Argentina protesta ante España por excluir el biodiésel argentino

La protesta por lo que Buenos Aires consideró «injustificados procedimientos proteccionistas» fue cursada mediante una nota enviada por el canciller argentino, Héctor Timerman, al ministro de Asuntos Exteriores español, José Manual García-Margallo.

En la nota, cuyo contenido fue difundido por la Cancillería argentina, Timerman expresó «gran preocupación» por la reciente publicación en el Boletín Oficial del Estado español de una resolución (11.614) con la lista definitiva de las plantas de biodiésel con producción asignada para el cómputo del cumplimiento de los objetivos obligatorios de biocarburantes dispuestos por la Unión Europea.

«Llamativamente, la referida resolución le asigna una cantidad de producción efectiva sólo a plantas ubicadas en la Unión Europea y desestima todas las presentaciones realizadas por empresas extracomunitarias«, apuntó el canciller argentino.

Según Timerman, la norma es de «evidente corte discriminatorio» y «tiene por objetivo resguardar la industria europea de biodiésel de la competencia con los productores argentinos, quienes elaboran este combustible de manera sumamente eficiente, gracias a la estructura productiva del sector y a las importantes inversiones realizadas en los últimos años».

Timerman advirtió de que «Argentina llevará adelante medidas en el ámbito del sistema multilateral de comercio que permitan preservar los derechos de las empresas argentinas productoras de biodiésel en el mercado español».

Argentina consideró que la «exclusión» de sus productores del mercado español «constituye la continuación de una política ilegítima y proteccionista que comenzara con la Orden Ministerial IET/822/2012″.

Aquella disposición del 2012 y la nueva resolución publicada en el Boletín Oficial español revelan, según el Gobierno argentino, «la decisión de discriminar, tras medidas de supuesto carácter técnico, a los productores extracomunitarios del mercado en cuestión».

«El Gobierno argentino desea hacerle saber que esta política restrictiva llevada a cabo por el Gobierno del Reino de España ha tenido efectos negativos para el sector productor de biodiésel en la Argentina«, afirmó Timerman.

España es el principal comprador del biodiésel argentino, sector que da empleo a 2.000 personas. Según sus datos, en los primeros nueve meses de este año las exportaciones argentinas de biodiésel a España registraron una caída interanual del 70%.

El PP ve «irresponsable» la negativa de Lanzarote y Fuerteventura para instalar la base logística destinada a las prospecciones de Repsol

El presidente de Repsol, Antonio Brufau, emplazó a los cabildos de Lanzarote y Fuerteventura -dos de las instituciones más combativas contra sus planes- a que le digan si quieren acoger en sus islas la base de operaciones de los trabajos, en la que revertirán buena parte de las inversiones que pretende realizar.

En unas pocas horas, el presidente del Cabildo de Lanzarote, Pedro San Ginés, y el de Fuerteventura, Mario Cabrera, ambos del CC, le respondieron con un mensaje común en el que advertían a Brufau de que «no se venden». Cabrera fue más allá y calificó a Repsol de «pirata petrolero» y a su oferta de «chantaje».

Por su parte, la presidenta del PP de Fuerteventura, Águeda Montelongo, replicó a Cabrera que «no tiene moral para negar a los majoreros la oportunidad de trabajo» que, a su juicio, implicaría el hecho de que Repsol ubicase la base de sus trabajos en la isla.

Además, recordó al presidente del Cabildo de Fuerteventura que él ya sabe lo que es inaugurar una base logística de una petrolera, porque lo hizo hace unos meses, al asistir a la apertura de las nuevas instalaciones de una compañía de EEUU en Guinea Ecuatorial.

«Entonces consideró positivo para Guinea Ecuatorial que se crearan mil empleos directos sólo en la construcción del edificio. Le pedimos que para Fuerteventura estudie la oferta que se ha puesto sobre la mesa y deje de lado el radicalismo político», añadió.

Montelongo sostuvo que «los dirigentes nacionalistas no pueden negarles la oportunidad de empleo» a los canarios que podrían ser contratados en esos trabajos, un pronunciamiento que comparte la dirección del PP de Lanzarote.

