Los descensos de los dos últimos meses en la cotización de Red Eléctrica y Enagas parecen haberse apaciguado, al menos por el momento. A pesar de ello en la sesión de ayer Enagas perdió un 1,51%. Hemos de tener en cuenta, que en un primer momento, el efecto del previsible cambio regulatorio fue tan grave, que superó en porcentaje el recibido por empresas energéticas en países de América Latina como Bolivia o Venezuela ante anuncios de nacionalización.

Después del revuelo de final de año en relación al cambio en la retribución en las actividades de Enagas, la impresión que ha quedado en el mercado es que esta decisión era el pistoletazo de salida hacia unos cambios de «calado» que no afectarían únicamente a la retribución de de Enagas, sino también, y por extensión, a las de Red Eléctrica como transportista de electricidad.

Tras tensas semanas, a final de año, el «riesgo regulatorio» está muy presente en los análisis de las principales casas de valores. De hecho, este riesgo se ha convertido en un elemento más de juicio por parte de los analistas en sus valoraciones, sobre todo en las de aquellas empresas que tienen un importante volumen de ingresos regulados.

Este riesgo regulatorio, junto a otros factores, ha hecho rectificar las recomendaciones de algunos analistas sobre Red Eléctrica y Enagas, aunque, en general, existe la impresión generalizada de que lo peor ha pasado. Las razones de este moderado optimismo se hallan en el hecho de que, a pesar de todo, siguen siendo valores con buenos fundamentales y unos resultados muy estables. En este sentido, Caja Madrid Bolsa recomienda «acumular» acciones de Enagas con un precio objetivo de 21,50 euros por acción.

Cambios previsibles y riesgo regulatorio

El fenómeno del riesgo regulatorio se ha adueñado también del sector de renovables con la interminable decisión sobre el cambio en su retribución. Si en algo deben estar de acuerdo empresas y Ministerio de Industria es en que la decisión no debe alargarse más. Según los expertos, en ambos casos, el de renovables y el de Enagas y Red Eléctrica, era previsible que, antes o después, el regulador se pusiera manos a la obra al objeto de modificar el marco retributivo actual.

En el caso de las renovables, según fuentes consultadas, no parece lógico que se realice un tratamiento retroactivo para las instalaciones en funcionamiento, independientemente de que estas estén teniendo un tratamiento favorable, pues este tipo de decisiones daña la «credibilidad» del regulador. Por su parte con Enagas resulta paradójico que existieran activos que se remuneraran a su valor bruto en lugar del neto. En ambos casos se trata de “una sobreremuneración que no era sostenible en el largo plazo”.

Sin embargo, apuntan, la forma en la que se están haciendo todos estos cambios regulatorios no parece la más adecuada y señalan como ejemplo el hecho de que justo en la semana anterior a que se conociera el cambio en la regulación para Enagas, del que la propia Enagas ni siquiera había sido informada, ésta hubiera alcanzado su máximo histórico. “Lo que no se puede es dejar que se ceben expectativas y luego pinchar el globo a la semana siguiente”, destaca un experto bursátil. Y es que después de que Enagas llegará a su máximo histórico en 21,09 euros, llegó a caer hasta los 16,00 euros. Ayer cerró en 17,56 euros, es decir un 15 % abajo respecto a su máximo. En el caso de Red Eléctrica la caída desde sus máximos ha sido más leve y a cierre de ayer era del 9%.

El hecho es que, con anterioridad a los cambios para Enagas, tanto Red Eléctrica como la gasista cotizaban con unos múltiplos muy superiores a los de otras empresas de su mismo sector a nivel europeo como Snam Rete Gas, Terna o National Grid, por lo que se consideraba razonable que, a medio plazo, existiera una «convergencia» en múltiplos en caso de cambio en la regulación.

A todo esto, no viene de más recordar, al hilo de los cambios efectuados, que tal y como reclamaba recientemente el presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Manuel Conthe, se hace necesario que, desde la Administración, se comuniquen hechos relevantes que puedan afectar a la cotización de las empresas.Todo ello en beneficio tanto del regulador como del regulado, teniendo en mente siempre que la premisa clave debe ser el fair play y unas claras reglas del juego.

La semana pasada, una vez terminado el debate en el Consejo de Administración de la Comisión Nacional de Energía, volvía a aparecer una noticia en Cinco Días en que se afirmaba que el gobierno se apoyaría en informes técnicos y jurídicos para regular el marco jurídico y económico de las renovables. Todo lo que sea necesario para evitar un dictamen que no le conviene. ¿Necesita la Secretaría General de Energía más informes técnicos y jurídicos que los propios que elaboran los servicios de la Comisión? ¿Cómo va a justificar la desviación del criterio que le marca el regulador?

