La tarifa regulada gana la partida al mercado liberalizado

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Las consecuencias de la continua contención en los incrementos de la tarifa eléctrica comienzan a ser evidentes en el proceso de liberalización iniciado en 2003. Su manifestación se halla en el retroceso en el número de clientes y energía suministrada en el mercado liberalizado, a pesar del crecimiento en la demanda existente. La situación actual está revirtiendo hacia estadios próximos al inicio de la elegibilidad por parte de los consumidores. En un informe publicado por la Comisión Nacional de Energía sobre la evolución del acceso de los consumidores a los mercados liberalizados de electricidad y gas natural se indica que el número de puntos de suministro aprovisionados por los comercializadores de energía eléctrica descendió en septiembre de 2006, respecto al trimestre anterior, un 6,03 %, lo que supone un regreso masivo de los consumidores al suministro regulado o a tarifa. En términos de energía, la cuota correspondiente al mercado liberalizado de electricidad se situó en un 25,74 %, lo que supone un gran retroceso comparado con la cuota a diciembre de 2005 que alcanzó el 37,4 %.

El problema tarifario

La situación actual con precios regulados, que no representan los costes reales de generación, está llevando a que el proceso liberalizador atraviese uno de sus peores momentos desde que al consumidor se le diese la opción de elegir suministrador en 2003.

La actividad de comercialización no avanza debido a que la competencia según fuentes del sector se podría calificar de pura ficción, puesto que los comercializadores no tienen margen para ofertar precios mejores a los que los consumidores pueden obtener manteniéndose a tarifa. En el caso de los domésticos para los que el Gobierno prevé una subida del 2,8 %, parece complicado que la situación mejore, al menos en el corto plazo. En el caso de los grandes consumidores, la situación podría variar ligeramente puesto que la subida estimada para los mismos se prevé superior. Ante esta eventualidad, la Asociación de Empresas con Gran Consumo de Energía (AEGE) trabaja en la creación de una central de compras para negociar de forma conjunta la adquisición de energía que demandan sus asociados a las compañías eléctricas.

Motivos y razones para un recurso

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Durante estos días hemos conocido como los consejeros de la Comisión Nacional de Energía se revelan contra el decreto de Industria que reduce su papel, su independencia y sus funciones. Noticia que viene a cuestionar nuevamente la relación desde el Ministerio de Industria y los órganos reguladores cuya función debe ser garantía de independencia. La CNE está configurada como un órgano colegiado y esta norma viene a mermar la capacidad de sus consejeros.

Como informamos en la edición de hoy de Energía Diarío, los motivos que se argumentan en el recurso giran alrededor de la necesidad de que el Decreto debería haber sido analizado por la Comisión Nacional de Energía con carácter previo, la erosión de los papeles de los miembros del Consejo y su consecuente aislamiento de los servicios internos de la Comisión y sobre la modificación del régimen de incompatibilidades vigente para los ex-consejeros que procedan de la Administración General de Estado.

Parece que en todo esto no está ajeno el cambio de equipo ministerial con la incorporación a Industria de Clos e Ignasi Nieto, en conjunción con Maite Costa (esta propuesta de presidencializar la CNE ya estaba encima de la mesa mientras que estaba Montilla en el Ministerio, pero nunca se llevó a cabo). Además, la retórica confesa utilizada para justificar el mismo: hacer que los consejeros se dediquen a lo que les concierne y no estén en lo que no deben estar, no deja lugar a dudas de la forma de entender la relación entre Administración y el órgano regulador. Para esa misión ya está la presidenta.

Pero es importante hablar también de las razones que rodean este recurso. Razones más allá de los motivos concretos. Razones, que van más allá de los argumentos jurídicos y legales. En primer lugar, el argumento clave de defensa de la independencia del organismo. Independencia necesaria frente a las empresas, agentes y gobiernos para ejercer en serio su papel regulador y árbitro.

En segundo lugar, el comportamiento de la Comisión Nacional de Energía ha estado fuertemente cuestionado y su relación con el gobierno en el ojo del huracán desde febrero. Incluso desde la Unión Europea, el reforzamiento del papel de la Comisión Nacional de Energía justo antes de que se presentase la OPA de E.ON y estuviese anunciada, está siendo un fuerte caballo de batalla con el ejecutivo comunitario.