En su caso, los populares consideraron que Pedro San Ginés se condujo con «irresponsabilidad, ceguera política y electoralismo» al rechazar la oferta de Repsol y cometió «un disparate político» al privar a Lanzarote de unas inversiones millonarias.

Los populares de esta isla consideraron que resulta «incomprensible» que Lanzarote vaya asumir el riesgo potencial que comportan las prospecciones petrolíferas que va a realizar Marruecos casi en las mismas aguas, «para luego regalarle los beneficios a Gran Canaria, que seguro que no podrá ningún reparo a acoger la base logística» y las inversiones que ello comporta.

El PP consideró que San Ginés cometió una «necedad» e incurrió en una «demagogia ramplona», al tiempo que se pregunta si al desestimar el ofrecimiento de la petrolera lo hizo «de forma unilateral» o lo consultó con empresarios y sindicatos.

Además, al argumento del riesgo que el petróleo puede comportar para el turismo, subrayó que otros países combinan esas dos actividades «con éxito, como Brasil, Dubai o Noruega».

«Lo único que se consigue con esta nueva inconsciencia del Pedro San Ginés es que, con el paso del tiempo y con los beneficios del petróleo, Marruecos se convierta en una superpotencia turística de primer orden contra la que ni siquiera vamos a poder competir», apostillaron los populares de Lanzarote.

Repsol no puede anunciar fechas hasta que se pronuncien los tribunales

Por su parte, el portavoz del Gobierno de Canarias, Martín Marrero, afirmó que Repsol no puede ofrecer fechas definitivas para las prospecciones a 60 kilómetros de Lanzarote y Fuerteventura que su presidente, Antonio Brufau, anunció para mayo de 2014.

Para el portavoz del Ejecutivo regional este anuncio demuestra que están «muy convencidos» de sus tesis o, por contra, tienen «poco aprecio» por el Estado de Derecho.

«Nos sorprende porque manifiesta poco aprecio por el Estado de Derecho. Esta actuación administrativa del Estado está ahora mismo en fase jurisdiccional y, o están muy convencidos de que sus tesis triunfarán en este procedimiento o es que sencillamente les da igual lo que suceda en vía judicial», dijo este viernes tras el Consejo de Gobierno.

Aquí, Marrero apuntó que la presencia de Brufau en las islas fue «muy ilustrativa», puesto que, matizó, su visita «ha venido a demostrar el trato colonial que dispensan estas multinacionales a los lugares donde pretenden explotar sus recursos».

En este sentido, destacó que el problema para la compañía es que Canarias «no es como cualquier otro lugar» y que pertenece a un Estado que se rige por unas normas. «No es tan fácil llegar ofreciendo prebendas –añadió– e intentando convencer a la población autóctona de unas beneficios que son exclusivamente para la empresa».

Por otra parte, el portavoz también se sorprendió de que Brufau no haya hecho ninguna referencia al hecho de que en Valencia y Baleares se hayan paralizado las prospecciones con unos motivos «idénticos» a los aludidos por Canarias.

Los empresarios de Lanzarote quieren estudiar el proyecto de base logística

La Confederación Empresarial de Lanzarote invitó a Repsol a presentarles el proyecto de base logística para las prospecciones petrolíferas que se van a realizar en aguas cercanas a las islas.

En concreto, el presidente de la Confederación Empresarial de Lanzarote, Juan de León, sugirió a Repsol a presentarles el proyecto de base logística para poder analizarlo y ver la viabilidad del mismo, así como sus ventajas y desventajas, según informó la organización.

De León apuntó que si finalmente van a llevarse a cabo las prospecciones a mediados del próximo año, como anunció el presidente de Repsol, Antonio Brufau, y se necesita una base logística, «al margen de la posición política de la isla, si no consiguen paralizar las mismas», sería «un nuevo escenario donde Lanzarote no tendría por qué renunciar a beneficiarse de las inversiones que conlleven cuando es la que tendrá, junto con Fuerteventura, que correr con los hipotéticos riesgos».

Por ello, matizó que «si van a llevar a cabo las prospecciones, y no hay forma de evitarlas, lo lógico es pasar a un nuevo nivel en el que exigir las máximas» medidas de seguridad en los sondeos, así como el «aprovechamiento de las inversiones que conllevan esas pruebas para confirmar si hay o no petróleo o gas en la zona».

