La Comisión Europea propuso limitar a un máximo del 5% del consumo total el uso en el transporte de biocombustibles procedentes de cultivos alimentarios (como el maíz, el trigo, la remolacha o la colza), mientras que mantiene el objetivo de que el 10% de los carburantes que se usen para el transporte en 2020 provengan de fuentes renovables. Así, el resto del cupo tendrá que cubrirse con biocarburantes de segunda generación, es decir, los fabricados a partir de residuos, algas y paja o mediante otras fuentes alternativas, que no interfieren de forma directa en la producción mundial de alimentos.
Bruselas quiere establecer esta limitación tras las críticas a la política de renovables de la Unión Europea por contribuir a la subida de precios de los alimentos y a la deforestación.
Según Günther Oettinger, comisario de Energía, «esta propuesta fomentará la producción de biocombustibles más avanzados que los actuales. En el futuro, los biocombustibles emitirán muchos menos gases de efecto invernadero, crearán puestos de trabajo y reducirán la factura de los combustibles que importamos«, dijo .
«Tenemos que invertir en biocombustibles que reduzcan realmente las emisiones y no compitan con la producción de alimentos. Ello no significa en modo alguno que abandonemos los biocombustibles de primera generación, sino que es una señal clara de que el crecimiento futuro de los biocombustibles debe venir de la mano de los biocombustibles avanzados. Cualquier otra cosa será insostenible», indicó por su parte la comisaria de Acción por el Clima, Connie Hedegaard.
Por su parte, APPA Biocarburantes valoró positivamente que la Comisión haya «rectificado» y haya desistido de su idea inicial de aplicar a los biocarburantes unos factores de emisión relacionados con el suelo de cultivo. Esta medida, señaló, habría supuesto la desaparición de la mayor parte de la industria europea y de sus 100.000 empleos.
No obstante, lamentó que la Comisión mantenga la limitación del 5% a los cultivos alimentarios porque, además de estar por debajo de la actual contribución española que se sitúa en torno al 7%, es una medida que «prejuzga negativamente sus impactos sin base alguna» y «olvida que la producción de biocarburantes es una importante fuente de coproductos para la alimentación animal».
Este límite pone en peligro el objetivo de un 10% de biocarburantes en los combustibles en 2020, señaló APPA, que además pidió que la propuesta comunitaria salvaguarde las «legítimas expectativas de las inversiones realizadas y previstas en plantas ya autorizadas», sin exigírseles incrementos adicionales en la reducción de sus emisiones de gases de efecto invernadero.
APPA se mostró de acuerdo en la necesidad de incentivar los biocarburantes fabricados con materias primas que tengan mayores ventajas ambientales y de seguridad de suministro, pero esta política debería realizarse mediante mecanismos que no reduzcan el consumo real de biocarburantes.
«En vez de seguir recurriendo a trucos contables, la Comisión debería proponer alternativamente objetivos mínimos de consumo o incentivos fiscales para estos biocarburantes que presentan ventajas adicionales«, afirmó la asociación.
La asociación espera que estos «defectos» puedan ser «corregidos» adecuadamente durante la tramitación legislativa del proyecto elaborado por la Comisión Europea, que ahora se inicia.
UPA acusó a la Unión Europea de demagogia por relacionar el uso de biocombustibles procedentes de cultivos agrícolas con la carestía y encarecimiento de alimentos, un problema que la organización agraria atribuyó más bien a los especuladores y a las incorrectas políticas de Bruselas.
El secretario de Agricultura de UPA, Nacho Senovilla criticó que Bruselas proponga ahora limitar el uso de biocombustibles que proceden de cultivos agrícolas porque la carestía y encarecimiento de alimentos está más relacionada con la especulación internacional que, en su opinión, la Unión Europea consiente al haber eliminado todos los mecanismos de intervención.
Si Europa quiere contribuir a la soberanía alimentaria, añadió, Bruselas debería cambiar radicalmente su política basada en los últimos años en dar subvenciones por no producir, cuando obliga al sector a dejar tierras en «barbecho blanco» e improductivas, cuando deberían fomentar la obtención de alimentos.
Para Greenpeace, la propuesta «hará poco para resolver el problema». «Si esta propuesta se convierte en ley, biocarburantes más perjudiciales para el clima que el petróleo crudo seguirán pudiendo usarse para cumplir los objetivos para un transporte limpio», denunció.
Los criterios de sostenibilidad que se aplican actualmente a los biocombustibles prohíben la conversión directa de bosques, humedales y zonas de gran diversidad biológica para la producción de biocombustible y obligan a que los biocombustibles emitan, como mínimo, un 35% menos de gases de efecto invernadero que los combustibles fósiles a los que sustituyen. En 2017, esta obligación pasará a ser del 50%.
Con todo, Bruselas admitió que «se corre el riesgo de que una parte de la demanda adicional de biocombustibles se cubra a costa de las tierras dedicadas a la agricultura en el mundo, lo que generaría un aumento indirecto de las emisiones». De ahí los cambios legislativos propuestos por el Ejecutivo comunitario.
En este sentido, la Comisión también pidió incrementar al 60% el umbral mínimo de reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero de las nuevas instalaciones, para «mejorar la eficiencia de los procedimientos de producción de biocombustible y desincentivar las inversiones en instalaciones cuyo rendimiento, medido en emisiones de gases de efecto invernadero, es malo».
Además, se incluirán los factores de cambio indirecto el uso del suelo en la comunicación por los suministradores de combustible y los Estados miembros de la disminución de las emisiones de gases de efecto invernadero de los biocombustibles y biolíquidos.
