Industria asigna las nuevas cuotas de producción de biodiésel para dos años sin incluir empresas argentinas

Según publicó el Boletín Oficial del Estado (BOE), se repartieron las cantidades, con máximo de 5,5 millones de toneladas anuales, entre 42 unidades de producción de diferentes empresas por un periodo de dos años, pero puede prorrogarse por otros dos.

En la nómina de las instalaciones no aparece ninguna de origen extracomunitario, a pesar de que, tras las denuncias presentadas por Argentina ante la Organización Mundial del Comercio (OMC), el Gobierno permitió su inclusión en la orden de febrero que regula el nuevo sistema de asignación de cuotas.

De hecho, de las 35 instalaciones que, pese a haber entregado toda la información, se quedaron sin cuotas figuran seis plantas argentinas, así como cuatro indonesias y dos malayas, según consta en el BOE. Hay además siete instalaciones españolas.

La lista de plantas que sí resultaron adjudicatarias consta de 42 empresas, de las que 27 son españolas, cinco alemanas, cinco italianas, dos británicas, una portuguesa, una letona y una holandesa. La de Infinita Renovables, en Castellón, y la de Bio-Oils, en Huelva, reciben las mayores cantidades, con 600.000 y 500.000 toneladas, respectivamente. También fueron adjudicatarias Abengoa o Saras.

En la resolución, el departamento dirigido por José Manuel Soria indicó que durante el proceso de asignación se recibieron 47 escritos de alegaciones, entre ellos algunos en relación con una posible vulneración del artículo 14 de la Constitución, al considerarse que existe una discriminación contradictoria con las políticas de impulso de la inversión extranjera.

Industria contestó a esta alegación asegurando que, «al contrario, el procedimiento de asignación se ha desarrollado respetando los principios de objetividad, transparencia y no discriminación». Además, recordó que la norma «pretende contribuir a la seguridad de abastecimiento energético, acrecentar la independencia energética y reducir el coste de las importaciones de petróleo».

Tras esta publicación, se abre un plazo de 10 días para alegaciones.

Polémica con Argentina

El 20 de abril del año pasado, apenas cuatro días después de que Crsitina Fernández de Kirchner anunciara la expropiación a Repsol de un 51% de YPF, el Gobierno aprobó una orden ministerial de asignación de cuotas de biodiésel que restringía las importaciones argentinas y que fue interpretada como una represalia contra la nacionalización.

No obstante, seis meses después, y sin que se publicase la convocatoria de cuotas que habría puesto en marcha el proceso, el Gobierno corrigió la orden anterior e introdujo unos nuevos términos que permiten la participación de plantas no sólo de España y de la Unión Europea, sino de cualquier ubicación geográfica, incluidas las de Argentina e Indonesia.

Tras el cambio en la orden ministerial, el Gobierno argentino publicó un comunicado en el que consideraba que España había respondido a «su exigencia» y, de esta forma, evitaba un arbitraje internacional y una «condena» ante la OMC.