«Ante esta situación sería importante que el presidente de Repsol mantuviera una reunión con los empresarios de la isla y explicará detalladamente el proyecto de base logística», concluyó.

WWF denuncia que Canadá, Japón y Australia dinamitan los progresos de la Cumbre del Clima de Varsovia

Así, WWF señala que el Gobierno de Japón ha anunciado que va a rebajar los objetivos de reducción de emisiones, que Australia ha firmado por un posible debilitamiento del alcance de sus objetivos y a la intención de revocar el impuesto nacional al carbono. Por su parte, Canadá desde la oficina de su primer ministro Stephen Harper ha emitido un comunicado en el que aplaude a Australia por acabar con los impuestos de carbono y animar a otros países a seguir su ejemplo.

En este contexto, la jefa de la delegación de WWF en la COP19, Tasneem Essop, ha subrayado que esta semana Filipinas ha sido testigo de primera mano de la devastación causada por el supertifón Yolanda. «No cabe ninguna duda de que están sufriendo los efectos del cambio climático en estos mismos momentos», ha asegurado.

Para la ONG, la situación en Filipinas hace aún más difícil de comprender la posición de estos países en las negociaciones sobre cambio climático. Por eso, les acusa de bloquear los progresos de la COP19 y de demostrar una divergencia total entre realidad y cambio climático. En este sentido, les exige que expliquen sus propuestas a la sociedad.

Concretamente, el responsable de cambio climático y energía de WWF Japón, Naoyuki Yamagishi, ha lamentado que su país ha desperdiciado dos años «valiosos» desde el terremoto y el accidente nuclear de Fukushima al acordad un objetivo de emisiones tan bajo.

«A pesar de los esfuerzos del gobierno en simular que tiene objetivos ambiciosos, el hecho es claro: un aumento con respecto a 1990 y un gran paso atrás con respecto incluso a Kyoto. El gobierno japonés tiene que proponer un objetivo realmente ambicioso, y evitar la dependencia de la energía nuclear», ha lamentado.

Mientras, el director ejecutivo de WWF Canadá, David Miller, ha denunciado que en un momento en el que el planeta necesita «compromiso y rigor» para combatir el cambio climático, Canadá promueve la inacción y «se mofa de los esfuerzos internacionales» al apoyar la decisión de Australia de eliminar los impuestos a las emisiones de carbono. «La falta de voluntad de Canadá para tomar incluso los pasos más básicos para reducir su nivel de emisiones es un vergüenza a escala global», ha añadido.

Finalmente, la responsable de cambio climático de WWF Australia, Kelli Caught, ha dicho que las afirmaciones del primer ministro australiano a principios de esta semana sobre su reducción del objetivo de emisiones y la eliminación del impuesto nacional a las emisiones de CO2 «ha aumentado la desesperanza de esta cumbre».

Petróleos de Venezuela emitirá un bono con vencimiento en 2026 por hasta 4.500 millones de dólares

Del total de la emisión, que posee vencimientos anuales y consecutivos en 2024, 2025 y 2026, unos 1.500 millones de dólares se colocarán de forma privada y directa al Banco Central de Venezuela, mientras que los restantes 3.000 millones serán ofrecidos a proveedores de la empresa, informó PDVSA en un comunicado.

La petrolera estatal destacó que parte de lo recaudado con el bono se destinará a proyectos de desarrollo social en el país.

PDVSA, que según expertos del sector genera en torno a un 96% de las divisas que ingresan a Venezuela, se convirtió tras la llegada del chavismo en 1999 en un importante financista de los proyectos sociales del Gobierno, aportando fondos para un amplio rango de iniciativas, como la construcción de viviendas.

Algunas agencias internacionales de calificación de riesgo ven con preocupación el ritmo de endeudamiento de la petrolera, cuya deuda creció el año pasado a 35.647 millones de dólares frente a los 32.496 millones del 2011, de acuerdo con las últimas cifras oficiales disponibles.

El presidente de PDVSA, Rafael Ramírez, ha defendido la solidez de la empresa, señalando a principios de año que la deuda está «perfectamente respaldada» por los activos y el patrimonio de la compañía, y ha cuestionado a las agencias calificadoras.