Lo que está claro es que este decreto no mejora en nada el funcionamiento de este órgano colegiado, que se supedita a un ‘presidencialismo’ trasnochado. Todo el mundo debería dar muchas explicaciones a como se ha podido deslizar una norma así en un momento así, complicando aún más la situación del organismo. Un decreto que, además, introduce un nuevo elemento de judicialización en el ámbito de la energía y que da un paso más para que este sector se instale en el escándalo permanente. Una situación a la que hemos llegado, por carencia y por maldad, para un sector estratégico para nuestra economía y para la sociedad.

Dimite Jorge Vasconcelos, presidente del Ente regulador luso de la energía.

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El presidente de la Entidad Reguladora de los Servicios Energéticos (ERSE), Jorge Vasconcelos, renunció esta semana a su cargo, acusando al Gobierno socialista de acabar con la independencia de la regulación en el sector eléctrico. Vasconcelos criticó el límite administrativo del incremento del 6 por ciento de las tarifas domésticas impuesto por el Gobierno, después de que la ERSE había presentado su propuesta para 2007.

«Esta intervención significa, desde mi punto de vista, el fin de la regulación independiente del sector eléctrico portugués», afirmó Vasconcelos. Por su parte, el Gobierno portugués decidió limitar el aumento de la tarifa de electricidad a los consumidores domésticos al 6 por ciento el próximo año, pese a que la entidad reguladora había propuesto un incremento del 15,7 por ciento, en virtud del «interés nacional» y dijo que un incremento como el propuesto por la ERSE podría «comprometer» la recuperación económica. Además, el Gobierno Portugues decidió ampliar el periodo de amortización del déficit tarifario, en lugar de 3 años propuestos por la ERSE, a 10.

Comparación con España

Son muchas las lecturas que podríamos sacar en el caso español, en el que hay grandes similitudes y grandes diferencias. En nuestro país, el incremento previsto de las tarifas será el del IPC (alrededor del 2,8%, menos que en Portugal) y sería necesario que estuviese por encima del 20%. El déficit tarifario se amortiza en catorce años y supone una parte ya muy importante de la tarifa. Aquí, la Presidenta de la Comisión Nacional de la Energía, aún no ha dicho nada al respecto de las tarifas. Todo se resolvió políticamente por la Vicepresidente Teresa Fernández de la Vega y todos los presuntos responsables del equipo económico han callado desde ese momento.

Y, en la ceremonia de la confusión, se ha escamoteado la razón final de esta subida, que no es precisamente la necesidad de recuperación de nuestra economía (crecemos muy por encima del 3,5% y de Portugal), sino que estamos en tiempos políticos de debilidad y próximos a las elecciones.

¿Nadie dimite aquí?. Al menos en Portugal, cada uno ha estado en su papel de forma transparente.

La insorportable gravedad del déficit tarifario

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La tarifa eléctrica viene arrojando un déficit de tarifa anual y endémico que, una vez revisado y calculado, se reconoce (¿?) a regañadientes por el Ministerio de Industria, al sector eléctrico. Un déficit causado porque la tarifa se fija de adelante a atrás, de forma que se determina el precio del kilowatio y luego los costes de generación, distribución y resto de conceptos se ajustan ‘por lo político’. Cuestión que está presente desde la reforma del sector eléctrico, como un ‘fleco’ a resolver de la regulación y que muchos han aprovechado para cuestionar el mercado eléctrico. Dado que generar energía es una actividad liberalizada (aunque parece que cada vez menos), resulta que hay diferencia entre lo que el gobierno decide y lo que pasa, en realidad. La aprobación de una tarifa para el año 2007 que limita su crecimiento al IPC, va a prolongar este grave problema durante más tiempo.

Es decir, si cuesta más producir la energía por el alza del precio del petróleo o del gas natural, o por la baja capacidad de generación hidráulica, esa diferencia entre lo reconocido y lo retribuido, determina el déficit de tarifa. Si en el año 2005, el déficit se cifró en 3.100 millones de euros, el año 2006, acabará en 3.800 millones de euros, si se incluyen ciertas medidas de reducción como la absorción de los derechos de emisión.

