ENERGÉTICA

Estamos viendo que se suceden declaraciones erróneas para justificar medidas políticas para la reforma eléctrica, cuyo objetivo es acabar con el déficit tarifario. El propio concepto de «déficit tarifario» aporta en sí mismo la solución: incrementar las tarifas que se pagan por los usuarios de electricidad. Pero como esta es una medida políticamente impopular, se emplean argumentos erróneos para justificar esta reforma.

1er. Error: El precio de la electricidad en España es de los más caros de Europa. Dicen que los usuarios españoles tienen la tarifa más elevada de la Unión Europea (sólo superada por Irlanda y Chipre). Esto es falso, si como tarifa entendemos la totalidad de lo que pagan los usuarios.

Efectivamente, en Alemania, Bélgica, Italia o Reino Unido pagan mucho más que los españoles, pues en ellos el recibo de electricidad incluye los costes que en España se consideran como déficit de tarifa. En estos países, donde el déficit no existe, el recibo de la luz incluye los mecanismos de soporte (tasas) a las energías renovables, los costes en los territorios extrapenínsulares, el soporte a la cogeneración, etc., mientras que en España estos costes forman parte de los costes del sistema y no son pagados por los usuarios de la electricidad.

A título de ejemplo, y según datos de EUROSTAT, el coste realmente pagado por los usuarios domésticos por cada MWh en 2012 (tasas incluidas, sin IVA) fue de 245 €/MWh en Chipre, 238,8 €/MWh en Dinamarca, 221,5 €/MWh en Alemania, 201,1 €/MWh en Italia y 195,8 €/MWh en Irlanda, mientras que España se paga 186,8 €/MWh. En Francia o Polonia se pagaron, respectivamente, 121,7 €/MWh y 119,8 €/MWh, precios mucho más bajos que en los otros países competidores en España.

2º Error: La industria española deja de ser competitiva por los elevados costes de la electricidad. También se dice que los usuarios industriales no pueden competir con los de otros países europeos debido al coste de la energía. El problema es el mismo que para los usuarios domésticos: si se incluyen todas las tasas excepto el IVA, el precio que pagaron en 2012 los usuarios industriales de consumo superior a los 70.000 MWh/año, fue de 202,65 €/MWh en Chipre, 117,6 €/MWh en Italia, 92,6 €/MWh en Alemania, 92,35 €/MWh en Irlanda y 85,6 €/MWh en Dinamarca, mientras que España pagó 76,4 €/MWh, Polonia 74,9 €/MWh y Francia 61,4 €/MWh. Aquí vemos que España se sitúa en la gama baja.

3er. Error: Las redes de transporte y distribución se deben pagar entre todos con independencia de su consumo. Según el Ministerio de Industria, Energía y Turismo, los elevados costes de transporte y distribución y las pérdidas en las redes eléctricas deben pagarse entre todos, incluidos los que se producen su propia electricidad (autoconsumidores-cogeneradores).

Es evidente que las redes deben pagarlas los que las precisan para llevar la electricidad de plantas alejadas del centro de consumo. Los que producen in situ su electricidad no deben volver a pagar las redes, ya que si se han conectado ya han pagado su término de potencia a las empresas de transporte y distribución, así como la inversión de su conexión. Precisamente la competitividad de la cogeneración se basa en las inversiones evitadas en redes y en las pérdidas de transmisión.

Por el contrario, en países como Alemania, los autoconsumidores cobran por los costes evitados en pérdidas y costes de transporte y distribución.

4º Error: El déficit de tarifa lo produce el Régimen Especial (cogeneración y renovables). Es evidente que las energías renovables (fotovoltaica y termosolar) y la cogeneración vertida a la red reciben retribuciones más elevadas que la retribución al mercado energético («pool»). Pero esto también ocurre en otros países de Europa. En España estas energías del Régimen Especial no se pagan más caras que en el resto de Europa. La voluntad de promover energías renovables tiene un coste fijo importante, aunque el variable sea muy bajo. El problema aparece al no considerar el pago de estas energías como coste energético y pensar que sólo las energías tradicionales fijan el coste de las mismas en el mercado mayorista.

5º Error: Decir que se liberalizaba el sistema eléctrico con la Ley 54/1997. Por el contario, esta Ley inició el cambio de las grandes regulaciones que se han ido introduciendo y que han alejado el coste de las energías del precio de mercado.