Según ha dicho Ramírez, también vicepresidente económico del país, PDVSA necesita 236.000 millones de dólares hasta 2019 para implementar su plan de incremento de producción petrolera, que pretende situar para esa fecha en los 6 millones de barriles de crudo diarios.

Rousseff recibe a los responsables de los grupos Enel y Endesa

«Brasil es un mercado fundamental para el grupo Enel», afirmó Conti, Consejero Delegado de Enel, citado en un comunicado difundido por Endesa, empresa controlada por el grupo italiano.

En Brasil «estamos bien posicionados para seguir aumentando nuestra presencia en este mercado» y «aprovecharemos las muchas oportunidades» que el país ofrece al sector energético, apuntó Conti sobre la reunión con Rousseff, celebrada la noche de este martes.

Conti también manifestó su «satisfacción por las excelentes relaciones construidas con las autoridades brasileñas a lo largo de los años».

Endesa opera en Brasil en las áreas de distribución, generación, transmisión y comercialización de energía y está presente en los estados de Río de Janeiro, Ceará, Goiás y Rio Grande do Sul, en los que atiende e unos 5,4 millones de clientes de 240 municipios.

Actualmente, tiene en el país unos 14.000 empleados directos e indirectos y activos que con una capacidad de generación eléctrica que superan los 1.000 megavatios.

En estos momentos, la empresa se prepara para ampliar su presencia en el área de generación de energía eólica, que tiene un enorme potencial de desarrollo en Brasil y en la que el Gobierno de Dilma Rousseff mantiene una fuerte apuesta.

El grupo italiano Enel, por su parte, controla Endesa desde 2009, cuando adquirió el 92 por ciento de su capital social.

Las empresas argentinas de biodiésel acusan a España de cerrarles las cuotas de forma «discriminatoria»

En un comunicado, la Cámara lamenta que en el listado de asignación de cuotas de biodiésel publicado por el Gobierno español no aparezca ninguna empresa argentina, pese a las «denuncias presentadas por Argentina ante la Organización Mundial del Comercio (OMC)».

Algunas de las empresas argentinas «fueron excluidas, alegando razones administrativas injustificadas, mientras que a otras se las excluyó sin estas excusas, alegando que no suman el puntaje necesario en un ráting que aparentemente realiza el Ministerio de Industria español» sin aclarar a partir de «qué parámetros», afirma.

«En definitiva, esta resolución es claramente una nueva medida arbitraria cuyo objetivo es excluir a las empresas argentinas del mercado español», añade el comunicado de la Cámara argentina, recogido por los medios de comunicación del país.

El Ministerio de Industria, Energía y Turismo publicó la semana pasada la lista definitiva de las plantas que, durante los próximos dos años, tendrán asignada una cuota para la producción de biodiésel con el objetivo de cumplir las obligaciones de mezcla de biocarburantes.

En la nómina de las instalaciones no aparece ninguna de origen extracomunitario, a pesar de que, tras las denuncias presentadas por Argentina ante la OMC, el Gobierno permitió su inclusión en la orden de febrero que regula el nuevo sistema de asignación de cuotas.

De hecho, de las 35 instalaciones que, pese a haber entregado toda la información, se han quedado sin cuotas figuran seis plantas argentinas, así como cuatro indonesias y dos malayas. Hay además siete instalaciones españolas.

La Cumbre del Clima de Varsovia comienza con la intención de lograr un acuerdo en París 2015

Durante la inauguración de la Cumbre en Varsovia, el recién elegido presidente de la COP19, el ministro de Medio Ambiente de Polonia, Marcin Korolec, abrió la conferencia asegurando que el cambio climático es una problema global que debe convertirse en una oportunidad global.

Así, la ONU realizó un llamamiento a los gobiernos para que luchen fuerte en la misma dirección en la acción contra el cambio climático en todos los niveles, gobiernos, economía y sociedad para hacer progresos reales hacia un acuerdo global y exitoso en 2015.

