Ayer conocíamos por los medios de comunicación (se puede ver en el vídeo de nuestra portada y también en el siguiente vídeo de Energía Tube) que en Alemania se va a producir un fuerte crecimiento del precio de la electricidad que pagan los consumidores con motivo del cambio del mix de generación decretado por Angela Merkel, para sustituir la tecnología nuclear. Era algo que se veía venir en la medida en que los cierres previstos desde que se produjo este anuncio se han ido produciendo con cierto retraso.

Podemos extraer lecciones de esta noticia, que nos llega desde fuera de nuestras fronteras:

– A los alemanes, nos les duelen prendas a la hora de subir la factura de la luz y asumir políticamente su efecto.

– En Alemania, hay una correlación entre las decisiones políticas y el precio del suministro. Por tanto trasladan a los consumidores las consecuencias de la política con inmediatez, sin necesidad de transferírselo temporalmente a gobiernos posteriores.

– Explican que la subida se produce por un cambio en el mix de generación, que va incrementar notablemente el coste por aumentar su cuota renovable.

– Es posible que tengan un problema de subsidios cruzados entre los distintos tipos de consumidores (domésticos e industrias). Sistema de subsidios cruzados que es posible que, en presencia de esta subida de la electricidad, sea insuficiente para mantener las industrias en territorio germano.

– El mercado, el sistema empresarial y los mecanismos económicos (la correlación entre coste de suministro y factura) no se cuestionan, se asumen.

Podemos aprender respectivas contralecciones para el caso español, comparativamente:

– En España, la correlación entre las decisiones políticas y el precio del suministro no existen. No se traslada al precio del suministro, las consecuencias de las decisiones políticas con inmediatez se trasladan hacia los gobiernos sucesivos. Los mecanismos de administración de nueva potencia renovable según qué tecnologías, tipo termosolar y fotovoltaica, fueron la rechufla en manos de la Administración Central y Autonómicas y de un sistema de primas generoso y descontrolado, a cualquier precio, con una visión buenista de la realidad.

– Por la vía de la tarifa (o si se produjera su traslado a los Presupuestos Generales del Estado) a los españoles no se les quiere contar que el precio de la electricidad debe subir por las mayores primas a las renovables. Ya son 8.000 millones y el ritmo de crecimiento de su montante va al 25% anual. Se escamotean las causas y lo que es peor se distorsionan los orígenes de la misma.

– Los productores renovables de las tecnologías más caras alientan la no subida de tarifas y la expropiación fiscal del mercado. El gobierno cae en sus fauces.

– El mercado, lo empresarial, lo sectorial se cuestionan de forma maniquea.

– Los mecanismos económicos se pervierten y se maquillan para mantener un modelo beatífico de crecimiento de primas a las renovables.

– El efecto sobre la industria, la competitividad y los consumidores en España se pretende paliar, irónicamente, una vez tomadas las decisiones anteriores, tanto de mix de generación como de primas, y se alambican y estropean sucesivamente los mecanismos regulatorios para conseguirlo.

– Los alemanes conocen a la percepción el «trade off» entre precio de la energía y sus efectos sobre competitividad del país, las empresas y empieza el debate alrededor de los subsidios cruzados con toda crudeza. Alemania hasta el momento tiene un cierto crecimiento económico, que está empezando a ralentizarse por la caída del consumo en los países rescatados y rescatables. España, por su parte, está en una fuerte recesión con un 25% de paro.

Veamos pues, cómo podría escucharse una noticia correspondiente a nuestro país, tal y como le puede llegar a Angela Merkel, si no existieran tantos filtros de distorsión:

Seis nuevos impuestos a la generación de electricidad en España por la deuda eléctrica acumulada porque los españoles no conocen los precios reales de su suministro

España fijará unos nuevos impuestos a la generación eléctrica y específicos a la generación hidráulica y nuclear según un proyecto de Ley del Gobierno español. Parece ser que el Gobierno español le llama a esta ley de «medidas en materia de fiscalidad medioambiental y para la sostenibilidad energética», aunque se ceba en las tecnologías no emisoras y afectará a la seguridad de suministro, al mix de generación, incrementará fuertemente los costes a las industrias españolas con amenazas ciertas de deslocalización de los grandes consumidores. También habrá un efecto de traslado a los consumidores y a la inversión. Incluso puede afectar al precio de la electricidad y al comercio de energía con Portugal y Francia.

