2013 (IV): El Gobierno alumbra la CNMC y Fabra tutela al PSOE

El comienzo de 2013 fue tranquilo ante la otra gran reforma que se vislumbraba dentro del campo energético: la del órgano regulador, que mostraba en los albores del año cierta aquiescencia hacia el Gobierno ante el nuevo reparto de cargos que se avecinaba. La CNE entraba en su fase final antes de dar paso al nuevo macrorregulador: la CNMC, que terminaba el año con un papel inesperado como protagonista principal del sector con la anulación de la subasta CESUR por la subida del 26%, jugándose en sus pocos meses de vida su independencia y credibilidad. La misma subasta que en abril había registrado caídas del 15%, lo que provocaba que el recibo de la luz se redujera un 6,7% para el segundo trimestre del año después de que el Gobierno decidiera congelar la parte regulada. Entonces nadie alzó la voz, ni habló de «circunstancias atípicas» o «burdas manipulaciones».

Bajo la premisa de un supuesto ahorro, económico o en la distribución del poder, el Gobierno perpetró el final de los órganos reguladores independientes y sectoriales de España, reemplazados por una CNMC articulada con un diseño inédito a nivel occidental, vaciada de sus funciones y degradada a un mero papel de supervisor. Su autoproclamación de independencia ha aguantado dos telediarios: el de su constitución en septiembre y el del ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, pidiendo-ordenando-dictando un informe para no dar validez a la subasta CESUR en diciembre.

Toda la polémica surgida alrededor de la subasta ha dejado en anécdota el azaroso proceso con el que fueron nombrados los consejeros de la CNMC, con el PSOE negándose a participar en el reparto o en la estructura directiva del mismo y con una víctima con nombre y, especialmente, apellidos: Beatriz de Guindos. La actual subdirectora de Energía de la CNMC, que iba a ser designada como directora de Competencia del macrorregulador, renunció a su ascenso ante el revuelo generado únicamente por ser sobrina del ministro de Economía, sin prestar atención alguna a su currículum o a los méritos acumulados para acceder al cargo. Con la elección de Marín Quemada para presidir la CNMC, los últimos meses de la CNE asistieron al canto del cisne de Alberto Lafuente, en un tour de force con el Ejecutivo en varios informes. Mejor acomodo obtuvo el exsecretario de Estado de Energía, Fernando Marti Scharfhausen, que marchó al Consejo de Seguridad Nuclear (CSN).

Relación entre Gobierno y REE

En el sector eléctrico, no se puede ignorar la simbiótica relación de intereses entre Red Eléctrica de España (REE) y el Ministerio de Industria. 2013 tampoco fue el año que asistió a la separación del operador del transporte y del operador del sistema, unidos en Red Eléctrica: una empresa, dos monopolios en su actividad. Y directivos muy bien remunerados: en medio de la pérdida de credibilidad institucional, los diferentes escándalos político-económicos, y las dificultades diarias de los ciudadanos, aparece la noticia de que Red Eléctrica de España pagó 2,3 millones de euros a Luis Atienza como indemnización por su cese como presidente del operador del sistema y operador del transporte; cifras similares a las indemnizaciones que también recibieron la directora general financiera, Esther Rituerto, y el director general de Operación, Alberto Carbajo.

Impecable desde un punto de vista técnico, lo que aún persiste en esta empresa privada dirigida por manos públicas, encargadas de dar y quitar los puestos más relevantes de su organigrama, es su capacidad para influir en la regulación, obtener la aprobación a la realización de las infraestructuras que estima necesarias y, por consiguiente, acceder a su retribución. Y la ambición por entrar en la generación eléctrica. Desde la llegada del Partido Popular al Gobierno, todas las fuentes confirman el papel de Andrés Seco en ese gozne que forman REE e Industria. Curiosamente, todas las medidas del proceso de reforma para acabar con el déficit tarifario arrojan que los ISO españoles mantienen ingresos y resultados.

Esta ascendencia sobre la Administración Pública se pudo entrever en la redacción del proyecto de Ley para los Sistemas Eléctricos Insulares y Extrapeninsulares, texto sobre el que planeaba la influencia del operador del sistema eléctrico; la Ley se aprobaría finalmente en octubre y se exige a Endesa cumplir con un calendario leonino de ejecución para las centrales hidroeléctricas de bombeo o, en caso contrario, la titularidad de estas instalaciones se traspasará a REE, culminando una de sus viejas aspiraciones. La mano de REE llegó hasta el punto, según publicó Vozpópuli, de que su expresidente Luis Atienza medió para evitar la oposición del PSOE al texto, eso sí, sin éxito: los socialistas se opusieron en la votación parlamentaria pero el proyecto fue aprobado gracias a la mayoría absoluta del Partido Popular.

Jorge Fabra en el PSOE

A nivel institucional, el mundo parlamentario no sale muy bien parado del acabado 2013. En este sentido, interesante y digno de estudio resulta el ninguneo del Gobierno a su grupo parlamentario: las enmiendas introducidas en esta Ley llegaron directamente de la negociación bilateral entre el Gobierno y su homólogo canario; nada extraño. Igual sucedió con una Ley, el crédito de 2.200 millones de euros de Hacienda a Industria para luchar contra el déficit tarifario, aprobado a mediados de octubre en las Cortes Generales y sin validez por una enmienda introducida en el Senado a finales de noviembre en la Ley del Sector Eléctrico e impuesta por el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, que hizo inútil de un plumazo la defensa parlamentaria del tal crédito que realizó el grupo popular con anterioridad. Y así con las demás enmiendas de calado, de autoría ajena, pero acatadas sin rechistar por sus señorías. Disciplina de voto y naturaleza obediente en el ADN del parlamentarismo español. Así son nuestras instituciones.

Sin salir de las Cortes Generales, tampoco se puede omitir la influencia que los antiguos dirigentes de REE ejercen ahora sobre el PSOE. El principal partido de la oposición celebró en noviembre su Conferencia Política, en la que buscó un giro más acusado a la izquierda para contrarrestar el terreno que le ha ganado Izquierda Unida en los últimos años. «El PSOE ha vuelto», proclamó su (de momento), líder, Alfredo Pérez Rubalcaba. Y en el ámbito energético vuelve con el expresidente de REE y exconsejero de la CNE, Jorge Fabra, a los mandos del partido de la mano del secretario de Ordenación del Territorio y Sostenibilidad, Hugo Morán. También acompañados por, entre otros, los anteriormente mencionados Luis Atienza y Alberto Carbajo.

Desde Ferraz confirmaron oficialmente a Energía Diario la responsabilidad de Jorge Fabra en la elaboración de la ponencia resultante de la Conferencia Política en los puntos relativos al campo energético. Según estos puntos, el PSOE adopta una concepción muy intervencionista del sector eléctrico, con desprecio al mercado en aras de mecanismos de retribución regulada; su propuesta propugna un sistema de costes reconocidos y un modelo de remuneración de actividades (liberalizadas o no) definido de forma discrecional por el gobierno de turno. Por tanto, nada de mercado y gran parecido razonable con el anti-institucionalismo del Gobierno actual. Todas estas ideas aparecieron previamente en un artículo de El País, «Otro diagnóstico del problema eléctrico», del propio Jorge Fabra y de Martín Gallego, que fue secretario general de Energía en tiempos de Felipe González. A lo largo de 2014 habrá que estar atentos a qué acontece en el principal partido de la oposición, y en qué posición queda Jorge Fabra después de las primarias a celebrar.