Tráfico intenso de directivos en el sector energético.

Si ayer informábamos en Energia Diario del ‘fichaje’ de Fernando Ferrando, ex Director General de Gamesa y ex Presidente de la Asociación Empresarial Eólica por Endesa, hoy tenemos que seguir dando cuenta de cambios y movimientos en los directivos de las empresas energéticas y, particularmente, en el caso de directivos cercanos al ámbito de las renovables.

Así hemos podido saber que Iberdrola ha incorporado a Cayetano Hernández, anterior Director de Energías Renovables del Instituto para la Diversificación y Ahorro Energético (IDAE), organismo dependiente de la Secretaría General de Energía. En su sustitución, el IDAE incorpora a Jaime Margarit, anterior responsable de energías renovables del Instituto Catalán de Energía (ICAEN). Recordemos que el actual Secretario General de Energía Ignasi Nieto fue responsable de este instituto con anterioridad a su breve paso como Director de Regulación de la Comisión Nacional de Energía, cargo desde el que accedió a esta Secretaría General.

Por su parte, Sacyr Vallermoso también ha incorporado a Salvador Font Estrany con motivo del reciente acceso al capital de Repsol. Font, aunque proviene directamente de Iberdrola, es un hombre con mucha experiencia en el sector petroquímico como directivo de Cepsa.

Y es que parece que el baile entre los directivos del sector energético, no ha hecho nada más que empezar. El desbloqueo de la solución a las OPAS sobre Endesa, sea cual sea su solución (que E.ON o Acciona, tomen el control de la compañía), producirá seguramente un verdadero terremoto en la estructura de los equipos directivos de las empresas energéticas.

Según ha podido conocer Energía Diario, tanto E.ON como Acciona están empezando a realizar movimientos en este sentido, valorando posibilidades y posibles candidatos en la renovación que tiene previsto realizar sobre la actual cúpula directiva de Endesa. Para ello, también han dado los primeros pasos en esta línea de una forma muy incipiente, para iniciar con empresas ‘head hunter’ los primeros procesos de selección y acercamiento a posibles candidatos para incorporar a la nueva étapa resultante.

El hecho es que cada vez está más cerca.

El Gobierno de Canarias multa con 60.000 euros a Unelco por los cortes de suministro en febrero 2006

El Consejo de Gobierno de Canarias aprobó hoy imponer una sanción de 60.000 euros a la filial de Endesa en Canarias, Unelco, por los cortes de suministro eléctrico ocurridos los días 27 y 28 de febrero de 2006 en Tenerife, La Palma y La Gomera, que afectaron a más de 130.000 usuarios. Así lo anunció en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo el secretario del Ejecutivo regional, Antonio Castro, quien informó de que esta sanción se impone por la comisión de «una infracción administrativa grave», de acuerdo con lo previsto en la ley que regula el sector eléctrico canario.

Los cortes el suministro eléctrico que afectaron los citados días a más de 130.000 usuarios de Tenerife, La Palma y La Gomera «se produjeron durante períodos distintos según la zona de interrupción».

Según el Gobierno canario, todas las alteraciones en el suministro tuvieron la misma causa genérica: la provincia de Santa Cruz de Tenerife se vio afectada por un temporal con fuertes vientos, precipitaciones y aparato eléctrico, que afectó a la red de varios lugares y de varios modos. A la vista de estos hechos, la Consejería regional de Industria, Comercio y Nuevas Tecnologías inició el correspondiente procedimiento sancionador por la presunta comisión de una infracción administrativa grave.

Según la ley que regula el sector eléctrico canario, se reconoce como infracción grave «la interrupción del suministro de energía eléctrica a grupos importantes de usuarios». Para valorar la cuantía de la sanción se han tenido en cuenta los criterios de modulación del artículo 20 de la ley reguladora del sistema eléctrico canario. «No constan evidencias de que estos cortes provocaran peligro para la vida de las personas o los bienes, ni tampoco concurren en este caso intencionalidad, entendida como dolo o malicia», argumenta el Ejecutivo.

