Para dar ejemplo, el desarrollo de los biocarburantes quedará congelado en Francia en el objetivo de un 7%, aunque no se cuestionarán las inversiones realizadas ni los empleos del sector, explicó el titular de Agricultura, Stéphane Le Foll en una comunicación publicada al término del Consejo de Ministros.

Le Foll señaló que París «promoverá una posición colectiva» en la Unión Europea.

Detrás de esa iniciativa está el tirón del precio de los cereales y de las oleaginosas que, según su análisis, «es susceptible de poner en peligro la seguridad alimentaria de los países más pobres» y está causando efectos también en Francia al encarecer los costos de los piensos para los ganaderos, que pueden acabar afectando al bolsillo del consumidor final.

Ante esa situación, el Gobierno francés adoptó «un plan de acción» con acciones a escala internacional, europea y nacional, entre las que se incluye la de los biocarburantes.

Además, Francia tiene intención de movilizar las instancias del G20 para garantizar «una buena coordinación de las políticas de los grandes actores de los mercados agrícolas» y relanzar en la FAO (Organización de la ONU para la Agricultura y la Alimentación) iniciativas para producir más y mejor y reforzar las reservas para situaciones de urgencia .

Las autoridades francesas abogarán por un reforzamiento de las reglas europeas sobre los mercados financieros para que «tengan mejor en cuenta las especificidades de las materias primas agrícolas».

En esa línea, pedirán a la Comisión Europea que refuerce los mecanismos de regulación y para amortiguar la volatilidad de precios en el marco de la actual reforma de la Política Agraria Común (PAC).

En el interior de Francia, el Ejecutivo indicó que facilitará la ejecución del programa para modernizar y aumentar la capacidad de almacenaje de productos agrícolas, elaborará un plan de desarrollo de producción de proteínas vegetales, ayudará a los ganaderos a responder al incremento de sus costos y aumentará en 10 millones de euros la partida para ajustar a las normas las granjas de cerdas.

El ministro indicó que los productores de cereales, por su parte, van a crear un fondo de ayuda a los ganaderos de 100 millones de euros.

También que habrá una negociación comercial entre los productores agrícolas y ganaderos con los grupos de distribución sobre la integración de las subidas de precios, y que velará para «proteger al consumidor».

El Ejecutivo comunitario ha confirmado que investigará en concreto si los precios de materias primas empleadas en la producción de biodiésel exportado por ambos países a la UE -ésteres monoalquílicos de ácidos grasos y/o gasóleos parafínicos- están distorsionados debido a la existencia de un sistema diferenciado de impuestos a la exportación y los precios de exportación para su comercialización en la UE.

«En ambos casos, los márgenes de dumping calculados son significativos para todos los países afectados», confirma el Ejecutivo comunitario.

El Ejecutivo comunitario admite que las pruebas aportadas por la asociación europea de productores de biodiésel constatan que los productos de biodiésel importados de ambos países «han aumentado en términos absolutos» y «en términos de cuota de mercado» y que los datos suministrados demuestran que «el volumen y los precios del producto importado objeto de investigación han tenido, entre otras consecuencias, un impacto negativo en los niveles de precios y cuota de mercado de la industria de la Unión, lo que ha resultado en efectos adversos sustanciales» para el sector europeo.

La Comisión considera que «existen suficientes pruebas para justificar» la apertura de investigación, que deberá completar en un plazo de 15 meses, aunque advierte de que «medidas provisionales pueden ser impuestas» en un plazo de nueve meses como máximo a contar a partir del 29 de agosto, cuando publicó en el Diario Oficial de la UE su decisión de abrir una investigación.

El Ejecutivo comunitario ya ha avisado de que examinará «imponer medidas» como el aumento de las tarifas aduaneras en el caso de que se compruebe que los productos importados «han provocado daños en la industria de la Unión» siempre y cuando éstas «no vayan en contra de los intereses de la Unión».

Con el objetivo de recabar la información necesaria para llevar a cabo su investigación, la Comisión contactará con las autoridades argentinas e indonesias y quizá también con las asociaciones de productores exportadores de ambos países.

El Ejecutivo comunitario remitirá a las empresas exportadoras argentinas e indonesias un cuestionario en el que solicitará información relativa a su estructura, actividades, costes de producción y venta de productos investigados en el mercado doméstico y sus ventas en el mercado europeo, aunque no descarta limitar su investigación «a un número razonable» de empresas con el objetivo de facilitar la misma.

Con el objetivo de decidir si investiga a todos los productores exportadores o sólo una muestra, Bruselas ha reclamado a todas las empresas exportadoras de ambos países que le remitan la información sobre sus empresas en un plazo de 15 días a contar desde el pasado 29 de agosto y en base a las respuestas decidirá el alcance de la investigación.