Los gobiernos sucesivos han ido aplazando las subidas de electricidad en el pasado por temores políticos, generando una deuda a largo plazo de 24.000 millones de euros, derivada de un suministro corriente denominada déficit tarifario. Para ello, han ido adaptando las tarifas de acceso en las revisiones trimestrales que son las que recogen los costes regulados y las tarifas, con un mero análisis político, de opinión pública y de coste electoral. De hecho, este año el déficit alcanzará casi los 5.000 millones de euros y el Gobierno ha decidido congelar la tarifa del cuatro trimestre.

Para paliar esta situación, el Gobierno actual prefiere poner impuestos a la generación en vez de atacar los costes regulados y las primas para reducir la factura. En este período, las primas han escalado hasta los 8.200 millones de euros al año, en tasas anuales de crecimiento superiores al 40%. Además los gobiernos han decretado crecimientos de potencia termosolar y fotovoltaica que multiplican las previsiones de los Planes de Energías Renovables, hasta triplicarlas o quintuplicarlas. Son las tecnologías más primadas y perciben entre 270 euros MWh y 280 euros MWh de subvención, pero los gobiernos han tratado de esconder el origen de este desfase y ahora lo quieren distribuir con arreglo a criterios políticos de las élites extractivas del país, aunque sus efectos fiscales se ramifiquen por los sectores energéticos y la economía, afectando la seguridad jurídica, regulatoria y empresarial.

Un grupo de correligionarios retroprogresivos, (con miembros del Gobierno asesorados directamente por las empresas con intereses en las tecnologías más primadas) dan cobertura a esta postura: consideran que hay que abolir el mercado, introducen falsedades no demostradas periódicamente sobre su funcionamiento, tratan de olvidarse y esquivar el modelo liberalizado (uno de los más baratos de Europa hasta que se anunciaron estos nuevos impuestos), de la aditividad de la tarifa de acuerdo al coste del suministro, para abstraerse de forma inconsciente e indolente del crecimiento de las primas. Se trata de promover la transferencia de ingresos entre tecnologías, mediante la determinación de precios intervenidos o de impuestos discrecionales y diferenciales, que recaigan sobre los accionistas de las empresas eléctricas, fundamentalmente. Todo ello para garantizar la forma de generación de plusvalía de las élites extractoras de rentas.

La ley se encuentra actualmente en el Congreso y desde que se anunció la misma el escenario ha cambiado enormemente para el Gobierno, pese a que tiene capacidad para ejercer el rodillo el Partido Popular en el Parlamento”.

Esperemos que la señora Merkel y los hombres de negro de la Unión Europea, en el precio al rescate, analicen y conozcan correctamente el origen de estos 20.000 millones de euros de déficit tarifario que tienen un tratamiento asimilado a la deuda pública y, por tanto, forma parte de la deuda de nuestro país. Y que conozcan el mecanismo propuesto para su «solución» (cosa que tampoco está muy clara). De cómo se escamotean los datos, los mecanismos económicos, se distorsionan y se cuestionan los mercados, la forma en que se genera su monto galopante. Y lo que somos capaces de hacer para enmascarar la realidad. Para que vean cómo las gastamos en España.

Es necesario hacer una introducción y un epílogo al tema de la traslación fiscal de las nuevas figuras tributarias que establece el Anteproyecto de Ley en Materia Medioambiental y Sostenibilidad Energética actualmente en trámite parlamentario. En la introducción se trata de hablar de la voluntad del regulador respecto de estos impuestos para que sean absorbidos por las empresas.

Recordemos que, en primera instancia, estos impuestos irían destinados supuestamente (hasta que se confirme su aplicación) a reducir el déficit tarifario y el desajuste entre el coste del suministro (distorsionado por las primas y los costes regulados) y los ingresos por la tarifa (distorsionados por la negativa política a fijar costes realistas, interviniendo los precios gobierno tras gobierno).

Ese desajuste ha embalsado una enorme deuda galopante con las empresas, que en la actualidad, además, es financiada por ellas mismas. Esa deuda, esa factura, se pretende paliar con estos impuestos (cuyos efectos son cuantiosos y van mucho más allá de la traslación fiscal), pero el tema de este artículo es centrarnos en esta cuestión. Por otra parte, aún no se conoce cómo se van a reajustar las tarifas de acceso y las partidas que se asumen desde los Presupuestos Generales del Estado. Bueno, sí se conocen, a la luz del proyecto de PGE 2013 presentados: permanece igual.