Si las tarifas, se ajustaran periódicamente en función de los precios de generación de la energía, no existiría déficit de tarifa, evidentemente. Pero la tentación cada vez es mayor: los costes de la energía se eleven, el déficit crece cada año más y su proporción en la tarifa de ejercicios venideros va aumentando progresivamente.

Este déficit impide que los usuarios conozcan el verdadero coste de la energía y que puedan tomar decisiones de consumo responsables. Una vez reconocido, se tituliza (por catorce años o así), se le van incorporando intereses financieros y, se va pagando, en cómodos plazos, por los consumidores futuros.

El problema es que los cómodos plazos van ganando una cuota de participación creciente en la tarifa, de forma que hoy, casi el 14% de la tarifa actual pertenece a cuentas a saldar de ejercicios anteriores, en lenguaje puramente contable. Algo muy parecido a una familia a la que se acumulan las letras del piso, del coche, de la nevera, de las vacaciones.

¿Consumidores engañados o reconfortados?

En paralelo, se ha ido generando un temor atávico en la Administración a que se pudiera producir una subida de tarifas o la incorporación de algún mecanismo más o menos automatizado para adecuar de manera más real los costes de la energía a su realidad, como ocurre en el mercado de los carburantes. Sólo hay que comprobar el espectáculo político al que hemos asistido, desde los Ministerios de Industria y de Economía, resueltos por la vía política, es decir por la Vicepresidenta del Gobierno. Los consumidores pueden estar tranquilos que hay alguien que piensa por ellos y les dosifica la verdad y les mantiene en su irrealidad, consumiendo sin freno (sarna con gusto no pica, pero mortifica).

El problema reside en que los costes ocultos se instalan en todo el sistema productivo, no se aborda la eficiencia energética, se deteriora la competividad, los costes financieros van elevando el importe de la tarifa de forma lenta e inexorable, se sustituye la lógica empresarial por el ‘convoluto’ que genera transferencias no dimensionadas entre usuarios, empresas, bancos. Y los responsables políticos y administrativos se acostumbran a lo cómodo… a no gobernar.

Acciona se enfrenta a las acusaciones de E.ON en Estados Unidos

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Este lunes habrá, previsiblemente, noticias sobre la batalla que Eon libra contra Acciona en los juzgados de Estados Unidos. Eon denunció ante un juzgado de Nueva York que la información que había aportado Acciona al regulador bursátil estadounidense (SEC) era incompleta y no resultaba veraz acerca de las intenciones de la constructora con su entrada en el capital de Endesa. Tras la denuncia, Acciona complementó el formulario para el regulador bursátil con información adicional. Este lunes la juez Denise Cote, que instruye el caso, se entrevistará con los abogados de ambas compañías y decidirá si se sigue adelante con el proceso o, por el contrario, lo archiva. Parte de la expectación creada se debe a que el Tribunal solicito a Acciona información sobre el préstamo solicitado al Santander y con el cual la constructora ha financiado su entrada en Endesa.

Oposición activa de Acciona

El martes pasado Acciona indicó a los supervisores bursátiles su intención de ser oposición activa a la oferta pública de adquisición de Eon. Según se comunicaba, los proyectos de Eon y el grupo constructor para el futuro de Endesa son opuestos. Por ello, no pretende aceptar la oferta de la alemana, desechando la opción de ser un socio minoritario de una Endesa controlada por Eon. Como última opción, en caso de no encontrar apoyos entre los accionistas de Endesa, Acciona aceptaría la oferta plantada por Eon en su OPA por el 100 % de la eléctrica española.

Por otro lado, Gas Natural inició la semana pasada una cruzada contra Eon, también en Nueva York. En su escrito de denuncia, Gas Natural, de forma similar a lo que Eon ha hecho con Acciona, describe la oferta de la alemana sobre Endesa como falsa y engañosa. En particular, hace hincapié en que se omitió información directa que recibió de Endesa para lanzar su OPA.

