Supongamos un país imaginario sin relación con la realidad, sin fuentes de energía propias o con fuentes de energía propias, cuyo coste es muy oneroso. Imaginemos, por un momento, lo que es el coste de suministro total para una determinada tecnología energética o una energía final que utilizan unos consumidores concretos. Imaginemos que es indiferente que los consumidores concretos sean personas físicas o personas jurídicas, empresas, o incluso grandes empresas, o instalaciones industriales muy intensivas en energía.

Imaginemos que no existe discusión sobre el modelo, la parte liberalizada en mercado y que no existen cuestionamientos (ideológicos o institucionales) al respecto sobre el proceso de formación de precios. Tampoco existiría discusión en el caso de ser un modelo de costes regulados o reconocidos. Imaginemos que está resuelto por la vía que sea (aunque Energía Diario aboga siempre por el mercado y los mecanismos competitivos). Las reglas del juego no están en cuestión y tampoco se ponen en cuestión de forma oportunista según su resultado. Digamos que es estable el mecanismo.

Imaginemos que, fruto de ese mecanismo, por el coste del suministro de tal o cual energía, resulta preciso aplicar una subida a la unidad de energía vendida de una determinada tecnología (un kilowatio, un metro cubico de un gas, una bombona, una arroba). Imaginemos que esa decisión puede ser «impopular», dado que se realiza desde una instancia administrativa, política o gubernamental. Imaginemos que se utilizan argumentos contra la repercusión de precios relacionados con la competitividad en el caso de los consumidores empresariales o del carácter «social» de la energía.

Imaginemos que esa instancia administrativa o gubernamental se inclina por alguna de estas decisiones:

1. No repercutir la subida y que los operadores de esa fuente de energía internalicen las pérdidas y que los consumidores no sean conscientes de los precios reales y del coste del suministro.

2. No repercutir la subida, pero reconocer los costes, creando una deuda que financiar a largo plazo y repercutirla a los consumidores futuros.

3. Remover Roma con Santiago para discutir si es así o asá cómo se calcula el coste del suministro y decidir cambiar las reglas de juego con el partido en marcha.

4. Imaginar que la propia recurrencia de la deuda encarece mucho la tecnología de partida.

5. Que el Estado decide sufragar la deuda generada vía sus Presupuestos Generales al considerar que la naturaleza social de la energía y el país no es Venezuela.

Imaginemos que ese país imaginario se acostumbra al segundo de los mecanismos y lo utiliza para la mayor parte de sus tecnologías de suministro: para la electricidad, para el gas, para el butano… Imaginemos este enunciado del problema sólo por un momento. ¿A qué les recuerda? ¿A dónde nos lleva? ¿Tiene solución?

La situación de asfixia del sector cada vez es mayor y a esto no ayuda la desaparición de 200.000 ó 500.000 toneladas de carbón (según se consulte a fuentes del sector o la prensa local, respectivamente) del Almacén Estratégico Temporal del Carbón (AETC), perteneciente a la minera pública Hunosa y que permanecían almacenadas en los parques de Uminsa y Coto Minero Cantábrico (CMC), ambos propiedad de Victorino Alonso.

Al parecer, el grupo Alonso achacó la ausencia del mineral a las lluvias, que podrían haberse llevado hasta un 10% del «stock». Cada tonelada tiene un coste medio de 70 euros, por lo que el valor del mineral perdido rondaría entre los 14 y los 35 millones de euros, dependiendo de monto realmente desaparecido. Esta es la razón por la que, según el sector, el Ministerio de Industria, Energía y Turismo habría bloqueado el pago de los 111 millones de euros de ayudas correspondientes al ejercicio 2012.

Ante la polémica surgida, Uminsa y CMC salieron al paso afirmando que tienen capacidad para producir las toneladas extraviadas en el plazo de un mes, por lo que no entienden que se magnifique el problema y se utilice para justificar los retrasos en el pago de las ayudas. Sin embargo, y por esta razón, Hunosa celebrará la próxima semana un consejo de administración extraordinario para abordar la problemática desatada.

En este contexto, tanto la Abogacía del Estado como la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), de la que depende Hunosa en su totalidad, estudian acciones legales contra el empresario leonés.

No obstante, el ministro del ramo, José Manuel Soria aseguró que el retraso en el pago se debe a varios factores y no necesariamente a la «desaparición» de esos cientos de miles de toneladas de hulla.