Por ello, y «dado que no es de aplicación ninguno de los agravantes previstos en la ley», el Gobierno canario ha resuelto «aplicar la multa correspondiente a las infracciones graves en su grado mínimo

La opa interminable se acerca a la recta final

Mucho ha cambiado desde que en Gas Natural lanzó una opa por Endesa a finales de 2006. Desde entonces ha habido muchas sorpresas, zancadillas y procesos paralizados. Ahora, tanto los protagonistas de la operación como los accionistas minoritarios se muestran satisfechos por que, bueno o malo, puedan ver el final de una guerra de opas que parecía que no iba a terminar nunca. La Audiencia Provincial de Madrid ha dado el paso más esperado: levantar las medidas cautelares sobre la opa de la gasista catalana Gas Natural sobre Endesa. El Juzgado Mercantil número 3 de Madrid había impuesto estas medidas a petición de Endesa por un supuesto pacto colusorio entre Gas Natural e Iberdrola. Ese pacto establecía que ambas compañías se repartirían, en caso de que la opa saliera adelante, los bienes de Endesa para cumplir así con los requisitos de la normativa sobre competencia.

Los magistrados de la sección 28 de la Audiencia Provincial acordaban ayer estimar los recursos de apelación interpuestos tanto por Gas Natural como por Iberdrola contra el auto dictado el 21 de marzo de 2006 por la juez Miriam Iglesias. El auto considera que la actitud de Gas Natural e Iberdrola no implica ningún comportamiento colusorio y por tanto no hay lugar a la adopción de las medidas cautelares impuestas por Endesa.

Justamente una semana antes, el Tribunal Supremo levantaba las medidas cautelares a petición de Endesa.

Situación del proceso

¿Qué significa el levantamiento de las medidas cautelares efectuado por la Audiencia Provincial? Pues que la opa sigue adelante. Que los accionistas ya tienen libertad para tomar posiciones de una u otra parte, según consideren más conveniente.

Ahora que todo el proceso judicial ha sido superado, la batalla continúa, pero en el terreno económico. Todos los cálculos apuntan a que el proceso de opas podría finalizar en abril, una vez se hayan pronunciado los accionistas de la eléctrica presidida por Manuel Pizarro.

La CNMV debe fijar un plazo de aceptación de la OPA de E.On. La alemana y Gas Natural van a tener la posibilidad de mejorar, en sobre cerrado, sus ofertas. Está pendiente, todavía por efectuar, la mejora de precio de E.On sobre los títulos de Endesa. Wulf Bernotat aseguró que elevaría el precio de su oferta a 35 euros por acción.

La opa ayer y hoy

Sin embargo, la situación actual dista mucho de parecerse a la que se conoció al inicio de esta guerra. Al principio, cuando no estaba E.ON, Gas Natural se frotaba las manos con la idea de poseer a Endesa. Luego, como por arte de magia, pero con truco, apareció la alemana, tornando la sonrisa de Salvador Gabarró en una mueca de preocupación. Era entonces Wulf Bernotat el que sonreía con gesto de satisfacción y confianza. Y entonces se repetía la historia. A Bernotat le cambió el gesto cuando entró en el juego José Manuel Entrecanales, que no entró sonriendo sino con el ceño fruncido, y no entró opando sino comprando una participación importante en la compañía. Ahora, el que amenaza no es Gas Natural, ni tampoco E.On, sino Acciona. La alemana teme que los Entrecanales logren crear un núcleo accionarial estable en Endesa que frustre su opa.

En este contexto, lo único que no ha cambiado es la voluntad de Manuel Pizarro de que la empresa siga siendo independiente. Su aceptación del enconces caballero blanco E.On no perseguía otro fin que quitarse de encima a Gas Natural. E.On tensaba la cuerda para la gasista catalana, que tenía las cosas más difíciles al encontrarse con un competidor más fuerte. Pero Pizarro tampoco quería venderse a E.On, or mucho que fuese el mejor postor: el presidente de Endesa siempre ha defendido que «Endesa vale más». Y parece que a base de repetir, la afirmación se ha hecho cierta. La eléctrica no ha dejado de subir.