Abuso de posición de dominio de Eon

Esta demanda se une a la que recientemente Gas Natural presentó, también contra Eon, por abuso de posición de dominio en un juzgado de Barcelona. Según Gas Natural, Eon habría utilizado su posición de dominio en otros mercados para financiar su compra por Endesa, vulnerando así el artículo 82 del Tratado de la Unión Europea que prohíbe “la explotación abusiva de una posición de dominio”.

Los reguladores de la Unión Europea denuncian la utilización política de la CNE

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Este fin de semana se ha deslizado en los medios de comunicación la
noticia de que los reguladores europeos han criticado la politización de
la Comisión Nacional de Energía. Es evidente que más allá de nuestras
fronteras no ha pasado desapercibida la política promovida por el Ministerio de Industria. Mal presagio para la decisión final que pueda emitir la Comisión Europea sobre si inicia o no un procedimiento judicial contra España por el Decreto que amplía las funciones de la CNE.

Lo que si es curioso es que la noticia ha pasado desapercibida dentro de
nuestras fronteras, salvo para Expansión, El Economista y La Razón, que se han hecho eco de las admoniciones que el grupo de reguladores europeos ha hecho de la política intervencionista del Gobierno español. Puede ser conveniente valorar los criterios informativos que hay detrás de que se conozca algo que es público en toda Europa y aquí no.

Desde el nombramiento como Presidenta de la CNE de Maite Costa, miembro del clan catalán en Industria, hay que registrar la actuación más que discutible de la CNE en las OPAS a Endesa de Gas Natural y de E.ON, la promulgación del Decreto que amplía las funciones de la CNE justo antes de que la empresa alemana presentara la OPA y, por si fuera poco, la ‘presidencialización’ de la Comisión, creando un órgano de gobierno por encima del Consejo de Administración, que otorga más poder a la actual presidenta, dinamita el carácter colegiado del propio organismo y aísla a los consejeros de los servicios de la Comisión. Si existía algún atisbo de duda sobre la pretensión del Gobierno de controlar el órgano regulador, basta saber que Ignasi Nieto, en el momento de su despedida de la Comisión y consecutivo nombramiento como Secretario General de Energía, pidió que todos (dirigiéndose a los consejeros) remasen en la misma dirección.

Resumen: fuera de nuestras fronteras saben la concepción ‘sui géneris’ de nuestros gobernantes sobre el papel de los ‘organos reguladores’. No hay que ser muy sajón para darse cuenta de que los órganos reguladores no son prolongaciones de la Administración de turno o del Gobierno. Evidentemente, la actuación de este Gobierno en los órganos reguladores no está siendo en ningún caso pacífica, estando permanentemente en cuestionamiento, o lo que es peor, en conflicto de un tipo u otro.

Un fuerte varapalo al ‘modelo hispano-catalán’, trinomio iniciado por
Montilla y Maite Costa y seguido por Clos, cuya solución no puede ser
ocultarla en los medios de comunicación españoles. ¿Mirará el Gobierno
para otro lado? ¿Sabrán refrenarse?

La tarifa se ha politizado, ¿quién la despolitizará?

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Los movimientos pendulares a los que está sometiendo el Ministerio de
Industria a la regulación energética están empezando a sumir a los agenteseconómicos en una profunda desconfianza. Desde que en septiembre la Secretaría General de Energía fue ocupada por nuevos inquilinos, los medios de comunicación vienen recibiendo numerosos mensajes consistentes en anunciar próximas medidas, todas ellas inconexas y muchas contradictorias.

Finalmente, ayer por la tarde, hasta los más despistados pudieron concluir que hemos estado asistiendo a una ceremonia de la confusión, y quizá de intoxicación, ya que, con la perspectiva que se va adquiriendo con el transcurso de las últimas semanas, esta sucesión de medidas anunciadas sólo puede calificarse de errática.