Este mecanismo de «resolución» es consecuencia de lo mismo que ha causado el déficit: decisiones políticas que incrementan los costes regulados y primas e intervención de precios. Del mismo modo, y para evitar el coste de opinión pública de una eventual traslación fiscal a los precios del mercado de generación, al Ejecutivo le gustaría que todo el coste fuese absorbido por el sector empresarial y cruzaría los dedos para ellos, con una mirada en el MIBEL y otra en las encuestas.

En sentido contrario, los detractores del sector, con la idea buenista de la protección del consumidor, aseguran que los nuevos impuestos serán pagados por los consumidores porque serán trasladados integramente. Un análisis (con defectos económicos, hacendísticos y de mercado notables, dado su academicismo ideológico autárquico) en esa línea era suscrito por Natalia Fabra en el blog Nada es Gratis sosteniendo esta teoría.

Pues bien, ni tanto, ni tan calvo, según se desprende del análisis de los expertos financieros. Y es lógico que cualquier experto en Hacienda Pública no ideologizado lo vería. Conocíamos el fin de semana pasado el informe del BBVA, «Iberian Utilities Spain and Portugal, Market Analysis Equity Utilities, Why passing the new taxes through to consumers might not be as easy as it looks« (Por qué el traspaso de los nuevos impuestos a los consumidores no es tan fácil como parece) sobre los efectos de este proyecto (mal llamado «reforma») cuyas conclusiones son:

– Los expertos del BBVA señalan cómo en el entorno actual no parece muy realista suponer incrementos significativos de los precios en el mercado de la electricidad, al menos a corto plazo. Y esto se debe a la oferta de electricidad, que combina el exceso de capacidad a corto plazo, el estrechamiento del hueco térmico, la caída del factor de carga (fundamentalmente en los ciclos combinados) y la existencia de contratos con cláusulas «take or pay» en el suministro. Del mismo modo, en el informe se advierte de los efectos de la caída de la demanda de electricidad, que puede deteriorarse aún más si los precios siguen aumentando, lo que a su vez podría realimentar el déficit de tarifa.

– Por otra parte, el BBVA reconoce el fuerte impacto para los grandes consumidores de electricidad de esta imposición (en los que la energía supone un 48% de repercusión en sus cuentas de resultados en términos de costes), lo que podría afectar a la deslocalización industrial de estas industrias.

– En consecuencia, desde el BBVA sugieren que, aunque la brecha fiscal que crean los impuestos podría llegar a ser de 8 euros, la posible traslación (o internalización) en el mercado mayorista será mucho menor. Así, entre 2013 y 2015, según el BBVA, la traslación de estos impuestos se situaría entre los 2 y 3 euros, como máximo.

Y ahora viene el epílogo, la coda. Todo esto se produce por la pretensión política de irresponsabilizarse de las decisiones pasadas, algo que es en sí disfuncional. No reconocer la naturaleza de la deuda, su origen, su formación, incluso su financiación y la responsabilidad política que la va engordando, con uno de los mercados de generación más baratos de Europa, pertrechándose para ello de los retroprogresivos para diseñar una propuesta fiscal ni medioambiental, ni sostenible. Y, por el enfoque de tratar de abordar este problema sin afectar a los costes regulados y el esquema de primas crecientes a un ritmo del 25% anual, como conocíamos la semana pasada.

Segunda cuestión y no menos grave: las distorsiones del anteproyecto son mucho más graves que la mera traslación de los impuestos a los precios, cuestión que atiza los temores políticos de los cortoplacistas. Como hemos podido comprobar, el Anteproyecto afectará a la inversión presente y futura, afectará a la seguridad de suministro y afectaría al mercado ibérico de la electricidad (MIBEL).

En tercer lugar, la convicción que nuestras autoridades demuestran en relación al valor de la seguridad jurídica, la estabilidad regulatoria y el modelo empresarial y liberalizado. Su pretensión de que cuanto más se internalicen esos nuevos impuestos, más efectos tendrá sobre el sector empresarial y sobre la seguridad jurídica de nuestro país. Y cuarto: el modelo empresarial y de sector eléctrico en nuestro país están en cuestión con estas medidas, dada la afectación a las empresas.

