PREGUNTA.- Teniendo en cuenta lo establecido en el informe “Renovables 100%”, presentado por Greenpeace, ¿qué configuración considera Greenpeace más adecuada para el futuro del mix energético español? ¿En qué plazos cree que podrían sustituirse las tecnologías energéticas actuales?
RESPUESTA.- Nosotros partimos de que el informe Renovables 100% demuestra que en el horizonte 2050 es perfectamente viable un sistema 100% renovable, aunque posiblemente se podría conseguir. Para entonces habría que llegar al 100% de renovables en electricidad, y en 2020 deberíamos alcanzar el 50%.
PREGUNTA.- En el caso de contar con un mix totalmente cubierto por renovables, ¿cuáles tendrían, en su opinión, una posición preponderante?
RESPUESTA.- Caben infinitas posibilidades. En el estudio Renovables 100% hemos analizado más de 50 combinaciones diferentes, teniendo en cuenta factores como características, comportamiento, fiabilidad, costes, etc. Una de las conclusiones del informe es que, cuanto mayor sea la diversidad de tecnologías disponibles, mejor para el sistema -por razones de coste y de seguridad de suministro-. Es decir, no hay que contar con una o pocas fuentes energéticas.
La eólica es la que llegaría antes a una situación competitiva en costes. Por tanto es la que interesaría utilizar con mayor intensidad. Pero con la tecnología eólica actual no es posible gestionar el sistema, por tanto se necesitaría un complemento adicional de potencia importante. Según nuestros análisis, la que aparece mejor posicionada para ese papel es la termosolar con aporte complementario de biomasa. No es la única solución, pero sí la que ofrece un coste económico más conveniente.
PREGUNTA.- La posición de Greenpeace respecto a la energía nuclear es negativa, y contrasta con las manifestaciones a favor de esta tecnología que cada vez más se escuchan en el sector energético. Algunos argumentos que se utilizan son que aportan seguridad al sistema eléctrico.
RESPUESTA.- Muchas de las cosas que se dicen sobre la nuclear no son ciertas. Sobre la afirmación de que aporta seguridad al sistema, no aporta nada distinto a otras fuentes de energía. Es más, la utilización de la nuclear implica una serie de restricciones que no necesariamente implican otras fuentes. Las paradas no programadas, por ejemplo, son muy numerosas cada año. No programada significa no previsible, lo que significa que el sistema tiene que funcionar de forma imprevista a una caída de 1.000 MW, de golpe. Eso no ocurre con la eólica, que con toda su oscilación, puede caer incluso miles de MW, pero no lo hace en un instante. Tampoco ocurre con las centrales térmicas, que también registran paradas, pero son menos frecuentes.
Tampoco es cierto que aporten una parte importante de energía al sistema. La nuclear está en el 20% y cada vez menos, por tanto no es la energía base, ni mucho menos, del sistema.
Si lo que se busca es una generación concentrada, también existen otras opciones, como las centrales térmicas, las termosolares, los parques eólicos marinos… Si la generación concentrada fuera un valor a tener en cuenta, no es algo que no puedan aportar otras tecnologías.
La razón para defender la nuclear, quienes la defienden, es simple y sencilla. Hay una inversión realizada, en muchos casos ya amortizada, y de la que se quiere obtener el máximo rendimiento económico posible.
Respecto a la construcción de las nuevas centrales, ningún promotor eléctrico ha presentado en España ningún proyecto de central nuclear. Y el mercado eléctrico está liberalizado desde 1997. Si fuera una alternativa tan interesante, y tan rentable, veríamos los proyectos.
PREGUNTA.- Pero la opinión pública y la posición del Gobierno son contrarias a la instalación de nuevas centrales. La nuclear no goza de muy buena fama.
RESPUESTA.- Por mala fama no se dejan de hacer las cosas en España. Sólo hace falta mirar hacia el deterioro de las costas españolas. Las decisiones económicas no se toman en función de la fama, sino en función de su rentabilidad económica.
PREGUNTA.- Sin embargo, en el caso de la nuclear, la opinión pública contraria sí puede suponer una barrera.
RESPUESTA.- La oposición de la opinión pública puede suponer barreras, pero nada cuantificable. Insisto, hay muchas actividades económicas y actividades energéticas que se enfrentan a mala fama. Promover una central térmica también tiene en contra a la opinión pública, pero sigue habiendo proyectos. A los promotores no les detiene lo impopular de construir una central térmica, porque tienen la certeza de que van a ganar dinero. Sin embargo, no tienen esa certeza si van a construir una central nuclear. Me refiero a los nuevos proyectos.
