No es tan fácil como parece. La cuestión de la traslación fiscal de los nuevos impuestos.

Es necesario hacer una introducción y un epílogo al tema de la traslación fiscal de las nuevas figuras tributarias que establece el Anteproyecto de Ley en Materia Medioambiental y Sostenibilidad Energética actualmente en trámite parlamentario. En la introducción se trata de hablar de la voluntad del regulador respecto de estos impuestos para que sean absorbidos por las empresas.

Recordemos que, en primera instancia, estos impuestos irían destinados supuestamente (hasta que se confirme su aplicación) a reducir el déficit tarifario y el desajuste entre el coste del suministro (distorsionado por las primas y los costes regulados) y los ingresos por la tarifa (distorsionados por la negativa política a fijar costes realistas, interviniendo los precios gobierno tras gobierno).

Ese desajuste ha embalsado una enorme deuda galopante con las empresas, que en la actualidad, además, es financiada por ellas mismas. Esa deuda, esa factura, se pretende paliar con estos impuestos (cuyos efectos son cuantiosos y van mucho más allá de la traslación fiscal), pero el tema de este artículo es centrarnos en esta cuestión. Por otra parte, aún no se conoce cómo se van a reajustar las tarifas de acceso y las partidas que se asumen desde los Presupuestos Generales del Estado. Bueno, sí se conocen, a la luz del proyecto de PGE 2013 presentados: permanece igual.

Este mecanismo de «resolución» es consecuencia de lo mismo que ha causado el déficit: decisiones políticas que incrementan los costes regulados y primas e intervención de precios. Del mismo modo, y para evitar el coste de opinión pública de una eventual traslación fiscal a los precios del mercado de generación, al Ejecutivo le gustaría que todo el coste fuese absorbido por el sector empresarial y cruzaría los dedos para ellos, con una mirada en el MIBEL y otra en las encuestas.

En sentido contrario, los detractores del sector, con la idea buenista de la protección del consumidor, aseguran que los nuevos impuestos serán pagados por los consumidores porque serán trasladados integramente. Un análisis (con defectos económicos, hacendísticos y de mercado notables, dado su academicismo ideológico autárquico) en esa línea era suscrito por Natalia Fabra en el blog Nada es Gratis sosteniendo esta teoría.

Pues bien, ni tanto, ni tan calvo, según se desprende del análisis de los expertos financieros. Y es lógico que cualquier experto en Hacienda Pública no ideologizado lo vería. Conocíamos el fin de semana pasado el informe del BBVA, «Iberian Utilities Spain and Portugal, Market Analysis Equity Utilities, Why passing the new taxes through to consumers might not be as easy as it looks« (Por qué el traspaso de los nuevos impuestos a los consumidores no es tan fácil como parece) sobre los efectos de este proyecto (mal llamado «reforma») cuyas conclusiones son:

– Los expertos del BBVA señalan cómo en el entorno actual no parece muy realista suponer incrementos significativos de los precios en el mercado de la electricidad, al menos a corto plazo. Y esto se debe a la oferta de electricidad, que combina el exceso de capacidad a corto plazo, el estrechamiento del hueco térmico, la caída del factor de carga (fundamentalmente en los ciclos combinados) y la existencia de contratos con cláusulas «take or pay» en el suministro. Del mismo modo, en el informe se advierte de los efectos de la caída de la demanda de electricidad, que puede deteriorarse aún más si los precios siguen aumentando, lo que a su vez podría realimentar el déficit de tarifa.

– Por otra parte, el BBVA reconoce el fuerte impacto para los grandes consumidores de electricidad de esta imposición (en los que la energía supone un 48% de repercusión en sus cuentas de resultados en términos de costes), lo que podría afectar a la deslocalización industrial de estas industrias.

– En consecuencia, desde el BBVA sugieren que, aunque la brecha fiscal que crean los impuestos podría llegar a ser de 8 euros, la posible traslación (o internalización) en el mercado mayorista será mucho menor. Así, entre 2013 y 2015, según el BBVA, la traslación de estos impuestos se situaría entre los 2 y 3 euros, como máximo.

Y ahora viene el epílogo, la coda. Todo esto se produce por la pretensión política de irresponsabilizarse de las decisiones pasadas, algo que es en sí disfuncional. No reconocer la naturaleza de la deuda, su origen, su formación, incluso su financiación y la responsabilidad política que la va engordando, con uno de los mercados de generación más baratos de Europa, pertrechándose para ello de los retroprogresivos para diseñar una propuesta fiscal ni medioambiental, ni sostenible. Y, por el enfoque de tratar de abordar este problema sin afectar a los costes regulados y el esquema de primas crecientes a un ritmo del 25% anual, como conocíamos la semana pasada.

Segunda cuestión y no menos grave: las distorsiones del anteproyecto son mucho más graves que la mera traslación de los impuestos a los precios, cuestión que atiza los temores políticos de los cortoplacistas. Como hemos podido comprobar, el Anteproyecto afectará a la inversión presente y futura, afectará a la seguridad de suministro y afectaría al mercado ibérico de la electricidad (MIBEL).

En tercer lugar, la convicción que nuestras autoridades demuestran en relación al valor de la seguridad jurídica, la estabilidad regulatoria y el modelo empresarial y liberalizado. Su pretensión de que cuanto más se internalicen esos nuevos impuestos, más efectos tendrá sobre el sector empresarial y sobre la seguridad jurídica de nuestro país. Y cuarto: el modelo empresarial y de sector eléctrico en nuestro país están en cuestión con estas medidas, dada la afectación a las empresas.

En todo caso, cabría señalar que la mejor manera de proteger a los consumidores sería fijar precios realistas de la electricidad y, a la vez, pensarse muy bien las decisiones que se toman para no incrementar los costes regulados y unas primas descontroladas. En realidad, a los consumidores habría que protegerlos de las decisiones políticas y del esquema de distribución, captura y extracción de rentas, que nos han traído hasta aquí y que pueden generar problemas de suministro para empresas, para sectores y para consumidores, mucho más severos que lo que tratan de resolver torcidamente.