En todo caso, cabría señalar que la mejor manera de proteger a los consumidores sería fijar precios realistas de la electricidad y, a la vez, pensarse muy bien las decisiones que se toman para no incrementar los costes regulados y unas primas descontroladas. En realidad, a los consumidores habría que protegerlos de las decisiones políticas y del esquema de distribución, captura y extracción de rentas, que nos han traído hasta aquí y que pueden generar problemas de suministro para empresas, para sectores y para consumidores, mucho más severos que lo que tratan de resolver torcidamente.

En la entrevista, Dolader, ex Consejero de la Comisión Nacional de Energía (CNE) entre 1999 y 2005, reflexiona profundamente sobre el origen del déficit tarifario, describiendo de una forma nítida y con una visión precisa y clarividente este momento de convulsión sectorial y reconstruye el momento que vive el sector eléctrico en nuestro país, como resultante de una sucesión de decisiones políticas contradictorias con el modelo de regulación y de liberalización de 1998 y la pérdida de sus principios rectores. La sabiduría que da la experiencia, el conocimiento, la perspectiva internacional y la madurez.

La entrevista será publicada en dos partes, los próximos lunes 15 y martes 16 de octubre. Además, seguidamente, el miércoles 17, publicaremos un artículo del propio Dolader en el que sitúa un punto de partida de una propuesta de avance en el modelo de regulación sectorial eléctrico en aras de una mayor eficiencia y de una mayor competitividad en el sector eléctrico.

El pasado viernes el blog de Fedea, «Nada es gratis«, acogía en su «site» un post sobre el Anteproyecto de Ley de Medidas Fiscales para la Sostenibilidad Energética elaborado por Natalia Fabra y Gabriel Llobet. El contexto de esta publicación es muy importante. «Nada es gratis«, el blog de Fedea, es uno de los espacios más liberales, promercado, proliberalización, prorreformas y antiintervención que existen actualmente en los medios españoles, económicos y generalistas. Además de su rigor, su influencia es enorme. Sus principales autores, Javier Andrés, Antonio Cabrales, Luis Garicano, Tano Santos, Jesús Fernández Villaverde, Samuel Bentolilla, etc…, efectúan aportaciones acertadas, sustanciales y, además, con esa perspectiva que da la visión exterior desde la perspectiva internacional.

Desde el punto de vista de gestión de la oportunidad, con «Nada es Gratis«, la saga Fabra, había encontrado un objetivo de comunicación muy relevante para la gestión de su «branding» como expertos energéticos («branding» es la forma más fina hoy de decir la palabra ego) tratando de conseguir una reputación en el ámbito de la regulación eléctrica desde posiciones anticompetitivas e intervencionistas, en un monopolio de la interpretación de los hechos que suceden en el sector eléctrico bajo una visión ideologizada. Por un lado, es cierto que la energía, más en concreto la electricidad, está bajo los focos a raíz de la puesta en circulación de este Anteproyecto y de las promesas de una reforma adicional recientemente realizadas por parte del ministro Soria, lo que incentiva, si cabe aún más, la búsqueda de ese espacio público y mediático.

Por tanto, si el Consejo Editorial del blog conocía el contenido del post, a la vez que conoce el sector eléctrico de nuestro país, su funcionamiento, liberalización, su regulación y sus problemas, así como los postulados antimercado de Natalia Fabra y su genética, podríamos afirmar que su publicación sería un ejemplo de ejercicio de libertad de expresión en el ámbito puramente económico-académico. En todo caso, hubiera sido recomendable, expresamente, haber sido indicado con anterioridad lo que íbamos a leer, con esas advertencias que se incluyen en los artículos y entrevistas, de forma y modo que «los comentarios son responsabilidad de lo que los emite». En todo caso, lo que hace esta «Nada es Gratis» con la publicación de este post es la grave carencia de una visión promercado y procompetitiva en el sector energético, accesible y pública a los ciudadanos y a los economistas. Asimismo, sería recomendable conocer de primera mano una visión complementaria de alguno de los titulares de Fedea, con conocimiento sobre el mercado de generación, los costes regulados, con conocimiento del crecimiento de las primas y la naturaleza y origen del déficit tarifario, y que expresaran su opinión sobre este Anteproyecto de Ley en particular, y sobre el problema del sector eléctrico, en general.