Estas reflexiones son conclusión lógica de lo que viene ocurriendo con el
crecimiento previsto de la tarifa correspondiente al 2007. Inicialmente, se
comunicó que el crecimiento de la tarifa podía girar alrededor del 6%, lo
que facilitaría una solución del déficit tarifario en tres o cuatro años;
posteriormente se habló desde el Ministerio de crecimientos relacionados con el IPC y finalmente se difundió que el crecimiento estaría en el 10%. Ayer la práctica totalidad de los informativos televisivos recogían las declaraciones de la Vicepresidenta del Gobierno, con el mejor gesto adusto del que es capaz, en las que negaba que las tarifas fueran a crecer por encima del IPC. Una afirmación (en realidad una negación) tan contundente pronunciada por un miembro tan relevante (una Vicepresidenta) del Gobierno zanja cualquier duda. Bueno, …cualquier duda… no, ya que aún queda una duda. ¿Acaso la tarifa eléctrica no es un asunto especialmente económico? ¿Es que no hay un Vicepresidente (económico) del Gobierno para coordinar las distintas parcelas de la política económica?

Es posible, sin embargo, que los que nos formulamos estos dos interrogantes no hayamos caído en la cuenta de que la tarifa ha terminado siendo (o, a lo peor, nunca dejó de ser)una realidad política, que se manifiesta como un problema político, cuya solución está en manos de la Vicepresidenta política.

Episodios como éste recuerdan periodos ya olvidados en los que se libraban sangrientas batallas por el precio de la barra de pan, del pollo y de la bombona de butano y en los que la lucha contra la inflación consistía en un control de precios que se utilizaba políticamente para ‘tener la fiesta en paz?.

Lo que pone sin embargo de manifiesto la operación tarifa de 2007 es que los españoles tenemos en estos momentos un Gobierno en horas bajas y con poca capacidad de reacción: transcurrida la primera mitad de la legislatura y próximas las elecciones autonómicas y municipales, el Gobierno se encuentra en el sector energético con varios conflictos abiertos con distintos operadores y con la propia Comisión Europea. No es difícil concluir que el Gobierno cuenta con muy poca capacidad de maniobra política para enfrentarse al problema de la tarifa eléctrica. El Ministerio de Economía vuelve a callar ante la necesidad de cambiar la tarifa eléctrica. La solución es política y Solbes no dice esta boca es mía. Se deja todo como estaba, subida en torno al IPC y a mirar para otro lado.

La pregunta pertinente es ¿quién rescatara a la tarifa del mundo político para que de una vez los españoles decidan por si mismos cual es
su consumo energético? La respuesta, contestando a la pregunta inicial, es que ni Montilla, ni Joan Clos, ni, evidente y desgraciadamente,
tampoco Solbes.

Acciona obtiene liquidez de FCC para poder hacerse con más endesas.

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Acciona ha vendido el 15% que mantenía en FCC por 1.530 millones de euros, lo que le ha reportado una prima del 7 % respecto a la cotización de FCC en el mercado y unas plusvalías, respecto al precio de compra en 2002 (525 millones de euros), de 1.005 millones de euros.

Tras la venta de esta participación, se han vuelto a desatar los rumores sobre el empleo por parte de Acciona de las plusvalías obtenidas con la misma. Actualmente, Acciona mantiene una participación en Endesa de un 20 % que podría llegar hasta el 24,9 %, límite a partir del cual debería lanzar una OPA por la eléctrica española. Una vez que entre en vigor la nueva ley de opas, que se encuentra en trámite parlamentario, la obligación se produciría con una participación del 30 %. En este sentido, la nueva ley de opas establece, como caso adicional de lanzamiento de opa, aquel en el que en un mismo año se obtenga una participación en la compañía superior al 5%. Esto supondría que Acciona compraría ahora hasta el 24,9 %, y una vez en vigor la nueva normativa compraría un 5 % adicional, hasta llegar al límite del 30 %.
Por su parte, Eon establece que la efectividad de su oferta está condicionada a la adquisición de un 50,01 % del capital social de Endesa y a la modificación de los artículos de los estatutos sociales de la eléctrica española que limitan los derechos de voto a los accionistas.
Si Acciona consigue hacerse con hasta el 30 %, según la nueva ley de opas, y finalmente se produce la entrada otros accionistas, asistiríamos a un bloqueo efectivo de las condiciones en las que están sustentadas la oferta germana.