Ya Energíadiario, informó hace una semana que el Secretario General de Energía Ignasi Nieto, había declarado en su comparecencia ante los consejeros de la Comisión que el decreto que sustituya al 436 sería retroactivo, con independencia de lo que dijera el organismo regulador. En ese momento, el anterior director de regulación de la CNE ya se olía que no iba bien su propuesta que hasta el momento sólo ha concitado críticas. Su visita coincidió con la segunda sesión que el consejo dedicaba a este tema, y si le contó algo su anterior jefa no podía ser nada bueno. Con lo cual, decidió avisarles de en qué estima tenía su departamento al órgano regulador y también, de paso, en qué estima tenía a los mercados, dado que preveía que, con independencia del marco retributivo la inversión en generación por renovables permanecería invariable.

Desde que el anterior ministro José Montilla esa declaración-bomba de que ‘las eólicas se forraban’, la guerra sin cuartel por hacer política de rentas con estas empresas no ha parado. Alguien debería poner coto a este desmán que ha provocado que podamos tener el sector eólico más importante del mundo. Alguien tendría que ocuparse de modificar algo que si estaba dando resultados positivos en generación por renovables. Y, por cierto, que la eólica fuese en realidad la única tecnología que cumpliera alguna de las previsiones en materia de capacidad de generación a través de energías renovables. Si además, se trata de una Administración que no cree mucho en el mercado y tiene tendencia al intervencionismo, el escenario está servido.

Con todo, lo peor no es el rifirafe entre la Comisión Nacional de Energía y el Gobierno (por cierto, ha sido una excepción porque, en general, estas discrepancias son casi inexistentes). Hasta sería sano que se reprodujeran estos incidentes con mucha más asiduidad para que hubiese una sana dinámica en la vida de este sector regulado. Sería una señal, de que a pesar de la forma en que se producen los nombramientos de los consejeros, hay signos de renovación y de regeneración.

Lo peor, es que este rifirafe tiene lugar con la absoluta e impúdica indeferencia ante el deterioro de las condiciones de confianza para la inversión privada con todos los proyectos de energías renovables paralizados, con una situación de incertidumbre regulatoria que devora, según declaran las propias empresas (y no sólo las eólicas, o las renovables, exclusivamente, las expectativas de los agentes y las llevan exclusivamente al corto plazo, además del fuerte temor a la discrecionalidad regulatoria creciente para favorecer intereses o aquiescencias. No son buenos tiempos para el rigor analítico económico, para el mercado o para la estabilidad regulatoria.

Con todo, la realidad es mucho más tozuda. La actualidad de la problemática del cambio climático inunda (nunca mejor dicho) los medios de comunicación y está camino de convertirse en un fenómeno de conciencia social a nivel mundial. A nivel internacional la aparición de informes como el Stern. La reciente propuesta de la Unión Europea de alcanzar un 20 % de generación por energías renovables en 2020. Nos despertamos cada día con iniciativas de otros países para aumentar la generación por renovables, como hoy publicamos del gobierno italiano. Los biocombustibles están revolucionando tanto su implantación en el mercado e incluso la conformación económica de los sectores auxiliares.

Mientras, aquí, dedicados al control de rentas, no vaya ser que se forren.

Así se recoge en un voto particular que el consejero Luis Albentosa, dirige con motivo de la reciente decisión del Consejo de la CNE sobre los cálculos de la anualidad de la moratoria nuclear a diciembre de 2006, motivos por los cuáles se muestra contrario respecto del dictamen de la Comisión en esta cuestión.

Señala Albentosa, que las sucesivas reformas de los porcentajes de la moratoria nuclear (seis en total y tres en el último año) han llevado más lejos la conclusión de esta figura tarifaria, de forma que por efecto del aumento de la demanda y reducción de los tipos de interés estaba prácticamente extinguida. Así si no se hubiera modificado el porcentaje, en octubre se habría concluido con su pago, mientras que la última reforma puede llevar, si no se activa la denominada ‘garantía de importes mínimos’ a que la extinción de esta deuda se prolongue hasta 2016.

Por otra parte, el Fondo de Titulación de Activos disponía de un excedente a 31 de diciembre de 2006, de 207 millones de euros, procedentes de la recaudación obtenida de la aplicación del porcentaje de la moratoria a la facturación eléctrica, que no se va a destinar a la amortización de esta deuda, cuestión que también aumenta el pago de intereses por parte de los consumidores durante todo el período de vigencia del mismo. Esto se debe a los cambios en las condiciones de este Fondo.