«Es un problema si no somos capaces de coordinar nuestras acciones. Se convierte en oportunidad si podemos actuar juntos. Un país o incluso un grupo de países no puede ser la diferencia. Sin embargo, actuando juntos, unidos como estamos aquí, podemos lograrlo», subrayó.

Además, durante el discurso inaugural de la COP19 que se celebra en el Estadio Nacional de Varsovia, la secretaria ejecutiva de la Convención Marco de Cambio Climático de la ONU, Christiana Figueres, hizo un llamamiento a las delegaciones para que «ganen la oportunidad de Varsovia» para salvaguardar las generaciones presentes y futuras.

A su juicio, es preciso mantenerse centrado y ejercer los máximos esfuerzos durante todo el tiempo completo y producir así un resultado positivo, porque «lo que sucede en el estadio no es un juego». «No hay dos caras, sino que se trata de la humanidad entera. Aquí no hay ganadores y perdedores, o todos ganamos o todos perdemos en el futuro que construyamos para nosotros mismos«, advirtió.

Figueres se refirió también a las realidades aleccionadoras del cambio climático y del incremento de los eventos extremos que los científicos del clima llevan mucho tiempo prediciendo, como el devastador tifón Yolanda, que acaba de golpear Filipinas y que se convirtió en uno de los tifones más peligrosos que han tocado tierra.

Sin embargo, la responsable de cambio climático puntualizó que hay algunas áreas que son clave y en las que se pueden avanzar en esta COP19 y consideró que, por ejemplo, se debe clarificar la financiación y activar que todo el mundo de pasos hacia un desarrollo bajo en carbono.

«Debemos lanzar la construcción de un mecanismo que ayude a las poblaciones más vulnerables a responder a los efectos imprevistos del cambio climático. Debemos alumbrar un camino efectivo hacia la ‘pre-ambición de 2020’ y desarrollar con mayor claridad los elementos de un nuevo acuerdo que dará forma a la agenda del cambio climático, la economía y el desarrollo post-2020″, insistió.

Por otro lado, dijo que la cita de Varsovia se centrará también en las decisiones que harán completamente operativo el nuevo marco institucional que se creará bajo el apoyo de la Convención Marco (UNFCCC) para desarrollar las naciones en cuanto a la financiación, la adaptación y la tecnología. Esto es, según añadió, el Fondo Verde por el Clima, el Comité de Adaptación y el Mecanismo Tecnológico, que fueron acordados en la cumbre del clima de Cancún (México) en 2010.

En este contexto, Figueres insistió en el encuentro de Polonia se celebra en contra del incremento de la preocupación porque el cambio climático es real y se está acelerando y porque actuar en contra del cambio climático supone una preocupación creciente para la población, la economía, los gobiernos y todos los niveles de la sociedad.

Por eso, aseguró que hay una corriente en el cambio climático porque no sólo hay razones medioambientales, sino también de seguridad, energía, economía y razones de gobernanza.

«La voluntad política y el apoyo público favorecen ahora la acción. Un nuevo acuerdo universal por el clima está a nuestro alcance. Agencias, bancos de desarrollo investigadores y gobiernos nacionales están en el mismo carro. La ciencia del IPCC es clara. Los partidos pueden dirigir el momento del cambio y moverse juntos hacia un exitoso 2015», añadió.

Bruselas propone una normativa para que la Unión Europea y los Estados miembros ratifiquen un segundo periodo para el Protocolo de Kioto

La Unión Europea y los Estados miembros se comprometieron a reducir un 20% sus emisiones de CO2 a nivel colectivo en la segunda fase de aplicación del Protocolo de Kioto mientras se negocia un acuerdo de reducción de emisiones a nivel global para 2015 y aplicable desde 2020.

«Esto fue parte del acuerdo alcanzado el año pasado en la conferencia sobre el clima en Doha», explicó la comisaria de Acción Climática, Connie Hedegaard, en rueda de prensa para presentar la propuesta normativa, que no modifica los objetivos de reducción de emisiones nacionales.

«Lo que está ahí es idéntico a lo que hemos prometido, el objetivo del 20% de reducción de emisiones para el 2020 y la legislación existente», precisó la comisaria, en alusión a la propuesta normativa.

«La realidad es que desde el 1 de enero de este año hemos estado de hecho cumpliendo esto porque ya tenemos nuestra legislación en vigor«, puntualizó.