Autorizó los Costes de Transición a la Competencia (CTC´s) que era una retribución encubierta para que las compañías eléctricas mantuvieran el precio del mercado mayorista por debajo de 36 €/MWh. Posteriormente, autorizó el déficit de tarifa, que garantiza el pago de producciones energéticas sin que consten como coste de mercado. Y últimamente, se ha propuesto que parte de los costes de la energía sean asumidos por los Presupuestos Generales del Estado, lo cual representa una nueva distorsión del mercado que vulnera la libre competencia.

2. LA REGULACIÓN QUE SE PROPONE ES ERRÓNEA PARA LOS FINES PERSEGUIDOS

En fin, desde COGEN creemos que todos los españoles aceptamos que es necesaria una reforma energética, ya que desde la publicación de la Ley 54/1997 se han producido múltiples efectos indeseados por regulaciones erráticas y que se espera sean corregidos por la nueva Ley del Sector Eléctrico, pero creemos que se está regulando de forma inapropiada y equivocada.

Por ejemplo: la Propuesta del RD de Regulación de Renovables y Cogeneración, sólo se refiere a la electricidad exportada a la red, y la propuesta de RD de regulación del autoconsumo prohíbe en la práctica que cada cual se produzca su propia electricidad y la autoconsuma. Esto afecta a las tecnologías fotovoltaicas de azotea y, sobre todo, a la cogeneración, que permitirían evitar pérdidas de producción en transporte y distribución, haciendo más económica la energía consumida y, sin embargo, no afecta a las grandes producciones centralizadas (parques eólicos y solares), que producen electricidad para su venta a través de las instalaciones de transporte y distribución de las grandes eléctricas.

3. LA NUEVA LEGISLACIÓN INTRODUCE UN GRAVE RETROCESO EN LA REGULACIÓN, PUES HACE UN CAMBIO RADICAL RESPECTO AL PASADO

Efectivamente, la tecnología de cogeneración era la única forma legal de producir electricidad en competencia con las empresas eléctricas y era obligatorio autoconsumir su producción y verter a la red únicamente los excedentes que estaban retribuidos prácticamente con el mismo valor que la electricidad adquirida, es decir, que prácticamente no se apoyaba esta tecnología y la electricidad autoconsumida no producía ni beneficios ni déficit al sistema, pues no formaba parte del mismo. Era otro sistema, como si uno cultiva sus propios tomates en un huerto (o en su azotea) y los autoconsume en lugar de ir al súper de la esquina.

Ahora, al autoconsumo se le pretende poner un impuesto desmotivador (peaje de respaldo), para que en lugar de autogenerarse electricidad se la compre a las empresas eléctricas. El argumento es que ellas han construido redes para llevar la electricidad de sus centrales hasta nuestros domicilios y «la red hay que pagarla entre todos».

Las redes de transporte forman parte integrante de las grandes centrales de producción alejadas de los puntos de consumo. El autoconsumo libera capacidad de transporte de las redes y las revaloriza, por lo que, en lugar de pagar, debería apoyarse económicamente, como se hace en otros países de Europa donde los cogeneradores cobran los costes evitados a las redes de transporte y distribución (inversiones y pérdidas ocasionadas).

El autoconsumo debe permitir elegir entre comprar y producir electricidad (o parte de ella) y hoy todo el mundo puede producirse su electricidad, pues existe tecnología para ello: desde 1 kW hasta 1.000 MW y permite la verdadera competencia dentro de un sistema tradicionalmente regulado e intervenido.

Este impuesto, además de ir en contra del principio de la libre competencia, va en contra de las prácticas seguidas desde los años 80, cuando muchos centros industriales, hospitales y centros comerciales instalaron sus propias cogeneraciones para disponer de electricidad más económica, más segura y redundante y menos contaminante para el medio ambiente.

Es evidente que la cogeneración y otras tecnologías, como la fotovoltaica, pueden y deben competir con el sistema eléctrico establecido para mejorar y modernizar la economía del país y si a este proceso se le imponen prohibiciones vía impuestos, estamos negando uno de los principios primordiales en economía, que es la libre competencia.