Accionistas Asociados aplaude la decisión

Uno de los colectivos más interesados por la evolución última de los acontecimientos, los propios accionistas minoritarios, está de enhorabuena. El pasado 10 de enero, Accionistas Asociados emitía un comunicado público en el que agradecía al Tribunal Supremo la decisión de levantar las medidas cautelares y desbloquear la opa de Gas Natural sobre Endesa, a la espera de que la Audiencia Provincial de Madrid se pronunciase en contra de la decisión del juzgado mercantil nº 3 de Madrid de suspender cautelarmente la OPA formulada por la gasista sobre la eléctrica para normalizar el proceso.

En ese comunicado, Accionistas Asociados hacía hincapié en la libertad que ahora tendrán los inversores para optar por una u otra opa. Eso sí, en caso de que nadie intervenga de nuevo y perjudique su curso. La asociación también ha pedido a Manuel Pizarro que deje de entrometerse en un proceso con el que lo único que se está haciendo es llevarlo a un circo judicial.

La asimétrica opción de mercado para las renovables

Entre las opciones que se plantean en la propuesta de real decreto para retribuir a los productores de energía eólica están: la de recibir una tarifa regulada, o bien, obtener el precio al que la energía se vende en el mercado. Para los que optan por esta segunda opción, la denominada «de mercado», el real decreto les ofrece, además, cobrar una prima.

Esta prima, sin embargo, en lugar de ser un incentivo por participación en el mercado, como ocurría en el anterior real decreto, RD 436/2004, se convierte en algo más cercano al «concepto de prima» que se utiliza en los mercados financieros o de seguros, pues, a cambio de la misma, se limitan a la instalación tanto las ganancias como las pérdidas. Se trata, por tanto, de una cobertura por la que se le asegura a la instalación el rango de precios al que será retribuido el KWh. Es por ello, que se echa en falta que, entre las opciones para las instalaciones de régimen especial, no se haya considerado la de «mercado puro», es decir que la instalación obtenga el precio de mercado independientemente del que finalmente resulte y renunciando al cobro de la prima correspondiente.

Bajo esta perspectiva, se plantearían entonces dos opciones para la instalación: la de tarifa regulada o la comentada de mercado puro. En el hipotético caso de la opción de mercado puro,
la instalación sería, a su juicio, la que debería plantearse la contratación una cobertura, pagando la prima correspondiente, ésta si en el mercado financiero -y no provista por el Ministerio- que le proporcionara la seguridad de que sus ganancias por KWh se movieran dentro de una banda de ingresos razonables para mantener la viabilidad de la instalación.

De asegurador a asegurado

El papel del Gobierno, en este caso, es el de asegurado, más que el de asegurador de los ingresos a las instalaciones. El razonamiento es simple, pues detrás de la prima pagada a la eólica se esconde el hecho de que, el que realmente se asegura con esta propuesta de real decreto es el Ministerio, el cual, a través de la prima que se ofrece a pagar a las instalaciones se asegura que los ingresos que recibe el régimen especial no se van por las nubes y «engordan», ya de paso, aun más el déficit tarifario existente.

En todo caso, y como defensa de la existencia de esta opción de «mercado puro», se debe argumentar que, aunque hasta ahora se ha apoyado a estas tecnologías con un marco retributivo favorable, como cabe esperar de unas tecnologías que están en fase de crecimiento, el objetivo «a largo plazo» es que las tecnologías del régimen especial puedan competir por si mismas en el mercado.