Yendo al contenido del post, Natalia Fabra se queja de que el Anteproyecto de Ley de Medidas Fiscales para la Sostenibilidad Energética no es una reforma. Acabáramos. Eso ya estaba claro y está dicho por activa y por pasiva. Pero, es que, en realidad, la pretensión del proyecto no era reformar, sino absorber, taponar y acometer el déficit tarifario y la generación de nuevo déficit (lo que no quiere decir que lo consiga o que lo haga de forma eficiente, o ninguna de las dos cosas).

De lo segundo de lo que se queja Fabra es de que, previsiblemente, estos tributos los pagarán los consumidores. Rebobinemos, pues. El déficit tarifario es la resultante acumulada de la parte de los costes del suministro que no se le ha pasado a los consumidores en forma de factura a través de las tarifas, desde el año 2002, porque a los responsables políticos les daban miedo sus efectos en la opinión pública. En mayor o menor medida, el traslado a los consumidores se debería haber producido antes o después. Pero el hecho es que, desde el punto de vista fiscal y de la hacienda pública, habrá una parte que se trasladará a los consumidores y una parte que será absorbida indebidamente por las empresas de las cantidades adeudadas a las mismas (eso que se sepa el destino final de estos recursos fiscales). Desde el punto de vista metodológico, sería interesante preguntar a la autora por atacar el origen de los costes regulados y de las primas, por abordar su reducción y por si su contención podría haber favorecido que el coste del suministro no creciera y, así, no se le habría trasladado a nadie.

Consciente de que en el blog de Fedea era difícil incorporar grandes dosis de demagogia intervencionista e ideológica, Natalia Fabra entra con cierto cuidado y acepta el funcionamiento del mercado eléctrico hasta que le conviene (en primer lugar, bajos precios y correlación con otros mercados hasta que se anunciaron las medidas fiscales). A partir de ahí, no comprende el descuento de expectativas que efectúa el mercado al conocer la previsible chapuza (como hacen todos los mercados cuando funcionan correctamente y provocan eficiencia).

Para todo ello utiliza una vía de análisis simplificada desde el punto de vista académico, que no pasa de la microeconomía básica. Estos supuestos académicos poco sofisticados vuelven muy peligroso el análisis. Estos defectos son: ausencia de los datos económicos financieros y contables de las actividades (en especial la nuclear), carencia de experiencia, comprensión y conocimiento sobre el funcionamiento de los mercados, desprecio de la componente financiera e inobservancia de la integración de la actividad de generación en el MIBEL y del trading de importación-exportación de energía. En el punto de vista de la Hacienda Pública, con una interpretación errónea de la aplicación de los impuestos, en términos de hechos imponibles y tipos impositivos, de forma que no cuenta como el modelo de retribución de las tecnologías renovables consiste en «pool+prima» y en su retroalimentación incrementalista para estas tecnologías, que pueden acabar cobrando más.

Pero, a pesar de todo ello, con ese desarrollo argumental, es decir, con este punto de partida de modelo académico en condiciones teóricas, Natalia Fabra no obtiene mucho juego para sustentar las posiciones clásicas como esforzada académica que valida las tesis paternas con respecto a determinadas tecnologías y su obsesión por el control de rentas, sin mercado. Y, por ello, la solución y resolución del artículo se produce, sorprendentemente, en el último párrafo, para pasar de lo descriptivo bajo su modelo hasta lo normativo. Salta de un análisis positivo para llegar a las recomendaciones. Efectúa una pirueta que consiste en pasar de describir (con matices y filtros de distorsión) a decir lo que debe ser, lo que se debe hacer y quién debe financiar los nuevos tributos. Es decir, Fabra pontifica sobre lo que en su opinión deben ser los beneficiados y perjudicados del sector eléctrico y, según ella, deben asumir la cuenta pendiente, en plena coherencia con su pensamiento anterior.

Dos datos más. Al parecer, su padre, Jorge Fabra, ha elaborado un informe que ha entregado a Cristina Narbona con parecidos supuestos, con el fin de fijar la posición contraria del Partido Socialista Obrero Español, de cara a la tramitación parlamentaria del proyecto de ley. Segundo dato: Natalia Fabra, en este artículo, ha conseguido incluir un link directo entre su post en «Nada es Gratis» a «Economistas Frente a la Crisis«, blog que alimenta y protagoniza su padre, como cabeza pública de esta plataforma. ¿Es posible una carambola con más bandas? ¿Qué les parece este capicúa efectuado con tanto desparpajo? ¿Se habrán dado cuenta los responsables de «Nada es Gratis«?

En verdad que nada es gratis. Menos los Fabra.