La tasa será fijada quincenalmente por una comisión integrada por los Ministerios de Industria y de Economía.

Hasta ahora, sobre las exportaciones de biodiésel pesaba un derecho del 24 por ciento, tasa fijada hace cerca de un mes en sustitución de otra del 12 por ciento.

Fernández explicó que aquel cambio buscó mejorar la capacidad ociosa de la industria de procesamiento del poroto de soja, principal cultivo argentino, que prefería volcarse al biodiésel.

Pero desde aquella subida del impuesto a la exportación, el valor del biodiésel cayó fuertemente en un mercado expuesto a la «volatilidad y la especulación», según Fernández, por lo que el Gobierno resolvió modificar nuevamente el esquema de derechos a la exportación.

Según datos oficiales, el año pasado Argentina alcanzó exportaciones de biodiésel por importe de 2.000 millones de dólares.

En el país hay una veintena de plantas productoras de biodiésel localizadas principalmente en el sur de Santa Fe, cerca a la zona productora de aceite de soja, derivado oleaginoso utilizado para elaborar biocombustibles.

El sector ha experimentado un fuerte crecimiento en Argentina desde que en 2006 se aprobó una ley que obliga a mezclar desde 2010 los combustibles tradicionales con componentes renovables.

El acto encabezado por Fernández ha sido la primera aparición pública de la mandataria desde las multitudinarias protestas contra sus políticas el jueves últimos en varias ciudades del país, asunto sobre el que no se pronunció.

En concreto, precisa que del 10% de combustibles renovables que la UE se ha fijado como objetivo utilizar en el sector transporte para 2020, sólo la mitad deberá proceder de cultivos.

El restante 5% deberá ser cubierto con biocombustibles de segunda generación, es decir, fabricados a partir de residuos, tal y como explicó la portavoz comunitaria Marlene Hozler en rueda de prensa.

Hozler confirmó que la propuesta -que aún debe recibir el visto bueno del colegio de la CE, advirtió- será en este sentido, pero negó que suponga que Bruselas retira su apoyo al uso de biocombustibles.

«No es un cambio en la política, es una señal a los Estados miembros de que queremos usar más los biocombustibles de segunda generación», indicó.

«El objetivo de la propuesta actual es comenzar una transición hacia los biocombustibles que suponen un ahorro de emisiones de gases (de efecto invernadero) significativas, también estimando el cambio que supone el uso indirecto de las tierras en las emisiones«, señala el prólogo del texto.

En esencia, la iniciativa penaliza a los biocombustibles tradicionales por su impacto medioambiental, priorizando el uso de alternativas producidas a partir de desechos o residuos agrícolas como la paja.

Una de las desventajas que presentan los biocombustibles basados en cultivos es el impacto que tienen sobre el uso del suelo, ya que se necesitan importantes superficies para su producción, con lo que se quita espacio a bosques y terrenos agrícolas.

El uso de cultivos para fabricar biocombustibles puede también repercutir negativamente en el precio de los alimentos, tal y como denuncian ONG como Oxfam.

En un reciente estudio, Oxfam afirma que con la tierra necesaria para producir biocombustibles para llenar los depósitos de los vehículos europeos durante un año, se podría producir maíz y trigo suficiente para alimentar a 127 millones de personas.

El comisario de Energía, Günther Oettinger, y la comisaria de Acción por el Clima, Connie Hedegaard, también aludieron a esta cuestión, al destacar que los de los biocombustibles de segunda generación «no compiten con los alimentos, ni requieren más tierras».

«Estamos impulsando los biocombustibles que nos ayudan a rebajar de manera sustancial las emisiones de dióxido de carbono (CO2), no compiten con los alimentos y que son sostenibles y verdes al mismo tiempo», indicaron Oettinger y Hedegaard en una nota conjunta.

Por su parte, la ONG Oxfam celebró la «excelente noticia» que supone que la CE haya reconocido los problemas que, a su juicio, los biocombustibles están causando, como los «crecientes precios de los alimentos, que aumentan el hambre, y la aceleración del cambio climático», en palabras de su especialista, Marc Olivier Herman.

Oxfam también alertó de una posible contra-ofensiva de la industria y los lobbies del sector, ante la propuesta de la CE.

«Los gobiernos de la UE y la CE deben resistir la reacción de los grupos de presión de la industria y la agricultura que han engordado con los enormes subsidios y exenciones de impuestos como resultado de esta locura política de biocombustibles», apuntó Herman.