4. LA FILOSOFÍA DE LA REFORMA ELÉCTRICA SE BASA EN QUE LA ELECTRICIDAD TIENE UN COSTE «CASI NULO» Y QUE SÓLO DEBEN PAGARSE LAS INVERSIONES REALIZADAS Y ES CONTRARIA AL AHORRO ENERGÉTICO

Por este motivo, la reforma habla de «rentabilidad razonable», como si el negocio eléctrico fuese asimilable a un negocio financiero. Este concepto es válido para ciertas tecnologías: renovables de coste cero, como la gran hidráulica, eólica y nuclear de coste marginal muy bajo y también los sistemas de transporte y distribución que sólo requieren inversiones.

Pero este principio va en contra de los conceptos europeos de ahorro y eficiencia energética, pues ahorrar costes casi nulos no es preciso y lo que busca la cogeneración es el ahorro de combustibles y energía y no una rentabilidad razonable. La cogeneración persigue ahorrar costes energéticos y ser más eficiente y competitiva.

La reforma propuesta aumenta enormemente los precios fijos de transporte y distribución y rebaja los costes de la energía. Así, los peajes de acceso tienen un término fijo que se ha duplicado y un coste variable en función de la energía que prácticamente se rebaja a un 30%. Como consecuencia de ello, los grandes consumidores de electricidad verán rebajado el coste eléctrico y los consumidores de pocas horas de utilización lo verán aumentado. Parece una gran contradicción, cuando el objetivo es eliminar el déficit de tarifa.

Con los actuales principios de la reforma, este déficit se incrementará si se pretende que en lugar de pagarlo los consumidores lo paguen todos los españoles a través de los presupuestos del Estado. Se debe recordar que esta práctica está prohibida por los Tratados Europeos y no puede prosperar como en realidad tampoco pudieron prosperar los costes de transición a la competencia.

5. CONCLUSIONES Y PROPUESTAS

1.º La reforma energética tiene un objetivo, eliminar el déficit de tarifa, pero producirá el efecto contrario y lo aumentará si no se corrigen sus principios, pues:

– Disminuye el precio a los grandes usuarios de energía y aumenta el coste a los que utilizan la electricidad durante menos horas.

– Aumenta los costes regulados fijos (peajes) y disminuye los costes asociados al consumo de energía (costes variables).

– Evita los sistemas de ahorro energético, como la cogeneración, prohibiendo en la práctica el autoconsumo y evita con ello la competencia en el sector.

– Basa la retribución en obtener una «rentabilidad razonable» de la inversión y no en un ahorro y eficiencia del uso de la energía, asimilando el negocio eléctrico a un negocio financiero.

2.º Se legisla en contra de los principios de la Comunidad Europea que basa su política energética en el ahorro y la eficiencia del consumo energético, según se recoge en la directiva 2012/27/UE.

– En Europa se apoya a la cogeneración en función del ahorro producido y no en la inversión realizada, o como en Alemania en alcanzar unos objetivos de participación.

– La cogeneración en Europa es la tecnología a instalar por defecto en instalaciones nuevas o en modificaciones sustanciales, si no lo desaconseja un análisis coste-beneficio. En España esta tecnología queda prohibida en la práctica, al incrementar los costes fijos del sistema y si prospera la aplicación del peaje de respaldo.

3.º Debería legislarse para promover la competencia en la producción y uso de la electricidad y al ahorro de la energía. Para ello, se deberían:

– Promover las tecnologías con menores costes para el usuario final y revisar la formación del precio de mercado para que fije un valor verdadero de la producción en cada nivel de tensión (el que deben pagar las comercializadoras a las productoras y distribuidoras).

– Incrementar los precios de la electricidad en España hasta niveles semejantes a los vigentes en Alemania o Italia para eliminar el déficit de tarifa.

– Incrementar el coste variable y disminuir los costes fijos para favorecer el ahorro energético y la economía de su consumo.

Estas propuestas son difícilmente asumibles políticamente, pero entendemos que son las únicas que pueden mejorar la situación energética en nuestro país.

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José Mª Roqueta es Ingeniero Industrial e inició su vida profesional en Catalana de Gas, donde fue subdirector general de Planificación para la introducción del gas natural en nuestro país.

Posteriormente, fue director general de Servicios Energéticos (empresa de ingeniería del grupo Gas Natural). En 1982 creó la empresa AESA (Asesoría Energética) que introdujo la cogeneración en España. En 2001 promovió la creación de COGEN España, como Asociación para la promoción de la cogeneración y que es el miembro Español de COGEN Europa. Actualmente es presidente de COGEN España y de AESA.