Además, el escenario no es favorable a la construcción de una nueva central nuclear por diferentes cuestiones. Hay muchos costes que en el pasado se han conseguido eludir y que hoy, en un sistema liberalizado, sería muy difícil. Otras opciones de generación de energía ofrecen una rápida recuperación de la inversión, lo que no ocurre en el caso de la nuclear, en la que los costes son altísimos. Y otro factor en contra es el riesgo de la inversión. ¿Quién asegura que para una inversión de ese calibre la compañía promotora no tendrá que hacerse cargo de los residuos radiactivos? ¿O la responsabilidad de un accidente? Las compañías de seguros no están dispuestas a asegurar ese riesgo.
PREGUNTA.- Eficiencia energética. España es el país menos eficiente de nuestro entorno, con subidas del IPC que han ido vinculadas a incrementos, superiores, de la intensidad energética ¿Cómo veis la situación de España en este sentido? ¿Cómo valoráis los esfuerzos del Ejecutivo, como la Estrategia de Ahorro y Eficiencia Energética?
RESPUESTA.- Los números lo dejan muy claro. El incremento de la intensidad energética no es justificable por el crecimiento económico, puesto que España es una anomalía dentro de su entorno, y esa tendencia es inversa a la que se ha visto en el conjunto de la UE.
Por tanto, ese incremento de la intensidad energética es achacable a las políticas que han despreciado la eficiencia energética. El Gobierno ha presentado recientemente una estrategia, nada ambiciosa según nuestros criterios, pero de la que habrá que esperar a los resultados.
Los objetivos de la estrategia del Gobierno no son, en nuestra opinión, más que la mera expresión de un deseo. Creemos la eficiencia energética debe asumirse como un objetivo explícito y vinculante. Debe adoptarse, en este sentido, lo formulado por la Comisión Europea, de reducir la demanda energética un 20% en 2020 con respecto a 2005.
Nosotros hemos presentado una propuesta de ley de eficiencia energética. En primer lugar, para que la eficiencia tome un valor de relevancia jurídica de primer nivel. Y en segundo lugar, para incorporar medidas más concretas y de mayor alcance que las que actualmente están contempladas.
PREGUNTA.- ¿Cuál es su opinión sobre la tarifa eléctrica? ¿Consideran que su mantenimiento contribuye al derroche y a la ineficiencia?
RESPUESTA.- Desde luego. Pero además, no somos los únicos que creemos que debería desaparecer la tarifa. Hay muchas voces que piden que se tome esa medida, pero cuando llega el momento de tomar las decisiones, el Gobierno siempre acaba echándose atrás. Puede que conocer la definición de la tarifa de último recurso sea un momento clave en este sentido.
Si, efectivamente, la tarifa de último recurso se va a mantener para los consumidores y las pequeñas empresas, como se ha anunciado, entonces no vale para nada, porque seguimos dejando en manos del político la decisión sobre lo que valen las cosas. Es un sistema seudo-soviético, que no tiene ningún sentido.
Es un engaño en el que el primer perjudicado es el consumidor. Se le hace creer que se le está dando un producto barato, pero realmente se le incita a un consumo mayor del que haría. El consumidor se beneficiaría de verdad si, en efecto, se le regalase la electricidad, pero eso no es lo que está ocurriendo. Al consumidor se le está dando una hipoteca. Se le está generando una deuda, que no ha solicitado, que no necesita, para la que no le han pedido ninguna autorización, y tiene que pagar con intereses, un recargo durante 15 años, la deuda de cada año. Es inaceptable, antieconómico, y está fuera de toda lógica.
Y hasta ahora no ha habido ninguna posición a favor de eliminar esa tarifa. La única postura que han tomado los partidos es a ver quién baja más el precio.
PREGUNTA.- La Comisión Nacional de Energía, como regulador, ha recomendado que se suban los precios, pero el Ministerio de Industria es el que finalmente impone su criterio. Eso ha ocurrido también con otras cuestiones. ¿Creen que la Comisión debería de ser un organismo independiente y con capacidad de decisión?
RESPUESTA.- Sin duda. Un regulador tiene que tener la capacidad de regular aquello que se le encomienda. No puede tratarse meramente de un organismo consultivo, que es lo que es hoy. Porque, de ser así, nosotros estamos en el organismo consultivo del organismo consultivo (Greenpeace está presente en el Consejo Consultivo de electricidad). Es decir, somos una consultoría de segundo grado con una mínima influencia en las decisiones que se toman.
El órgano consultivo debe ser aquél en el que estamos nosotros, y el regulador, la CNE. Y debe ser independiente, por supuesto. No puede ser que las decisiones de la Comisión tengan que ser tuteladas y validadas por el Gobierno, porque entonces la existencia de la Comisión no tiene sentido.