«Existen razones muy poderosas de tipo jurídico que impiden que las ayudas al sector del carbón puedan llevarse a cabo», dijo Soria, si bien aclaró que su departamento «está trabajando para resolver los obstáculos» y que estas partidas se canalicen lo antes posible.

Y es que, según anunció el ministro en el Congreso de los Diputados, «los servicios jurídicos del Estado están haciendo determinadas comprobaciones y en cuanto estén hechas las ayudas se desbloquearán».

Según se sabe, el Ministerio de Industria ha elaborado una propuesta de resolución para la aplicación en 2013 del decreto del carbón en la que reduce en un 20% el volumen, que rondará los 6,6 millones de euros, y la energía del mineral nacional que podrá ser quemado en nueve centrales térmicas a un precio incentivado, que se situará en 18.228 gigavatios hora (GWh). Todo ello permitiría que los costes para el sector en 2013 no superaran los 419 millones de euros, es decir, 75 millones de euros menos con respecto al coste de 493 millones de euros previsto para el decreto en 2012.

Mientras tanto, los sindicatos mineros, a los que el secretario de Estado de Energía, Alberto Nadal, convocó a una mesa de negociación en torno a la primera semana de marzo, siguen esperando a que la resolución de restricciones de garantía de suministro se publique la semana entrante en el Boletín Oficial del Estado.

Por otro lado, Nadal anunció que el Gobierno no prorrogará las subvenciones a las empresas propietarias de las centrales térmicas por el uso de carbón nacional y las ayudas a la producción a las compañías mineras, que finalizan en diciembre de 2004, puesto que » no se puede ir más allá».

Además, Soria reiteró que el objetivo del Gobierno es que las explotaciones competitivas de carbón, al margen de que hayan recibido o no ayudas públicas, puedan seguir funcionando a partir del 1 de enero de 2019, en contra del plan europeo. «Es la posición que estamos negociando con Bruselas, pero no sabemos si va a poder ser así o no», y acusó al Gobierno anterior de ser quien decidió que estas explotaciones pudieran cerrarse.

La situación de asfixia del sector cada vez es mayor y a esto no ayuda la desaparición de 200.000 ó 500.000 toneladas de carbón (según se consulte a fuentes del sector o la prensa local, respectivamente) del Almacén Estratégico Temporal del Carbón (AETC), perteneciente a la minera pública Hunosa y que permanecían almacenadas en los parques de Uminsa y Coto Minero Cantábrico (CMC), ambos propiedad de Victorino Alonso.

Al parecer, el grupo Alonso achacó la ausencia del mineral a las lluvias, que podrían haberse llevado hasta un 10% del «stock». Cada tonelada tiene un coste medio de 70 euros, por lo que el valor del mineral perdido rondaría entre los 14 y los 35 millones de euros, dependiendo de monto realmente desaparecido. Esta es la razón por la que, según el sector, el Ministerio de Industria, Energía y Turismo habría bloqueado el pago de los 111 millones de euros de ayudas correspondientes al ejercicio 2012.

Ante la polémica surgida, Uminsa y CMC salieron al paso afirmando que tienen capacidad para producir las toneladas extraviadas en el plazo de un mes, por lo que no entienden que se magnifique el problema y se utilice para justificar los retrasos en el pago de las ayudas. Sin embargo, y por esta razón, Hunosa celebrará la próxima semana un consejo de administración extraordinario para abordar la problemática desatada.

En este contexto, tanto la Abogacía del Estado como la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), de la que depende Hunosa en su totalidad, estudian acciones legales contra el empresario leonés.

No obstante, el ministro del ramo, José Manuel Soria aseguró que el retraso en el pago se debe a varios factores y no necesariamente a la «desaparición» de esos cientos de miles de toneladas de hulla.

«Existen razones muy poderosas de tipo jurídico que impiden que las ayudas al sector del carbón puedan llevarse a cabo», dijo Soria, si bien aclaró que su departamento «está trabajando para resolver los obstáculos» y que estas partidas se canalicen lo antes posible.

Y es que, según anunció el ministro en el Congreso de los Diputados, «los servicios jurídicos del Estado están haciendo determinadas comprobaciones y en cuanto estén hechas las ayudas se desbloquearán».

Según se sabe, el Ministerio de Industria ha elaborado una propuesta de resolución para la aplicación en 2013 del decreto del carbón en la que reduce en un 20% el volumen, que rondará los 6,6 millones de euros, y la energía del mineral nacional que podrá ser quemado en nueve centrales térmicas a un precio incentivado, que se situará en 18.228 gigavatios hora (GWh). Todo ello permitiría que los costes para el sector en 2013 no superaran los 419 millones de euros, es decir, 75 millones de euros menos con respecto al coste de 493 millones de euros previsto para el decreto en 2012.