Así, hoy en una crónica de José Antonio Navas y por Daniel Toledo que publica el diario «El Confidencial«, anuncian una nueva línea defensiva, reactiva y obsesiva en el Ministerio de Industria, que anda buscando un nuevo culpable al que endosar la incapacidad política, gestora y económica del actual equipo energético del Gobierno, que es quien está verdaderamente en entredicho. La pregunta es si no sería más constructivo aprender de los errores y cambiar el enfoque antes de que la acción de demolición no tenga vuelta atrás, incendiando más los problemas. Todo menos repensar y aceptar los errores. Acierta mal y pensarás, que diría Risto Mejide.

Se trata de buscar justificaciones a los vaporosos conceptos que no tienen equivalencia a nivel internacional en procesos de intervención pública como el realizado recientemente en nuestro país, en relación a la escasa presión competitiva (por cierto, no tan escasa), poniendo ahora el acento en la composición accionarial del OMIE. A base de insinuaciones poco edificantes se trata de escarnecer en plan sádico el funcionamiento de una institución como son los mercados.

Describamos el proceso porque es bastante burdo y, por repetido, es como descubrir las técnicas habituales de un trilero. Ahora, de lo que se trata es de, con la misma estratagema que con las subastas, es decir, mediante la difusión de sospechas y torvos pensamientos sobre esta institución, insuflar una sombra de duda sobre el funcionamiento del mismo. Por tanto, se trata de exprimir al máximo la teoría conspiratoria, que se ve complementada con los retroprogresivos y nostálgicos del Marco Legal Estable, que opinan contra los mercados en el diario «El País«, así como invocar el ideario colectivo antiempresarial español, aprovechándose de la atmósfera de irregularidad en la que vive la política.

Primero, para justificar de alguna forma las acusaciones que José Manuel Soria expandió en varias entrevistas en los medios de comunicación más afines contra el mercado eléctrico. Segundo, para disimular la inacción de sus dos años largos como ministro sobre los ajustes menores que habían sido requeridos sobre el mercado. Tercero, para escamotear el debate sobre el precio total de la energía y sus componentes. Y, cuarto, para justificar, si fuera menester, alguna acción más salvaje en la línea que nos tiene acostumbrados ya nuestro Ministerio y que supone un factor de elevación de la prima de riesgo de la energía en nuestro país y más allá de nuestras fronteras, en este caso.

Por tanto, nuestros vecinos portugueses deben estar muy sorprendidos de que a merced de un conjunto de tributos que se han fijado en nuestro país, el precio de la energía que se transaccionaba en este mercado y que era uno de los más baratos de Europa, se eleve por la acción unilateral del Gobierno español como consecuencia de un problema que ha generado la propia política como es el déficit tarifario.

Además, en Portugal, deben estar asombrados de que en el país vecino se desate una campaña desmadrada sin cuartel, sin esclusas, contra las instituciones energéticas, operadoras y reguladoras de ambos países. Y estarán ojipláticos de ver cómo los responsables políticos de un país como España, vecino y a la vez lleno de prosopopeya y asesores, no comprendan la relación causa efecto, ni los principios básicos económicos y de los mercados.

Vamos, que deben estar alucinados de que un país como España se acerque peligrosamente al peronismo más contumaz. Y con Soria y Nadal al frente, que están dispuestos a no dejar títere sin cabeza. Sólo les falta poner sus ojos en la Monarquía.

Desde Canarias, el ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, atendió a la Cadena Ser en el programa dirigido por Pepa Bueno, Hoy por hoy. En todo momento evitó volver a repetir las palabras que han terminado por poner en pie de guerra a las compañías eléctricas. En una entrevista publicada en ABC durante este fin de semana, José Manuel Soria se mostró contundente al afirmar que “ha habido una clara manipulación o actuaciones para modificar los precios. Está claro. Además, se ha hecho de una manera muy burda”. El ministro también aseguró que sabe que existe “mucha preocupación en los cuarteles generales de las eléctricas”. Ante la insistencia de Pepa Bueno, José Manuel Soria reculó y se remitió a lo que refleja el informe de la CNMC que el Gobierno encargó al regulador: sólo ha hablado de “indicios de manipulación”, descartando haber señalado a nadie, y descargó de responsabilidad al Gobierno apuntando que en la subasta Cesur han concurrido “circunstancias atípicas”, que es lo que expresó la CNMC.