La propuesta de real decreto de renovables lleva a toda la energía al mercado mayorista

Uno de los principales objetivos de la propuesta de real decreto de renovables es «desligar» la retribución obtenida por las instalaciones acogidas al régimen especial, de la tarifa media de referencia (TMR). Esta TMR, que es la que el Gobierno aprueba en Consejo de Ministros con la tarifa eléctrica, se prevé que suba con fuerza en las próximas revisiones, por lo que desligar la retribución de esta TMR era fundamental para el Ministerio para no elevar «en paralelo» la retribución de las instalaciones. En sustitución, Industria ha optado por retribuir a cada tecnología mediante una tarifa fija representada por un precio expresado en c€/KWh.

Además a las instalaciones, que así lo consideren, de forma parecida a lo que ocurría en el RD 436/2004, se les ofrece posibilidad de ir a vender al mercado la producción en lugar de percibir la tarifa regulada. Los que así lo hagan obtendrán, además del precio de venta vigente en el mercado, una prima. A cambio de esta prima percibida, al productor se le limita el importe a ingresar por KWh y, asimismo, se le ofrece un suelo de ingresos mínimos asegurados. Es lo que se ha conocido como sistema de cap y floor (techo y suelo), que limita tanto las ganancias como las pérdidas.

Con esta propuesta de cap y floor, para la opción de venta al mercado mayorista, se desliga la retribución de las instalaciones que venden al mercado, del precio de otros combustibles como el petróleo que, según el Ministerio, no afectan a los costes reales de algunas tecnologías como las eólicas, solares o las hidroeléctricas.

Según la propuesta de real decreto, y tomando en cuenta los primeros años de funcionamiento de las instalaciones, se fija un ingreso máximo y mínimo de las distintas tecnologías fotovoltaica y eólica, teniendo en cuenta las dos opciones, de tarifa regulada y mercado, que van desde 22-44 c€/KWh para la fotovoltaica y de los 6,77 – 8,91 c€/KWh para la eólica. Los costes de referencia para cada tecnología se mueven entre los 25-20 para la fotovoltaica y los 4-8 c€/KWh para la eólica.

Una de las novedades más importantes es que, aun en el caso de optar por la tarifa regulada única en todos los periodos en lugar de la opción de mercado, “la venta de la producción se realizará a través del sistema de ofertas gestionado por el operador del mercado, mediante la realización de ofertas «sin precio», por las cantidades de energía que el generador desee vender”

Endesa ficha a Fernando Ferrando y minimiza las posibilidades de Acciona de hacerse con la mayoría de eléctrica.

Fernando Ferrando, ex director general de Gamesa Energía y anterior presidente de la Asociación Empresarial Eólica, ha sido fichado por Endesa para realizar sus desarrollos en el sector de las renovables. Parece que Endesa, cuyo perfil de generación en el sector de las renovables lleva un cierto retraso con respecto a otros competidores nacionales, ha decidido impulsar esta área de generación de forma muy decidida, creando una división a tal efecto.

Todos los analistas y expertos consultados valoran que el desarrollo de Endesa hasta este momento en el sector de las renovables se podría calificar de ‘tímido’ y lento con respecto a otros competidores como Iberdrola o la propia Acciona que han apostado decididamente por estas tecnologías de generación y hoy configuran un sector de generación líder en el mundo.

El nombramiento de Ferrando coincide con la fase en que puede resolverse las OPAS que tanto Gas Natural, como E.ON han lanzado sobre la eléctrica española. Al mismo tiempo, coincide con la adquisición por parte de la compañía que preside José Manuel Entrecanales de más del 21% de la compañía, porcentaje que pretende elevar hasta el máximo que le permite la ley sin tener que lanzar una OPA. La irrupción de Acciona en el accionariado de Endesa parecía apuntar a una solución nacional a la propiedad de la energética, mediante la adquisición de paquetes accionariales por parte de inversores españoles. Pero a la luz de los hechos, parece que es una solución cada vez menos factible y que parece que se aleja en el tiempo.

Parece evidente que el equipo directivo de Endesa no da virtualidad alguna a la toma estratégica del control de la energética por parte de Acciona, líder hoy en energías renovables por su capacidad de generación eólica junto a Iberdrola. Entreacanales ha declarado que la incursión de la compañía tenía carácter estratégico y no especulativo, lo que quiere decir intervenir en la gestión de la compañía.