Mientras tanto, los sindicatos mineros, a los que el secretario de Estado de Energía, Alberto Nadal, convocó a una mesa de negociación en torno a la primera semana de marzo, siguen esperando a que la resolución de restricciones de garantía de suministro se publique la semana entrante en el Boletín Oficial del Estado.

Por otro lado, Nadal anunció que el Gobierno no prorrogará las subvenciones a las empresas propietarias de las centrales térmicas por el uso de carbón nacional y las ayudas a la producción a las compañías mineras, que finalizan en diciembre de 2004, puesto que » no se puede ir más allá».

Además, Soria reiteró que el objetivo del Gobierno es que las explotaciones competitivas de carbón, al margen de que hayan recibido o no ayudas públicas, puedan seguir funcionando a partir del 1 de enero de 2019, en contra del plan europeo. «Es la posición que estamos negociando con Bruselas, pero no sabemos si va a poder ser así o no», y acusó al Gobierno anterior de ser quien decidió que estas explotaciones pudieran cerrarse.

Ya nos habíamos acostumbrado a la falta de credibilidad de las revisiones tarifarias que presentaban las sucesivas administraciones energéticas. De hecho, partían de un supuesto torcido y aceptado de manera consuetudinaria: eran de opereta para dar más o menos impresión de cumplir con las formas, tanto en lo que se refiere a los proyectos remitidos, como al proceso y trámite de consulta, para la CNE, así como para los miembros del Consejo Consultivo de la Electricidad y del Gas que eran directamente ninguneados. Eso no quiere decir que no tuviesen consecuencias para los sectores eléctricos, gasistas y para la economía española. De hecho, ahí tenemos el déficit tarifario acumulado que lo atestigua.

Estábamos casi acostumbrados a que, de manera automática a su conversión en orden Ministerial vía aprobación, fueran impugnadas por su ilegalidad manifiesta y ostensible, con fallos incontrovertibles de la justicia. A que los tribunales dictaran su ilegalidad, sin necesidad de hacer interpretaciones muy refinadas de la normativa vigente porque cuestionaban que eran insuficientes y que no sumaban. Quizá, lo más sorprendente es como el Ministerio de Industria, Energía y Turismo, ha ido, sucesivamente, rizando el rizo de los mecanismos para introducir trampas en la elaboración de las mismas, sin ningún rubor, cada vez más burdas y evidentes.

Del déficit «ex post» al déficit tarifario «ex ante». Y, de ahí, a las estimaciones que no guardan ni las formas mínimas para proporcionar una credibilidad a las autoridades energéticas españolas. Seguramente que el ministro Soria dirá, que ni falta que les hace porque ha pasado a ser un proceso de escenificación. Puede que el Ministerio de Industria considere que esto de las tarifas eléctricas es el último trance para salir del paso antes de la liberalización del mercado minorista y que pase este cáliz cuanto antes y a partir de ahí, con el Cafarnaúm que se quede, ya lidiará el que venga detrás.

La estimación de demanda contenida en las tarifas para el año 2013 es, sencillamente, increíble y así un número importante de partidas inverosímiles. La congelación de los peajes de acceso con un déficit procedente de 2012 inasumible. Los peajes progresivos por consumo inaplicables. Los trasvases e ingresos extraordinarios totalmente una evanescencia, los sistemas extrapensinsulares sin atención desde los Presupuestos y un largo etcétera que habrá que trocear en los próximos días.

Imaginemos como pudo ser el día que llegó José Manuel Soria a las dependencias de su departamento para encargar su elaboración, después de coleccionar declaraciones contradictorias en los medios de comunicación sobre pagos por interrumpibilidad, tarifas de acceso, parte regulada del recibo, impuestos a la generación, nuclear, traslación fiscal a Portugal de los impuestos españoles, progresividad del consumo, etc… Imaginemos como llamó a los técnicos de la Dirección General de Energía, a través de su jefe de Gabinete, Alberto Grangel, o incluso directamente y les ordenó que hicieran lo coincidente con todo lo dicho y declarado hasta el momento de su boca, en su tendencia a la telegenia, más que a sentarse a estudiar, conocer y gestionar los problemas. ¿Qué sucedió ese día de ese hágase?

Lo que sí sabemos es su resultado. Pues aquí lo tienen y veremos lo que puede hacer o que dice la CNE de semejante pastiche.