José Manuel Soria rechazó responder a las críticas que esta decisión le ha granjeado por parte de las compañías eléctricas. “Están en su derecho de decir lo que estimen oportuno. Yo no voy a entrar en debates estériles, esa no es la misión de un Gobierno. Nosotros tenemos que clarificar las circunstancias de por qué se ha dado algo anómalo”. A juicio del ministro, es “normal” que las compañías defiendan sus intereses privados, pero el Gobierno debe defender «el interés general», y por ello considera que se debe investigar por qué el precio de la pasada subasta eléctrica Cesur fue “extraordinariamente” alto.

En lo que no hay marcha atrás es en el nuevo sistema para la fijación de los precios. Soria espera presentarlo el próximo viernes en el Consejo de Ministros y que será el que fije el precio de la electricidad en 2014. Aunque no quiso decir si el recibo de la luz va a subir a partir del próximo 1 de enero, sí que descartó que sea del 11% porque “la economía española no podría soportar una subida así”. José Manuel Soria aseguró que en 2013 el incremento medio de la luz será del 1,7%, mientras que entre 2006 y 2012 subió a un ritmo del 9% anual, con lo que considera que las medidas tomadas por el Gobierno durante esta legislatura para controlar los precios de la electricidad fueron un “éxito”.

El resto de la entrevista, a pesar de los notables esfuerzos de una atónita Pepa Bueno, Soria se limitó a defender la reforma eléctrica aprobada el jueves pasado en el Congreso de los Diputados y a realizar ejercicios malabares verbales al asegurar que los ingresos y costes del sistema en 2013 “están equilibrados por primera vez en diez años” para inmediatamente después reconocer un desfase de 3.600 millones como consecuencia de su retirada del sistema eléctrico después de ser comprometidos por el Estado y aprobados por las Cortes Generales; un déficit que Soria escudó en el cumplimiento de un “objetivo superior”, el del déficit público impuesto por la Unión Europea. Sobre la proposición de ley de la Izquierda Plural, respaldada por toda la oposición, que proponía medidas contra la llamada pobreza energética y evitar que se cortara la luz a las personas que no tienen recursos para pagarla, especialmente en los meses de invierno, dijo que esa propuesta significaría una subida de la luz para que el resto de consumidores del sistema paguen el recibo a los que no pueden hacerlo.

Soria afirma que el nuevo mecanismo para fijar la luz recogerá mejor las «señales reales» del mercado

El ministro ha señalado que su Departamento ya está trabajando en un nuevo mecanismo para establecer el precio de la luz para los próximos meses, que será más acorde a lo que están siendo las «señales reales» del mercado y no a lo que salió de la última subasta, que terminó con una subida del 11,5%.

«La mejor subida sería la que no se produciría», indicó Soria, que recordó que mientras en el periodo 2006-2012 el precio de la electricidad en España subió un 64,3%, lo que significa un 9% cada año, en 2013 habrá subido un 1,7%, lo que supone «un incremento del 400% inferior a lo que se venía produciendo».

El titular de Indusdria ha afirmado que el Gobierno no va a entrar en «ningún debate» con la patronal eléctrica y ha insistido en que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia decidió invalidar la subasta tras detectarse «indicios de manipulación».

José Manuel Soria, que se encuentra en Fuerteventura para reunirse con empresarios del sector turístico, ha dicho a los medios que considera «legítimo» que las empresas eléctricas «defiendan sus derechos», pero ha querido dejar claro que el Gobierno tiene que defender el «interés general».

Unesa reclama el informe “ya”

El presidente de la Asociación Española de la Industria Eléctrica, Eduardo Montes, lamentó el «gravísimo daño» causado a las principales compañías eléctricas por la acusación de manipulación de la subasta eléctrica lanzada por el Gobierno y pidió que se haga público cuanto antes al informe de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) por el que se anuló la puja. A juicio de Eduardo Montes, “desde el Ministerio se nos ha acusado de manera muy dura de haber manipulado cuando no existe nada que permita decir eso», y recordó en numerosas ocasiones que las compañías eléctricas tienen una participación reducida en las subastas de fijación de precios, el 10% según manifestó en una entrevista a El Mundo.