Aunque la comisaria admitió que llevará «un año o más» lograr que todos los parlamentos de los Estados miembros y la Eurocámara ratifiquen el segundo periodo de Kioto subrayó la importancia de la propuesta antes de la ronda de discusiones sobre cambio climático que acogerá Varsovia entre el 11 y 22 de noviembre para mostrar a sus «socios» que los europeos «estamos cumpliendo lo que se ha acordado antes».

Hedegaard recordó en todo caso que la Unión Europea y los Estados miembros se comprometieron a «mantener el sistema del Protocolo de Kioto vivo mientras que el mundo negocia un nuevo tipo de acuerdo» para reducir las emisiones de gas de efecto invernadero a nivel global.

«Hemos cumplido esto. Pero tengo que decir a nuestros socios fuera de Europa que la otra parte del acuerdo es igual de importante, es decir, que todas las partes asumen sus responsabilidades y comprometan en el futuro mecanismo», subrayó.

La comisaria de Acción Climática dejó claro que ello resulta «absolutamente clave» dado que el 60% de las emisiones proceden de los países en vías de desarrollo y apenas el 11% de Europa mientras que la brecha entre lo que los países deben hacer y hacen para controlar el impacto del cambio climático «no se está cerrando» y sigue siendo «muy grande», tal y como advirtió ayer la agencia medioambiental de la ONU en su informe.

«No podemos abordar el desafíos del cambio climático global sin que todos los países cumplan», insistió.

La comisaria confió en que en la conferencia sobre cambio climático de la ONU que acogerá Varsovia las partes acuerden «un plan muy claro» sobre «cómo llegar al nuevo acuerdo, que debe lograrse en París en 2015».

«Debe haber un calendario claro, tiene que haber un acuerdo de que todas las demás partes volverán a casa y harán sus deberes también en 2014 para que, con tiempo suficiente antes de París, los distintos países estén listos para compromisos. Esto es parte de la discusión clave», recalcó.

«El calendario, la vía adelante, debe ser uno de los resultados clave de Varsovia y ahora hemos allanado el camino con esta propuesta de ratificación», concluyó.

Industria asigna las nuevas cuotas de producción de biodiésel para dos años sin incluir empresas argentinas

Según publicó el Boletín Oficial del Estado (BOE), se repartieron las cantidades, con máximo de 5,5 millones de toneladas anuales, entre 42 unidades de producción de diferentes empresas por un periodo de dos años, pero puede prorrogarse por otros dos.

En la nómina de las instalaciones no aparece ninguna de origen extracomunitario, a pesar de que, tras las denuncias presentadas por Argentina ante la Organización Mundial del Comercio (OMC), el Gobierno permitió su inclusión en la orden de febrero que regula el nuevo sistema de asignación de cuotas.

De hecho, de las 35 instalaciones que, pese a haber entregado toda la información, se quedaron sin cuotas figuran seis plantas argentinas, así como cuatro indonesias y dos malayas, según consta en el BOE. Hay además siete instalaciones españolas.

La lista de plantas que sí resultaron adjudicatarias consta de 42 empresas, de las que 27 son españolas, cinco alemanas, cinco italianas, dos británicas, una portuguesa, una letona y una holandesa. La de Infinita Renovables, en Castellón, y la de Bio-Oils, en Huelva, reciben las mayores cantidades, con 600.000 y 500.000 toneladas, respectivamente. También fueron adjudicatarias Abengoa o Saras.

En la resolución, el departamento dirigido por José Manuel Soria indicó que durante el proceso de asignación se recibieron 47 escritos de alegaciones, entre ellos algunos en relación con una posible vulneración del artículo 14 de la Constitución, al considerarse que existe una discriminación contradictoria con las políticas de impulso de la inversión extranjera.

Industria contestó a esta alegación asegurando que, «al contrario, el procedimiento de asignación se ha desarrollado respetando los principios de objetividad, transparencia y no discriminación». Además, recordó que la norma «pretende contribuir a la seguridad de abastecimiento energético, acrecentar la independencia energética y reducir el coste de las importaciones de petróleo».