PREGUNTA.- ¿Cuál creen que es la posición de la ciudadanía acerca de las necesidades del uso de la energía renovable y de la eficiencia energética? ¿El ciudadano está dispuesto a tomar decisiones contra su bolsillo, por ejemplo, aceptando la eliminación de la tarifa?
RESPUESTA.- Creo que sobre la postura de la ciudadanía debemos apoyarnos en los estudios existentes. Hace poco, la Fundación BBVA publicaba uno muy interesante sobre las actitudes de los ciudadanos en materia de cambio climático, con resultados muy concretos. Ahí se veía muy claramente: ese nivel de preocupación va bastante más allá de un conocimiento vago. Y a la hora de que se tomen medidas, la disposición a que se haga es muy positiva.
Aunque todavía se detecta que hay una reticencia a ver cómo suben los precios de la electricidad, hay que tener en cuenta que esta reticencia se engloba en un contexto en el que se ve que el resto no actúa. Pero en un contexto activo, sí hay una mayor disposición (por encima del 40%) a pagar más si el consumidor sabe que la energía que se le suministra es energía limpia.
Pero la factura de la luz tiene muy poco peso en la economía doméstica. La barrera es más política, o psicológica, que real. La gasolina se ha liberalizado, al igual que el gas, y no ha pasado nada. Ni revolución, ni catástrofe económica ni doméstica de ningún tipo.
Además, al lobby eléctrico, por mucho que digan que se necesita eliminar la tarifa, le interesa que se mantenga este estatus, porque ello les convierte en interlocutores privilegiados frente a la administración, lo que de otra forma se diluiría.
PREGUNTA.- ¿Qué importancia conceden a la línea de Muy Alta Tensión de interconexión con Francia?
RESPUESTA.- Estamos analizando el tema bajo todos los puntos de vista. Hay un problema, y es que no hay transparencia en la transmisión de las razones por las que se pretende construir esa línea. La razón técnica de la mejora de la capacidad de la interconexión no es “el suministro de energía en caso de”. No es una cuestión de cantidad de suministro, sino de calidad de suministro. Una red mallada da mejores opciones. Eso es razonable.
El problema que tenemos es que la interconexión de España con el resto de Europa pasa por Francia, y la situación energética de Francia contamina todo. Francia ha tomado una opción antieconómica, que es la energía nuclear, por razones políticas, y que como no la puede gestionar, y le sobra, necesita verterla al mejor postor fuera de su mercado.
Creemos que deben demostrarse, y hacerse públicas, las razones técnicas de cualquier interconexión. Y luego regular, y concretar, el acceso a la red. Porque ahí es donde se tiene que ver que se haga realidad lo que está proclamado, de que tiene que haber prioridad de acceso a las redes para las energías renovables. Por tanto, la electricidad de origen renovable debería de tener prioridad de acceso. No sería admisible que esa interconexión fuese bloqueada por un contrato previo entre Red Eléctrica y EDF, por ejemplo. No estaríamos dando paso a la potencialidad que puede ofrecer la interconexión de mayor flexibilidad del sistema y mayor integración de energías renovables.
Nosotros somos partidarios de una mayor interconexión, pero creemos que hay que poner las condiciones que hagan realidad una red más flexible y más favorable al desarrollo renovable.
PREGUNTA.- En un principio, los biocombustibles parecían una solución a parte de los problemas energéticos, pero la experiencia acumulada ha puesto de manifiesto las desventajas en su utilización, debidas a cuestiones como su grado de eficiencia, dificultad de producción a gran escala o la interferencia con los mercados alimentarios. ¿Desde qué perspectiva ven en Greenpeace el uso y desarrollo de biocarburantes?
RESPUESTA.- No es una opinión fácil de resumir, debido a la amplitud del tema. Pero creemos que el uso de biocombustibles no puede ser una panacea, como mucho una parte de la solución al problema energético en el transporte en particular. Pero debe ser subsidiario de criterios ambientales reales, estrictos y que tenga unos mecanismos de control mucho más concretos y rigurosos que los que ha propuesto la Comisión Europea.
En las condiciones actuales, creemos que el 10% que se ha propuesto está fuera de la realidad y es negativo en sí mismo. Por tanto, no se debe mantener. En este caso se han hecho las cosas al revés, se ha impuesto primero un objetivo y luego se ha visto cómo se podría cumplir ese objetivo. Es preciso evaluar qué biomasa tenemos disponible. Creemos que es necesario dar prioridad a las de uso endógeno. Pero hay que conocer el recurso, definir los criterios ambientales, y a partir de ahí, establecer para cuánto nos dan esos recursos.