En Gamesa, las funciones que venía desempeñando Ferrando las realizará Guillermo Ulacía actual Consejero Delegado.

La Crónica de la Semana

Miércoles 10 de enero

A petición de Endesa, el Tribunal Supremo decide levantar la suspensión de las medidas cautelares que mantienen paralizada la OPA de Gas Natural y, en consecuencia, la formulada por E.ON. El mercado agradece este nuevo paso, que facilita la resolución de la OPA, y recompensa la cotización de Endesa en más de un 3%.

La Comisión Europea presenta el documento Política Energética para la UE, un referente para la aprobación del Libro Blanco sobre Energía en la Unión Europea. En ese documento, la Comisión Europea defiende la energía nuclear como un método eficaz para luchar contra el cambio climático, aunque deja en manos de los estados miembros decidir si recurren o no a este tipo de energía. La nuclear suministra el 14% del total energético de la UE, y proporciona el 30% de la electricidad.

El mismo día, la vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, reitera que habrá moratoria nuclear. Insiste en el compromiso que el Gobierno adquirió con el electorado y que está respetando. Por el momento, añade De la Vega, no se autorizará la construcción de nuevas centrales nucleares, y garantiza el cierre de la central de Garoña, en Burgos, cuyo permiso de explotación vence en 2009.

Jueves 11 de enero

La Unión Europea exige a Moscú y Minsk una explicación urgente y detallada después de que el pasado 7 de enero Rusia cerrase el oleoducto de Bielorrusia, amenazando el suministro de petróleo a Europa. Además les exige que no vuelvan a cortar el suministro y que mantengan un comportamiento «fiable y transparente».

Viernes 12 de enero

El Consejo de Administración de la CNE respalda con ligeras variaciones el borrador de Orden Ministerial para regular las subastas de energía eléctrica a plazo. La puesta en marcha del mecanismo de subastas es un paso previo para que las tarifas eléctricas reguladas se revisen cada tres meses. En las subastas podrán participar como vendedores los generadores, comercializadores y agentes externos. Los precios que resulten de las subastas se tomarán como referencia para fijar trimestralmente las tarifas reguladas a partir del segundo semestre del año.

La fusión entre REE y Enagás, un paso más cerca

Es ya una vieja idea de las mentes pensantes del PSOE, que desde hace tiempo barajan la idea de crear un transportista y operador del sistema único que dirija bajo su batuta, las redes de gas y electricidad. Actualmente, REE y Enagas ejercen estas funciones respectivamente en las redes de electricidad y gas.

La SEPI (Sociedad Estatal de Participaciones Industriales) mantiene una porcentaje de participación en REE del 20 %, lo que, en caso de fusión, por las limitaciones a la participación existentes debido al carácter especial de ambas compañías, dejarían a la SEPI como máximo accionista de la empresa resultante, con un 10 % aproximadamente.

El caso de REN

En junio de 2006, el Estado portugués realizó una operación similar con el objeto de que la antigua REN (Rede Eléctrica Nacional y ahora denominada Redes Energéticas Nacionais), lo que hoy en día sería la REE española, dispusiera, no sólo de la red de transporte eléctrico, sino también de la de transporte de gas.

Posteriormente, en septiembre de 2006, según recogía Expansión, dos consejeros de la CNE próximos al Ejecutivo socialista, Jaime González y Sebastiá Ruscalleda apoyaron la posibilidad de una fusión, que ya se planteó durante el gobierno del PP.

