Los Veintiocho logran un acuerdo sobre reforma de biocombustibles
Las normas que respaldaron los ministros de Energía de los 28 en su reunión de Luxemburgo, y que aún deben ser adoptadas de manera formal por el Consejo, apoyan el uso de biocombustibles alternativos, fabricados a partir de paja o desechos, aunque no tienen carácter obligatorio.
España, inicialmente mostró sus reticencias a la propuesta por considerar que podría perjudicar a los países que han invertido en biocombustibles tradicionales, pero finalmente se mostró dispuesta a apoyar la reforma.
La presidencia griega de turno de la Unión Europea modificó la propuesta inicial de la Comisión Europea sobre estas normas, que no logró el apoyo de los Veintiocho, para integrar la visión de los países que defienden los biocombustibles alternativos, pero también dar flexibilidad a los que han optado por los tradicionales.
La Comisión Europea planteó originariamente que los biocombustibles provenientes de cultivos como el maíz, el trigo, la remolacha o la colza, que pueden interferir en la producción de alimentos, supusieran como máximo un 5% de la energía renovable usada en el transporte en 2020.
El 5% restante debería ser cubierto con biocarburantes de última generación, fabricados a partir de residuos y otras fuentes alternativas como la paja, que emiten menos gases de efecto invernadero que los combustibles fósiles, u otras fuentes limpias como el hidrógeno o la electricidad.
Según el acuerdo, se eleva ese umbral para biocombustibles tradicionales al 7%, pero se incluye también un objetivo voluntario del 0,5% para los de nueva generación en 2020 que antes no existía. Además, los Estados miembros deberán dotarse además de una meta nacional.
El objetivo de esta medida es acelerar la transición hacia una nueva generación de biocombustibles fabricados con algas y algunos residuos y responder a las críticas a la política de renovables de la Unión Europea por contribuir a la subida de los precios de los alimentos y a la deforestación.
Los países tendrán, por otro lado, que medir el impacto indirecto sobre el aumento de emisiones de gases de efecto invernadero que genera la producción de biocombustibles, por ejemplo si se tala un bosque para dedicar los terrenos a estos cultivos, lo que se conoce como «emisiones indirectas ILUC» (sobre cambio indirecto del uso de la tierra).
El acuerdo ha sido criticado por Oxfam, que consideró que es «un asalto descarado al sentido común. En un mundo hambriento, la eliminación del uso de los alimentos como combustible es la única cosa sensata que se puede hacer«, señaló en un comunicado el experto en biocombutibles de la organización, Marc-Olivier Herman, quien confió en que la propuesta pueda ser mejorada cuando llegue al nuevo Parlamento Europeo.
La ONG ecologista Transport & Environment (T&E), por su parte, recalcó que esta reforma protege a los biofueles tradicionales que emiten más CO2 que los combustibles fósiles a los que están dirigidos a sustituir.
Por su parte, los agricultores europeos se opusieron a los límites por considerar que ponen en riesgo las «enormes cantidades» de dinero invertidas en el sector de los biocarburantes.