Tras el cambio de condiciones, que dificultaban su entrada, por parte del Ministerio de Industria los problemas no se han acabado para Eon, que empieza a contemplar un panorama complicado, en el que Acciona se ha convertido en pocos meses en su peor enemigo.

Tarifas y sudokus

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La llegada del nuevo equipo de energía al Ministerio de Industria se ha caracterizado por la existencia de un número importante de cuestiones encima de la mesa que estaban pendiente de resolución y que requerían una respuesta. Una de ellas, es la cuestión de la tarifa eléctrica que en los próximos días y semanas va a rellenar ríos de tinta y también de páginas web.

Tarifa social, tarifa federal

De hecho, no es un ejercicio de esquizofrenia política asistir a una ceremonia mediática combinada: declaraciones de Secretarios de Estados y de Ministros a favor (sin excesiva convicción, dicho sea de paso) del aumento de la tarifa. Cifras oscilantes 6%, 10 %… Por otra, la aparición perfectamente sincronizada de informaciones a favor de una tarifa social, que la tarifa española es de la más bajas de la Unión Europea o que los usuarios que tengan aumentos de tarifa según su nivel de consumo. Todo ello entremezclado con la reactualización de las ya añejas tarifas nocturnas como un hallazgo de nuevo cuño.

A partir de ahora, el ejercicio de combinaciones de los globos sonda que en esta cuestión puede ser infinito: la tarifa/impuesto, la tarifa eléctrica nocturna y diurna, la tarifa para derrochadores de energía o para ahorradores y así sucesivamente. Añadamos el componente de la moratoria nuclear que recientemente ha prolongado su duración para que los consumidores sigan pagando intereses.

Lo que si está claro es que se trata de introducir la palabra social en los titulares e intentar inmunizar el pánico político a la subida que precisa la tarifa eléctrica para garantizar su adecuación a los costes de generación. Hemos tenido ejemplos históricos en nuestra economía: el pollo o el butano.

Si era el propio Pedro Solbes el que nos decía que los Presupuestos Generales del Estado se habían convertido en un sudoku, la tarifa eléctrica no iba a ser menos. Con la Secretaria General de Energía buscando la cuadratura del círculo: combinar los intereses electorales la racionalidad económica puede ser un ejercicio dificultoso, comparable al pasatiempo japonés. Sobre todo si no se tiene claro que la gestión de esta cuestión ha seguido el modelo ‘bola de nieve’ y que cada vez resulta más complicado esconder el déficit debajo de las alfombras, o trasladarlo, con intereses y todo, hacia el futuro. Continuará.

Un real decreto que rompe con el principio de retroactividad

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El sector es unánime en su valoración de la propuesta de real decreto y de la retroactividad en él incluida, que es calificada de «total». Así, según se va analizando más en profundidad lo que significa, en términos económicos, la indignación en el sector es aún mayor.

Las modificaciones más relevantes apuntan a que las instalaciones acogidas al RD 2818/1998 y RD 2366/1994 entraran a formar parte del nuevo sistema retributivo. El resto, las instalaciones del RD 436/2004, la mayoría, tendrán un periodo transitorio hasta el 30 de diciembre de 2010 durante el cual podrán seguir manteniendo sus primas y tarifas. Sin embargo, el sistema de cap y floor, una de las novedades más importantes, se les aplicará directamente, a la entrada en vigor del real decreto.

Como es fácil de imaginar, las más afectadas son dos empresas que durante los últimos años han apostado decididamente por el sector de renovables, y para las que el real decreto será un duro revés que podría poner contra las cuerdas sus aspiraciones de crecimiento corporativo: Iberdrola y Acciona.

La decisión de Industria ha sido una sorpresa para todos, empresas y analistas, que observan con escepticismo como no se materializan las buenas expectativas que mantenían para el sector y que pasaban por la no modificación radical del marco de retribución actual. Además, esta decisión introduce aún más incertidumbre en un sector, el eléctrico, que espera conocer decisiones de gran calado que afectaran al futuro más inmediato de la industria. Entre ellas, la decisión de tarifas para 2007, que deberá ser conocida de aquí a final de mes.