Lo que a día de hoy podrían dar los biocombustibles es una aportación muy baja. Si hoy, un 10% parece inalcanzable de forma sostenible, entonces ¿Qué pasa con el 90% restante? No hay perspectiva de que podamos resolver el problema ambiental del transporte por ese camino.
Lo cual no quita que haya que desarrollar las tecnologías de segunda y tercera generación. Eso es razonable, y es necesario ver hasta dónde se puede llegar.
En cualquier caso, todo parece indicar que el problema del transporte no parece que vaya a poder resolverse si no se afronta desde la perspectiva de la eficiencia energética del sistema. Hay que tener en cuenta que la forma más efectiva de utilizar hoy la biomasa es su conversión en calor y electricidad. Transformarla en un biocombustible no es la forma más rentable de utilizar esa cantidad de energía.
Pero volviendo al tema anterior, el gran problema del transporte es su ineficiencia. Seguimos funcionando moviendo el sistema con vehículos sobredimensionados, con un peso descomunal, cada vez mayor, con un sobreconsumo, con motores de gran ineficiencia, que, básicamente, son los mismos que se diseñaban a principios del siglo XX. Los fabricantes de automóviles no han dado un salto tecnológico en eficiencia energética porque nadie se lo ha exigido.
Sea cual sea el combustible que haga funcionar el sistema de transporte, ese combustible debe tener unas exigencias de eficiencia energética que hoy por hoy no se han puesto, porque los fabricantes de automóviles son un lobby suficientemente activo y eficaz para bloquear cualquier propuesta en ese sentido. Por lo tanto, el primer asunto pendiente sería reducir a 120 gramos de CO2 por kilómetro recorrido en un plazo inmediato, para 2012. Y para 2020, 80 gramos. Eso ahorraría mucho más petróleo que el empleo del 10% de biocombustibles.
PREGUNTA.- Sobre la posible OPA de EDF por Iberdrola, en caso de que ésta se produjera, ¿cuál es la posición de Greenpeace, teniendo en cuenta que EDF es una compañía con una gran participación de energía nuclear?
RESPUESTA.- Nos preocupa mucho esa posibilidad. Nosotros, como organización ecologista, somos independientes de cualquier empresa y de intereses económicos y políticos y no tomamos partido por una u otra compañía. En ese sentido, no nos importa quién sea dueño de una empresa.
Pero sabemos que EDF obedece a las instrucciones del Estado francés, que entiende la energía nuclear como una apuesta estratégica por razones militares y políticas. Eso le lleva a un diseño de empresa condicionada intrínsecamente por la energía nuclear.
Es absurdo que pretenda entrar en España, donde ya se cometieron bastantes errores con el tema nuclear, una empresa con esa óptica y que viene a quedarse con una de las mayores eléctricas españolas.
Además, Iberdrola -que también es significativamente pronuclear- es una empresa en la que se ha visto una evolución clarísima en los últimos años. Siendo una empresa tradicional como las demás, que representaba el establishment eléctrico, y que ha hecho una apuesta estratégica por las energías renovables, que se ha visto refrendada por los hechos y que se ha puesto a la cabeza mundial en el sector… sería lamentable que eso se viese truncado por otra empresa a la que no le importan en absoluto las energías renovables y cuyo principal interés es la energía nuclear.
Eso nos preocupa mucho, y esperamos que esa operación no salga adelante.
Esto tiene una relación directa con todo lo que se está discutiendo en el Consejo Europeo sobre la separación patrimonial de las empresas. Cuando un sistema eléctrico entero o una parte importante cae en manos de otro, y los consumidores y el propio Estado lo ven con ojos atónitos, tiene que ver con la concentración de poder en el sector eléctrico. Eso es incompatible con un mercado liberalizado, pues un mercado liberalizado exige una separación horizontal real y completa. O se está en el mercado liberalizado, o en el mercado regulado, por tanto un generador no puede tener redes. Las redes son, lógicamente, una actividad regulada.
Hay que tener en cuenta que las compañías que más se oponen a esa liberalización eléctrica son E.On, EDF y RWE. Los grandes lobbys eléctricos europeos que están en toda la cadena y no están dispuestos a ceder ese poder. Eso les da un poder antimercado inaceptable, que hay que romper allí y aquí.
Lo mismo ocurre con las grandes eléctricas españolas: tienen un poder añadido por el mero hecho de ser distribuidores, que les permite tener una influencia sobre agentes terceros que no es aceptable.
Esta situación debería poner de manifiesto de una vez por todas la necesidad de una separación patrimonial completa.