Tras esta publicación, se abre un plazo de 10 días para alegaciones.

Polémica con Argentina

El 20 de abril del año pasado, apenas cuatro días después de que Crsitina Fernández de Kirchner anunciara la expropiación a Repsol de un 51% de YPF, el Gobierno aprobó una orden ministerial de asignación de cuotas de biodiésel que restringía las importaciones argentinas y que fue interpretada como una represalia contra la nacionalización.

No obstante, seis meses después, y sin que se publicase la convocatoria de cuotas que habría puesto en marcha el proceso, el Gobierno corrigió la orden anterior e introdujo unos nuevos términos que permiten la participación de plantas no sólo de España y de la Unión Europea, sino de cualquier ubicación geográfica, incluidas las de Argentina e Indonesia.

Tras el cambio en la orden ministerial, el Gobierno argentino publicó un comunicado en el que consideraba que España había respondido a «su exigencia» y, de esta forma, evitaba un arbitraje internacional y una «condena» ante la OMC.

La Red Española de Ciudades Inteligentes firmará un acuerdo con RENER y le trasladará su experiencia

Se prevé que el acuerdo fructifique en el Smart City Expo World Congress de Barcelona, que se celebrará a mediados de noviembre, según ha explicado el alcalde de Santander y presidente de la Red Española de Ciudades Inteligentes, Íñigo de la Serna.

De la Serna ha hecho estas manifestaciones en una rueda de prensa con motivo del comité técnico de RECI que acoge su ciudad, donde también se celebra estos días un encuentro de la plataforma ‘Fi-Ware’ de la Comisión Europea.

El alcalde de Santander ha comentado que RENER no llega a ser exactamente lo mismo que RECI, ya que está más volcada en temas de sostenibilidad.

Pero con el acuerdo del Smart City Expo World Congress (a mediados de noviembre) se intentará colaborar con su estructura y trasladar a la red portuguesa la experiencia de RECI.

Esa colaboración podría servir, en un futuro, para que España y Portugal fueran los «puentes» en Europa de experiencias conjuntas con América Látina, ya que en ese continente hay ciudades que también están abordando el proceso de las ‘Smart Cities’, como Medellín (Colombia), Quito o Guadalajara (México), según ha comentado De la Serna.

Además, Santander también quiere firmar algún acuerdo con Quito, ha añadido el alcalde y presidente de RECI.

Por otro lado, el alcalde ha señalado que entre los proyectos que ha tratado el comité técnico de RECI está la creación de una tarjeta única que permita la recarga de los vehículos eléctricos en cualquier punto energético del país.

Se quiere fijar un protocolo común a todas las ciudades miembros de RECI y aportar experiencias de éxito en este sentido, después del «diálogo» con los puntos de recarga y el IDAE (Instituto para la Diversificación y el Ahorro de Energía).

Valladolid y Burgos lideran esta iniciativa, en la que también participan Madrid, Barcelona, Sevilla, Málaga, Palencia, Vitoria, Pamplona, Sabadell (Barcelona) y Córdoba, además de Santander, y la idea es poder extenderla a otros miembros de la red más adelante.

El presidente de RECI ha hablado de otras experiencias que se han puesto en común en Santander, por ejemplo en el campo de la gestión eficiente y sostenible de residuos, en la aplicación de indicadores de eficiencia y en el riego inteligente y automatizado de parques y jardines urbanos.

También se está elaborando una guía normativa para redactar una Ordenanza de Transparencia, Acceso y Reutilización de la Información, para que a partir de ahora todas las que se aprueben tengan unos objetivos básicos, que cada entidad local podrá adaptar a su propia realidad.

Se ha trabajado en el análisis de casos de éxito de edificios inteligentes, que pueden llegar a conseguir ahorros en los costes energéticos «de hasta un 30%», y de contadores inteligentes de consumo de electricidad.

Y se está configurando catálogo de aplicaciones móviles (apps) municipales disponibles en las ciudades miembros de RECI, de forma que ya se han recopilado 135 apps que pertenecen a 24 de los 41 municipios integrantes de la Red.

Por temáticas, según De la Serna, las más numerosas son las de contenido turístico, seguidas de las de información, transporte/movilidad y noticias.