Bruselas ha advertido de que si alguna empresa o parte interesada no coopera en la investigación o lo hace sólo de manera parcial ello puede resultar en un trato «menos favorable» que en el caso de las que acepten cooperar.

La apertura de la investigación, que se produce a raíz de la denuncia que presentó la asociación europea de productores de biodiésel el pasado 17 de julio, se conoce poco después de que el Gobierno de Argentina solicitara el pasado 20 de agosto abrir consultas con la UE en la Organización Mundial del Comerio (OMC) por las restricciones a la importación de biodiésel argentino impuestas por España a raíz de la polémica expropiación del 51% de YPF, filial de Repsol.

El Ministerio de Industria español aprobó el 20 de abril una orden ministerial que asigna a las plantas españolas y comunitarias cantidades de producción de biodiésel, de forma que solo el producto objeto de esta asignación podrá ser tenido en cuenta a la hora de cumplir lo objetivos ‘verdes’ de la UE para 2011 y 2012 sobre implantación de estos biocombustibles, lo que limitará en la práctica la entrada del producto refinado procedente de Argentina.

Asimismo, el Gobierno de Cristina Fernández resolvió quitar algunos beneficios fiscales que funcionaban como incentivo a la exportación de biodiesel, combustible del que Argentina es el mayor proveedor mundial.

El Ejecutivo alegó que «a partir de las políticas de promoción instrumentadas, el complejo oleaginoso en general y la producción de biodiesel en particular se han establecido como actividades consolidadas, competitivas y de elevada rentabilidad».

«En este momento tenemos una industria madura, pujante y que es líder mundial. Entendemos que la industria está madura y no hace falta ayudarla«, dijo en rueda de prensa el viceministro de Economía argentino, Axel Kicillof.

El funcionario precisó que el año pasado Argentina alcanzó exportaciones de biodiesel por 2.000 millones de dólares.

En el país existe una veintena de plantas productoras de biodiesel localizadas principalmente en el sur de Santa Fe, próximos a la zona productora de aceite de soja, derivado oleaginoso utilizado para elaborar biocombustibles.

El sector experimentó un fuerte crecimiento en Argentina desde que en 2006 se aprobó una ley que obligó a mezclar desde 2010 los combustibles tradicionales con componentes renovables.

En concreto, esta iniciativa, en la que también participan el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), la Agencia Estatal de Seguridad Aérea y el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente junto a otras trece empresas españolas de sectores como el petroquímico, el agrícola o el aeronáutico, busca producir 200.000 toneladas al año de bioqueroseno en el año 2020 –entre un 2% y 4% del consumo nacional de combustible– mediante la creación de un biocombustible sostenible basado en aceites vegetales no alimentarios como el de camelina.

Según calculó EADS, el cultivo de esta sustancia, que se puede realizar en «terrenos marginales y de baja productividad agrícola», así como en rotación con cultivos de cereal, permitirá la creación de 2,2 puestos de trabajo por cada 100 hectáreas de cultivo.

Por su parte, el presidente de EADS en España, Domingo Ureña, resaltó que el proyecto «parte del interés común en reducir las emisiones de CO2», lo que constituye uno de sus tres objetivos «esenciales», junto a la apuesta por la reducción de la dependencia energética a través del desarrollo de «oportunidades industriales» en España en los ámbitos de «toda la cadena» –agrícola, energético, logístico y aeronáutico–, y la generación de puestos de trabajo, «muchos de ellos en áreas rurales con riesgo de abandono».

A juicio de Ureña, «el sector de la aviación ha demostrado ser pionero en la búsqueda de soluciones y, por ello, se trabaja en conseguir que el biocombustible se convierta en un elemento esencial para reducir el impacto medioambiental de las operaciones aéreas».

Además, el presidente de EADS en España recordó que «la aviación depende del queroseno», y ello «plantea retos desde el punto de vista de seguridad del suministro, estabilidad de precios y de compatibilidad con el desarrollo sostenible», de ahí que considere destacable que gracias al uso del bioqueroseno producido con aceite de camelina se podrá «reducir la dependencia energética del exterior, aprovechando el potencial agrario y desarrollando así una nueva industria de base tecnológica que permitirá fomentar un empleo sostenible, local y regional, así como la competitividad de las empresas y su estabilidad».

Por otro lado, Forética, una asociación de empresas y profesionales de la Responsabilidad Social Empresarial, seleccionó esta iniciativa de EADS para formar parte de su programa europeo «Enterprise 2020, por una economía inteligente, sostenible e integradora», con lo que reconoce la «contribución» de esta iniciativa al «impulso de los objetivos de la estrategia ‘Europa 2020′».