El relevo en Enagas

Se lleva especulando, desde hace semanas, con que González-Adalid deje la presidencia de Enagas. Ante esta eventual salida, la inclusión de Miguel Angél Lasheras, en abril de 2006, en el consejo de administración de Enagas suscitó las suspicacias de muchos, al poder tratarse del candidato en la «sombra» del Gobierno para sustituir a Gonzaléz-Adalid. La entrada en el consejo de Lasheras no resultó la única, puesto que en la misma fecha que éste, se nombró, como consejero, a otro de los candidatos que con más fuerza ahora suenan, Antonio Llarden. Las credenciales de Llarden, además de su amplio conocimiento del sector, serían las que le proporciona el respaldo de un miembro con solera de las filas socialistas, Narcis Serra como parece que se ha acreditado.

Pasos previos para la fusión

Un paso previo necesario para poder fusionar ambas compañías, sería introducir un marco retributivo que ofreciera una rentabilidad similar a ambas. Este paso previo, podría haberlo comenzado a dar el Gobierno con el cambio en la forma de retribución a las actividades de realiza Enagas, y que tanto revuelo ha suscitado en las últimas semanas.

La capitalización de ambas compañías tras los últimos movimientos bursátiles, han quedado en niveles similares, lo que favorecería que la fusión se planteara de «igual a igual». En el caso de REE, su cotización a cierre de ayer era de 4.021 millones de euros, mientras que la de Enagas alcanzó los 3.979 de millones de euros.

Si finalmente se consumará el cambio en la cúpula de Enagas, con la salida de González-Adalid, y se concretará en alguno de los candidatos anteriormente mencionados, se facilitaría la operación, puesto que por parte de REE, Luis Atienza, presidente de REE, es un hombre también cercano al partido, lo que allanaría, sin duda, el terreno en la consecución de un gestor integrado de las redes de transporte de electricidad y gas.

Todas las trampas de la tarifa eléctrica – 1

Los Consejeros de la CNE tienen que analizar con mucha urgencia los temas que tienen entre manos, y ello a pesar de la tremenda sobrecarga que tiene encima actualmente. Eso es, al menos, lo que opina Javier Peón. Acompañando a esta afirmación, Peón no se anda con rodeos y acusa al Gobierno de Zapatero de abusar del procedimiento de urgencia para la emisión de los informes preceptivos de la CNE. Una circunstancia que obliga al equipo a emitir dictámenes a medias y cuyas consecuencias se resumen en insuficiencias y lagunas. Peón considera que las reformas normativas que trata la CNE con vistas a emitir un dictamen deberían ser fruto de un debate más profundo y participativo por parte de todos los agentes y administraciones involucradas.

Ya está en poder de todos el conocimiento de que el Ejecutivo ha dicho que en enero se elevará la tarifa eléctrica un 2,8%, en línea con el IPC. Eso es una verdad a medias. El IPC podrá subir un 2,8% -o eso se prevé- a lo largo de todo el año 2007. Pero el incremento del 2,8% de la tarifa eléctrica sólo corresponde al primer trimestre. El incremento de la tarifa se revisará trimestralmente, así que puede alcanzar, perfectamente, el 10% que el Gobierno no se ha atrevido a subir de un golpe -por necesario que sea- por lo impopular de la medida.

Ésa es una de las trampas. Acabar con el déficit de tarifa, que es la diferencia entre lo que las eléctricas ingresan vía recibo de la luz y lo que les cuesta producir la energía que nos proporcionan, requiere un incremento considerable del importe de la factura. Un incremento porque el petróleo y el gas se encarecen, y por tanto el coste de producción de electricidad tiene que encarecerse al mismo ritmo. No así lo ha hecho la factura eléctrica desde hace tiempo, porque los Gobiernos no se atreven a enfrentarse al electorado. Por ello limitan la subida de la luz. Eso no significa que no paguemos o no vayamos a pagar el déficit.

Pero volviendo a las conclusiones del consejero Peón encontramos que la propuesta del Ejecutivo para actualizar las tarifas «modifica de forma parcial e inconexa aspectos esenciales del modelo regulatorio, pero no permite una definición acabada de cuál ha de ser el nuevo modelo aplicable». En opinión de Peón, el Gobierno no justifica adecuadamente la subida de tarifas, «ni en sus cuantías ni en el reparto de las mismas entre los distintos tipos de consumidores.»