La moratoria nuclear se implantó en la Ley 40/1994 de 30 de diciembre para compensar las inversiones realizadas por las empresas eléctricas por las inversiones realizadas en Lemoniz, Valdecabelleros y Trigo II, cuya construcción fue paralizada definitivamente. Para facilitar que las compañías eléctricas pudieran percibir de una sola vez el total de las compensaciones por estas centrales, el Gobierno promulgó el R.D. 2202/2995 que regula esta titulación, por el montante del informe que quedaba por compensar, 4.383 millones de euros. A su vez, se creó en 1996 un Fondo de Titulación de Activos Resultantes de la Moratoria Nuclear (TdA) como titular de los derechos de compensación resultantes de la moratoria nuclear.

Estas compensaciones sonn sufragadas cada es por los consumidores mediante un porcentaje de la tarifa eléctrica que se recoge en el recibo de la luz. Además, existía una garantía de importes mínimos, mediante la cual la cuota anual de amortizaciones e intereses de cada año debería ser superior a una importe determinado. Si el cálculo de los importes era inferior a éste, el Tesoro Público atendía esta diferencia de ingresos, cuestión que sólo ha ocurrido en 1999, aunque las reducciones de los porcentajes podían abocar a situaciones en que fuera necesario que interviniese el Ministerio de Economía.

Hasta el momento las asociaciones de consumidores no han expresado su posicionamiento sobre esta medida que va a prolongar el pago de este concepto en el recibo, así como la mayor carga de intereses a soportar hasta el momento de su extinción.

«¿Se retirará Gas Natural el jueves?», «¿Presentará su oferta por Endesa?» Aunque es probable que muchos se hiciesen estas preguntas, el mercado daba por hecho que Gas Natural no tendría nada que hacer contra E.On si no levantaba el precio, y la gasista catalana no estaba en condiciones de hacerlo.

Efectivamente, Gas Natural ha tirado la toalla. En la tarde de ayer, la gasista catalana remitía un comunicado a la CNMV en el que explicaba que el Consejo de Administración aprobaba por unanimidad la decisión de desistir de su oferta de adquisición del 100% de las acciones de Endesa.

Para los que esperaban que Gas Natural se retirara, esto es una confirmación. Para los que no lo tenían claro, esto despeja sus dudas. Pero la retirada de la gasista tiene más consecuencias que la mera desaparición de la competencia para E.On.

Sin embargo, la compañía presidida por Salvador Gabarró no ha querido dejar el terreno de juego sin señalar con el dedo acusador. Señalar a Endesa, por no haber hecho otra cosa más que poner todas las trabas a su alcance para obstaculizar el camino de Gas Natural; por haber ofrecido información financiera a E.On que no ofreció a Gas Natural; y a las mayores exigencias reguladoras impuestas a la gasista por tratarse de una compañía española y no extranjera.

Una de las primeras voces que se han alzado públicamente en protesta ha sido la de Vicente Martínez Pujalte, el portavoz adjunto de Economía del PP en el Congreso. Por un lado, Pujalte ha dicho que la retirada de la oferta de Gas Natural no es suficiente, y ha arremetido contra el Gobierno, al que considera «inútil». Ha pedido al Ejecutivo responsabilidades por defender la oferta hostil inicial de Gas Natural. Pero, por otro lado, Pujalte critica que el Gobierno socialista, ahora, deje el camino abierto a una empresa alemana…

El hecho de que Gas Natural tire la toalla no cambia el proceso de hoy. E.On sigue teniendo que presentar su oferta en sobre cerrado. De hecho, E.On tiene que hacer entrega de los papeles en el registro de la Comisión Nacional del Mercado de Valores entre las 9.30 de la mañana y las 17:45 de la tarde.

Lo que sí cambia es que la eléctrica alemana no tiene la misma presión que si tuviera que competir con otra compañía. De esta forma le será más fácil ofrecer menos dinero por acción. En cualquier caso, E.On ya se había comprometido a elevar su oferta inicial de algo más de 21 euros por acción a 34,5 euros por acción, dada la evolución de los títulos de Endesa en el mercado después de que Acciona entrara en juego.

Ahora las apuestas giran en torno a cuánto ofrecerá E.On. Los analistas más atrevidos apuntan a que el precio de su oferta será de 42 euros por acción, mientras que desde un punto de vista algo más conservador se apunta a 39 ó 40 euros por título (Endesa cerró ayer, jueves, a 38,41 euros). Aunque, sin competidores, el panorama puede cambiar ligeramente.