El presidente de Unesa se quejó de la «demonización de las eléctricas» y aseguró que «se han sentido atacados»; por ello, ha pedido como es lógico que se haga público el informe de la CNMC cuanto antes. «Transparencia, transparencia, transparencia. Que nos expliquen lo que ha pasado. No hay derecho a las acusaciones. Hay que poner encima (de la mesa) el informe», reclamó, al tiempo que se ha mostrado tranquilo ante la investigación, al igual que hizo cuando el secretario de Estado, Alberto Nadal, anunció una investigación de la CNMC al mercado eléctrico el pasado 12 de diciembre, una semana antes de la subasta Cesur.

En las subastas para el suministro de último recurso, modalidad en la que están millones de hogares, Eduardo Montes señaló que participan «cantidad de oferentes», dentro de los que las empresas de Unesa (Endesa, Iberdrola, Gas Natural Fenosa, EDP y E.ON) representan aproximadamente un 10% y el resto son operadores de mercado como grupos financieros, importadores. «No podemos consentir que se nos culpe, que se nos demonice de una cosa en la que representamos el 10%», sentenció el presidente de la patronal eléctrica.

La semana pasada el Gobierno decidió anular la 25ª subasta eléctrica, que concluyó con un incremento de precios del 25,6% -lo que se traduciría en un aumento de alrededor del 11% en el recibo que paga el consumidor-, después de que la CNMC concluyera que en su desarrollo hubo elementos atípicos. Respecto al resultado de la subasta, el presidente de Unesa señaló que, si se excluyen los nuevos impuestos a la generación y el céntimo verde que se aplicará en breve, los precios habrían quedado en unos 57 euros por megavatios-hora (MWh), un precio similar al de países como Reino Unido o Francia.

Por otro lado, también señaló que ciertos elementos podrían haber influido en el alza de precios: el aumento de la demanda por el frío, la baja producción eólica por la ausencia de viento, el incremento del precio del gas y la prima de riesgo que exige el mercado sobre operaciones a futuro (en la subasta se adquieren compromisos de compra de electricidad para el trimestre siguiente). «Entiendo que la subasta no ha sido diferente a las 24 anteriores. Ha seguido el mismo procedimiento y ha sido revisada in situ por el regulador», manifestó en reiteradas ocasiones y aseguró que las subastas son «uno de los pocos sistemas» para fijar precios. Por ello, mostró su confianza en que en los próximos días se establezca un nuevo mecanismo basado en el mercado. «Entre el Gobierno y la CNMC tendrán que arbitrar un sistema que permita, sin hacer un estropicio en el libre mercado, fijar el precio», consideró.

Unesa se persona en la CNMC para pedir que aclare lo antes posible lo ocurrido en la subasta

Directivos de la Asociación Española de la Industria Eléctrica (Unesa) se personaron en la Comisión Nacional de Mercados y Competencia (CNMV) para pedirle que aclare «todos los extremos» de lo ocurrido en la subasta del pasado jueves, según se aprecia en el escrito presentado por la patronal eléctrica.

En el escrito presentado ante el regulador, Unesa solicita que se investigue, «a la mayor brevedad», si «ha habido o no comportamientos no competitivos u otras faltas en el desarrollo de la pasada subasta Cesur».

En caso afirmativo, la patronal pide que se identifiquen «los sujetos a quienes se deban imputar tales conductas, todo ello en aras a la transparencia del marco que debe presidir el desarrollo de la actividad de los agentes en el mercado».

El encargado de entregar el escrito ha sido el secretario general de Unesa, Pascual Sala, quien recuerda que el regulador tiene dos semanas como máximo tras la subasta para elaborar un informe que detalle los motivos de su recomendación.

No obstante, «a lo largo del fin de semana pasado han aparecido en los distintos medios de comunicación social numerosas noticias sobre las causas por las cuales se ha procedido a la anulación» de la subasta, y es este aspecto el que preocupa a la asociación, que reclama conocer de forma «urgente» lo sucedido.

Unesa también deja abierta la puerta a acudir a los tribunales. Su cometido, indica, es «la defensa de los intereses del sector al que representa y es de su interés que exista la mayor transparencia en el mismo, a cuyo fin puede ejercitar todo tipo de acciones legales y judiciales».

«Es de interés para Unesa que se investigue a la mayor brevedad si ha habido o no comportamientos no competitivos u otras faltas en el desarrollo de la subasta» y, «en caso afirmativo, que se determine los sujetos a quienes se deban imputar tales conductas», señala.