El consejero hace otra observación. Entre las modificaciones que se introducen al modelo regulatorio critica especialmente aquélla que prohibe permanentemente la vuelta a tarifa a ciertos tipos de consumidores en caso de que opten por el mercado liberalizado. Y lo explica porque esta medida produciría el efecto contrario, incentivaría que los consumidores permanezcan en la tarifa.

Sin embargo, de todas las modificaciones estructurales, la que Javier Peón considera más grave es la que se refiere al reconocimiento del déficit «ex ante» (de antemano) para la tarifa 2007. Según explica, esto tiene un efecto perverso que golpea de lleno el funcionamiento eficiente del sistema eléctrico español. Peón defiende que la desviación de la tarifa eléctrica real con respecto al coste de generación energética se calcule a posteriori, con los datos en la mano, ya que cualquier previsión que se haga no se acercará a la realidad puesto que se desconoce cuál será el escenario final del sistema eléctrico español.

Puede acceder al voto particular de Javier Peón en el documento anexo o haciendo clic aquí.

Los agentes del sector energético trasladan su malestar por la precipitación de Industria en las tarifas del 2007.

Parece que las primeras tarifas que presenta el actual Secretario General de Energía, Ignasi Nieto no van a estar exentas de una fuerte polémica, que proviene de los propios expertos del sector, que aprecian numerosas modificaciones regulatorias no tarifarias (modificación de la regulación sobre la garantía de potencia, introducción de las emisiones de energía primaria) encubiertas dentro del propio decreto de tarifas y que se han introducido muy precipitadamente aprovechando el procedimiento de urgencia elegido por parte de Industria para ponerlas en vigor.

A los rechazos de la Comisión Nacional de Energía a las tarifas para la retribución de las actividades relacionadas con las infraestructuras gasistas (regasificación, almacenamientos subterráneos y determinadas actividades reguladas, como son los gaseoductos) se une la opinión contraria de los Consejos Consultivos de Electricidad y de Hidrocarburos a las mismas, dada la premura de tiempo y precipitación con que se ha gestionado la propuesta desde el Ministerio.

De hecho, esta premura es denunciada por el propio Vicepresidente de la Comisión Nacional de Energía, Fernando Marti y el consejero Javier Peón en sus votos particulares contra la propuesta de tarifas, en los que se recoge la queja generalizada de los miembros del Comité Consultivo dónde están presentes los representantes de las Comunidades y Ciudades Autónomas, representantes empresariales, sindicales, organizaciones de usuarios, entre otros. Marti afirma que este es uno de los informes más importantes que debe realizar la Comisión y se reduce a un puro trámite administrativo con esta actuación por parte de la autoridad ministerial. Según Martí y según el estatuto de la CNE, la Comisión debe ser órgano de asesoramiento al gobierno en materia de fijación de tarifas. De hecho, la Directiva Comunitaria de electricidad 2003/54/CE, aún sin transponer, establece que son los órganos reguladores los competentes en la elaboración de las tarifas eléctricas.

Una pequeña crónica de los hechos, nos indica que las tarifas entraron bien comenzado el mes de diciembre en la Comisión Nacional de Energía. A los pocos días de entrar en el órgano regulador los proyectos de Decretos y Ordenes Ministeriales, tuvieron que convocarse y posteriormente reunirse (lo que ocurrió los días 18, 19 y 21 de diciembre) los distintos consejos.

En este plazo, se elaboró el informe de los servicios, se convocó y reunió a los Consejos Consultivos, al día siguiente se reunió el Consejo de Administración, devolviéndose tres de las cinco normas al Ministerio de Industria.

Todo ello, junto con la modificación directa de las tarifas devueltas por el órgano regulador y su publicación directa en el Boletín Oficial del Estado por orden de la Secretaría General de Energía, confirman que el Ministerio de Industria tiene una visión muy particular e instrumental de un órgano presuntamente independiente.