A partir de este momento, serán decisivos los movimientos de accionistas de Endesa como Acciona (el primero, con el 21% del accionariado), Caja Madrid (con casi el 10%) o la aseguradora Axa (con algo más del 5%). Sin embargo, no parece difícil que la alemana E.On pueda superar el 50,01% del capital de Endesa, circunstancia a la que condiciona su opa.

Dos cuestiones recientes han puesto de relieve la situación del gobierno en el plano económico y energético. Por una parte, la tarifa eléctrica para el 2007 resuelta con enorme desparpajo por lo político por la Vicepresidenta del Gobierno, Teresa Fernández de la Vega. Por otra, y también con la misma protagonista, el anuncio de que no se iba a producir la ampliación del período de vida de la central de Garoña. Ni rastro en estas dos cuestiones de los respectivos equipos del Ministerio de Economía y del Ministerio de Industria. Y en cuestiones tan importantes que hemos podido conocer, como el informe de la Comisión Europea sobre el estado de la regulación y del sector energético en nuestro país o los requerimientos para eliminar las condiciones que estableció la CNE a E.ON, resueltas ‘low profile’ para evitar el verdadero alcance de las mismas en nuestros comportamientos políticos.

Por ello, un día tendríamos que hacer un resumen de las acrobacias filtradas por el Ministerio de Industria durante el proceso de elaboración de la tarifa: desde pensar en una tarifa federal para trasladar a las Comunidades Autónomas la responsabilidad de la mejora de la distribución hasta las múltiples cifras de incremento de los precios de electricidad, que casi necesitaban análisis técnico. Menos mal que nos ayudaban a todos con las ecuaciones desde Cinco Días anticipándonos los resultados siempre con un día de adelanto, como poco. De la abundancia de información dosificada al silencio más absoluto, una vez que la Vicepresidenta entra en acción y esclarece un ‘sudoku’ de más de tres meses de duración, que se estaba resolviendo a prueba y error. Lo mismo se aplica a la fórmula de las nucleares, con la comunicación de la no prolongación de la vida útil de las nucleares, Garoña recientemente.

Luego queda un Ministerio, más o menos menesteroso dentro de muchas situaciones y urgencias sobrevenidas, con un equipo energético de escaso peso político. Su primera ejecutoria o carta de presentación, es el primer decreto de tarifas, que consiste en laminar el mercado eléctrico, trufando el decreto de medidas que atornillan el funcionamiento de mercado y que introducen una reforma regulatoria encubierta, sin debate y sin acceso de los agentes implicados, incluyendo la complicidad desde la presidencia de la CNE o su ninguneo consentido, mírese según convenga. Otras decisiones que han pasado por la Comisión en este tiempo, como la devolución de derechos de emisión de CO2 que acaba con el Plan Nacional de Asignaciones, las renovables con serias dudas de congruencia con el PER, la retribución de las infraestructuras o la prolongación de la moratoria nuclear, tampoco han estado exentas de fuertes polémicas. En conjunto, y en lugar de definir reglas de mercado, toda la ejecutoria regulatoria consiste en evaluar y medir las ganancias de cada agente: empresas de renovables, generadoras, distribuidoras, gasistas, etc…, identificar a las que ‘se forran’ y, finalmente, intervenir en su marco legal. Lo que supone estar siempre expuestos a los intereses espurios de cada momento y ocasión. Y si no, veáse el caso González-Adalid, el cambio de retribución de las eólicas, entre otros.

También habría que hacer un día un compendio de las argucias dialécticas que los responsables de Economía, han empleado para evitar o salir al paso de las preguntas sobre la necesidad de una mayor subida de la tarifa eléctrica y adecuar su importe a los costes de generación. O para no plantear el debate sobre el modelo futuro energético español. Una situación que poco a poco ha ido engrosando el denominado déficit tarifario hasta volúmenes inconcebibles y al que sólo se le presenta el ‘comodos plazos’ sujeto al calendario político. Por su parte, escasas aportaciones y propuestas desde la Secretaría de Estado de Economía de David Vegara a todas estas cuestiones, gracias a esa adormidera que produce el superávit público, la reducción de la inflación, el crecimiento del Producto Interior Bruto, que baje el petróleo y que además, todo se produzca a la vez y combinado. Solbes, tal y como dijimos en este mismo medio hace mes y medio, ha vuelto al armario.